Sentencia C-166 de 2015

C-166-15 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-166/15 POSIBILIDAD A TECNICOS ELECTRICISTAS DE INTERVENIR EN PROYECCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NIVEL MEDIO-No se ajusta a la constitución en razón al riesgo social que esta actividad comporta En el presente caso se encuentran en tensión, por un lado, los derechos a la igualdad, el libre ejercicio de profesión u oficio, frente a los riesgos que pueden afectar los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las personas, así como de los animales, el medio ambiente y la propiedad. Sin duda, el ejercicio libre de una profesión u oficio y el derecho a la igualdad representan bienes jurídico de gran importancia dentro del sistema axiológico establecido en nuestra Constitución. Sin embargo, la exposición cada vez mayor de las personas a riesgos derivados de instalciones eléctricas lleva a que la Corte deba reforzar su protección. No se trata de riesgos eventuales que afecten un área especial de la vida de algunas personas. Se trata por el contrario de riesgos graves a los cuales se ven expuestas prácticamente todas las personas en las diversas actividades de su cotidianeidad. Al no exigir unos requisitos mínimos de formación académica para el desarrollo de la proyección y diseño de instalaciones eléctricas de nivel medio, el Congreso expuso bienes jurídicamente protegidos y de gran valor constitucional a un riesgo social. Teniendo en cuenta que la magnitud de este riesgo social resulta bastante alta y que está ampliamente extendida socialmente, la disposición demandada se declarará inexequible. POSIBILIDAD A TECNICOS ELECTRICISTAS DE INTERVENIR EN PROYECCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NIVEL MEDIO-Aptitud de la demanda DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes RIESGO SOCIAL-Caracterización del concepto PRINCIPIO PRO LIBERTATE-Máxima en ejercicio de actividades laborales, profesionales y oficios LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Principio de igualdad como pilar sobre el cual se fundamenta LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Dimensión subjetiva individual/LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Dimensión social objetiva La libertad para ejercer cualquier profesión, ocupación, arte u oficio tiene tanto una dimensión subjetiva individual que emana de la libertad personal, como una dimensión social objetiva, que implica el conjunto de deberes correlativos que tales profesiones tienen para con la sociedad, en virtud del principio de solidaridad social consagrado en la Constitución Política. LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Título de Idoneidad El constituyente le otorgó al legislador la potestad para exigir determinada formación académica, títulos de idoneidad, y justificó el ejercicio de una inspección y vigilancia a las profesiones. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, el legislador sólo puede ejercer la potestad de exigir títulos de idoneidad a las ocupaciones, artes y oficios que no requieran formación académica cuando la actividad implique un riesgo de afectar el interés general o los derechos subjetivos de las personas. En particular, tanto el interés general como los derechos subjetivos se concretan en lo que el constituyente denominó el “riesgo social”. Al respecto, la Corte sostuvo en la Sentencia C-606 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón): “Acorde con todo lo anterior, esta Corte considera que en materia de reglamentación del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana.” Por su parte, en la Sentencia C-697 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo: “En suma, el artículo 26 de la Carta impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la ley puede establecer requisitos de idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones u oficios, siempre que quede claramente demostrado que tal reglamentación es necesaria para minimizar riesgos sociales o para proteger derechos de terceras personas.” RIESGO SOCIAL-Dimensiones La Corte ha definido algunas de las dimensiones del riesgo social. Ha dicho, por ejemplo, que: 1) éste debe ser claro, 2) los bienes jurídicos sujetos al riesgo deben ser el interés general o los derechos subjetivos, 3) debe tener una magnitud considerable, 4) debe ser mitigable, y que 5) la formación académica debe ser un factor que hace posible la mitigación del riesgo CONCEPTO DE RIESGO-Importancia y alcances EVALUACION Y MANEJO DEL RIESGO SOCIAL-Etapas EVALUACION DE RIESGO SOCIAL-Identificación de riesgos asociados/IDENTIFICACION DE RIESGO-Determinación de elementos sobre los cuales recae el riesgo/ELEMENTOS SUJETOS A RIESGO SOCIAL-Análisis de magnitud de afectación potencial La evaluación de riesgos sociales supone, por supuesto, una primera etapa en la que se realiza una identificación de los riesgos asociados, tanto directa como indirectamente, a un determinado fenómeno natural, o a una actividad humana. Así mismo, la persona responsable de identificar estos riesgos debe tener la capacidad para establecer los mecanismos causales por medio de los cuales se producen. La identificación de riesgos requiere, en esa medida, un conocimiento de las leyes de las distintas ciencias que sean pertinentes al fenómeno que se esté estudiando, o a la actividad humana que se esté realizando. De lo contrario, si quien estudia el respectivo fenómeno o ejecuta al actividad desconoce las leyes de las ciencias pertinentes, no será capaz de identificar los respectivos riesgos. Como parte de esta identificación de riesgos es necesario precisar los elementos sobre los cuales recaen. Es decir, es necesario identificar qué es lo que está en riesgo. Podría decirse que la identificación del riesgo necesariamente implica la determinación de los elementos que están en riesgo. Sin embargo, ello no necesariamente es así. La definición de los elementos que puedan verse afectados con un fenómeno natural, o con una actividad humana puede llegar a resultar complicada en la práctica, pues en el mundo real las cadenas de causa y efecto pueden resultar bastante complejas. La capacidad para identificar mecanismos causales complejos presupone de los conocimientos necesarios para diseñar modelos predictivos, bien sea que se trate de modelos de ingeniería, de geología o de economía. El diseño de modelos predictivos que permitan identificar cadenas causales, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, requiere que el evaluador tenga una sólida formación en matemáticas, tanto en cálculo como en probabilidad y estadística. A este respecto es necesario recordar que el concepto de riesgo supone un análisis probabilístico tendiente a establecer, numéricamente, qué tan posible es la ocurrencia de determinadas contingencias. Por otra parte, más allá de la identificación de los elementos que están en riesgo como consecuencia del fenómeno natural o de la actividad humana de que se trate, es necesario