Sentencia C-170 de 2014

C-170-14 Sentencia C-170/14 Sentencia C-170/14 VINCULACION DE TERCEROS LLAMADOS EN GARANTIA A LOS EFECTOS DE UN LAUDO ARBITRAL-Exequibilidad La Corte analizó si los efectos vinculantes del laudo arbitral respecto del tercero llamado en garantía, tal y como lo dispone el parágrafo 1°. del artículo 37 de la ley 1563 de 2012, vulnera el artículo 116 de la Constitución, el cual dispone que los árbitros son particulares que transitoriamente pueden cumplir la función de administrar justicia, bajo la condición de que sean habilitados para ello por las partes. Esto, en tanto la norma acusada no dispone para dicho tercero la exigencia de manifestación expresa de su voluntad para habilitar la competencia de los árbitros. De esta suerte – en opinión de la demandante- si el tercero llamado en garantía no adhiere expresamente al pacto arbitral, no podría quedar vinculado automáticamente por los efectos del mismo. Concluyó la Sala Plena que no se vulnera el inciso último del artículo 116 de la Constitución (principio de voluntariedad de la jurisdicción arbitral), con la regulación jurídica conforme a la cual el tercero llamado en garantía queda vinculado por los efectos del pacto arbitral, incluso si no adhiere a él. La Sala sustenta esta conclusión en que: (i) no existen razones de orden constitucional para afirmar, como lo hace la demandante, que la Constitución en el último inciso del artículo 116, se refiere a la noción de “partes”, en algún sentido doctrinal distinto a aquel con el que se identifican demandante y demandado en el Código General del Proceso. Nada indica que cuando la Constitución utiliza la expresión “árbitros habilitados por las partes”, pretende incluir a intervinientes en los procesos, distintos de quien erige una pretensión, y de quien es destinatario de dicha pretensión. Por ello, en los términos del artículo 116 citado, el tercero garante no es parte. Como el llamamiento en garantía implica la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante (garantizado) y llamado (garante) y permite traer al último a un proceso (el arbitral por ejemplo) como tercero, con el propósito de exigirle la declaración de condena que llegare a sufrir el llamante como resultado del laudo arbitral, esta relación es la que autoriza la posibilidad de vincular a este tercero garante a los efectos del pacto arbitral. Por ello, el tercero es vinculado por la decisión adoptada en el proceso al que es llamado, con fundamento en que ha suscrito un contrato de garantía con una de las partes del proceso, y no con fundamento en que ciertas características de su participación en el proceso lo asimilen a quienes tienen la calidad de parte. (ii) La proposición jurídica demandada se refiere al tercero garante que ha suscrito un contrato de garantía que contiene una cláusula compromisoria o pacto arbitral, por lo cual se entiende que al suscribir el mencionado contrato de garantía aceptó tácitamente que su obligación de garante podría exigirse en un proceso tramitado ante la jurisdicción arbitral. La consecuencia que la acusación considera contraria al principio de voluntariedad de la jurisdicción arbitral; se materializa con la presunta vinculación “autómatica” del tercero garante al pacto arbitral; esta apreciación de la demandante desconoce que la norma acusada también dispone que respecto del tercero llamado en garantía debe existir la obligación de garantizar un contrato con pacto arbitral. Lo anterior supone, sin que ello sea un requisito que se desprenda del artículo 116 constitucional, que este tercero conoce la cláusula compromisoria y acepta tácitamente la juridiccionalidad, al garantizar el contrato que la contiene, si la voluntad de quienes suscribieron el contrato garantizado así lo dispone. (iii) La norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active únicamente por habilitación expresa de las partes. Por ello, si el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje, es la voluntad de las partes la que debe obrar como requisito constitucional para ello, y no la voluntad de un tercero cuya participación tiene un origen distinto a dicha voluntad. Valga decir, su participación se sustenta en la decisión de garantizar un contrato con pacto arbitral. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Jurisprudencia constitucional LEGISLADOR-Libertad para definir procedimiento en los procesos/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Definición del procedimiento en los procesos Con base en el artículo 150-2 de la Constitución Política, el Legislador adquiere por mandato constitucional amplias facultades con el propósito de definir los actos procesales que materialicen el derecho sustancial. Así, se ha reconocido una amplía facultad de configuración normativa atribuida al legislador en la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio, a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites El legislador es autónomo para decidir la estructura y trámite de los procedimientos judiciales, no obstante, está obligado a someterse a los principios establecidos en la Carta Política. Pese a que la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, no es absoluta porque adquiere límites precisos en el respeto por los principios y valores que fundamentan los fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y el acatamiento de los demás preceptos constitucionales. Esta Corporación con el propósito de asegurar límites a la libertad de configuración del legislador, ha desarrollado los siguientes criterios, (i) que atienda principios como la justicia y la igualdad, (ii) que asegure la vigencia de los derechos fundamentales al debido proceso que implica el derecho de defensa y la vigencia del acceso a la administración de justicia (iii) acatamiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las formas (iv) la primacia del derecho sustancial. ARBITRAMENTO-Figura procesal y debido proceso ARBITRAMENTO-Definición La Corte ha señalado que el arbitramento es un mecanismo “en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”. Este procedimiento supone otorgar jurisdicción a favor de un particular, respecto de un litigio específico, quien queda investido de la facultad temporal de resolverlo con carácter definitivo y obligatorio mediante una decisión denominada laudo arbitral. El ejercicio de la facultad de administrar justicia denota su naturaleza eminentemente jurisdiccional y marca el carácter procesal de esta figura ya que como lo ha explicado esta Corte “se trata de un proceso, puesto que los particulares, al administrar justicia como árbitros, deben materializar, dentro de la lógica propia del arbitraje y atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando el marco trazado por el legislador. Por ello, el arbitramento se concibe como un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas, mediante un conjunto de etapas y oportunidades para discutir argumentos, valorar pruebas, controvertir la posición de la otra parte e incluso controlar las decisiones de los árbitros”. ARBITRAMENTO-Características Sus características básicas han sido ampliamente examinadas en la doctrina constitucional, en los términos que se sintetizan a continuación: (i) Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, las partes invisten a los particulares de la función de administrar justicia. (ii) Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación. El artículo 116 de la Constitución Política define el arbitramento con base en el acuerdo de las partes, que proporciona su punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en relación con un litigio concreto. En tal medida, la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas, la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias. También ha señalado que la justificación constitucional de esta figura estriba no sólo en su contribución a la descongestión, eficacia, celeridad y efectividad del aparato estatal de administración de justicia, sino en que proporciona a los ciudadanos una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus propios litigios, materializando así el régimen democrático y participativo que diseñó el Constituyente. La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspectos del sistema arbitral. Por medio de su acuerdo, deciden libremente que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus diferendos, establecen cuáles controversias someterán al arbitraje, determinan las características del tribunal, designan los árbitros e incluso fijan el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general trazado por la ley. La voluntad de las partes es, así, un elemento medular del sistema de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico, y se proyecta en la estabilidad de la decisión que adoptará el tribunal arbitral. Más aún, como consecuencia del acuerdo de voluntades reflejado en el pacto arbitral, las partes aceptan por anticipado que se sujetarán a lo decidido por el tribunal de arbitramento. (iii) Es un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente para la resolución del caso específico sometido a consideración de los árbitros. En palabras de la Corte, “no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores”. (iv) Es excepcional, pues “existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas”. En distintas providencias se han identificado algunas controversias reservadas a la jurisdicción permanente del Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-242 de 1997 la Corte señaló que no pueden someterse a decisión arbitral los temas relacionados con el estado civil de las personas. También, en la sentencia C-294 de 1995, se indicaron como ejemplos de asuntos no sujetos a transacción: las obligaciones amparadas por leyes “en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres”, al tenor del artículo 16 del Código Civil; las cuestiones relacionadas con los derechos de los incapaces; o los litigios relacionados con derechos de los cuales la ley prohíbe a sus titulares disponer. También han sido incluidos en esta categoría, el conjunto de derechos mínimos de los trabajadores y el control de legalidad de los actos administrativos. (v) Es una institución de orden procesal, lo cual significa que el arbitramento “garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros”. En este orden de ideas, son inmanentes a la figura del arbitramento, las siguientes características: (i) la voluntariedad; (ii) la temporalidad; (iii) la excepcionalidad; (iv) fungir como un mecanismo alternativo de solución de controversias; y ser (v) una institución de orden procesal. PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD EN MATERIA ARBITRAL-Jurisprudencia constitucional CALIDAD DE PARTE Y DE TERCERO EN EL PROCESO ARBITRAL-Alcance en legislación procedimental El concepto de parte es restringido al escenario del proceso y se asume así tanto en su aspecto formal, como en su aspecto material, determinado en esencia por la relación jurídico-sustancial. Es decir, es parte no sólo quien asume la calidad de demandante o quien ostenta la de demandado en consideración a la pretensión objeto de debate, sino también quien se vincula al proceso de manera sobreviniente en razón de la naturaleza de la relación jurídico sustancial. Quien sea virtualmente ajeno a dicha relación sólo tiene calidad de tercero en los términos dispuestos por nuestra preceptiva procesal. La parte puede estar integrada por una pluralidad de sujetos, bien sea mediante litisconsorcio necesario con comunidad de suertes en el resultado y los efectos en el proceso (Art. 61 del Código General del Proceso), o del litisconsorcio facultativo si cada parte se concibe como una individualidad que aprovecha el proceso, sin comunidad en cuanto a los efectos y al resultado (Art. 60, ibídem). Si la parte combina características de ambas formas de litisconsorcio adquiere la denominación de cuasi-necesario (Art. 62, ibídem). Adicionalmente, el proceso civil prevé la posibilidad de participación no sólo de las partes, sino de terceros, en sus diversas variables. El Código General de Proceso prescribe (i) la intervención excluyente (art.63); (ii) el llamamiento en garantía (arts. 64, 65 y 66); y (iii) el llamamiento al poseedor o tenedor (art.67); la coadyuvancia (art. 71); y, llamamiento de oficio (art. 72). En este orden de ideas, el artículo 64 del Código General del Proceso en cuanto al llamamiento en garantía dispone: “Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”. El llamamiento en garantía surge como consecuencia de una relación de carácter legal o de una relación contractual, verbigracia cuando se trata de aquellas reclamaciones cuya causa es el contrato de seguro. En este orden de ideas el llamamiento en garantía corresponde a “ una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante”. El llamado en garantía como tercero, puede ejercer actos procesales tales como (i) la facultad de adicionar la demanda si es llamado por el demandante; (ii) contestar la demanda si es llamado