Sentencia C-250 de 2011

C-250-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA SENTENCIA C-250/11 (Abril 6; Bogotá D.C.) COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por contenidos normativos diferentes En el presente caso, en relación con los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, no observa la Corte que los contenidos normativos sean idénticos frente a los problemas jurídicos analizados en las sentencias C-423 de 2006, C-425 de 2006 y C-717 de 2006, y por lo mismo que no se considera que exista cosa juzgada constitucional material, procede el examen de constitucionalidad de los artículos referidos de la Ley 1395 de 2010 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Procedencia y ejercicio/SOLICITUD DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Caducidad/INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Procedencia, ejercicio y caducidad no vulneran derechos del tercero civilmente responsable Los artículo 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, modificatorios de los artículos 102 y 106 de la Ley 906 de 2004 prevén la procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral, una vez en firme la sentencia condenatoria, y precisa el término de caducidad para la solicitud de reparación integral a los treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio, circunstancias que, para la Corte, no vulneran los derechos del tercero civilmente responsable, ya que dichas disposiciones no entrañan limitación a los derechos de participación en las decisiones del tercero civilmente responsable, puesto que el derecho a su participación dentro del proceso penal será constitucionalmente legítima únicamente a partir del momento en que se ha determinado la responsabilidad penal del sujeto por el cual deberá responder civilmente, momento que surge necesariamente - después de encontrarse en firme la sentencia de condena - con la iniciación del incidente de reparación integral y su citación al mismo, en el que contará con todos los derechos y garantías tendientes a su participación activa y a la construcción de la decisión que lleve a su culminación. Asimismo, al ser citado el tercero civilmente responsable al incidente de reparación integral, cuenta con todas las garantías de acceso a la justicia, con la posibilidad de debatir, dentro del incidente, la existencia o no del perjuicio y el monto de la reparación; a objetar las pretensiones de la víctima, así como su relación para con el condenado y su deber de reparación; a solicitar la citación al asegurador; a participar en las audiencias; a conciliar y a interponer los recursos a que haya lugar, en desarrollo de los postulados establecidos en los artículos 102 y ss. del CPP. En cuanto a la caducidad de la solicitud de reparación integral treinta (30) días después de haber quedado en firme la sentencia de condena, tampoco se vulnera el derecho del tercero civilmente responsable a la participación en las decisiones que le afectan y a la tutela judicial efectiva, ya que si bien, en desarrollo de la libertad de configuración legislativa el legislador estableció dicho término con el fin de racionalizar los procedimientos judiciales e imprimirles seguridad jurídica, el límite se considera válido pues establecida la constitucionalidad del papel del tercero civilmente responsable circunscrito a la etapa del incidente de reparación integral, la norma acusada busca la celeridad en los procesos judiciales, sin menoscabo de los derechos de partes e intervinientes. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR HECHO AJENO-Concepto/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR HECHO AJENO-Carácter excepcional La responsabilidad por el hecho ajeno se encuentra en el artículo 2347 del Código Civil que dispone: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Esta forma de responsabilidad por el hecho ajeno ha sido considerada por la Corte Constitucional como de carácter “excepcional”, basada en la presunción de culpa indirecta o mediata del responsable TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Participación sólo se legitima a partir de la determinación de responsabilidad penal del sujeto por el cual debe responder TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Participación circunscrita a la etapa del incidente de reparación integral TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-No es parte ni interviniente INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-Oportunidad para citación de tercero civilmente responsable TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL-Concepto/TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL-Cambios suscitados respecto de su vinculación y participación en el proceso penal El tercero civilmente responsable es la persona que civilmente debe responder por el daño causado por la conducta del condenado, siendo su papel responder por el hecho ajeno y resarcir los perjuicios ocasionados a la víctima. La obligación de reparación solo nace una vez se ha determinado la generación del daño y con posterioridad a la sentencia de condena. La figura del tercero civilmente responsable tiene su fundamento en la existencia de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, también conocida como indirecta o refleja. Hasta antes del Acto Legislativo 03 de 2002, el tercero civilmente responsable era un sujeto procesal que podía participar en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se promoviera con posterioridad a la sentencia, no pudiendo ser condenado en perjuicios cuando no hubiese sido notificado debidamente ni se le hubiera permitido controvertir las pruebas en su contra. Posteriormente, en los términos de la Ley 600 de 2000, la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil, o incluso antes de proferirse la providencia de cierre de la investigación, por lo que el embargo y secuestro de los bienes de aquél podía solicitarse una vez ejecutoriada la resolución de acusación, reconociéndosele, de conformidad con el artículo 141 de la citada Ley, los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906/04 se avanzó hacia un sistema de investigación y juzgamiento penal de marcada tendencia acusatoria, que introduce un nuevo enfoque respecto de los actores que integran la relación jurídico-procesal, previendo expresamente la intervención en el proceso de: (i) las víctimas; (ii) el imputado; (iii) el fiscal; (iv) el juez de conocimiento; (v) el Ministerio Público; (vi) el juez de control de garantías. Tales modificaciones incidieron en la regulación legal del tema bajo examen: al (i) desaparecer la parte civil; (ii) al dejar el tercero civilmente responsable