Sentencia C-203 de 2019

C-203-19 Sentencia C-203/19 CODIGO CIVIL-Posesión notoria del estado de matrimonio POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE MATRIMONIO-Inexequibilidad parcial DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones IGUALDAD DE GENERO-Consagración constitucional DERECHOS DE LA MUJER-Evolución histórica IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de discriminación DERECHO A LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Protección constitucional IGUALDAD DE GENERO-Instrumentos internacionales de protección IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER EN RELACIONES FAMILIARES-Jurisprudencia constitucional ESTADO CIVIL-Régimen probatorio DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Reiteración de jurisprudencia ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Alcance ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Se prueba con el registro civil Referencia: Expediente D-12.955 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 396 (parcial) del Código Civil. Actor: Yeison Alexander Barón Sánchez Magistrada Sustanciadora: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Yeison Alexander Barón Sánchez demandó el artículo 396 (parcial) del Código Civil por considerar que desconoce lo establecido en los artículos 1, 13 y 43 de la Constitución Política. Mediante Auto del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), esta Corporación decidió (i) admitir la demanda; (ii) disponer su fijación en lista; (iii) comunicar sobre la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio del Interior; (iv) invitar a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, a PAIIS – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Corporación Sisma Mujer, Women´s Link Worldwide, a las docentes Yadira Alarcón Palacio, Ph.D, del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana y a Lina María Céspedes Báez Ph.D., Vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, así como a los docentes Jairo Rivera Sierra, Cecilia Diez Vargas y Helí Abel Torrado Torrado, al Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad Libre de Bogotá, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario –Grupo de Acciones Públicas-, la Universidad del Externado, la Universidad Nacional, la Icesi de Cali –Grupo de Acciones Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja – UPTC, la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca; y (v) correr traslado de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II.NORMAS DEMANDADAS 2. A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas y se subrayan las expresiones que se consideran contrarias a la Constitución: CODIGO CIVIL TITULO XX. DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL. ARTICULO 396. <POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE MATRIMONIO>. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general. III. LA DEMANDA 3. El actor afirma que la expresión resaltada es contraria a lo dispuesto en los artículos 1, 13 y 43 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos. 4. El escrito de la demanda afirma que el aparte atacado es contrario a la dignidad humana porque establece un trato diferente e injustificado entre el hombre y la mujer. Aclara que el hecho de que se le exija a la mujer ser aceptada por los deudos, amigos y vecinos del hombre “es un acto de discriminación contra la mujer puesto que ella no debe que ser aceptada por nadie y mucho menos por los amigos del marido, la mujer se encuentra en una posición de desventaja en el matrimonio frente al marido, pues para que este se de en pleno para ella, debe cumplir con una serie de requerimientos absurdos”.[1] 5. El ciudadano demandante aduce que la norma desconoce que en la actualidad la mujer no puede estar sometida al marido y a su familia, y en ese orden, se vulnera el derecho a la igualdad pues contiene una diferenciación injustificada entre el hombre y la mujer “en el sentido que precisa que para existir la posesión notoria del matrimonio, la mujer debe haber sido recibida por los deudos y amigos del marido y por el vecindario de su domicilio en general, a la mujer se establece una condición para que existe posesión notoria de su matrimonio, mientras que al hombre no se le exigen este mismo requisito para la existencia de dicha posesión”.[2] Resalta que el artículo 13 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional (cita las sentencias C-804 de 2006, C-540 de 2008 y T-909 de 2011), reconocen la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que cualquier medida que se adopte de forma diferenciada debe ser razonable. Anota que la diferencia que establece la norma no es una medida favorable a la mujer, sino todo lo contrario. 6. Finalmente aduce que el trato que la norma hace sobre la mujer es una discriminación “odiosa”, toda vez que la existencia del matrimonio debe ser demostrada solo con la voluntad de los contrayentes y no puede depender de la aceptación o negación de terceros que, con su percepción, establezcan si la mujer fue “recibida”. Con fundamento en los anteriores argumentos, el actor propone declarar la inexequibilidad de la frase “(…) y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos del marido, y por el vecindario de su domicilio en general” del artículo 396 del Código Civil. IV. INTERVENCIONES 1. Academia Colombiana de Jurisprudencia En el escrito presentado ante la Corte Constitucional, la Academia solicitó declarar la exequibilidad de la norma. Para sustentar su posición, precisó el ámbito de aplicación del artículo demandado. Señaló que la regulación de las pruebas del Estado Civil ha pasado por varias etapas. El primer modelo era mixto en la medida en que tanto notario y párrocos llevaban a su cargo un registro civil y un registro eclesiástico, respectivamente. Aclaró que en este marco normativo inicial, el artículo 396 del Código Civil tenía por objeto suplir la ausencia de actas del registro civil y su texto era el siguiente: “la falta de los referidos documentos podrá suplirse en caso necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil”.[3] Estableció que el artículo 396 “trata del objeto de la prueba en instancia judicial, que no es otro que los hechos constitutivos del estado civil de matrimonio; desde luego que el trato personal y recíproco como cónyuges, el reconocimiento de dicho carácter en su núcleo familiar y doméstico por sus allegados y vecinos durante el tiempo que la ley exige, son hechos que demostrados en el proceso judicial a través de los medios de prueba admitidos, -testimonios, documentos, informes-, permitirán al juez declarar la existencia del estado civil de matrimonio; lo dicho respecto de la mujer también se predica del hombre, pues la referencia de la norma es meramente enunciativa de los diferentes aspectos que bien pueden invocarse como manifestaciones evidentes de los hechos constitutivos del estado civil que se solicita declarar”.