por el demando; (iii) proponer excepciones previas, mixtas o de mérito; y, (iv) en términos generales negarse o no aceptar el llamamiento. Sin embargo, el llamado en garantía no es parte, sino un tercero, que como se dijo, tiene una relación sustancial con una de las partes, el llamante. Relación de la que se deriva la obligación de que el garante responda por quien lo ha llamado. Bajo estas premisas, puede concluirse que el llamado en garantía es un tercero que, en relación de necesidad, participa en el proceso arbitral, según se vio, pero no es parte. Acude al proceso en virtud del instituto procesal del llamamiento, que se sustenta en un mandato legal o en una relación de carácter contractual. El llamado en garantía entonces, en el caso que nos ocupa, y previo agotamiento del Debido proceso, es vinculado por la decisión adoptada en el proceso con fundamento en que ha suscrito un contrato de garantía con una de las partes. Esta, y no otra, es la razón en que se funda su convocatoria y concurrencia al proceso arbitral, en el que, se repite, no participa como parte sino como garante prestacional de una de las partes. LLAMAMIENTO EN GARANTIA-Concepto El llamamiento en garantía corresponde a “(…) una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante”. LLAMAMIENTO EN GARANTIA-Actos procesales que puede ejercer el llamado en garantía como tercero El llamado en garantía como tercero, puede ejercer actos procesales tales como (i) la facultad de adicionar la demanda si es llamado por el demandante; (ii) contestar la demanda si es llamado por el demando; (iii) proponer excepciones previas, mixtas o de mérito; y, (iv) en términos generales negarse o no aceptar el llamamiento. Sin embargo, el llamado en garantía no es parte, sino un tercero, que como se dijo, tiene una relación sustancial con una de las partes, el llamante. Relación de la que se deriva la obligación de que el garante responda por quien lo ha llamado. ARBITRAMENTO-Habilitación de particulares para solucionar conflictos/HABILITACION DE PARTICULARES PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR MEDIO DEL ARBITRAMENTO-Limitaciones Materiales JUSTICIA ARBITRAL-Reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al Estado para la resolución de sus controversias Referencia: expediente D- 9777 Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. Demandante: Ivonne Gissel Cardona Ardila Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y con el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente, SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, la ciudadana Ivonne Gissel Cardona Ardila, solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, “por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe la norma demandada, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012 y se subrayan los apartes acusados LEY 1563 DE 2012 (Julio 12) Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 37. INTERVENCIÓN DE OTRAS PARTES Y TERCEROS. La intervención en el proceso arbitral del llamado en garantía, del denunciado en el pleito, del interviniente excluyente y demás partes, se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad adicional a su cargo por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición. La suma correspondiente deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Tratándose de interviniente excluyente que no haya suscrito el pacto arbitral, su demanda implica la adhesión al pacto suscrito entre las partes iniciales. En caso de que el interviniente excluyente que haya suscrito pacto arbitral o que haya adherido a él, no consigne oportunamente, el proceso continuará y se decidirá sin su intervención, salvo que la consignación la efectúe alguna otra parte interesada, aplicando en lo pertinente el artículo 27. Cuando el llamado en garantía o denunciado en el pleito, que ha suscrito el pacto arbitral o ha adherido a él, no consigna oportunamente, el proceso continuará y se decidirá sin su intervención, salvo que la consignación la efectúe alguna otra parte interesada, aplicando en lo pertinente el artículo 27. En los casos de llamamiento en garantía y de denuncia del pleito, la existencia del pacto arbitral también podrá probarse conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 3o. Si se trata de coadyuvante o llamado de oficio, su intervención se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil para esta clase de terceros. En este caso, el tribunal le dará aplicación al inciso primero de esta norma y el no pago hará improcedente su intervención. PARÁGRAFO 1o. Cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. PARÁGRAFO 2o. En ningún caso las partes o los reglamentos de los centros de arbitraje podrán prohibir la intervención de otras partes o de terceros. III. LA DEMANDA La Ciudadana Ivonne Gissel Cardona Ardila presentó acción de inconstitucionalidad contra el Parágrafo 1°. Del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, “por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, al estimar que la norma demandada vulnera el artículo 116 de la Constitución Política. Para la ciudadana demandante la disposición demandada, atribuye efectos vinculantes al laudo arbitral respecto del tercero llamado en garantía, sin que para ello se exija manifestación expresa de su voluntad, dirigida a habilitar la competencia de los árbitros. Esto traería como consecuencia, en palabras de la accionante, que “se faculta a un árbitro para que adopte una decisión con efectos de cosa juzgada, respecto de un tercero que no lo habilitó”. Lo cual vulnera el último inciso del artículo 116 de la Constitución Política, según el cual los árbitros son particulares que transitoriamente pueden cumplir la función de administrar justicia, bajo la condición de que sean habilitados para ello por las partes; entonces, si el tercero llamado en garantía no habilita a los árbitros, no puede quedar vinculado automáticamente por los efectos del pacto arbitral. Las razones en las que apoya esta acusación son: Acudir al tribunal de arbitramento es una decisión voluntaria de las partes y no depende de la imposición legal; por tanto, únicamente la voluntad de las partes o de aquellos denominados terceros intervinientes faculta para acudir a ese instituto jurisdiccional. Sin embargo, “[p]ese a lo anterior, con la norma demandada, se obliga al garante (léase asegurador, banco, fiduciaria, fiador, etc) del contrato que contiene pacto arbitral, a someterse a la decisión de árbitros que no han sido habilitados por ese