de ser sujeto procesal; (iii) al permitirse durante la etapa de investigación la imposición de una medida cautelar consistente en la entrega provisional del vehículo, nave o aeronave, para el caso de los delitos culposos; y (iv) al establecer un incidente de reparación integral, el cual se lleva a cabo con posteridad al fallo condenatorio y previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, durante el cual es citado quien debe responder por el hecho ajeno. CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance en relación con procesos judiciales y ritualidades/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el Legislador lo habilita con amplio margen de configuración para regular procedimientos, etapas, términos, efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general, a través de los cuales fija las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso y del acceso efectivo a la administración de justicia, constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. No obstante, dicha libertad de configuración del Legislador tiene sus límites que se encuentran claramente dentro de la misma Carta Política y que se concretan en: (i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas CADUCIDAD-Figura procesal/CADUCIDAD-Concepto/CADUCIDAD-Debe ser declarada oficiosamente La caducidad constituye una figura procesal que ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Implicaciones como derecho fundamental de aplicación inmediata CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Condiciones SENTENCIA INTEGRADORA POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia Las omisiones legislativas relativas resultan inconstitucionales por ser discriminatorias y cuando se configuran no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición omisiva la que se impone, sino la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales mediante una sentencia integradora que le permita al Tribunal Constitucional llenar los vacíos dejados por el legislador, a fin de armonizar la disposición con el ordenamiento superior VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Reconocimiento como interviniente especial DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Ejercicio deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este sistema Los derechos de la víctimas del delito a la verdad, la justicia y la reparación integral son derechos que se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado mediante Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1395 de 2010, entre otras; pero dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, como podríamos mencionar la caracterización de las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el legislador. OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Configuración en norma que excluye la participación de la víctima en audiencia de individualización de la pena y sentencia/SENTENCIA INTEGRADORA-Aplicación con miras a garantizar la intervención de la víctima en la audiencia de individualización de la pena y sentencia Encuentra esta Corporación que siendo la etapa de individualización de la pena y sentencia una fase posterior al juicio y habiéndose establecido por el Constituyente la facultad del Legislador de fijar los términos en que las víctimas podrán participar en el proceso penal, la exclusión de la víctima o su representante a ser oída por el Juez en la etapa de individualización de la pena y sentencia, en condiciones diversas a la defensa y a la Fiscalía, implica no solamente el desconocimiento del derecho a la igualdad, sino la limitación de su derecho al acceso a la administración de justicia, no vislumbrándose una razón objetiva y suficiente que justifique la omisión de brindar a las víctimas la posibilidad de ejercer el derecho a ser oídos en dicha etapa, en los casos en que haya fallo condenatorio o se haya aprobado el acuerdo celebrado con la Fiscalía, de lo que se colige que la omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso, particularmente entre víctima y acusado, a quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tal motivo la Corte, declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, bajo el entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra a la víctima o su representante para que se refiera a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía. JUICIO EN PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Características Son características del juicio en materia penal: la publicidad, la oralidad, la concentración, la inmediación en las pruebas y la contradicción, siendo la inmediación un principio básico del sistema penal acusatorio, en lo que se refiere a que las pruebas deben practicarse dentro de la etapa de juzgamiento, ante el juez, la fiscalía, los jurados y demás intervinientes, ofreciendo un contacto directo del fallador con las mismas para la formación de la decisión. PRINCIPIO DE INMEDIACION EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Concepto/PRINCIPIO DE INMEDIACION EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Implicaciones de su vulneración La inmediación exige que el juez deba tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, esto es, con los sujetos del mismo -partes e intervinientes- y con su contenido o materia. La violación de este principio implica la violación del principio del debido proceso, que garantiza a toda persona imputada o acusada, a ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada juicio PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN PROCESO PENAL-Apelación de autos NORMAS PROCESALES-Objeto Esta Corporación ha afirmado que el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica de los asociados. De allí que las normas procesales propendan por asegurar la celeridad, oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y demás sujetos vinculados al proceso. RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN PROCESO PENAL-Trámite RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN PROCESO PENAL-Presentación y sustentación ante juez de primera instancia no desconoce principio de inmediación ni debido proceso/RECURSO DE APELACION-No constituye un proceso autónomo ni un juicio nuevo RECURSO DE APELACION-Resolución no exige la inmediación de las pruebas con el juez de segunda instancia/PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LAS PRUEBAS-No se exige para la resolución de recursos de apelación de autos en proceso penal El demandante considera que el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 al disponer que el recurso de apelación se interpone y sustenta ante el juez de primera instancia y no