[4] Aclaró que esta figura opera, “desde el punto de vista práctico”, cuando hayan desaparecido las actas de registro o cuando haya fallecido uno o ambos cónyuges “pero siempre se trata de matrimonios existentes”.[5] Por ello, no puede confundirse la declaración del estado civil de matrimonio con apoyo de la posesión notoria con otras instituciones reconocidas por la ley como lo es, por ejemplo, la unión marital de hecho. Acorde con esto, afirmó que la demanda se sustenta en una interpretación aislada y en el sentido literal de la norma, sin tener en cuenta su contexto y aplicación. 2. Defensoría del Pueblo – Delegada para Asuntos Constitucionales La entidad solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la frase “y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general”, y subsidiariamente, declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “marido y mujer”, “siempre que la misma se entienda que la misma cobija en iguales condiciones a las parejas del mismo sexo”.[6] Con el objeto de sustentar su posición la Defensoría desarrolló los siguientes puntos: (i) el estado civil y la posesión notoria del estado de matrimonio, (ii) las razones por las cuales una mayor exigencia probatoria en relación con la prueba de la posesión notoria del estado de matrimonio, constituye un trato discriminatorio contra las mujeres y (iii) consideraciones relativas a la necesidad de extender el estudio de constitucionalidad de la norma a la expresión “como marido y mujer”, por cuanto excluye a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de acudir a la posesión notoria del estado de matrimonio para lograr una decisión que acredite la existencia del vínculo civil. En primer lugar, la entidad interviniente se refirió al marco constitucional y normativo de la personalidad jurídica y sus atributos, y específicamente, al estado civil de las personas. Para esto último, citó lo ateniente al Decreto 1260 de 1970, en el que se establece que la prueba del estado civil de las personas es el registro en el libro y cuaderno correspondiente (artículo 106). Subrayó que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se debe distinguir entre el estado civil y la prueba del mismo. En ese sentido, la posesión notoria del estado civil regulada en los artículos 396 a 399 del Código Civil “constituye, no una excepción a la tarifa legal (…), sino una confirmación de la misma, toda vez que dicha figura tiene como propósito la de permitir a quien desea establecer un vínculo familiar con otra persona, acudir ante una autoridad judicial para que emita una providencia en la que tenga por acreditado el parentesco, cuando no resulte posible aportar la respectiva partida y no pueda explicarse y probarse satisfactoriamente el motivo de la falta de la misma”.[7] Resaltó que la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido que se trata de un mecanismo probatorio a efectos de acreditar el estado civil que no se puede probar por falta de actas o partidas, con miras a obtener su reconocimiento mediante una decisión judicial. En segundo lugar, la Defensoría advirtió que de una lectura del artículo 396 del Código Civil puede concluirse que “en principio, para dar lugar a la declaratoria de la posesión notoria del estado de matrimonio, sólo se requiere acreditar que quienes se pretenden cónyuges se han tratado en sus relaciones domésticas sociales “como marido y mujer”. No obstante, en el evento en que quien solicite tal declaratoria sea la mujer, adicionalmente deberá probar que ha sido `recibida` en la condición de esposa por los parientes, amigos y vecinos de su esposo”.[8] Al respecto, hizo referencia a los artículos 13, 40, 42, 43 y 53 de la Constitución Política y a sentencias de la Corte Constitucional, con el fin de señalar que las mujeres históricamente han sido sometidas a una serie de tratos, provenientes de las mismas estructuras sociales, que les imponen unas condiciones de desventaja frente a los hombres. Afirmó que conforme al bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales sobre la protección especial de las mujeres, el Estado tiene la obligación de “asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de [la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer]” y de “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW).[9] Adicionalmente citó recomendaciones del Comité de esta Convención, específicamente las Recomendaciones Generales No. 21 y 33 relativas a la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y sobre el acceso de las mujeres a la justicia, respectivamente. Con esto, concluyó que la norma atacada impone un mayor esfuerzo probatorio para que sus pretensiones sean acogidas por el juez competente, “toda vez que deben acreditar que ellas y sus parejas se han tratado o se trataron `como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales` y que han sido `recibidas en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general´ a diferencia de los hombres, a quienes solo se exige probar lo primero (…)”.[10] Advirtió que los estándares internacionales exigen a los Estados revisar las normas sobre carga de las pruebas en las que, por relaciones de poder, se evidencie una desigualdad material en relación con los hombres, pues esto vulnera el acceso a la justicia de las mujeres, y en consecuencia, la justiciabilidad de sus demás derechos. Así, señaló que el mismo Comité ha recomendado a los Estado Parte de la CEDAW, garantizar el principio de igualdad ante la ley suprimiendo aquellas normas que exigen una carga superior a las mujeres respecto a la de los hombres, con el fin de establecer determinada situación o interponer algún recurso. Dicho lo anterior, la entidad concluyo que la norma atacada es discriminatoria y es “una clara muestra de la pervivencia de múltiples estereotipos, conductas y formas de pensar que discriminan a las mujeres dentro del ordenamiento jurídico colombiano, puesto que la misma establece que es la mujer la que debe ser recibida como esposa por el círculo cercano al marido, poniéndola en una posición inferior a la del hombre, cuyos parientes, amigos y vecinos han de mostrar una suerte de anuencia o concepto favorable sobre su condición de esposa. Es decir, no basta con que la pareja acoja libremente al estado de matrimonio, sino que la mujer, por el hecho de serlo, requiere de la opinión favorable de terceras personas con las que no ha adquirido compromiso, vínculo o relación (…)”.