efectuar un análisis de la magnitud de la afectación potencial de los elementos sujetos al riesgo social. Como ya se dijo, la jurisprudencia ha considerado que la magnitud del riesgo debe ser considerable para que el Congreso pueda inferir que existe un riesgo social. La determinación de la magnitud de la afectación potencial supone el análisis de tres aspectos relacionados: un análisis de la fuerza del agente productor del riesgo, de la correspondiente vulnerabilidad o nivel de exposición del elemento sujeto a dicho riesgo, y la determinación de la importancia o valor de lo que está en riesgo. El análisis de la magnitud de las afectaciones potenciales, aunada a otros factores de los que se hablará más adelante, permiten al evaluador de los riesgos tomar decisiones eficientes para prevenirlos, mitigarlos o corregirlos. Estos análisis, por supuesto no son sencillos. No sólo por la dificultad técnica de mediar la fuerza del agente y la vulnerabilidad de los elementos sujetos al riesgo, sino porque no siempre es fácil medir la importancia o el valor que se le atribuye a los elementos sujetos al riesgo. MANEJO DE RIESGO SOCIAL-Diseño, implementación, ejecución, monitoreo y adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados/SITUACIONES QUE SUPONEN RIESGO SOCIAL-Prevención como principio general aplicable La segunda etapa en la evaluación y manejo del riesgo corresponde, lógicamente, al manejo del riesgo que ha sido identificado y evaluado. En esta etapa se diseñan, implementan, ejecutan, monitorean y adaptan medidas para mitigar los riesgos identificados. El manejo del riesgo social supone entonces, en principio, que la persona o entidad responsable adopte todas aquellas medidas que sean razonables y proporcionadas para prevenir los riesgos identificados. La prevención es entonces el principio general aplicable a todas aquellas situaciones que supongan un riesgo social. Así lo ha reconocido esta Corporación en diversos pronunciamientos. Más aun, en materia ambiental este principio ha dado lugar a la adopción del principio de cautela o principio de prevención, según el cual la incertidumbre frente a los riesgos debe resolverse, al menos temporalmente, a favor de la protección del medio ambiente. PRINCIPIO DE PRECAUCION Y PRINCIPIO DE PREVENCION AMBIENTAL- Jurisprudencia constitucional MANEJO DE RIESGO SOCIAL-Requiere conocimientos sobre medidas de mitigación, y su capacidad para prevenir, disminuir o corregir los riesgos respectivos ACTIVIDADES DE PROYECCION Y DISEÑO DE OBRA O INSTALACION ELECTRICA-Se requieren herramientas metodológicas y conocimientos teóricos de quien diseña o proyecta este tipo de instalaciones/DISEÑO DE INTALACION ELECTRICA-Diseñador debe tener una sólida formación en cálculo Las actividades de proyección y diseño de una obra o instalación electrica no sólo requieren conocimientos empíricos relacionados con el manejo de los factores variables que inciden sobre la transmisión eficiente y segura de la energía eléctrica. Requieren que quien diseña o proyecta este tipo de instalaciones cuente con las herramientas metodológicas y con los conocimientos teóricos necesarios para predecir con un grado de certeza razonable cómo se van a comportar dichos factores variables en un conjunto bastante amplio e indeterminado de diseños y proyecciones posibles. La amplitud del conjunto de variables que interactúan en el diseño de una instalación, en este caso eléctrica, y la complejidad de las interacciones que supone, lleva a que sea indispensable que el diseñador tenga una sólida formación en cálculo. RIESGO SOCIAL-Ponderación por parte del juez constitucional DISTRIBUCION DE RIESGOS ASOCIADOS A ACTIVIDAD HUMANA-Jurisprudencia constitucional RIESGO SOCIAL-Factores que debe tener en cuenta juez constitucional al realizar análisis Al analizar el riesgo social asociado a una determinada actividad, el juez constitucional debe tener en cuenta los siguientes factores: En primer lugar, debe analizar la importancia que tienen los bienes jurídicos potencialmente afectados dentro del sistema axiológico de la Constitución. Así mismo, el juez debe estimar qué el nivel de afectación potencial, o en otras palabras, la magnitud de riesgo que recae sobre dichos bienes jurídicos. Finalmente, cuando existan dudas que permitan creer que el nivel de afectación es mayor en relación con ciertos grupos sociales determinables, el juez constitucional debe analizar también la manera como se distribuyen dichos riesgos al interior de la sociedad. EJERCICIO DE ACTIVIDAD QUE CONLLEVA RIESGO SOCIAL-Deber constitucional de imponer requisitos de formación académica LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-No es absoluta/LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Dimensión social relacionada con principio de solidaridad/MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA RESPECTO DE PROFESIONES QUE IMPLIQUEN RIESGO SOCIAL-Posibilidad de imponer requisitos de formación académica/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE REQUISITOS DE PROFESIONES-Alcance La Corte sí ha reconocido que la libertad de escoger profesión u oficio no es absoluta. Más aun, ha dicho que esta libertad tiene una dimensión social, estrechamente relacionada con el principio de solidaridad. Por lo tanto, cuando una determinada profesión, oficio o actividad implican un riesgo social, es perfectamente posible que el Congreso les imponga requisitos de formación académica. Por otra parte, ha dicho que aun cuando el Legislador cuenta con un aplio margen de discrecionalidad para decidir qué requisitos de formación académica exige para el ejercicio de un determinado oficio, estos requisitos no pueden ser desproporcionados ni afectar el núcleo esencial del derecho. Más aun, como ya se dijo, la formación debe ser adecuada para prevenir el riesgo. En esa medida, los requisitos de formación académica que impone la ley deben tener una estrecha relación con el riesgo social que conlleva el respectivo oficio o actividad. Esto significa que debe existir en principio, una congruencia entre el riesgo social y la formación académica requerida, y que la formación académica exigida debe ser útil para mitigar el riesgo. Facultad del legislador para exigir titulo academico-Jurisprudencia constitucional EXIGENCIA DE FORMACION ACADEMICA-Reserva de ley POSIBILIDAD A TECNICOS ELECTRICISTAS DE INTERVENIR EN PROYECCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NIVEL MEDIO-Análisis de proporcionalidad POSIBILIDAD A TECNICOS ELECTRICISTAS DE INTERVENIR EN PROYECCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NIVEL MEDIO-Identificación de riesgo social y de bienes jurídicos potencialmente afectados POSIBILIDAD A TECNICOS ELECTRICISTAS DE INTERVENIR EN PROYECCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NIVEL MEDIO-Análisis de finalidad perseguida y funciones sociales que cumple AMPLIACION DE ACTIVIDADES DE TECNICOS ELECTRICISTAS-Adecuación y suficiencia Referencia: Expediente D-10422 