garante”. Manifiesta que la habilitación del laudo arbitral por parte de los particulares debe ser explícita, conforme a lo expuesto por la Corporación en la Sentencia C-060 de 2001, relacionada con la exequibilidad del artículo 4º de la Ley 182 de 1995, cuyo tema consistió en establecer la obligatoriedad del trámite arbitral en el evento de no existir acuerdo sobre el uso de ciertas redes de comunicación entre el Estado o las empresas prestadoras de servicios públicos y los concesionarios del servicio de televisión. Explica que la sentencia C-163 de 1999, estudió la constitucionalidad del artículo 127 de la Ley 446 de 1998, regulador de la intervención de terceros en el proceso arbitral, y en aquella oportunidad, si el tercero no consignaba la parte correspondiente al costo del tribunal, el proceso continuaba sin su intervención. Con base en las sentencias C-1038 de 2002 y C-330 de 2012, para la accionante, el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, sería violatorio del artículo 116 de la Constitución Política. En desarrollo de este concepto sostiene que la norma demandada dispone que el garante quedará vinculado a los efectos del laudo arbitral “lo que quiere decir que es la Ley no el garante, la que está habilitando a los árbitros para que adopten una decisión con efectos de cosa juzgada respecto de este, lo que desconoce flagrantemente el principio de voluntariedad, que se reitera, consagra la propia Corte Constitucional, el artículo 116 de la Constitución Política”. Señala que la expresión habilitados por las partes de la norma constitucional hace referencia a partes en sentido amplio, esto es, “a todos aquellos que intervienen dentro de un proceso arbitral, ora en condición de convocante o convocado, ora como tercero interviniente”. Arguye que el parágrafo demandando no admite excepciones y, por ende, no prevé la posibilidad de que el garante manifieste si adhiere o no al pacto arbitral “[s]ólo dice que el garante quedará vinculado.” Agrega que el efecto del laudo al ordenar la afectación de la garantía, “constituiría un título ejecutivo en contra del garante, lo que a todas luces viola el principio de voluntariedad previsto en el artículo 116 de la Constitución Política, según el cual, se reitera, los particulares únicamente pueden ser investidos de la función de administrar justicia por las partes que expresamente habilitan a los árbitros”. Adicionalmente, la demandante plantea la imposibilidad de entender que cuando se otorga una garantía de un contrato con pacto arbitral esa garantía constituya una “adhesión tácita” al pacto, porque según la misma Corte Constitucional la habilitación debe ser explícita (C-060 de 2001). De otra parte, explica que el efecto relativo de los contratos solo tiene efectos inter partes, sin que se extiendan a terceros, esto es, el contrato no los beneficia ni perjudica. En consecuencia, si en un contrato se pacta una clausula arbitral aquella tendría efecto solo en relación con las partes y no frente a terceros, porque “[e]l garante se obliga según lo estipulado en el contrato en virtud del cual asume la garantía. Así, a manera de ejemplo, el garante se obliga según lo estipulado en el contrato en virtud del cual asume la garantía. Así, a manera de ejemplo, el garante se obliga según lo estipulado en un contrato de seguro, un contrato de fianza, un contrato de fiducia…”. IV. INTERVENCIONES 1.- Ministerio de Justicia y del Derecho La apoderada de esta entidad solicitó a la Corte, declarar la constitucionalidad de la norma demanda, por considerar que no existen razones para su inexequibilidad. Expresa que la norma demandada no vulnera lo previsto por el artículo 116 Superior, porque el “legislador válidamente ha establecido que, la habilitación al proceso arbitral y los árbitros por la parte llamada en garantía se da y se perfecciona por la aceptación libre y voluntaria de dicha parte de su rol como garante de obligaciones contractuales en un contrato con cláusula arbitral”. Considera que la aceptación libre y voluntaria del rol de garante de las obligaciones contractuales de una de las partes, hace colegir su aceptación del proceso arbitral y la obligación de comparecer a este, de esta forma “el nuevo marco normativo del arbitraje establece válidamente que, la aceptación libre y voluntaria por parte de un sujeto capaz, del rol de garante de obligaciones consagradas en un contrato con cláusula arbitral, conlleva la habilitación clara y expresa por parte de éste de los árbitros de que habla el artículo 116 Superior y su sometimiento al proceso arbitral”. 2.- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo El representante de esta entidad, solicitó declarar la constitucionalidad de la norma demandada, habida consideración de que el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, no vulnera la Carta Fundamental. Arguye que el llamamiento en garantía es una figura común tanto a los procesos ordinarios como a los de arbitramento y su aplicación permite llamar “a una persona, quien se ha obligado a garantizar o afianzar el cumplimiento de un contrato que después se convierte en un asunto litigioso”. Expresa que del parágrafo primero del artículo 37 demandado se deduce la adhesión o aceptación del pacto arbitral para quien no lo ha suscrito, porque quien se obliga a garantizar el cumplimiento de un contrato, en el cual las diferencias que surjan por el cumplimiento de las obligaciones se someterán a tribunal de arbitramento, debe acudir al proceso y agrega que “[p]or razones de economía procesal y de acceso a la justicia quien está obligado a garantizar el cumplimiento de un contrato que contenga una cláusula de arbitraje, conoce desde un principio los efectos del mismo y al garantizarlo, da muestras evidentes de su aceptación respecto a la totalidad del mismo incluyendo el pacto arbitral y por lo tanto queda obligado a comparecer al proceso arbitral”. Agrega que quien es llamado en garantía en el proceso ordinario o arbitral tiene amplias facultades defensivas, porque puede contestar la demanda y hacer solicitudes de prueba. Además el laudo arbitral proferido es vinculante en relación con el tercero interviniente, puesto que en el mismo proceso se emite un pronunciamiento con respecto a la relación sustancial, o de naturaleza contractual, que exista entre el llamante y el tercero. Adicionalmente, el legislador, tratándose del mecanismo de arbitraje, ostenta amplia libertad de configuración legislativa y cuando se integra el llamamiento en garantía en la Ley 163 de 2012 está ejerciendo la mencionada facultad. 