[11] Finalmente, en relación al tercer punto anunciado, la Defensoría sostuvo que acorde con las sentencias C-577 de 2011 y la SU-218 de 2016, en las que la Corte Constitucional resolvió extender el contrato civil de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la interpretación del artículo 396 también debe contemplar que la posesión notoria del estado civil de matrimonio se aplique a esta población. De tal modo, sugirió ampliar el examen de constitucionalidad de la norma y declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “como marido y mujer” siempre y cuando se entienda que la misma cobija igualmente a las parejas de personas del mismo sexo. 3. Jairo Rivera Sierra El interviniente solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada del artículo 396 del Código Civil. En primer lugar advirtió que no es posible declarar la inexequibilidad de la norma en la medida en que se generaría un vacío legal, pues desaparecería del contexto jurídico nacional la posibilidad de probar la posesión notoria del matrimonio. Adujo que “quedaría sin tutela jurídica una institución que está pensada para resolver problemas relativos a la prueba de la existencia del matrimonio, a las relaciones de consanguinidad y a consecuencias patrimoniales, cuando el supuesto de hecho no está enmarcado dentro de la regla general de que la única prueba del estado civil, en este caso el matrimonio, es el registro matrimonial”.[12] En segundo lugar, el interviniente se concentró en reseñar el contenido y alcance del derecho a la igualdad entre hombre y mujer en las relaciones matrimoniales. Para esto, citó la sentencia la sentencia T-909 de 2011 y estableció que “la norma acusada (…) al crear una diferencia de trato por ser mujer, atenta contra el derecho a la igualdad y el artículo 43 de la Constitución Política que establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.[13] Afirmó que el parámetro de control, además de la norma constitucional mencionada, debe tener en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW. Manifestó que la norma atacada parte de un estereotipo de género y de un prejuicio histórico y social del rol de la mujer en el matrimonio. Lo anterior constituye un trato discriminatorio a la luz de los principios de la Constitución de 1991, pues la norma no hace mención alguna al reconocimiento del marido en el entorno social de la mujer y sí lo hace con esta última, situación que produce un desequilibrio en las relaciones. En tercer lugar, el interviniente resaltó que conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de 2016, la interpretación de la norma atacada también debe contemplar la posibilidad de aplicar la figura de la posesión notoria del matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo. Por otra parte, aclaró que el propósito de la norma está dirigido a la prueba del matrimonio ante la ausencia o imposibilidad del registro civil de matrimonio, y no a la unión marital de hecho, que goza de otras formas probatorias. Con base en estos argumentos, el interviniente sugirió condicionar la norma en los siguientes términos: “La posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como tales en sus relaciones domesticas sociales; y en haber sido recibidos en este carácter por los deudos y amigos de los cónyuges y por el vecindario de su domicilio en general”. 4. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia Esta entidad interviniente coadyuvó en todas sus partes la demanda de inconstitucionalidad y citó como precedentes constitucionales relevantes las sentencias C-588 de 1992, C-540 de 2008 y T-909 de 2011. Solicitó declarar la inexequibilidad parcial del artículo 396 del Código Civil. 5. Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá El interviniente, a través del Observatorio de Intervención Ciudadana, solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del aparte demandado toda vez que en su sentir, reproduce estereotipos de género sustentados en prácticas patriarcales que desconocen los artículos 13 y 43 de la Constitución Política y tratados internacionales ratificados por Colombia. Hizo referencia concreta a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belem Do Pará. Posteriormente, citó sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha establecido el deber del Estado colombiano y sus autoridades de eliminar tratos discriminatorios contra la mujer y de reproducción de estereotipos de inferioridad frente al hombre. Respecto a la demanda parcial del artículo 396 del Código Civil, afirmó que es evidente que la norma “reproduce un estereotipo de género arraigado en la cultura nacional desde finales del siglo XIX, a saber, que el hombre es el supremo director del hogar y es la mujer la que sigue al hombre al momento de conformar un hogar”.[14] Afirmó que en la época en la que fue emitida la norma la mujer tenía limitaciones en sus derechos civiles y políticos y se concebía como una persona sometida a su marido en las relaciones matrimoniales o domésticas. De manera que concluyó que “en la actualidad la norma demandada ha entrado en franco desueto no solamente porque las relaciones de pareja han sufrido una amplia transformación desde que esta norma fue promulgada, sino, además porque en la actualidad la mujer está llamada a desempeñar un papel transformador y protagónico en la sociedad a todo nivel”.[15] Con fundamento en lo anterior, el interviniente estableció que la norma es contraria al actual ordenamiento jurídico, y específicamente, a los compromisos internacionales de Colombia encaminados a modificar la legislación que perpetúa estereotipos basados en el género. 6. Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico La entidad solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad condicionada del aparte atacado del artículo 396 del Código Civil. Se refirió al origen y evolución de la norma en el ordenamiento jurídico y concluyó que la figura de la posesión notoria del estado de matrimonio “es una prueba supletoria, con fundamento en la cual el juez, a falta de los respectivos documentos, debe formarse su convencimiento para poder ordenar la inscripción del estado civil del matrimonio”.[16] Señaló que para la prueba de ello, era necesario tener en cuenta también los testimonios de terceros, como parientes, amigos y vecinos de ambos cónyuges y no solo los del marido. Advirtió la evidente discordancia entre la norma acusada y la prohibición de discriminación de la mujer y el principio de igualdad constitucional. Sugirió que la norma debe entenderse en los siguientes términos: “(…) y en haber sido percibidos los cónyuges en este carácter, por sus deudos, amigos y vecinos de su domicilio en general”. 