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del Artículo 10 de la Ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos Electricistas y se dictan otras disposiciones” Demandante: Martiza Sánchez Aguilar Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242-1 de la Constitución, la ciudadana Martiza Sánchez Aguilar presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos Electricistas y se dictan otras disposiciones”, por vulnerar los artículos 2º, 26 y 158 de la Constitución Política. La demanda fue admitida respecto del primer cargo, referente a la violación de los artículos 2º y 26 de la Constitución, mediante auto del 5 de septiembre de 2014. En el mismo Auto la demanda fue inadmitida respecto del cargo por violación del principio de unidad de materia contemplado en el artículo 158 de la Carta. Posteriormente, a través de auto del 24 de septiembre de 2014, la magistrada ponente rechazó la demanda respecto del cargo por violación de unidad de materia. De igual manera, se informó de la admisión de la demanda al presidente del Congreso de la República, a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional, de Minas y Energía, y al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Así mismo se invitó a las Facultades de Ingeniería de las Universidades Nacional de Colombia, Los Andes, Javeriana, de Antioquia y del Valle, y a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda en referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008, y se subraya el literal e) demandado: LEY 1264 DE 2008 (diciembre 26) Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos Electricistas y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: … “ARTÍCULO 10. Son derechos de los técnicos electricistas: … e) Proyectar y diseñar en forma autónoma instalaciones eléctricas a nivel medio, acorde a la clase de su matrícula profesional y competencia laboral certificada por el SENA; III. LA DEMANDA La demandante acusa el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. La expresión demandada hace parte del artículo en el cual se establecen los derechos de los técnicos electricistas. Alega que la expresión acusada va en contra de la Constitución al desconocer el riesgo social que produce permitirle a los técnicos electricistas diseñar instalaciones eléctricas, cuando según ella esto ha sido una función exclusiva de los ingenieros eléctricos. De igual forma, se desconocen los diferentes niveles de preparación académica y obtención de títulos. En tal medida, señala que la frase ignora el requisito de evitar riesgos sociales, impuesto por el artículo 26 de la Carta Política. El escrito comienza señalando que la Constitución reconoce la libertad para escoger libremente la profesión u oficio de las personas. Este derecho está estrechamente ligado con el derecho a la igualdad de oportunidades, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha profundizado en este tema y ha reconocido que hay profesiones cuyo ejercicio se encuentra regulado por la ley, dado que conllevan un riesgo social. Es decir que cierto tipo de profesiones requieren de una formación académica especializada y de un título que acredite la idoneidad de la persona para practicar dicho oficio. Lo anterior, con el propósito de proteger a la sociedad y al medio ambiente. Por lo anterior, el artículo 26 constitucional le otorgó facultades al Congreso para que, de ser necesario, regulara ciertas profesiones que implicaran un riesgo social. En este caso, la demandante señala que el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones auxiliares y afines necesitan de la supervisión e intervención del Estado, pues requieren de formación especializada. Esta postura ha sido sostenida por la Corte Constitucional en las sentencias C-177 de 1993 y C-964 de 1999, al considerar que es necesario garantizar la protección de los derechos de terceros que podrían estar en riesgo. Por otra parte, la demandante indica que la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-296 de 2012, reiteró que la exigencia de títulos de idoneidad es indispensable para acreditar la preparación académica y científica de algunas profesiones que impliquen un riesgo a la sociedad. Por lo tanto, la accionante considera que el Congreso tiene las facultades para vigilar y regular ciertas profesiones para prevenir posibles afectaciones a la sociedad. Por otra parte, señala que la norma demandada consagra el derecho de los técnicos electricistas a diseñar y proyectar instalaciones eléctricas. Según la demandante, esta función le corresponde a los ingenieros electricistas de acuerdo con la Ley 51 de 1986, el artículo 1 del Decreto 991 de 1991 y el Decreto 1873 de 1996. En ese sentido, cita la Sentencia C-606 de 1992 al señalar que “la exigencia de títulos de idoneidad esta limitada en primera instancia a las profesiones u oficios que exijan realmente estudios académicos, así como por los alcances de la tarea a realizar y el interés concreto que se pretende proteger”. Adicionalmente, indica que la jurisprudencia constitucional plantea que el riesgo social que conlleva esa profesión debe ser disminuido significativamente gracias a la formación académica específica del profesional. Posteriormente, la demandante compara la formación del técnico electricista con la formación del ingeniero electricista. Frente a esto señala que la capacitación del primero es mayoritariamente empírica, por lo que según el artículo 3º de la Ley 19 de 1990 no se requieren estudios académicos para obtener la matrícula de técnico electricista. Para ello sólo es necesario demostrar las habilidades y experiencia como técnico electricista al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE). Por otra parte, la formación del ingeniero electricista comprende un proceso académico que incluye un ciclo básico en ciencias naturales y matemáticas. Adicionalmente, el estudiante de ingeniería eléctrica debe formarse en ciencias básicas de ingeniera, en donde aprende los procesos y recursos para elaborar los diseños y la comprensión de la operación de los equipos y sistemas a su disposición. Finalmente, el estudiante se capacita en ingeniería aplicada para así poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera. Sólo después de haber aprobado estos ciclos, se podrá emitir la certificación de ingeniero electricista. Finalmente, la demandante estudia la facultad legal de diseño de instalaciones eléctricas para concluir que, según lo dispone el artículo 2º de la Ley 842 de 2003, los ingenieros tienen la facultad para diseñar instalaciones eléctricas. Por ello, en el sentir de la accionante, la disposición demandada incurre en una contradicción al permitirles a personas sin la adecuada preparación académica diseñar instalaciones eléctricas. Frente a lo anterior, la demandante añade que la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-606 de 1992 que “aún los pequeños errores de diseño, cálculo, planeación y mantenimiento pueden producir consecuencias graves e irremediables