ante el de segunda instancia, vulnera el principio de inmediación de las pruebas, que establece que éstas deben practicarse directamente ante el juez, en forma pública y con la participación directa del imputado. Sin embargo, para la Corte, en razón a que el recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación de las pruebas con el juez de segunda instancia y en la medida en que la apelación constituye la oportunidad en la cual el superior jerárquico controla una decisión adoptada en la primera instancia, sin tener que reconstruirse íntegramente la acusación y la defensa, siendo en consecuencia suficiente que con los registros que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso que se hayan realizado en audio y/o video, y hayan sido allegados al juez de la segunda instancia, pueda adquirir elementos de juicio para la decisión que corresponda. Referencia: Expedientes D-8231, D-8232, D-8240 acumulados Demanda de inconstitucionalidad: contra los artículos 86 (parcial), 89 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 (8231), artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 (8232), artículo 100 de la Ley 1395 de 2010 (8240) Demandantes: Mauricio Pava Lugo (8231), Mauricio Pava Lugo (8232) y Juan José Cantillo Pushaina (8240) Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO I. ANTECEDENTES 1. Textos normativos demandados Los ciudadanos Mauricio Pava Lugo (D-8231 y D-8232) y Juan José Cantillo Pushaina (D-8240) demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 86 (parcial), 89 (parcial), 90 y 100 (parcial) de la Ley 1395, las cuales se tramitan acumuladamente. El texto de las normas mencionadas es el siguiente, subrayando los apartes demandados: LEY 1395 DE 2010 (Julio 12)[1] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 86. El artículo 102 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Artículo 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante.” (…) ARTÍCULO 89. El artículo 106 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Artículo 106. Caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. (…) ARTÍCULO 90. El artículo 178 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Artículo 178. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se interpondrá, sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia. Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en el artículo anterior. Recibida la actuación objeto del recurso el juez lo resolverá en el término de cinco (5) días y citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura de auto dentro de los cinco (5) días siguientes. Si se trata de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondrá de cinco (5) días para presentar proyecto y de tres (3) días la Sala para su estudio y decisión. La audiencia de lectura de providencia será realizada en 5 días. (…) ARTÍCULO 100. El artículo 447 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Artículo 447. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral. (…) 2. Demanda: pretensión y fundamentos Los demandantes solicitan la inexequibilidad de las normas y apartes normativos demandados, con base en los siguientes cargos: 2.1. Contra los artículos 86 y 89 la Ley 1395/10: por la vulneración de los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución P olítica. Al condicionarse la procedencia del incidente de reparación integral a la firmeza de la sentencia condenatoria -art 86-, se impide la participación del tercero civilmente responsable en el proceso penal, ya que al iniciarse, ya habrá concluido el juicio de responsabilidad penal. En otras palabras, ubicar el incidente de reparación después de la terminación del juicio penal que concluye con fallo condenatorio, implica negar la participación en la determinación de responsabilidad penal de lo que depende su responsabilidad económica. Tal disposición: (i) Vulnera el artículo 2 de la Constitución que consagra entre los fines del Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan…”. (ii) Vulnera el artículo 229 de la Constitución, pues impedir la participación del tercero civilmente responsable en el juicio penal, desconoce el derecho de acceso a la justicia, debiendo concedérsele la oportunidad jurisdiccional para concurrir a la construcción de la “justicia” y “verdad”, materia de determinación en el juicio penal, ya que éstos no son derechos exclusivos de las víctimas sino también de toda persona que tenga relación directa (por activa o por pasiva) con la decisión jurisdiccional y por todo aquel para quien se generen consecuencias jurídicas adversas con la emisión de la sentencia penal. (iii) Vulnera el artículo 228 de la Constitución, que establece la efectividad de los Tribunales, al impedir la participación del tercero civilmente responsable en el juicio penal. El mismo cargo aplica, por las razones anteriores, contra la disposición que prevé un término de caducidad para la solicitud de iniciación del incidente de reparación, ya que refuerza la idea de la exclusión del tercero civilmente responsable del proceso penal donde se determina la responsabilidad por los delitos juzgados. En efecto, el término de caducidad, durante el cual procede dicha solicitud, no puede contabilizarse con posterioridad a que la sentencia condenatoria haya quedado en firme, pues impide que sea solicitado durante el proceso mismo. 2.2. Contra el artículo 100 de la Ley 1395/10: por la vulneración de los artículos 2, 13, 228, 229 de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad (Pacto Universal de los Derechos Humanos -Ley 74 de 1968, artículo 14-; Convención Interamericana de Derechos Humanos -Ley 16 de 1972, articulo 8-), vía de omisión legislativa relativa El Artículo 100 de la Ley 1395 de 2010 dispone la participación en audiencia de juicio del fiscal y la defensa previo a la decisión de individualización de la pena; Tal norma omite la participación de la víctima, para ser oída en igualdad de condiciones que la Fiscalía y la defensa, con menoscabo de sus derechos, ya que: (i) excluye a un ciudadano que se encuentra en situación asimilable a los contemplados en la norma; (ii) no hay razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de la víctima; (iii) la omisión genera desigualdad injustificada entre los diversos actores del proceso en especial entre la víctima y el acusado; (iv) la omisión implica un incumplimiento de la configuración de una verdadera intervención por parte de la víctima en el proceso penal. Así, en la medida que las razones tenidas en cuenta para establecer la pena, individualizarla e incluso adoptar mecanismos sustitutivos o excarcelatorios, inciden en forma directa en los intereses de la víctima - como son los de justicia, protección, legalidad de la pena y promesa de no repetición-, se hace legítima su intervención directa sin intermediarios, y necesaria su participación y el derecho de ser oída antes de la determinación de la pena aplicada. Tal omisión del Legislador constituye una vulneración de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, del Bloque de Constitucionalidad: Pacto Universal de los Derechos Humanos (Ley 74 de 1968) artículo 14 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) articulo 8, vía omisión legislativa relativa. 