7. Grupo de Acciones Públicas – GAPI- de la Universidad Icesi de Cali Solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del aparte demandado del artículo 396 del Código Civil, y subsidiariamente, declarar la exequibilidad condicionada. Con el fin de sustentar su posición, el interviniente afirmó que la norma atacada establece una clara distinción de género que es discriminatoria, pues solo exige que sea la mujer la recibida por el entorno social del marido y no lo hace con ambos. Lo anterior, desconoce lo dispuesto en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política que prohíben cualquier diferenciación en razón del sexo. Hizo referencia a sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha decantado el contenido del derecho a la igualdad y se ha resaltado la necesidad de eliminar conductas, prácticas y normas que reproducen desigualdades entre el hombre y la mujer. Del mismo modo, recordó que en el ordenamiento jurídico internacional existen tratados que exigen a los Estados eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, entre ellas, los obstáculos de acceso a la justicia. En síntesis el interviniente adujo con las siguientes palabras que la norma atacada es abiertamente inconstitucional: “(…) i) si bien, la figura civil de posesión notoria del estado de matrimonio es una presunción que busca el reconocimiento de relaciones filiales entre individuos de una familia, y que ello, impone cargas ante la sociedad, como la de un amplio reconocimiento de terceros para con los integrantes de la familia. Sin embargo, las cargas injustificadas, como la de exigirle solo a la mujer que ella sea presentada en sociedad, ante deudos, amigos y vecindario, no hace más que poner a la mujer en un papel de subordinación, sumisión y desventaja para con su marido. Es exigirle al hombre que exhiba a su mujer como un objeto, y que obligatoriamente ella sea aceptada por los terceros como mujer del hombre, todo esto, sin ponerle una sola carga más al hombre que el presentarla en sociedad (…)”[17] Finalmente, manifestó que la norma genera una cosificación de la mujer al imponer “el recibimiento” de ella al entorno social del hombre, hecho que vulnera el principio y derecho constitucional de la dignidad humana. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del aparte demandado del artículo 396 del Código Civil. Advierte que expulsar del ordenamiento jurídico la frase demandada no afecta en nada la figura civil de la posesión notoria del matrimonio pues “la prueba de la dimensión social del matrimonio, como estado civil, está comprendida dentro de la frase inmediatamente anterior del mismo artículo 396 del Código Civil (…) sin que resulte necesario cualificar dichas relaciones sociales en relación con uno de los cónyuges”.[18] En primer lugar el Procurador hace referencia al alcance de la norma. Afirma que la posesión notoria del matrimonio “es un medio de prueba supletorio para acreditar la existencia del vínculo matrimonial –el cual en principio se certifica mediante prueba documental-, con miras a la obtención de una sentencia que ordene la respectiva inscripción del estado civil en el registro, y en ningún caso es una forma de constituir o dar lugar al vínculo”.[19] Para el efecto cita también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sostiene la misma posición. Aclara, que a diferencia de lo que dice el demandante, la norma establece que el interesado en demostrar el estado civil de casado debe convencer al juez de que “la mujer fue recibida por los deudos, amigos y vecinos del esposo”, es decir, tanto al hombre como a la mujer les corresponde demostrarlo. No obstante lo anterior, el Ministerio Público reconoce que los hechos que pretenden ser probados por la norma –el estado civil de matrimonio-, se concentran en la aceptación de la mujer por parte del entorno social del hombre. Por tanto, señala que el contenido normativo es contrario a la igualdad y a la dignidad humana de las mujeres. En segundo lugar, establece que al revisar los orígenes de esta disposición “se advierte que el artículo 310 del Código Civil de Chile de 1855, conocido como el Código de Don Andrés Bello, tiene la misma redacción del artículo 396 de nuestra codificación. La explicación que se dio a la exigencia idéntica a la ahora cuestionada es la siguiente: `Esta presunción es fortísima, en cuanto procede de los hechos a que se refiere la segunda parte del artículo, porque nuestra sociedad repudia a la mujer de mala vida como un mal ejemplo, y como una provocación a la moral pública´. Riñe con la Constitución este modelo de relaciones familiares en el que el comportamiento moral de las mujeres es objeto de escrutinio público con el propósito de determinar su idoneidad para ser aceptada en calidad de esposa, en un contexto sociológico patriarcal en el que, además, la mujer era trasladada de un ambiente a otro porque estaba sometida o vivía bajo la protección o dependencia masculina, ya sea del padre o del esposo”.[20] Subraya que aquel contenido y contexto normativo contrasta notoriamente con las disposiciones de la Constitución Política como lo son los artículos 1º, 13, 42 y 43, los cuales reconocen la igualdad entre hombres y mujeres en todos los entornos. Aduce que la norma crea estándares completamente distintos para hombres y mujeres y “promueve la realización de juicios morales particularmente sobre el comportamiento de las mujeres y perpetúa una visión patriarcal de las relaciones matrimoniales”.[21] Además subraya que la primera parte de la norma ya indica que ambos cónyuges deben ser entendidos como tales ante la sociedad, de manera que la segunda parte del artículo no tiene ningún objeto, y en cambio cualifica el reconocimiento social de la mujer frente los vecinos, amigos y familia del marido, lo que resulta contrario a la igualdad ante la ley. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política. Planteamiento del problema jurídico y metodología 1. El demandante considera que el aparte “y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general” del artículo 396 (posesión notoria del estado civil de matrimonio) del Código Civil, vulnera los artículos 1º, 13 y 43 de la Constitución Política al contemplar una distinción entre el hombre y la mujer sustentada en estereotipos históricos de subordinación y al establecer una carga probatoria mayor a la mujer frente al hombre en casos donde se quiere probar la existencia del vínculo matrimonial. Algunas de las intervenciones presentadas apoyaron los argumentos del ciudadano demandante en relación a la vulneración de los preceptos constitucionales, sin embargo algunas propusieron la inexequibilidad condicionada del aparte atacado toda vez que declararlo inexequible generaría un vacío legal que dejaría inoperante la figura de la presunción del estado civil de matrimonio. Por tanto, sugirieron a la Corte modular la decisión, en el sentido de incluir en la norma tanto a la mujer como al hombre y corregir el desequilibrio. La Academia Colombiana de Jurisprudencia presentó la única intervención solicitando la exequibilidad de la norma. Por su parte, el Ministerio Público solicitó a la Sala Plena de la Corte declarar la inexequibilidad del aparte demandado ya que consideró que perpetúa estereotipos patriarcales que vulneran el derecho a la igualdad y dignidad de la mujer. Sostuvo, a diferencia de algunos intervinientes, que eliminar el aparte demandado no afecta la figura jurídica de la posesión notoria del matrimonio, toda vez que la aceptación social de los dos cónyuges ya se encuentra contemplada en la primera parte de la norma, por lo que no la dejaría inoperante. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo y el ciudadano Jairo Rivera Sierra, propusieron a la Corte Constitucional extender el análisis de constitucionalidad y declarar que la frase “como marido y mujer” de la primera parte del artículo, fuera también aplicable a las parejas de personas del mismo sexo. Sobre este último punto, la Sala estima que se trata de un cargo que se sale abiertamente del marco argumentativo de la demanda, toda vez que la Corte tendría que revisar un texto de la norma que no fue atacado por el actor, y además, trae con ello una discusión constitucional distinta a la propuesta en el escrito de la demanda, la cual se circunscribe a la igualdad de la mujer frente al hombre en las relaciones domésticas, familiares y sociales. 2. Conforme a los antecedentes descritos, la Sala Plena deberá analizar si se vulneran los derechos a la dignidad humana (artículo 1º CP) y a la igualdad y no discriminación de la mujer (artículos 13 y 43 CP), al contemplarse en el Código Civil una norma que, con el fin de dar por demostrada la posesión notoria del estado civil de matrimonio, exige que la mujer sea recibida como cónyuge de su marido por los deudos, amigos y vecinos de él. Para resolver este interrogante la Sala desarrollará las siguientes consideraciones: (a) la igualdad de género en la Constitución Política y los tratados internacionales y (b) el estado civil y su régimen probatorio. Posteriormente se hará el análisis de la norma demandada. La igualdad de género en la Constitución Política y los tratados internacionales. Reiteración jurisprudencial. 3. La Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad entre hombre y mujer, y particularmente, tiene una marcada tendencia de protección especial de las mujeres.[22] Los artículos 40 (participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública), 42 (igualdad de derechos y obligaciones en las relaciones familiares), 43 (iguales derechos y oportunidades de las mujeres frente a los hombres y la prohibición de discriminación en razón del género) y 53 (protección especial de la mujer en el ámbito laboral), muestran el interés del constituyente de fijar en la Carta Política los ejes esenciales del papel de la mujer en el ordenamiento jurídico actual. Esto además se refuerza con la ratificación de tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y establecen obligaciones de los Estados de eliminar cualquier práctica o tratamiento discriminatorio contra ellas.[23] 4. Especialmente el artículo 43 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte en conjunto con el artículo 13 para establecer el derecho a la igualdad de las mujeres en todas las relaciones sociales. En la sentencia C-588 de 1992, como una de las primeras providencias en las que se pronunció sobre el asunto, la Corte se refirió a la “igualdad entre los sexos”. A propósito señaló que el “[h]ombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos sexos puede ser calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los primeros ni para el cumplimiento de los segundos, ni implica "per se" una posición de desventaja frente al otro. La pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco debe implicar, por sí misma, una razón para obtener beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones. De allí que sean inconstitucionales las disposiciones que plasman distinciones soportadas única y exclusivamente en ese factor.”[24] 5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con múltiples sentencias que desarrollan las normas constitucionales que reconocen el derecho a la igualdad de las mujeres. En realidad la necesidad de este reconocimiento en la Constitución y a lo largo de la jurisprudencia se debe al contexto histórico y social que existía antes de la década de los años 90.[25] La propia Corte reconoce que las mujeres tanto en el ámbito político como el doméstico han tenido que reivindicar sus derechos y luchar por tener espacios efectivos de participación.[26] En palabras de la Corte: “La situación de desventaja que en múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada a la existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los reclamos de liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la consecuente proyección de esa lucha en el campo de la igualdad formal y sustancial (…) Las consideraciones acerca de la inferioridad de la mujer y de su sometimiento a la voluntad del varón, tienen una larga historia; a este respecto basta recordar que en los albores del estado liberal, las revoluciones americana y francesa produjeron declaraciones de derechos humanos, pese a lo cual el nuevo orden se abstuvo de reconocer los derechos de participación política de las mujeres, quienes también fueron excluídas de otras esferas reservadas a los hombres. La preocupación básica se tradujo entonces en el logro de la igualdad jurídica, empeño que actualmente, y luego de una lenta evolución, cristaliza en el reconocimiento formal de la igualdad entre los sexos en el ordenamiento jurídico de numerosos países y en el plano internacional”.[27] 6. Desde la perspectiva de la Carta Política el derecho a la igualdad se deriva de la dignidad humana y cuenta con dos dimensiones, una formal y otra sustancial.