para los ciudadanos como pérdidas en vidas humanas, lesiones a la integridad personal y daños materiales considerables”. Por las razones anteriores, la ciudadana solicita que se declare inexequible el literal demandado. IV. INTERVENCIONES 4.1 Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de un apoderado judicial solicitó declarar la exequibilidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. Señala que la Corte Constitucional, en Sentencia C-505 de 2014 dijo que imponer condiciones exageradas para ejercer una profesión, puede anular el derecho a ejercer la misma. Por lo tanto, no se puede excluir de la realización de una actividad a profesionales que cuentan con la idoneidad adecuada para realizarla y acreditados en un título profesional. Es decir que no se pueden hacer exigencias innecesarias ni desproporcionadas que den lugar a discriminaciones. De esta forma, el interviniente considera que el Legislador tiene la facultad para regular el ejercicio de cualquier profesión, sin que violente los derechos de quienes practiquen ese oficio ni los de la comunidad. En ese sentido, permitirle a técnicos electricistas diseñar y proyectar instalaciones eléctricas de nivel medio, de acuerdo a su competencia laboral certificada por el SENA, no atenta contra las normas constitucionales. Adicionalmente, considera que la censura que hace la demandante se limita a situaciones eventuales, fundamentadas en argumentos subjetivos, que no evidencian ninguna violación a la Constitución. 4.2 Héctor Peña Bermúdez El ciudadano interviniente solicitó declarar la exequibilidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. El ciudadano, técnico electricista de profesión, señala que solamente las personas que obtengan el certificado de competencia laboral en diseño por el SENA, podrán diseñar y proyectar instalaciones eléctricas de nivel medio. Adicionalmente, para poder obtener esta certificación el técnico electricista no puede haber obtenido su licencia profesional por medios empíricos. Igualmente señala que, los electrotécnicos que deseen diseñar instalaciones eléctricas de nivel medio, deberán contar con el aval del CONTE. Además, el ciudadano señala que existen diferentes licencias para los técnicos electricistas. Las personas que ejercen esta profesión no sólo se desempeñan como auxiliares de los ingenieros electricistas, sino que pueden desarrollar diferentes funciones de acuerdo a su licencia profesional. De esta forma, el ciudadano indica que la facultad del electrotécnico para diseñar, está condicionada a la matricula profesional y competencia laboral certificada por el SENA que éste tenga. Finalmente destaca que los diseños de instalaciones eléctricas que hacen los técnicos electricistas solo pueden ser en obras de nivel medio. Por otra parte, los diseños de alta complejidad y tamaño solamente pueden ser realizados por ingenieros electricistas. 4.3 Ministerio de Educación Nacional La Jefe Encargada de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio solicitó declarar ajustado a la Constitución el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su escrito de oposición, la entidad señaló que la labor de los técnicos electricistas no se limita a la de ser auxiliares de los ingenieros electricistas. Es decir que los técnicos electricistas pueden desarrollar una serie de funciones adicionales, tal como lo autoriza la Ley 19 de 1990. Por otra parte, la entidad recuerda que para poder diseñar instalaciones eléctricas de nivel medio, los técnicos electricistas deben contar con matricula profesional y con la competencia laboral de diseño certificada por el SENA. Adicionalmente, el Ministerio señala que no existe prueba de que los técnicos electricistas hayan causado estragos considerables para que se les impida el diseño de instalaciones eléctricas. Consecuentemente, no se puede argumentar que exista un riesgo social que obligue a restringir la práctica de este oficio únicamente a ingenieros eléctricos, por lo que no hay una violación del artículo 26 constitucional. Igualmente, los límites que se le han impuesto a los técnicos electricistas han sido estudiados por el Legislador, y hacen parte de su facultad para reglamentar profesiones y oficios. Así las cosas, el Legislador estableció límites al ejercicio del diseño de instalaciones eléctricas por técnicos electricistas al exigir la matrícula profesional y la certificación de competencia laboral expedida por el SENA; entidad que goza de plena credibilidad en el país. Adicionalmente, la norma limita la práctica de este oficio en instalaciones eléctricas de tamaño mediano. Finalmente, el Ministerio destaca que si la demandante considera que la norma demandada contradice la Ley 842 de 2003, ese argumento no puede ser tenido en cuenta pues la contradicción entre dos normas no es un parámetro del juicio de constitucionalidad. 4.4 Consejo Nacional de Técnicos Electricistas -CONTE. El Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas –CONTE– solicitó declarar ajustado a la Constitución el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su intervención, el CONTE destacó que para expedir la matricula profesional de técnico electricista se tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 5 del Decreto Reglamentario 0991 de 1991. Adicionalmente, indicó que en Colombia existen siete tipos distintos de matrículas profesionales de técnico electricista. Cada una de estas le permite a su titular ejecutar diferentes clases de actividades relacionadas con la profesión, dentro de las que se incluye la de auxiliar de ingeniero electricista. Así las cosas, la entidad señaló que ésta es la competente para inspeccionar y vigilar la profesión de técnico electricista en el país. En virtud de lo anterior, el interviniente rechazó los argumentos de la demandante en cuanto al hecho que existen dos clases de técnicos electricistas, a saber: aquellos que se preparan académicamente para ejercer la profesión, y los que aprenden el oficio de manera empírica. Al respecto, el CONTE señala que esa distinción es discriminatoria, pues a la ley sólo le interesa que la persona este habilitada, y certificada, para ejercer la profesión, sin interesar cómo adquirió el conocimiento. Adicionalmente, el interviniente rechaza los señalamientos de la demandante en cuanto al hecho que los técnicos electricistas solamente pueden ser auxiliares de los ingenieros electricistas. Expresa que ésta es solamente una de las funciones que puede desarrollar un profesional técnico en electricidad, aparte de otras seis actividades que también pueden ser certificadas por el CONTE. Por otra parte, el presidente de la entidad destaca que, de acuerdo con el oficio 09163 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de conformidad con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88 de la Organización Internacional del Trabajo, los electrotécnicos y los técnicos en electrónica y telecomunicaciones están facultados para “proyectar y preparar planos