2.3. Contra el artículo 90 demandado: por vulneración de los artículos 29 y 250 de la Constitución Al disponer el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que el recurso de apelación se sustenta -además de interponerse y correrse traslado a los no impugnantes- ante el juez de primera instancia quien estudia la sustentación del mismo, y no ante el de segunda instancia que es el que habrá de conocerlo y decidirlo, se vulnera el principio de la inmediación procesal establecido en el artículo 250 de la Carta Política. La inmediación exige que el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, esto es, con los sujetos del mismo -partes e intervinientes- y con su contenido o materia. Como consecuencia de la violación por parte del artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 del principio de la inmediación procesal, se da la violación del principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza a toda persona imputada o acusada, a ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada juicio, en cuyo caso, la inmediación es parte de esa garantía. 3. Concepto del Procurador General de la Nación[2] e intervenciones públicas y ciudadanas 3.1. Inconstitucionalidad apartes subrayados de los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010 3.1.1. Procuraduría General de la Nación Sobre la solicitud de inexequibilidad de los artículos 86 y 89 de la ley 1395 de 2010, debe estarse a lo resuelto en las sentencias C- 423 de 2006, C- 425 de 2006 y C-717 de 2006, con respecto a la figura del tercero civilmente responsable dentro del sistema penal acusatorio y en consecuencia declarar que existe cosa juzgada material. Según lo manifiesta la Corte en la sentencia C- 995 de 2007 reiterada mediante sentencia C- 489 de 2009, el asunto objeto de juicio ya fue decidido previamente, por lo que la Corte deberá proferir fallo inhibitorio por carencia de objeto de decisión. Basta con dar lectura a la sentencia C- 423 de 2006, para constatar que la Corte ya se pronunció en forma extensa sobre la figura del tercero civilmente responsable dentro del sistema penal acusatorio, al estudiar el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, modificado por el Acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. Señala que con esa evidencia, no puede afirmarse que la Ley 1395 de 2010, disponga de algún cambio o novedad de carácter sustancial. La Corte Constitucional, al declarar exequibles los artículos 100 y 104 de la ley 906 de 2004, consideró pertinente hacer un análisis de la figura del tercero civilmente responsable en el ámbito del nuevo sistema procesal penal y el ejercicio del derecho a la defensa, dentro del cual concluyó que en el nuevo sistema penal acusatorio, el tercero civilmente responsable dejó de ser un sujeto procesal, por lo que no es considerado ni parte ni interviniente dentro del mismo, pudiendo ser citado al incidente de reparación integral de perjuicios, una vez se haya producido el fallo que decrete la responsabilidad penal del acusado y concluido el juicio oral. Lo anterior, con fundamento en que en el sistema penal acusatorio, en la etapa de investigación se discute únicamente la responsabilidad penal del imputado, en tanto que en el incidente de reparación integral el debate se centra en la responsabilidad civil del mismo o de los terceros que deban responder. 3.1.2 El Ministerio de Interior y de Justicia Deben declararse exequibles, las normas demandadas, por los siguientes motivos: Con fundamento en el pronunciamiento que sobre la figura del tercero civilmente responsable realizó la Corte Constitucional (C-423 de 2006), la norma acusada se encuentra ajustada a la Constitución, dentro del esquema trazado por el Acto Legislativo 03 de 2002, sobre el sistema penal acusatorio, al señalar que el tercero civilmente responsable no participa dentro del proceso penal en igualdad de condiciones que los demás intervinientes, siempre y cuando se le respete su derecho a la defensa en relación con sus bienes, derecho que se encuentra garantizado por lo establecido en el articulo 107 de la Ley 906 de 2004 y que fue declarado exequible mediante sentencia de la Corte Constitucional C- 425 de 2006. Expresa que con base en los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en las citadas providencias, permiten afirmar que “[a] la luz del nuevo sistema penal acusatorio, establecido en el Acto Legislativo 03 de 2002, en tanto el tercero civilmente responsable sea debidamente citado durante el trámite del incidente de reparación integral, no se desconocen los preceptos constitucionales sobre efectividad de los derechos de defensa, justicia, verdad material y acceso a la justicia, el hecho de que el legislador no haya contemplado la posibilidad de que dicho tercero intervenga en el juicio penal dentro del cual se produce la condena al procesado, puesto que en virtud de este nuevo sistema, en el que impera la igualdad de armas, se rompería el equilibrio procesal en relación con la víctima, porque tendría mayor participación dentro de dicho proceso el acusado, al estar coadyuvado por el tercero civilmente responsable.”