[28] La primera se dirige a garantizar la igualdad ante la ley y el deber de no discriminar (abstención), es decir, la prohibición de realizar tratamientos o de establecer ventajas injustificadas sobre un grupo de la población. La segunda exige al Estado promover las condiciones necesarias para alcanzar una igualdad real y efectiva de aquellos grupos tradicionalmente marginados y discriminados. De tal modo, los poderes públicos están llamados a tomar medidas que disminuyan o eliminen injusticias y a las cuales se les reconoce “un designio compensatorio o reparador de previas desigualdades reales”.[29] Esto último permite que el Estado tome medidas de acción afirmativa para disminuir o eliminar la discriminación existente. 7. Lograr la igualdad formal de las mujeres en el ordenamiento jurídico ha sido un proceso gradual que inició antes de la Constitución de 1991.[30] El Código Civil tiene un contenido preponderantemente patriarcal en el que la mujer se ubica en una situación de subordinación al marido y a su entorno familiar. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de armonizar aquellos preceptos que datan del siglo antepasado con los que exige el actual ordenamiento jurídico y los principios constitucionales. Pero a la vez, se ha encargado de atacar los estereotipos de género tan arraigados a la cultura tradicional.[31] En el año 1995 la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho a la igualdad de una mujer que interpuso acción de tutela contra la Escuela Naval “Almirante Padilla” por no permitirle inscribirse en la formación para cadete. La institución se negó a recibirla porque la formación no estaba dirigida a cadetes femeninos por no cumplir con las condiciones físicas de la actividad. La Corte afirmó que “[l]o que resulta inadmisible es la consagración de esa exclusividad tratándose de establecimientos únicos para determinada carrera o especialidad, susceptible de ser cursada tanto por hombres como por mujeres, pues en tales circunstancias el monopolio de la formación que se ofrece, unido a la aludida exigencia, bloquea de manera absoluta las posibilidades de personas pertenecientes al otro sexo, frustrando del todo sus aspiraciones”.[32] Concluyó que no existía una razón suficiente y justificada en el ordenamiento constitucional que permitiera establecer una diferenciación entre ambos sexos para cursar esta formación. 8. En casos de control abstracto de constitucionalidad sobre normas del Código Civil,[33] la Corte ha establecido que las relaciones de familia se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en esa medida, “no es equitativo ni razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su simple pertenencia a un determinado sexo”.[34] En efecto, cuando el Código Civil establece distinciones entre hombre y mujer sin demostrarse una finalidad constitucionalmente aceptada, la Corte ha mencionado que debe extraerse del ordenamiento jurídico, dado que “perpetúa la histórica discriminación que ha sufrido la mujer, al reproducir un esquema patriarcal en el que el hombre debía gozar de mayores prerrogativas y reconocimiento”.[35] En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que no toda distinción que establece una norma basada en el sexo puede ser considerada prima facie inconstitucional. Para ello, debe realizarse un análisis sobre la finalidad de la norma, su contexto histórico y la razonabilidad de la distinción. En el caso de la sentencia C-112 de 2000[36], por ejemplo, la Corte encontró que no existía una razón suficiente para que el legislador estableciera como lugar para la realización del matrimonio el domicilio de la mujer (artículo 126 del Código Civil). En contraste demostró que en el derecho comparado se contemplaba la posibilidad de realizar el matrimonio en cualquiera de los domicilios de ambos cónyuges. Por tanto, consideró que la distinción era discriminatoria con la mujer. Señaló que no podía omitirse el hecho de que la normativa “data del siglo pasado, época en que la mujer casada era jurídicamente incapaz, y debía seguir en su domicilio al marido, entonces la decisión legislativa de ordenar que el matrimonio se celebre en el vecindario de la futura esposa, pretendía proteger a la mujer, por los graves efectos que el vínculo matrimonial tendría en su autonomía”.[37] La Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “la mujer” “en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad entre los sexos (CP arts 13 y 43), el juez competente para celebrar el matrimonio es el juez municipal o promiscuo de la vecindad de cualquiera de los contrayentes, a prevención”.[38] En la sentencia C-101 de 2005,[39] en la cual se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1134 del Código Civil[40] la Corte manifestó: “Para la Corte resulta claro que las razones que se tuvieron en cuenta por los legisladores de la época en la cual se expidió la norma que se cuestiona, resultan constitucionalmente inadmisibles en un ordenamiento constitucional que reconoce la igualdad entre los sexos (CP. arts. 13 y 43), en tanto perpetúan estereotipos de la mujer, afortunadamente superados. La explicación de una medida legislativa como la que se examina, radicaba en el estereotipo social reinante en la época en que fue concebida, de no reconocer a la mujer como sujeto pleno de derechos y de obligaciones, y, eventualmente, como fuente de ingreso para el sostenimiento de su familia. No existen en la actualidad motivos constitucionalmente válidos que permitan admitir una diferencia de trato como la referida en la norma demandada, respecto del otorgado a los hombres a quienes no se les impone la misma condición, pues ello no sólo constituye un acto discriminatorio que viola el derecho fundamental a la igualdad, sino que desconoce la especial protección que el Estado debe brindar a la mujer para garantizar la igualdad real y efectiva de derechos. A la luz del actual ordenamiento constitucional, el sexo no puede ser un criterio de diferenciación entre individuos puestos en una misma situación, como puede ser la necesidad de obtener una herencia o legado con la que puedan proveer a su subsistencia. (…) La condición impuesta a la mujer en el artículo 1134 que se examina, pudo haber tenido lógica en una época social y económica eminentemente patriarcal, en la cual como se vio, el paradigma de lo humano, se construía alrededor del varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya función en la vida era servir y hacer feliz al hombre.”