de instalaciones y circuitos eléctricos de conformidad con las especificaciones establecidas”. Adicionalmente, en estos documentos se evidencia que quienes desarrollen este oficio lo pueden hacer de manera autónoma y sin la necesidad de depender de un ingeniero electricista. De igual forma, el representante de la entidad señala que en el oficio 5.1-0420 de 1992 el Ministerio de Educación Nacional estableció que los electrotécnicos están facultados para “hacer proyectos, cálculos y especificaciones a nivel medio” de acuerdo con su capacitación sin que se usurpe el campo de acción propio de los ingenieros electricistas. Está postura fue reiterada en el oficio MME CREG-02833 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en donde se evidencia que los técnicos electricistas matriculados pueden realizar diseños para instalaciones de nivel medio. Por lo anterior, el Legislador impuso como condición, para que los técnicos electricistas elaboren diseños y proyectos, demostrar su conocimiento a través de la certificación de competencia laboral. Por ello, se deduce que todos los técnicos electricistas matriculados tienen la facultad para proyectar y diseñar instalaciones eléctricas de nivel medio autónomamente. Así las cosas, el interviniente considera que no es razonable ni proporcional señalar que las capacidades de los técnicos electricistas no son suficientes, al igual que especular la ocurrencia de presuntos daños y riesgos. 4.5 Asociación Colombiana de Electricistas Técnicos Egresados del SENA e Institutos Técnicos –ACETES. El Presidente de la Asociación Colombiana de Electricistas Técnicos Egresados del SENA e Institutos Técnicos –ACETES– solicitó declarar ajustado a la Constitución el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su escrito, la asociación expresó exactamente los mismos argumentos y consideraciones que el CONTE. 4.6 Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas de Colombia –FENALTEC. El Presidente de la Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas de Colombia –FENALTEC– solicitó declarar ajustado a la Constitución el literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su escrito, la asociación expresó exactamente los mismos argumentos y consideraciones que el CONTE y que ACETES. 4.7 Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, a través de un apoderado solicitó declarar la exequibilidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su escrito señala que los argumentos de la demandante no se ajustan a las normas que regulan la formación de técnicos electricistas. Destaca que el SENA tiene la facultad de certificar las competencias laborales de los electrotécnicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Adicionalmente, la apoderada de la entidad interviniente citó la Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). En ésta se establece que, en concordancia con las Leyes 19 de 1990 y 1264 de 2008, los técnicos electricistas están autorizados para construir, ampliar, y remodelar toda instalación eléctrica, dentro del alcance que establezca su matrícula profesional. En este orden ideas, y bajo el entendido que los electrotécnicos cumplen con los requisitos para ejercer su oficio de acuerdo a su capacitación, la interviniente considera que el artículo demandado es constitucional. Además, añade que esta norma garantiza el derecho constitucional a la libre escogencia de profesión, y a la experiencia como fundamento para calificar la competencia profesional, por el Ministerio de Minas y Energía y por el SENA. 4.8 Facultad de Ingeniera de la Universidad de Los Andes El Decano de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de los Andes, y el Director del Departamento de Ingeniera Eléctrica y Electrónica de la misma universidad solicitaron declarar la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su escrito destacan que la formación de los ingenieros eléctricos se fundamenta en el conocimiento de las matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. Esto les permite a los ingenieros tener la capacidad para diseñar sistemas e instalaciones eléctricas de manera adecuada y segura. Por lo tanto, consideran que la formación de los técnicos electricistas no los reviste con la suficiente preparación en diseño para permitirles realizar adecuadamente las funciones de las que habla la norma demandada. Es decir, en el sentir de la Universidad de Los Andes solamente los ingenieros electricistas tienen la formación académica adecuada para diseñar instalaciones eléctricas de cualquier nivel. Por esta razón consideran que la norma demandada es inconstitucional. 4.9 Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM. El Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM– solicitó declarar la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su sentir, los técnicos electricistas no tienen la preparación académica adecuada que les permita hacer diseños de instalaciones eléctricas, pues carecen de la suficiente preparación matemática y científica. Dado el riesgo que implica la generación, transmisión y uso final de la electricidad, el diseño de las instalaciones deben hacerlo únicamente personas que cuenten con la más alta preparación profesional. Así las cosas, no es discriminatorio limitar el ejercicio de las profesiones, ya que las diferencias en los distintos programas de formación permite diferenciar los alcances de cada uno de los profesionales. Adicionalmente, indica que la Ley 842 de 2003 estableció que el diseño de instalaciones eléctricas deben hacerlo únicamente los ingenieros eléctricos. En este sentido, existe una clara contradicción entre la norma demandada y la norma anterior. Por ello, el literal e) del artículo demandado disminuye la protección del Estado al reducir la calidad académica exigida para ejercer oficios que implican un riesgo social. 4.10 Edwin Rivera Vega El ciudadano interviniente solicitó declarar la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. Para el interviniente, el diseño de instalaciones eléctricas debe ser competencia única de los ingenieros electricistas. En su sentir, los técnicos y tecnólogos electricistas no cuentan con la suficiente preparación académica para realizar esta función. Así, argumenta que la preparación de estas personas solamente les permite realizar obras básicas, mientras que los ingenieros eléctricos tienen la experticia para desarrollar tareas más complejas. Adicionalmente, el ciudadano reconoce que la Clasificación Internacional de Ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo le permite a los electrotécnicos realizar los diseños de instalaciones eléctricas. Sin embargo, el interviniente sugiere que Colombia debe ir en contravía de esta disposición internacional. 