[3] 3.1.3. Fiscalía General de la Nación Procede la declaración de exequibilidad de las normas acusadas. Y, subsidiariamente, que la Corte se declare inhibida para decidir de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda. En el presente caso, la norma acusada es concordante con el ejercicio de esa facultad de libertad de configuración legislativa dada por el Constituyente. En el sistema penal acusatorio, el tercero civilmente responsable no es una parte y su actuación se limita a participar en el incidente de reparación integral, en igualdad de condiciones que la víctima, al cual debe ser citado y contando con la facultad de llamar en garantía al asegurador y con todas las demás garantías procesales tales como aportar y controvertir pruebas, para desvirtuar la presunción legal sobre que los daños ocasionados por las personas bajo su cuidado le son imputables, rebatir el daño causado, el monto del mismo, la calidad de la víctima e incluso podrá llegar a una conciliación[4]. El nuevo sistema penal acusatorio suprimió la demanda civil, y en el fallo que declara la responsabilidad penal no hay pronunciamiento de ningún tipo sobre condena pecuniaria, para lo cual se creó el incidente de reparación integral que busca determinar los aspectos civiles de la responsabilidad del acusado y de los terceros. Permitir que el tercero civilmente responsable participe en ellas, resulta injustificado y conduciría a romper el equilibrio con relación a la víctima, la cual en materia de responsabilidad civil, tan solo actúa en el incidente de reparación integral. Ya la Corte Constitucional sostuvo que el tercero civil no es una parte o interviniente en el proceso penal, y que su participación excepcional puede darse cuando sea necesaria la protección de sus intereses, salvaguardando sus derechos y garantías constitucionales. Por otro lado, como lo ha dicho el máximo tribunal constitucional en sus fallos, equiparar al tercero civilmente responsable con los demás intervinientes es desvertebrar la estructura del sistema penal acusatorio de carácter adversarial regido por la igualdad de armas entre la acusación y la defensa, dejando en una mejor posición procesal al tercero frente a la víctima. 3.1.4. Academia Colombiana de jurisprudencia La Corte Constitucional ha reconocido que las víctimas cuentan con una amplia protección de sus derechos a la verdad, justicia y reparación y como tal, pueden participar en oportunidades procesales que el legislador le había vedado inicialmente, en la medida que muchas de las actuaciones y decisiones en las que no les permitía su intervención, afectaban el objetivo de la reparación que desde tiempo atrás se había reconocido en su favor. En lo que se refiere a los derechos del tercero civilmente responsable, manifiesta que estos son más restringidos en el sistema penal acusatorio, pero sin que ello implique que se les vulneren los derechos a la defensa y al debido proceso. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias C- 423 de 2006, C- 425 de 2006 y C- 717 de 2006, en las cuales establece parámetros constitucionales para la protección e intervención del tercero civilmente responsable. Al iniciarse la participación del tercero civilmente responsable tan solo desde que el fallo de responsabilidad penal se encuentre en firme y se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, éste “[s]e verá abocado a defender su posición frente a una situación en la que se tiene probada la fuente de su responsabilidad”. De acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional y los Tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte de la Constitución, los intervinientes deben contar con la facultad de acceder a una segunda instancia sin limitaciones, siempre que se considere que los intereses no se encuentran debidamente protegidos o juiciosamente analizados por los juzgadores de instancia, lo cual resulta improcedente frente a los artículos acusados de la ley 1395 de 2010, en la medida que la participación del tercero civilmente responsable se inicia cuando el fallo de responsabilidad penal se encuentra en firme y se han agotado todos los recursos, haciéndolo de esta forma, incontrovertible. En este orden de ideas, manifiesta el representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la norma acusada vulnera los derechos a la defensa y a la igualdad del tercero civilmente responsable, por no contar con la facultad de acudir en ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios contra el fallo condenatorio en su integridad, del cual deriva su obligación como fuente esencial para su condena patrimonial; también por encontrarse en condiciones de desventaja frente a los derechos de la víctima, que es su contendor natural, y que ha podido participar a lo largo del debate penal contando con las facultades y garantías para la obtención del fallo sobre la responsabilidad penal. 3.1.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Debe declararse la inexequibilidad de las normas acusadas, con base en el siguiente argumento: al establecerse que la oportunidad para que el tercero civilmente responsable se haga parte dentro del proceso penal, sea una vez la sentencia condenatoria se encuentre en firme, se vulnera los derechos del mismo, en especial el derecho a la defensa, en virtud de no poder contradecir el vinculo con el acusado, rebatir la existencia del daño y su monto, la calidad de la víctima, o incluso apelar la sentencia que declara la responsabilidad penal, contraviniendo el artículo 2º. de la Carta Política . 3.2. Inconstitucionalidad artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 3.2.1. La Procuraduría General de la Nación[5] Debe la Corte declararse inhibida para fallar. La demanda carece de los requisitos mínimos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia establecidos por la ley y decantados por la jurisprudencia, pues no ofrece un hilo conductor coherente que permita comprender su disconformidad con la norma acusada. 3.2.2. El Ministerio de Interior y de Justicia Procede la exequibilidad de la norma acusada, por cuanto corresponde al legislador establecer las normas procesales incluido lo referente a competencias, ritualidades, términos y condiciones de cada juicio, con el único límite de hacerlo dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En la norma acusada se trata de racionalizar la actividad judicial tendiente a su descongestión, para lo cual se adopta una medida proporcional, toda vez que no afecta el núcleo esencial del derecho al debido proceso, al permitir que sea el mismo juez de primera instancia, ante quien se interponga y sustente el recurso de apelación contra autos. No se está limitando el derecho a la apelación, sino que se busca garantizar la inmediatez del recurso, haciendo más ágil el proceso. 3.2.3. La Fiscalía general de la Nación Es exequible la norma demandada. La Constitución no estableció como contenido del derecho a la impugnación la posibilidad de repetir pruebas o practicar pruebas nuevas en segunda instancia, por lo que la temática quedó en manos del legislador. En este sentido, el principio de inmediación se flexibiliza en la segunda instancia, pues el superior no repite, ni practica nuevas pruebas, pues los fundamentos probatorios para la decisión de la apelación son los mismos que los del A Quo, cuestión que sí se aplica a las intervenciones de los recurrentes y no recurrentes, constituyéndose no solo en una instancia de revisión de la validez del proceso, sino en el momento idóneo para la corrección de elementos fácticos y jurídicos de la decisión. La apelación no consiste en una solicitud de revisión general y abstracta del proceso, orientada a que se reexamine lo actuado en su integridad, sino que quien manifieste su inconformidad debe precisar y sustentar las razones para ello, pues no se trata de un nuevo juicio en el que deban repetirse la acusación y la defensa, sino la continuación en una instancia de control. 