[41] En el estudio de constitucionalidad del artículo 33 del Código Civil,[42] en el que se argumentó ante la Corte que la palabra “hombre” en la ley civil excluía al género femenino produciéndose un trato discriminatorio,[43] la Sala Plena realizó un análisis sobre la evolución del rol social de la mujer y sus derechos y el uso del lenguaje del legislador. Al respecto, reiteró la jurisprudencia constitucional relativa al derecho a la igualdad de las mujeres en el ordenamiento jurídico. Precisó que “no tienen cabida en el ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas supuestamente a protegerlas, pero que al estar inspiradas en estereotipos sociales y culturales machistas perpetúan la desigualdad. La Corte Constitucional se ha ocupado de este fenómeno en repetidas oportunidades, y lo ha calificado como “discriminación indirecta”, razón por la cual este tipo de enunciados normativos han sido declarados inexequibles”.[44] Resaltó el contexto patriarcal de la emisión del Código Civil y concluyó que “lo allí consignado no [tiene] otro fin que perpetuar el dominio masculino sobre la mujer pues, como se mencionó, todas las disposiciones referentes a la mujer en el Código Civil [están] dirigidas a reafirmar la inferioridad de la mujer respecto del varón, a recalcar la incapacidad de la mujer para manejar su propia vida y administrar sus bienes o para orientar la educación de sus hijos. Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser interpretado de conformidad con los principios, valores y derechos consagrados en el ordenamiento constitucional, en todo caso, es inocultable el sentido originalmente sexista y discriminador de la codificación”.[45] Finalmente en la sentencia C-278 de 2014,[46] luego de reiterar la jurisprudencia constitucional, la Corte estableció que “los cónyuges gozan hoy en día de los mismos derechos y deberes no solo en el marco del matrimonio y de las relaciones familiares, sino también en relación con la posibilidad de administrar en igualdad de condiciones la sociedad conyugal pudiendo disponer libremente tanto de sus propios bienes como de los bienes comunes”.[47] 9. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera reiterada que el contexto social en el que fue emitido el Código Civil refleja la concepción de subordinación y dependencia que tenía la mujer frente al hombre. De manera que, a la luz de los valores y principios de la Constitución de 1991, específicamente lo consagrado en los artículos 13 y 43, es imperativo eliminar aquellas disposiciones que tratan a la mujer como un individuo marginado de las relaciones sociales y familiares. Siempre que una norma establezca una distinción entre hombres y mujeres, el juez constitucional debe analizar su finalidad dentro del ordenamiento jurídico y la necesidad de mantener esta distinción con miras a establecer si es o no acorde con el principio de igualdad y no discriminación en razón del género. El derecho a la igualdad de la mujer en las relaciones familiares en el derecho internacional de los derechos humanos 10. Son varios los tratados internacionales que reconocen el derecho a la igualdad ante la ley de las mujeres. Un recuento exhaustivo del marco internacional puede consultarse en la sentencia C-586 de 2016.[48] Para efectos del asunto de esta providencia se hará una referencia concreta a los tratados más relevantes. La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, acogida por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y vigente en el país a partir del 19 de febrero de 1982, reconoce que “la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Establece en los artículos 5, 15 y 16 las obligaciones de los Estados de (a) “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”; (b) reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley, concretamente en materias civiles, reconocer una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y “le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”; y (c) adoptar “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha manifestado: “El principio de igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre los géneros, es inherente al concepto de que todos los seres humanos, con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios”.[49] En el mismo sentido, el Comité ha insistido en que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar que en las relaciones familiares las mujeres tengan un tratamiento legal igual al del hombre, inclusive cuando se trata de probar estos vínculos ante autoridades judiciales. Por ejemplo, en la recomendación general No. 33 el Comité recomienda a los Estados suprimir “[l]as normas de corroboración que discriminan contra las mujeres como testigos, querellantes y demandadas exigiendo que cumplan con una carga de la prueba superior a la de los hombres a fin de establecer un delito o solicitar un recurso”. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994 y aprobada mediante la Ley 248 de 1995. La Convención de Belém Do Pará, que entró en vigor en el país el día 15 de diciembre de 1996, consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de discriminación y a ser “valorada[s] y educada[s] libre[s] de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. En su artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar medidas específicas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”. 11. La lectura de estos tratados refleja la importancia que tiene para los Estados asegurar la igualdad de la mujer frente al hombre y luchar contra los estereotipos sociales e históricos de género que mantienen o refuerzan tratamientos distintos sin finalidad razonable. En ese sentido, la mujer en todos los ámbitos en los que ejerce sus derechos, incluyéndose el hogar y las relaciones familiares, debe tener el mismo tratamiento legal del hombre. Así, ante la presencia de normas que traten a la mujer como una persona subordinada a la capacidad del hombre, los Estados tienen la obligación internacional de excluirla del ordenamiento jurídico. El estado civil y su régimen probatorio 12. La personalidad jurídica de toda persona, reconocida en el artículo 14 de la Constitución, implica una serie de atributos que determinan la relación del individuo con la sociedad y el Estado. En la sentencia C-004 de 1998[50] la Corte estableció que “la personalidad tiene unos atributos, que implican derechos y obligaciones. Esos atributos son inseparables del ser humano, pues no se concibe, en el presente estado de la evolución jurídica, un ser humano carente de personalidad jurídica”. A propósito de estos atributos, la jurisprudencia constitucional de forma reiterada y pacífica ha señalado que “(i) son una categoría jurídica autónoma heredada del derecho civil continental que tiene por finalidad vincular a la personalidad jurídica con el ordenamiento jurídico; (ii) está compuesto de seis atributos como son: el estado civil, la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio; (iii) existe una relación sine quan non entre la personalidad jurídica y sus atributos, pues estos suponen el reconocimiento de la esencia de la personalidad e individualidad; (iv) estas características son inseparables del ser humano, pues son el medio por el cual tiene alcance el derecho a la personalidad jurídica; así (v) como a derechos políticos, como el voto”.