4.11 Ministerio de Minas y Energía De manera extemporánea, el Ministerio de Minas y Energía, a través de un apoderado judicial, solicitó declarar la exequibilidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. En su sentir, la demandante hace una inadecuada interpretación de la jurisprudencia constitucional. Si bien las sentencias citadas en la demanda sí hablan de la importancia de la adecuada prestación del servicio público de electricidad, éstas no establecen que los diseños de instalaciones eléctricas no puedan ser realizados por técnicos electricistas. Adicionalmente, la interviniente señala que la accionante no especifica en qué consiste el alto nivel de especialidad que tienen los ingenieros y con la que no cuentan los electrotécnicos que les permita realizar la labor de diseñar las instalaciones eléctricas. Igualmente, tampoco tiene en cuenta la capacitación que reciben los técnicos electricistas, la cual está certificada en su matrícula profesional. Así las cosas, la representante del Ministerio considera que no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma que desarrolla leyes que han profesionalizado un determinado oficio. Todo lo anterior bajo el entendido de que este proceso de profesionalización conlleva una formación acorde con el tipo de certificaciones que se expiden por entidades como el SENA. 4.12 Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia De manera extemporánea, el Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Antioquia y un profesor del mismo departamento solicitaron declarar la inconstitucionalidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. Los profesores señalan que no tienen el conocimiento jurídico para realizar un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, destacan que independientemente de la experiencia que pueda tener un técnico electricista, estos no cuentan con la formación académica que los habilite para diseñar o proyectar instalaciones eléctricas de cualquier tamaño de forma autónoma. Es decir que en el sentir de la Universidad de Antioquia, si esta labor es realizada por electrotécnicos no es posible garantizar la idoneidad y seguridad de sus diseños. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. En concepto 5849 del 13 de noviembre de 2014, el señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declararse inhibida para estudiar la constitucionalidad del literal e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008. Subsidiariamente, solicitó que la expresión demandada fuese declarada exequible bajo el entendido que las competencias de los técnicos electricistas en materia de diseños de instalación eléctricas no pueden invadir las competencias de los ingenieros eléctricos, para lo cual el Gobierno Nacional deberá expedir la reglamentación correspondiente. El Ministerio Público considera que los cargos formulados por la accionante carecen de certeza pues al leer la disposición demandada es posible concluir que no existe ninguna autorización para que los técnicos electricistas realicen diseños para la aplicación de electricidad. Así, en el aparte demandado, el Legislador estableció los derechos de los electricistas, y como tal sólo mencionó que los técnicos electricistas están facultados para proyectar y diseñar autónomamente instalaciones eléctricas. Por lo tanto, el razonamiento de la demandante corresponde a un estudio subjetivo y no a un análisis objetivo sobre la facultad que autoriza a los electrotécnicos para que puedan trabajar de acuerdo a su preparación o experiencia acreditada. Adicionalmente, en la jurisprudencia citada por la demandante se observa que el aprendizaje a partir de la práctica ha sido avalado por la Corte Constitucional en un nivel básico. De esta forma, se precisa que no se requiere de conocimiento especializado para desempeñar el cargo de técnico electricista. Precisamente por eso se han dispuesto diferentes clases de matrículas profesionales, según el cargo de especialización del electrotécnico. Por otra parte, el Procurador argumenta que no es posible elevar una controversia constitucional bajo el argumento de la existencia de una antinomia en el sistema. Es decir que las contradicciones legales no son objeto de estudio de la Corte Constitucional. Finalmente, el Procurador concluye que no existe una violación de los artículos 2º y 26 de la Constitución Política, ya que lo que el Legislador pretende es reducir el riesgo social de la actividad de los técnicos electricistas al exigir la idoneidad de quienes ejercen esa profesión. Todo lo anterior a través de la obtención de la matrícula profesional expedida por el CONTE, una vez cumplidos los requisitos exigidos y cuando haya obtenido la competencia laboral por parte del SENA. Igualmente señala que la norma no delimita hasta dónde va la competencia del electrotécnico y donde comienza la competencia de los ingenieros. Por ello, la exequibilidad de la norma debe ser entendida bajo el supuesto de que las facultades de los técnicos electricistas para diseñar y proyectar instalaciones eléctricas no pueden invadir las competencias de los ingenieros eléctricos. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A. Competencia 1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda, pues se trata de acusaciones contra unos preceptos de una ley de la República. B. Presunta ineptitud de los cargos El Procurador General sostiene que la Corte debe inhibirse de pemitir un pronunciamiento de fondo porque la demanda es inepta, ya que los cargos no son ciertos, en el sentido de que no son predicables de la disposición demandada. Aduce que la demanda parte de la premisa de que la norma autoriza a los técnicos electricistas a realizar “diseños eléctricos” y no a “proyectar y diseñar en forma autónoma instalaciones eléctricas a nivel medio”, como lo dice textualmente la disposición demandada. Efectivamente, esta Corporación ha sostenido que las acusaciones formuladas por ños ciudadanos en sus demandas de inconstitucionalidad deben ser “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.”[1] Así mismo, ha establecido que los cargos deben ser “ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente.” Sin embargo, la Corte no comparte el argumento del Procurador, pues la demandante claramente se refiere a la facultad o derecho de los técnicos electricistas a proyectar y diseñar instalaciones eléctricas, y no a “realizar diseños eléctricos”. En su demanda sostiene: “En los análisis jurídicos el ‘proyectar y diseñar autónomamente insalaciones eléctricas’ encontramos que el Legislador se pronunció sobre la materia mediante la Ley 51 de 1986 y el Decreto 1873 de 1996; y atribuyó esta labor a los profesionales de la ingeniería eléctrica” (fl. 10) Por otra parte, el punto de vista fiscal tampoco argumenta por qué una referencia al término “diseños eléctricos” implicaría que la demandante se está refiriendo a una norma distinta, imaginada o inexistente, particularmente cuando dicha expresión se infiere directamente de la disposición acusada. Por lo tanto, el argumento del Procurador no es de recibo y la Corte debe entrar a pronunciarse de fondo sobre los cargos de la demanda. C. El problema jurídico planteado 2. La demandante y algunos de los intervinientes consideran que la disposición acusada vulnera el artículo 26 de la Carta Política. Estiman que la proyección y el diseño autónomo de instalaciones eléctricas de nivel medio implican un riesgo social, que los técnicos electricistas carecen de la formación académica necesaria para ejercer dichas actividades, y que la certificación de la competencia laboral expedida por el SENA no constituye una garantía suficiente de idoneidad. 