3.- Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá El representante de esta entidad, solicitó a la Corte Constitucional, declarar la exequibilidad de la norma demandada, habida cuenta de que el pacto arbitral es un negocio jurídico y un acto propio de la autonomía privada, cuyos efectos están regulados por la ley en temas como la validez e interpretación. Aduce que la norma demandada no establece ninguna modalidad de arbitraje forzoso u obligatorio, como lo entiende la demandada y, además, el legislador no está impidiendo la determinación libre que tienen los contratantes de acudir a la justicia del Estado. Con el fin de desarrollar el principio de autonomía en el trámite arbitral, manifestó que “[e]s claro que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes que celebren un contrato y que éste requiera ser garantizado, están en plena libertad de establecer, si desean acudir o no al arbitraje, en este sentido los contratantes del contrato (sic) garantizado y su garante, pueden sin ningún inconveniente, pueden (sic) regular su relación negocial definiendo acudir a los jueces del Estado para resolver los conflictos que puedan surgir con ocasión de esa relación jurídica, si el contrato garantizado tiene pacto arbitral las partes, incluido el garante, pueden modificar el contrato y derogar la cláusula arbitral”. Explica que la norma demandada tiene por objeto proteger la buena fe contractual, principio vulnerado en la medida en que al surgir un conflicto con fundamento en un contrato garantizado por un pacto arbitral, el garante negaba su vinculación en el proceso al pacto arbitral, porque no había prestado su consentimiento. 4.- Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá Solicitó a la Corporación, declarar exequible la norma demandada, habida cuenta de que protege los intereses del llamado en garantía en razón, justamente, a que lo vincula al procedimiento arbitral; y, por el contrario, lo que sería inconstitucional, es negar su participación en el proceso. Considera que cuando el llamado en garantía propicia el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un contrato que contiene pacto arbitral se vincula a éste y surte el requisito de habilitar a los árbitros para resolver la relación contractual que también afecta a este tercero. 5.- Universidad Católica de Colombia Esta institución educativa asevera que la calidad de parte que ostenta la institución del llamamiento en garantía no puede ser objeto de discusión, pues suscrito el pacto arbitral su intervención es de carácter obligatorio y por esta razón no puede atribuirse los efectos del litisconsorcio necesario al llamado en garantía. En conclusión para esta institución la norma acusada no vulnera el artículo 116 de la Constitución, porque el llamado en garantía si está vinculado a los efectos del laudo arbitral. Por estas razones solicita que la Corte declare la constitucionalidad de la norma demandada. 6.- Universidad Militar Nueva Granada El docente delegado para la intervención analiza la institución del arbitraje y el llamamiento en garantía para concluir que la norma acusada no vulnera la Constitución Política, porque considera que “el pacto arbitral existe, y al existir es necesario reconocer que el llamado en garantía debe concurrir ante su solicitud de vinculación al arbitraje, pues las resultas del mismo lo vincularan respecto de sus efectos y disposiciones; impedir su vinculación supone serias dificultades respecto del cumplimiento o ejecución del laudo arbitral y la vulneración de garantías para aquellos participantes del arbitraje que deberán acudir a un proceso ante la administración de justicia orientado a garantizar el cumplimiento del laudo o someterse a un proceso judicial…” 7.- Universidad Externado de Colombia e Instituto Colombiano de Derecho Procesal El docente designado tanto por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, como por el Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, envió con destino del expediente correspondiente al presente proceso de control de constitucionalidad, el mismo escrito de intervención a nombre de las dos instituciones referidas. En dicho escrito solicitó a esta Corporación declarar la exequibilidad de la norma demandada, con base en que ésta no impone un arbitramento obligatorio. Por este motivo, no vulneraría el artículo 116 de la Carta. Advierte que “la norma acusada no prescinde del consentimiento del garante, por cuanto mal podría concluirse que una persona sobre la que pesan las cargas negociales de diligencia e información, puede excusarse en un desconocimiento del contrato que garantizó, para argumentar posteriormente que nunca supo la existencia del pacto arbiral y de sus eventuales consecuencias”. Con base en este concluye que la norma acusada supone adhesión tácita al pacto arbitral, por parte del tercero garante. Asevera que el artículo 116 de la Constitución no exige que la manifestación del consentimiento en torno al pacto arbiral deba ser expresa. Esta norma constitucional solamente dispone como requisito para acudir a los arbitros la habilitación de las partes, y es el legislador quien puede decidir si ello habrá de hacerse de forma expresa o tácita. Llama la atención sobre los precedentes constitucionales referidos al tema, los cuales se desarrollaron respecto de normas que disponían “arbitrajes forzosos”, lo que no es el caso de la norma objeto de control. Sin embargo, a juicio de este Interviniente “queda abierta la discusión en cuanto a la posibilidad de que el garante, fiador o asegurador, haga reservas al momento de comprometerse a garantizar, afianzar o esegurar las obligaciones nacidas del contrato y entre ellas, una reserva específica al pacto arbotral, discusión que antes de comprometer principios constitucionales, es de puro derecho privado y se centra en si la norma es imperativa o dispositiva”. Sobre esto concluye que la eventualidad de la reserva que podría hacer el garante a la cláusula compromisoria, al momento de suscribir el contrato de garantía, supone que no hay voluntad de este tercero de acudir a la jurisdicción arbitral, por lo cual no hay lugar a aplicar la norma acusada. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 5656 en el proceso de la referencia. La vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de las normas demandadas. Para el Ministerio Público la norma acusada no desconoce el contenido constitucional protegido por el artículo 116 de la Constitución Política, porque el legislador respeta el principio de habilitación, necesario para la actividad de arbitraje. Critica el punto de partida de la interpretación realizada por la accionante al parágrafo demandado, consistente en que la norma acusada no hace ninguna distinción que posibilite la expresión del consentimiento del garante, “ni en forma expresa ni tácita, respecto del pacto arbitral”. Contrario a esto, el Ministerio Público enfatiza que la norma contiene un supuesto normativo distinto, pues consagra que el garante del respectivo contrato adquiere tal calidad, a partir de otorgar una garantía en relación con el contrato que contiene pacto arbitral, por ende, quien ejerce la función de garante, tendría pleno conocimiento tanto del contrato como del pacto arbitral. Explica que la demandante no acredita la vulneración del principio de voluntariedad o habilitación consagrado en el artículo 116 Superior “por cuanto el garante de la obligación, al aceptar garantizar las obligaciones asumidas por una de las partes del contrato, acepta en su integridad el contenido del mismo, con el consecuente pacto arbitral, lo que, se insiste, no supone prescindir del consentimiento respecto del pacto”. Advierte que el legislador armonizó de forma razonable la concurrencia del garante al proceso arbitral, derivado de su conocimiento del contrato provisto de garantía y la consecuente existencia del pacto arbitral, “pues su concurrencia al proceso arbitral resulta necesaria en el entendido de que la decisión que el tribunal profiera, puede tener efectos de cosa juzgada respecto de la garantía de las obligaciones contractuales”. Ligado a lo anterior, el artículo 116 no diferenció la forma de expresar el consentimiento, esto es, expreso o tácito, “razón por la cual este aspecto puede ser regulado por el legislador”. Advierte que antes de la expedición de la Ley 1563 de 2012, esta temática estaba regulada por el artículo 30 del Decreto 2278 de 1989, modificado por el artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que preveía una intervención de los terceros puramente facultativa, “pues su adhesión al pacto arbitral debía manifestarse en forma expresa”. Así, en el régimen anterior el garante debía manifestar expresamente su voluntad de adherirse al pacto arbitral, por ende, para el procurador “existe una diferencia fundamental entre los regímenes estudiados que, aun cuando parten de la voluntad de las partes como punto central, se distinguen en la forma en que dicha voluntad se materializa”. Por lo anterior, llama la atención sobre la necesidad de un fallo de exequibilidad condicionada, en tanto existen relaciones de garantía anteriores a la vigencia de la Ley 1563 de 2012, por lo que la nueva norma no podría ser aplicada para contratos de garantía celebrados con anterioridad a dicha vigencia. Pues, aplicar el nuevo régimen que tiene como efecto la vinculación al pacto arbitral del garante respecto a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, supondría un arbitramento forzoso y obligatorio, en abierto incumplimiento del régimen anterior consagrado en el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Con base en estos conceptos el Ministerio Público, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada del parágrafo demandado, bajo el entendido de que el efecto vinculante del pacto opera respecto de las relaciones de garantía causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La competencia 1.- La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta. Planteamiento del caso y problema jurídico. 2.- Para la ciudadana demandante el parágrafo primero del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, que atribuye efectos vinculantes al laudo arbitral respecto del tercero llamado en garantía, y para ello no exige manifestación expresa de su voluntad dirigida a habilitar la competencia de los árbitros, vulnera el artículo 116 de la Constitución, según el cual los árbitros son particulares que transitoriamente pueden cumplir la función de administrar justicia, bajo la condición de que sean habilitados para ello por las partes. Así, en su opinión, el tercero llamado en garantía que no adhiere expresamente al pacto arbitral, no puede quedar vinculado automáticamente por los efectos del pacto arbitral, porque ello indicaría que “se faculta a un árbitro para que adopte una decisión con efectos de cosa juzgada, respecto de un tercero que no lo habilitó”. Explica que la expresión “habilitados por las partes” del artículo 116 de la Constitución, hace referencia al concepto procesal de “partes” en sentido amplio, esto es, “a todos aquellos que intervienen dentro de un proceso arbitral, ora en condición de convocante o convocado, ora como tercero interviniente”. Señala que el parágrafo demandando no admite excepciones y, por ende, no prevé la posibilidad de que el garante manifieste si adhiere o no al pacto arbitral, pues “[s]ólo dice que el garante quedará vinculado.” Por último, plantea que no resulta admisible entender que cuando se otorga una garantía de un contrato con pacto arbitral, esa garantía constituya una “adhesión tácita” al pacto, porque para la misma Corte Constitucional la habilitación debe ser explícita, según las sentencias C-060 de 2001, C-1038 de 2002 y C-330 de 2012. 3.- La mayoría de los intervinientes solicitaron la exequibilidad de la norma demanda, y argumentaron en general que no se vulnera lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política, en la medida en que la ley no impone este mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que a él se acude de manera voluntaria. En este orden de ideas, el propósito de la norma acusada consiste en asegurar la vinculación al arbitraje de quien se obligó a garantizar o afianzar un contrato en el cual se pactó cláusula arbitral. Así, quien obra como tercero garante en el contrato que contiene la cláusula compromisoria, adhiere al arbitraje como forma de solucionar el probable incumplimiento contractual. Otro de los intervinientes alegó la exequibilidad de la norma acusada porque la Corte Constitucional en numerosos fallos ha reiterado la función jurisdiccional de los árbitros, su legitimación corre a partir del consentimiento y habilitación de las partes en conflicto, por lo que la norma acusada no puede ser interpretada en el sentido de establecer una modalidad de arbitraje forzoso. Esto, en tanto es la autonomía de la voluntad privada de las partes la que habilita el arbitraje como modalidad de solución de conflictos, y el tercero queda vinculado por haber prestado su aprobación al contrato que contiene la cláusula compromisoria, con ocasión del otorgamiento de la garantía frente a sus recíprocas obligaciones. 