3.2.4 Academia Colombiana de jurisprudencia Debe ser declarada la inexequibilidad, por vulnerar los artículos 250 y 29 de la C.P., sobre el sistema penal acusatorio. Los principios de oralidad, inmediación y concertación establecidos por el Acto legislativo 3 de 2002, son el marco constitucional de fundamentación del sistema penal acusatorio que no pueden ser desconocidos por el Legislador al momento de regular un procedimiento determinado. Dichos principios imponen un grado de cercanía del juez con el objeto a decidir, las partes intervinientes, las peticiones, lo argumentos que las fundamentan, por lo que legislar en contra de dicha cercanía implica no solo el desconocimiento de los postulados constitucionales, sino un retroceso en materia de administración de justicia. Adicionalmente, exigir que en el mismo acto en que se produce la decisión se interponga el recurso y se expresen los argumentos de la inconformidad, sin permitir la preparación de dichos argumentos y se realice ante el A quo, no permitiendo la concurrencia de manera directa ante el Ad Quem, impone una limitación que no es concordante con el sistema penal acusatorio y vulnera el principio de la inmediación procesal. 3.2.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Debe la Corte declarar la inexequibilidad de la norma acusada, con base en el siguiente argumento: el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, que establece que el recurso de apelación se interpondrá, sustentará y se correrá traslado a los no impugnantes en la misma audiencia y que dependiendo de la sustentación del mismo será concedido ante el superior para que decida, vulnera los derechos de las víctimas, pues limita la posibilidad de impugnación a la aprobación que el juez que emitió el fallo objeto de la misma, deba impartir a su sustentación y que además no es él quien debe decidirlo. 3.2.6. Intervención ciudadana (ciudadano Mauricio Pava Lugo) Procede la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 90 de la ley 1395 de 2010 acusado, y por unidad normativa, igualmente la inconstitucionalidad del artículo 91. La oralidad y la inmediación constituyen la estructura fundamental del debido proceso establecido desde 2002, a través del Acto Legislativo 03 y cualquier disposición normativa que atente contra ellas en el marco del proceso penal contradice el querer de los constituyentes de 2002. Al establecer los artículos 90 y 91 de la Ley 1395 de 2010, que en las impugnaciones -contra autos y sentencias,- su sustentación y la réplica se surte ante el juez de primer grado, se desconocen la inmediación y la concentración como formas propias del juicio en materia penal, por cuanto el juez que tomó la decisión objeto de cuestionamiento, no debe participar en la argumentación sobre la posible incorrección de su providencia, debiéndose sustentar ante el juez de conocimiento de la apelación que es el juez de segundo grado. Si bien corresponde al Legislador la definición de los procesos judiciales y las ritualidades propias del mismo, de acuerdo con el artículo 150, numerales 1 y 2 de la C.P., esa facultad se encuentra limitada por las disposiciones constitucionales y que en el caso, se trata de los postulados del Acto legislativo 03 de 2002, mediante el cual se estableció como una de las ritualidades penales el principio de la inmediación procesal. La vulneración del artículo 250 de la C. P. sobre el principio de la inmediación, conlleva necesariamente a la vulneración del artículo 29 de la Carta Política que establece el debido proceso, entendida como la garantía de que toda persona imputada o acusada de un delito tiene de ser procesada o juzgada con observación de las formas propias de cada juicio, dentro de las cuales se encuentra la inmediación. 3.3. Inconstitucionalidad apartes subrayados del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010 3.3.1. La Procuraduría General de la Nación[6] La Corte se declare inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010 o en su defecto, declare la exequibilidad de la norma, con fundamento en los siguientes argumentos: La Corte Constitucional en sentencia C-454 de 2006, mediante la cual declaró exequibles los artículos 11,132, 133, 134, 135, 136, y 357 de la Ley 906 de 2004, se pronunció sobre la posición de las víctimas y la protección de sus derechos en el nuevo sistema procesal penal, lo que en su criterio, si bien no constituye cosa juzgada, es un precedente de importancia. En dicha providencia la Corte resaltó que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación integral y a la Justicia, la cual comprende tres aspectos: i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente los autores y participes de los delitos; ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”. Igualmente señaló que “es necesario que se permita que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”. La misma providencia estableció: “[e]l Acto Legislativo 03 de 2002, … por el cual se reformó la Constitución Política para introducir un sistema de investigación y juzgamiento criminal de tendencia acusatoria … asignó a la Fiscalía General de la Nación unas especificas funciones en relación con las víctimas de los delitos.” Del análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el papel de la víctima, su participación en los procesos, se concluye que si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial, determinando que no tiene las mismas facultades que el procesado y la Fiscalía, pero puede intervenir activamente en el mismo. La definición del sistema penal acusatorio como un sistema adversarial, en el que se confrontan claramente dos partes, la acusada y la acusadora, dejando de lado la posibilidad de que haya varios acusadores, ya que la participación de la víctima como un acusador adicional a la Fiscalía, generaría desigualdad de armas. Al no equiparar a la víctima con las demás partes dentro del proceso, no puede concluirse que se le están vulnerando sus derechos mediante una discriminación injusta, aspecto que ha sido señalado por la Corte en la sentencia C- 516 de 2007, al estudiar si los límites que imponían las normas demandadas sobre los derechos a las víctimas resultaban proporcionales, dijo: “si bien, en efecto, es en la audiencia de formulación de acusación en donde se formaliza la intervención de la víctima mediante la determinación de su condición y el reconocimiento de su representación legal, su participación, directa o mediante apoderado, se encuentra garantizada aun desde la fase de investigación.” Finalmente, realizado el análisis de los requisitos especiales que deben tener las demandas sobre omisión legislativa relativa, se observa que la demanda no los reúne, por cuanto el actor no demuestra que: (i) exista una norma constitucional en la que se asigne al legislador el deber de permitir que la víctima participe en la audiencia de individualización de la pena y la sentencia; (ii) que se excluya de casos asimilables, pues la víctima es distinta al fiscal o al defensor, y (iii) que la exclusión sea no razonable o injustificada, pues la individualización de la pena y la sentencia no es una cuestión que afecte los derechos de las víctimas. 