3. Por su parte, las entidades del gobierno, el Procurador, y otros intervinientes consideran que la disposición demandada es constitucional. Aducen que las actividades de proyección y diseño de instalaciones eléctricas no conllevan un riesgo social. En esa medida, estas actividades estarían cobijadas por el principio general de libertad en el ejercicio de profesiones y oficios, contemplada en el artículo 26 de la Constitución, y no por la excepción contemplada en dicho artículo, que exige formación académica para ejercerla. Por lo tanto, según su criterio, la norma se ajusta a la Carta en la medida en que amplía el conjunto de actividades permitidas como parte del ejercicio profesional de los técnicos electricistas. A lo anterior agregan que, aun aceptando que la proyección y el diseño de instalaciones eléctricas sí suponen un riesgo social, la ley establece unos requisitos razonables y proporcionados para ejercerlas, pues los técnicos electricistas deben contar con la formación académica necesaria, tener una matrícula profesional, y contar con una certificación de competencia laboral del SENA. 4. La Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial bastante consolidada en relación con las restricciones que el Congreso puede imponer a la libertad de escoger profesión u oficio que data de 1992 (C-606 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón). Los problemas planteados en esta larga y nutrida línea jurisprudencial suelen gravitar en torno a la razonabilidad de restricciones legislativas al libre ejercicio de profesión u oficio. El grueso de la jurisprudencia aborda las condiciones en las cuales la ley puede exigir una determinada formación académica o un título de idoneidad para ejercer un oficio o actividad. Hasta ahora la Corte ha analizado, principlamente, cargos de inconstitucionalidad según los cuales, al exigir un determinado nivel de formación académica, o títulos de idoneidad, el legislador puede restringir indebidamente la libertad de escoger profesión u oficio. 5. La presente demanda plantea el problema contrario. El argumento de la demandante presupone que el Congreso tiene, no sólo la facultad, sino el deber de ejercer su potestad para imponer determinada formación académica a quienes ejerzan una actividad que implique un rieso social. En contraste con los casos que ha analizado previamente la Corte, la acusación en la presente demanda no deriva de una restricción desproporcionada de la libertad para ejercer una profesión u oficio. La acusación consiste en que la norma no protege adecuadamente a la sociedad frente a un riesgo previsible. 6. A partir de los cargos de inconstitucionalidad, y de los argumentos planteados por los intervinientes, le corresponde a esta Corporación resolver el siguiente problema jurídico: ¿Debe el legislador exigir una formación académica adecuada al otorgarle a los técnico electricistas la facultad para proyectar y diseñar instalaciones eléctricas de nivel medio? 7. Para resolver el anterior problema, la Corte debe comenzar su análisis haciendo unas breves consideraciones tendientes a caracterizar el concepto de riesgo social al que se refiere el artículo 26 de la Constitución. Posteriormente es necesario establecer si: el legislador tiene el deber constitucional de imponer requisitos de formación académica al ejercicio de una actividad que suponga un riesgo social. En caso de que ello no sea así, deberá desecharse el cargo de inconstitucionalidad. De resolverse afirmativamente es necesario que la Corte responda el siguiente interrogante: ¿Cuál es el propósito y alcance del deber del legislador de imponer requisitos de formación académica cuando una actividad conlleve un riesgo social? En particular, debe establecer ¿Qué elementos mínimos debe tener una formación académica adecuada para hacer frente a un riesgo social? Posteriormente, la Corte debe abordar la norma específica que está siendo demandada en el presente caso para determinar si la actividad de proyectar y diseñar instalaciones eléctricas de nivel medio supone un riesgo social. Si la respuesta a la anterior pregunta es negativa, la Corte deberá desechar el cargo y declarar la exequibilidad de la disposición demandada. De lo contrario, la Corte debe definir si la formación académica provista a los técnicos electricistas es adecuada y suficiente para efectuar la proyección y diseño de instalaciones eléctricas de nivel medio. Después de referirse a estos aspectos, la Corte llevará a cabo una ponderación de la norma acusada. Para ello, analizará si la finalidad perseguida por la norma y las funciones sociales que cumple son aceptables desde el punto de vista constitucional, si la medida adoptada es adecuada y suficiente para lograr los fines y funciones perseguidos por la norma, y si el sacrificio de bienes jurídico-constitucionales resulta razonable y proporcionado frente al logro de los fines y funciones perseguidos. D. Caracterización del concepto de riesgo social 8. La Corte ha sostenido desde sus inicios que nuestra Constitución Política establece el principio pro libertate como máxima en el ejercicio de actividades laborales, profesiones y oficios. Por otra parte, la jurisprudencia también ha dicho de manera consistente y sostenida que el principio de igualdad constituye el otro pilar sobre el cual se fundamenta el libre ejercicio de profesiones u oficios. Por lo tanto, el legislador no puede imponer requisitos para excluir a determinados grupos sociales del ejercicio de tales actividades en beneficio de otros, o de las entidades de educación que proveen formación en tales profesiones, artes u oficios. No puede utilizarse el poder del Estado para legitimar exclusiones o privilegios en relación con el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 9. Sin embargo, la Corte también ha mantenido –aun cuando de manera bastante atenuada- la distinción tradicional entre profesiones y oficios que existía en el artículo 39 de la Constitución de 1886. Así, ha afirmado que el legislador puede exigir formación académica tanto para el ejercicio de las profesiones, que según la definición tradicional así lo requieren, como de los oficios y ocupaciones, que según la definición tradicional no requerían dicha formación sino únicamente la experiencia empírica aplicada. En el caso de las ocupaciones, artes y oficios, la exigencia de formación académica se limita a aquellos que conlleven un riesgo social. Los demás son de libre ejercicio. 