4.- El Procurador General de la Nación, señala que el principio de voluntariedad del arbitramento debe ser el parámetro de control de constitucionalidad en el presente caso, y para el efecto alude a la sentencia C-330 de 2012. Afirma que en la demanda no se acredita la vulneración del principio de voluntariedad o habilitación consagrado en el artículo 116 Superior “por cuanto el garante de la obligación, al aceptar garantizar las obligaciones asumidas por una de las partes del contrato, acepta en su integridad el contenido del mismo, con el consecuente pacto arbitral, lo que, se insiste, no supone prescindir del consentimiento respecto del pacto”. Advierte que antes de la expedición de la Ley 1563 de 2012, esta temática estaba regulada por el artículo 30 del Decreto 2278 de 1989, modificado por el artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que preveía una intervención puramente facultativa de los terceros, “pues su adhesión al pacto arbitral debía manifestarse en forma expresa”. Así, en el régimen anterior el garante debía manifestar expresamente su voluntad de adherirse al pacto arbitral, por ende, para el Procurador “existe una diferencia fundamental entre los regímenes estudiados que, aun cuando parten de la voluntad de las partes como punto central, se distinguen en la forma en que dicha voluntad se materializa”. Propone entonces, declarar la exequibilidad condicionada de la norma, en tanto existen relaciones de garantía anteriores a la vigencia de la Ley 1563 de 2012, por lo que la nueva norma no podría ser aplicada para contratos de garantía celebrados con anterioridad a dicha vigencia. Pues, aplicar el nuevo régimen que tiene como efecto la vinculación al pacto arbitral del garante, respecto a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, supondría un arbitramento forzoso y obligatorio para dichos contratos anteriores, en abierto incumplimiento del antiguo régimen consagrado en el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Problema jurídico 5.- De acuerdo a lo expuesto corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar, si el parágrafo 1º de la Ley 1563 de 2012 al establecer que el tercero garante de un contrato con pacto arbitral queda vinculado por los efectos de dicho pacto, vulnera el artículo 116 Superior que dispone que solo la habilitación de las partes autoriza la función jurisdiccional de los árbitros; esto, en consideración a que la norma acusada no consagra la exigencia de que el tercero garante manifieste expresamente su adhesión al pacto, es decir este tercero no habilita a los árbitros pero queda vinculado por el laudo. Para resolver el planteamiento del problema jurídico la Corte se referirá: (i) a la libertad de configuración del legislador en materia procesal; (ii) al principio de voluntariedad como fundamento de la jurisdicción arbitral; (iii) a los terceros y a las partes en el proceso civil, en consideración a la remisión que el artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, y (iv) respuesta concreta al cargo formulado por la accionante. Libertad de configuración legislativa en materia procesal. Reiteración de jurisprudencia. 6.- Con base en el artículo 150-2 de la Constitución Política, el Legislador adquiere por mandato constitucional amplias facultades con el propósito de definir los actos procesales que materialicen el derecho sustancial[1]. Así, se ha reconocido una amplía facultad de configuración normativa atribuida al legislador en la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio[2], a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”[3]. Con base en esta facultad, el legislador es autónomo para decidir la estructura y trámite de los procedimientos judiciales, no obstante, está obligado a someterse a los principios establecidos en la Carta Política.[4] Pese a que la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, no es absoluta porque adquiere límites precisos en el respeto por los principios y valores que fundamentan los fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y el acatamiento de los demás preceptos constitucionales.[5] 7.- Nuestra jurisprudencia ha resaltado que la discrecionalidad para la definición de los distintos actos procesales y sus procedimientos configurativos no es absoluta. Debe ejercerse con el suficiente respeto a valores que se consideran esenciales a nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas procesales (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria[6]. El legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas, con el objeto de asegurar precisamente la primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P), el cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)[7] y el principio de imparcialidad[8]. 8.- Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad[9]. En este contexto, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para lograr el fin para el cual fue concebida, sino especialmente si es excesiva y desproporcionada en relación al resultado pretendido en su utilización.[10] En resumen, esta Corporación con el propósito de asegurar límites a la libertad de configuración del legislador, ha desarrollado los siguientes criterios, (i) que atienda principios como la justicia y la igualdad, (ii) que asegure la vigencia de los derechos fundamentales al debido proceso que implica el derecho de defensa y la vigencia del acceso a la administración de justicia (iii) acatamiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las formas (iv) la primacia del derecho sustancial [C-227 de 2009][11] Principio de voluntariedad como fundamento de la jurisdicción arbitral. Reiteración de jurisprudencia. 9.- La Corte ha señalado que el arbitramento es un mecanismo “en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”[12]. Este procedimiento supone otorgar jurisdicción a favor de un particular, respecto de un litigio específico, quien queda investido de la facultad temporal de resolverlo con carácter definitivo y obligatorio mediante una decisión denominada laudo arbitral. El ejercicio de la facultad de administrar justicia denota su naturaleza eminentemente jurisdiccional y marca el carácter procesal de esta figura ya que como lo ha explicado esta Corte “se trata de un proceso, puesto que los particulares, al administrar justicia como árbitros, deben materializar, dentro de la lógica propia del arbitraje y atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando el marco trazado por el legislador. Por ello, el arbitramento se concibe como un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas, mediante un conjunto de etapas y oportunidades para discutir argumentos, valorar pruebas, controvertir la posición de la otra parte e incluso controlar las decisiones de los árbitros”[13]. 