3.3.2. El Ministerio de Interior y de Justicia Los cargos formulados contra el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, no están llamados a prosperar. La Corte Constitucional, en Sentencia C- 516 de 2007, retomó los argumentos de otros pronunciamientos de la misma Corte sobre los derechos y facultades de las víctimas en el proceso penal, así: “[D]eclaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo, oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral.[7] Sobre este aspecto consideró la Corte que existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos probatorios de la víctima en el juicio oral, como quiera que su participación directa implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a la víctima en un segundo contradictor del acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso. No obstante, estimó también que “la víctima, a través de su abogado podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de conformidad con el articulo 177 de la Ley 906 de 2004.”[8] Si bien a las víctimas les es dado intervenir en diversas actuaciones procesales, quien debe intervenir en la audiencia de individualización de la pena y sentencia en defensa de los derechos de las víctimas en esta etapa final, es el Fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima y en caso de no estar de acuerdo con el fallo, impugnarlo, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 177 de la Ley 906 de 2004. 3.3.3. Fiscalía General de la Nación La víctima de una conducta punible tiene derecho a ser escuchada tanto por el Fiscal, como por el juez de garantías, en innumerables actuaciones, garantizándosele que sus derechos sean tenidos en cuenta y en aras de garantizar la justicia restaurativa. La Constitución de 1991 si bien previó la participación de la víctima, no le dio la calidad de parte, sino de interviniente especial, por lo cual carece de las facultades del procesado y la fiscalía, pero posee ciertas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente durante el proceso. Cuando el constituyente estableció que el juicio penal tuviera un carácter adversarial, resaltó que la confrontación se daría entre dos partes, la acusada y la acusadora, por lo que permitir la participación de la víctima como un acusador adicional y diferente al Fiscal, generaría una desigualdad en las armas y una transformación de lo que significa un sistema adversarial en la etapa de juicio. Si se hace una mirada sistemática a la normatividad y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los derechos de intervención de las víctimas, el hecho de que sea hasta la formulación de acusación en la que se formaliza la intervención de la víctima, no quiere decir que se excluya de etapas anteriores, en las cuales puede intervenir acreditando sumariamente su condición de tal. Por todo esto, la norma debe ser declarada exequible. 3.3.4. Academia Colombiana de jurisprudencia El artículo 100 de la Ley 1395, debe ser declarado inexequible, porque vulnera los artículos 13, 29 y 229 de la CP, al excluir la participación de la víctima de la individualización de la sentencia y la pena. La corte Constitucional ha sido enfática en determinar la participación de las víctimas en las etapas procesales que implican una afectación directa de los derechos de las víctimas y de la visión que ésta pueda tener de los hechos, como es el caso de su participación en la realización de preacuerdos entre el imputado y la fiscalía, argumentos que tienen plena aplicación en la audiencia de individualización de la pena. 3.3.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNRR- La no participación de la víctima en la audiencia de individualización de la pena y sentencia, que admite únicamente a la Fiscalía y la defensa, no vulnera los derechos de la víctima, por cuanto en dicha audiencia, la Fiscalía y la víctima actúan como un solo actor, toda vez que al ser la Fiscalía el ente estatal de acusación es la llamada a interceder para que la decisión que tome el juez no vaya en contravía de los intereses de la víctima. Adicionalmente, la víctima cuenta con el recurso de apelación de la sentencia, el cual puede ejercer si no se encuentra satisfecha con el fallo. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Republica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución. 2. Análisis formal de los cargos de inconstitucionalidad de la demanda Siendo varios las disposiciones demandadas y diversas las normas constitucionales que se consideran violadas, se precisarán los cargos, previo su examen formal, esto es, del cumplimiento de los requisitos que según la Constitución y el Decreto 2067/91 deben llenar. 2.1. Contra los artículos 86 y 89 la Ley 1395/10, por la vulneración de los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política La interpretación de los artículos 86 y 89 que desarrolla la demanda admite un examen de constitucionalidad. En efecto, lo que se cuestiona es la exclusión del tercero civilmente responsable en el proceso penal y su remisión a un momento procesal posterior al juicio de responsabilidad penal, esto es, al incidente de reparación integral. Por eso considera inconstitucional la disposición que supedita la procedencia del citado incidente y la oportunidad de su solicitud -término de caducidad- a que la sentencia condenatoria haya quedado en firme. Así, este cargo suscita una duda mínima en torno a la exequibilidad de la norma impugnada frente a los artículos 2 y 229 de la CP. No obstante, el cargo por vulneración del artículo 228 de la CP es inepto, por cuanto no se aporta un mínimo de argumentación que sustente la violación de dicho texto, específicamente en relación con lo que se denomina en la demanda “eficacia de los tribunales”. 