10. En relación con las ocupaciones, artes y oficios, la Corte ha sostenido que no se puede restringir su ejercicio con fundamento en la sola finalidad de mejorar la calidad de los servicios provistos por quienes la ejerzen o “profesionalizarlas”. Ello es así por dos razones principales. En primer lugar, porque una restricción de este estilo no es una medida adecuada para lograr el fin perseguido, ya que la sola restricción de la oferta a quienes detenten determinada formación académica para ejercer una ocupación, arte u oficio, por sí misma no garantiza que se mejore el servicio. La segunda razón obedece a la ponderación entre las consecuencias de los medios escogidos y los fines perseguidos. Los principios de libertad e igualdad tienen una prevalencia prima facie en nuestro ordenamiento constitucional, por encima de la importancia que pueda llegar a tener el interés en la profesionalización de un determinado servicio. 11. Con todo, la jurisprudencia también ha dicho que la libertad para ejercer cualquier profesión, ocupación, arte u oficio tiene tanto una dimensión subjetiva individual que emana de la libertad personal, como una dimensión social objetiva, que implica el conjunto de deberes correlativos que tales profesiones tienen para con la sociedad, en virtud del principio de solidaridad social consagrado en la Constitución Política. 12. En virtud de este deber social correlativo a la libertad para ejercer profesión u oficio es que, excepcionalmente, el constituyente le otorgó al legislador la potestad para exigir determinada formación académica, títulos de idoneidad, y justificó el ejercicio de una inspección y vigilancia a las profesiones. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, el legislador sólo puede ejercer la potestad de exigir títulos de idoneidad a las ocupaciones, artes y oficios que no requieran formación académica cuando la actividad implique un riesgo de afectar el interés general o los derechos subjetivos de las personas. En particular, tanto el interés general como los derechos subjetivos se concretan en lo que el constituyente denominó el “riesgo social”. Al respecto, la Corte sostuvo en la Sentencia C-606 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón): “Acorde con todo lo anterior, esta Corte considera que en materia de reglamentación del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana.” (resaltado fuera de texto original) Por su parte, en la Sentencia C-697 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo: “En suma, el artículo 26 de la Carta impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la ley puede establecer requisitos de idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones u oficios, siempre que quede claramente demostrado que tal reglamentación es necesaria para minimizar riesgos sociales o para proteger derechos de terceras personas.” (resaltado fuera de texto original) 13. La Corte ha definido algunas de las dimensiones del riesgo social. Ha dicho, por ejemplo, que: 1) éste debe ser claro, 2) los bienes jurídicos sujetos al riesgo deben ser el interés general o los derechos subjetivos, 3) debe tener una magnitud considerable, 4) debe ser mitigable, y que 5) la formación académica debe ser un factor que hace posible la mitigación del riesgo. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que para efectos de determinar si el legislador puede exigir una determinada formación acádemica a una profesión u oficio, es necesario analizar la actividad o labor específicas de quien las realiza, y no el resultado u obra de la cual hace parte. Es decir, el riesgo social se predica de la labor o actividad específica del respectivo profesional o artesano. Al respecto en la Sentencia C-964 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte dijo: “Por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el interés general y derechos fundamentales; pero eso no es suficiente; es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica.” … “Pues bien, para entrar a analizar si la labor del técnico constructor debe o no profesionalizarse es necesario distinguir entre el riesgo social que genera la propia actividad de la construcción y el que origina la labor específica del técnico constructor.” (Resaltado fuera de texto original) 14. Sin embargo, aun cuando la Corte ha relacionado el concepto de riesgo social con la dimensión objetiva de la libertad para ejercer profesión u oficio, y ha definido algunas de sus características, ni la jurisprudencia constitucional, ni el constituyente han definido dicho término. Por lo tanto, corresponde a esta Corporación en el presente caso brindar algunos elementos que sirvan de base para definir el concepto, tomando como fundamento los principales aspectos definidos en la jurisprudencia. En contraposición con las disposiciones estudiadas anteriormente por esta Corporación, la demandante en el presente caso considera que es el riesgo social, no el libre ejercicio de un oficio, el que se ve desprotegido con la norma demandada. La elaboración conceptual alrededor de estos elementos resulta de utilidad en el presente caso, pues permite establecer las condiciones en las cuales la formación académica permite prevenir el riesgo social, y por lo tanto, contribuye al análisis de razonabilidad de la disposición acusada. Importancia y alcances del concepto de riesgo 15. El concepto de riesgo ha adquirido gran importancia, especialmente desde los años ochenta, y no sólo como una herramienta de análisis en las ingenierías y demás ciencias aplicadas, también lo ha sido en la formulación de políticas públicas, ambientales, y en las ciencias sociales. La creciente importancia del concepto de riesgo, la manera como se distribuyen los riesgos al interior de una sociedad, y las implicaciones que ello tiene en materia de igualdad, han sido analizados por sociólogos como Ulrich Beck[2] y Anthony Giddens.[3] Según estos, el auge del concepto obedece a un cambio fundamental en la manera de ver el mundo, que es propia de nuestra época. Esta nueva manera de ver el mundo surge de una tensión entre al menos tres factores. Por un lado le subyace una orientación hacia el futuro, reforzada por la creciente capacidad del ser humano de dirigir su propio destino, que es propia de la modernidad. A la vez, esta manera de ver el mundo está guiada por el dinamismo, los cambios, y la inestabilidad constante que le imponen el sistema capitalista industrial y post-industrial a la sociedad. Finalmente, el tercer factor que contribuyó a darle importancia al concepto de riesgo es que, paradójicamente, a medida que avanzan la ciencia y la tecnología, se agudiza también la sensación de impotencia de los individuos frente a todos aquellos factores que escapan de su control, lo cual se ha sido considerado una caracterísitica propia de la posmodernidad. El concepto de riesgo surge entonces como una herramienta que le permite al ser humano orientar sus acciones hacia el futuro, haciéndole frente a los cambios sin paralizarse frente a la sensación de impotencia que puede generar la creciente incertidumbre frente a fa...