10.- Sus características básicas han sido ampliamente examinadas en la doctrina constitucional, en los términos que se sintetizan a continuación: (i) Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, las partes invisten a los particulares de la función de administrar justicia. (ii) Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación. El artículo 116 de la Constitución Política define el arbitramento con base en el acuerdo de las partes, que proporciona su punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en relación con un litigio concreto. En tal medida, la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas[14], la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias[15]. También ha señalado que la justificación constitucional de esta figura estriba no sólo en su contribución a la descongestión, eficacia, celeridad y efectividad del aparato estatal de administración de justicia, sino en que proporciona a los ciudadanos una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus propios litigios[16], materializando así el régimen democrático y participativo que diseñó el Constituyente[17]. La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspectos del sistema arbitral. Por medio de su acuerdo, deciden libremente que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus diferendos, establecen cuáles controversias someterán al arbitraje, determinan las características del tribunal, designan los árbitros e incluso fijan el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general trazado por la ley. La voluntad de las partes es, así, un elemento medular del sistema de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico, y se proyecta en la estabilidad de la decisión que adoptará el tribunal arbitral. Más aún, como consecuencia del acuerdo de voluntades reflejado en el pacto arbitral, las partes aceptan por anticipado que se sujetarán a lo decidido por el tribunal de arbitramento[18]. (iii) Es un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente para la resolución del caso específico sometido a consideración de los árbitros. En palabras de la Corte, “no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores”[19]. (iv) Es excepcional, pues “existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas”[20]. En distintas providencias se han identificado algunas controversias reservadas a la jurisdicción permanente del Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-242 de 1997 la Corte señaló que no pueden someterse a decisión arbitral los temas relacionados con el estado civil de las personas. También, en la sentencia C-294 de 1995, se indicaron como ejemplos de asuntos no sujetos a transacción: las obligaciones amparadas por leyes “en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres”, al tenor del artículo 16 del Código Civil; las cuestiones relacionadas con los derechos de los incapaces; o los litigios relacionados con derechos de los cuales la ley prohíbe a sus titulares disponer. También han sido incluidos en esta categoría, el conjunto de derechos mínimos de los trabajadores[21] y el control de legalidad de los actos administrativos[22]. (v) Es una institución de orden procesal, lo cual significa que el arbitramento “garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros”[23]. En este orden de ideas, son inmanentes a la figura del arbitramento, las siguientes características: (i) la voluntariedad; (ii) la temporalidad; (iii) la excepcionalidad; (iv) fungir como un mecanismo alternativo de solución de controversias; y ser (v) una institución de orden procesal. Descritas las características del arbitramento, se hará referencia específica a la jurisprudencia constitucional en torno al alcance del principio de voluntariedad, en atención al sentido de la acusación formulada que se refiere a la supuesta trasgresión de este principio contenido en el último inciso del artículo 116 de la Constitución. El principio de voluntariedad en materia arbitral. 11.- Una consecuencia importante del papel central de la voluntad autónoma de las partes dentro del sistema de arbitramento es que cualquier circunstancia que vicie la voluntad de las partes de acudir a este mecanismo de resolución de litigios afecta la legitimidad, tanto del tribunal arbitral, como de las decisiones que él adopte, y constituye un obstáculo indebido en el acceso a la administración de justicia. De tal manera, el pacto arbitral debe resultar de la libre discusión y autónoma aceptación por las personas concernidas, sin apremio alguno[24], a la luz de su evaluación autónoma de las circunstancias que hacen conveniente recurrir a tal instituto, y no de una imposición que afecte su libertad negocial.[25] La importancia de la voluntad autónoma de las partes en litigio dentro del sistema arbitral no obsta para que el Legislador adopte regulaciones generales sobre la materia, puesto que la misma Constitución dispone, en el inciso final de su artículo 116, que los particulares podrán administrar justicia como árbitros “en los términos que determine la ley”. 12.- La Corte Constitucional ha otorgado especial importancia al principio de voluntariedad que rige al sistema arbitral al examinar la constitucionalidad de disposiciones legales que regulan la materia. En consecuencia, ha declarado en varias oportunidades la inexequibilidad de normas que restringen o impiden la expresión autónoma y libre de la voluntad para acudir al arbitramento y en otras ocasiones ha declarado ajustadas a la Constitución las disposiciones legales acordes con el principio de habilitación voluntaria de los tribunales arbitrales. Así, en la sentencia C-242 de 1997, la Corte examinó el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, en virtud del cual las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios debían incluir en sus estatutos una cláusula arbitral. En criterio del demandante, la obligatoriedad de pactar esta cláusula privaba a los particulares del derecho de acceso a la administración de justicia por el Estado, si así lo preferían en cas...