2.2. Contra el artículo 100 de la Ley 1395/10: por la vulneración de los artículos 2, 13, 228, 229 de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad El Artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, a juicio del demandante, entraña una omisión legislativa relativa: mientras dispone la participación en audiencia de juicio del fiscal y la defensa, previo a la decisión de individualización de la pena, excluye a la víctima, quien tiene razones que justifican su intervención ya que la cuantificación de la pena o la adopción de mecanismos sustitutivos o excarcelatorios pueden afectar sus derechos a la justicia y a la reparación. Reitera la demanda que, al no permitir la participación de la víctima y desconocerle su derecho de audiencia durante la etapa de individualización de la pena, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía -a los cuales reduce dicha norma tal garantía-, se genera un trato diferenciado que según el demandante vulnera los derechos a la igualdad, el acceso a la justicia y el derecho de defensa, en procura de la protección y la justicia. Agrega que víctima e imputado son los principales protagonistas del proceso penal, uno como sujeto pasivo de la lesión y el otro como sujeto activo, por lo que el proceso penal debe dar respuesta a ambos antagonistas, otorgándoles las garantías básicas que les conceden los derechos de acceso y tutela judicial efectiva. En suma, manifiesta el actor que la omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima, dentro del proceso penal, especialmente en lo que se refiere al ser oída previamente frente a decisiones que le puedan afectar sus intereses de justicia y protección. En conclusión, considera la Corporación que los cargos formulados en la demanda son aptos para ameritar un juicio de fondo, por cuanto además de reunir las condiciones generales de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, el actor cumple las condiciones establecidas jurisprudencialmente para el examen de la omisión legislativa. 2.3. Contra el artículo 90 demandado: por vulneración de los artículos 29 y 250 de la Constitución Al considerar el demandante que la sustentación del recurso de apelación ante el mismo juez que profirió un auto, y no ante quien debe resolverlo, desconoce garantías procesales (CP 29) y principios constitucionales del proceso penal (CP 250) como el de inmediación, aporta el mínimo de razón necesario para adelantar un pronunciamiento de fondo. 3. Cargo 1º: los artículos 86 y 89 la Ley 1395/10 vulneran los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política 3.1. Problema jurídico a resolver En relación el examen de constitucionalidad de los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, el asunto a resolver es: ¿se vulneran los derechos del tercero civilmente responsable a participar en las decisiones que le afectan (art. 2º. CP) y su derecho de acceso a la justicia (art. 228 CP), al decretarse su participación en el proceso penal con posterioridad a la culminación del juicio de responsabilidad penal, esto es, una vez queda en firme la sentencia condenatoria y procede el incidente de reparación integral (art. 86) y se inicia el término de caducidad para solicitarlo (art. 89)? 3.2. Cuestión previa: existencia de cosa juzgada material? Procede el estudio de las Sentencias C-423 de 2006, 425 de 2006 y 717 de 2006 para establecer si se presenta el fenómeno de cosa juzgada material, como lo propone el Procurador General de la Nación. 3.2.1. La Corte Constitucional ha expresado que la cosa juzgada constitucional “no sólo se predica de la norma formalmente analizada sino también de su contenido material y su efecto irradia tanto el contenido actual de la ley estudiada como de la ley posterior”[9]. Alude esta perspectiva jurisprudencial, la cosa juzgada constitucional puede ser: (i) formal, cuando se predica del mismo tenor literal que ha sido objeto de pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional; (ii) material, cuando a pesar de tratarse de un texto diferente del que ya fue objeto de pronunciamiento constitucional, su contenido sustancial es igual al del texto normativo ya revisado. Ambos dan lugar a la inhibición de la Corte, pudiendo la primera incluso dar lugar al rechazo de la demanda. 3.2.2. En la sentencia C-308 de 2007, se tipifica el fenómeno de la cosa juzgada material: “El fenómeno de la cosa juzgada no sólo se presenta cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que posteriormente resulta nuevamente demandada; adicionalmente, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada cuando la decisión anterior pese a no recaer sobre la misma disposición cobija, sin embargo, otra literalmente igual o con contenidos normativos idénticos”. Quiere lo anterior significar que el fenómeno de la cosa juzgada material se plantea cuando un contenido normativo ya examinado constitucionalmente, se reproduce en la norma posterior que es objeto de demanda. 3.2.3. En Sentencia C-423 de 2006, la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 100 (totalidad) y 104, (parcial) de la Ley 906 de 2004, que se refieren al tercero civilmente responsable. El problema jurídico analizado por la Corte en dicha sentencia y la forma de resolverlo, se resume así: (i) “Debe determinar si el legislador incurrió o no en una inconstitucionalidad por omisión relativa, por el hecho de no haber facultado al tercero civilmente responsable para interponer recurso alguno ni poder controvertir pruebas frente a la decisión de un juez de control de garantías de imponerle durante la investigación una medida cautelar sobre un bien”(…); (ii) Vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben adoptar la decisión que allí se tome (…). Al respecto, no se observa que los contenidos normativos sean idénticos: en el primer caso, lo que se impugna es la no participación de un tercero civilmente responsable en la fase de investigación respecto de la imposición de una medida cautelar por el juez de control de garantías -artículo 100 de la Ley 906/04[10]-, en las normas -arts. 86 y 89 de la Ley 1395/10- se discute la exclusión del mismo en la etapa de juicio y respecto de la imposición de una condena por el juez de conocimiento; y en el segundo caso, se refiere a terceros civilmente responsables que no comparecen a la audiencia de reparación integral, situación que no corresponde a la de las normas demandadas en donde el cargo se estructura independiente de la comparecencia o no comparecencia del tercero. En consecuencia, no se advierte la presencia de una cosa juzgada material. En la Sentencia C-425 de 2006, la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 107 (totalidad) de...