[51] 13. En lo relativo al estado civil de las personas, se trata de “la imagen jurídica de la persona” como bien lo afirmaron los hermanos Mazeaud. Este atributo de la personalidad comprende “un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la identifican y diferencian de las demás, y que la hacen sujeto de determinados derechos y obligaciones” y su prueba se realiza por medio del registro civil de nacimiento.[52] El registro civil es un elemento esencial para determinar el estado civil de una persona, pues este documento refleja al menos las siguientes situaciones: (i) el nacimiento, (ii) el relacionamiento familiar, la filiación real y el registro civil del matrimonio y (iii) la muerte de una persona (la defunción). 14. En Colombia el estado civil se encuentra regulado en el Decreto 1260 de 1970 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”. El artículo 1º define el estado civil de una persona como la “situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Su origen surge de hechos, actos y providencias que lo determinan (artículo 2º). 15. El Título X del Decreto mencionado consagra las “pruebas del estado civil”, en donde se afirma que el “estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos” (artículo 101). De manera que la misma normativa establece una tarifa legal para demostrar el estado civil de una persona.[53] Incluso se consagra que “[n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación (…)” (artículo 106). Igualmente dispone que “[p]or regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”. 16. Según la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, una cosa es el estado civil, y otra, es la prueba del estado civil: “no puede confundirse el estado civil con la prueba del mismo, pues es innegable que son conceptos distintos. El primero surge por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen legalmente o por el proferimiento del fallo judicial que los declara; empero, esos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil no son, per se, su prueba, precisamente porque éste se acredita mediante los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico. Desde luego que el legislador colombiano de antaño y de ahora, ha procurado que los hechos y actos constitutivos del estado civil estén revestidos de seguridad y estabilidad, por lo que los ha sometido a un sistema de registro y de prueba de carácter especial, caracterizado por la tarifa legal, distinto al régimen probatorio al que están sometidos los actos de carácter meramente patrimonial. De ahí que se ha ocupado de señalar cuáles son las pruebas idóneas para acreditarlo, como también de establecer minuciosamente lo concerniente con su registro en aspectos tales como los funcionarios competentes, el término y oportunidad de la inscripción, etc., regulación que ha ido evolucionando con las diferentes disposiciones que sobre la materia han regido desde 1887” (CSJ, SC del 17 de junio de 2011, Rad. n.° 1998-00618-01)[54] 17. La Corte Constitucional ha establecido que el registro civil es el medio idóneo a través del cual se prueba el estado civil de las personas, y en ese orden, constituye una herramienta esencial para el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica. En palabras de la Corte Constitucional: “la inscripción en el registro civil es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, por lo cual, una vez autorizado, solamente podrá ser alterado en virtud de una decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados”.[55] 18. Acorde con lo anterior, es importante señalar que el derecho a la personalidad jurídica de las personas se materializa a través de los atributos de la persona, los cuales son esenciales para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos y cumplimiento de obligaciones. El estado civil es uno de los atributos que permite establecer la situación y relacionamiento actual de la persona con la sociedad en general y se demuestra, por regla general, a través del registro civil. Análisis de la norma demandada La posesión notoria del estado civil como prueba supletoria del estado civil de una persona 19. Como se mencionó líneas arriba, los acontecimientos y hechos relacionados con el estado civil de las personas deben cumplir con un procedimiento especial ante las autoridades estatales competentes con el fin de que sean registrados en los libros y folios respectivos y obren como plena prueba ante terceros. El registro civil es un instrumento que protocoliza y sirve como prueba de los hechos inscritos en él. Por ejemplo, el artículo 135 del Código Civil que dispone la celebración del matrimonio, establece que este acto se perfecciona con la libre y espontánea voluntad de los contrayentes y con el acta suscrita de los contrayentes, testigos, juez y secretario, la cual, deberá ser enviada y registrada por notario respectivo “para que la protocolice”.[56] 20. Ahora bien, en casos donde no exista el registro que demuestre el estado civil de una persona, es posible acudir a la presunción. Según el tratadista Valencia Zea “(…) en ciertos casos en que no se puede probar de manera directa la constitución de un estado civil – por no existir la respectiva acta del registro civil, ni documento auténtico alguno, o los testigos que presenciaron la constitución del estado – se podrá probar de manera indirecta (por presunción), o sea, por la posesión prolongada y continua”.[57] Para el efecto, deben confluir las siguientes circunstancias: 1) que los poseedores del estado civil lleven el nombre y apellido que corresponde a ese estado (nomen); 2) que en las relaciones de familia los poseedores de un estado civil se comporten en la misma forma que las demás personas que son titulares de tal estado (tractatus); y 3) que los habitantes del respectivo municipio o aldea en donde viven los poseedores del estado civil presuman, fundándose en los hechos indicados, la existencia del estado civil de que se trate (fama). 21. Conforme a lo anterior, la figura de la “posesión notoria del estado civil” es aplicable en casos donde, a pesar de que ocurrió presuntamente el hecho o acontecimiento, no existe el registro o anotación inscrita en los libros correspondientes que den cuenta de ello. Es decir, no es una excepción de la tarifa legal, sino una confirmación de ella. De modo que le atañe a los interesados proba...