Sentencia C-150 de 2009

C-150-09 Bogotá, octubre 6 de 2008 Sentencia C-150/09 (Marzo 11, Bogotá D.C.) CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACION SUIZA SOBRE LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES Y SU PROTOCOLO CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control integral El control jurisdiccional que ejerce la Corte respecto de los instrumentos internacionales y sus leyes aprobatorias, es integral. Por lo tanto le corresponde a la Corte analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características El control constitucional que realiza este Tribunal tiene las siguientes características: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado, tras la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) es automático, y la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) tiene fuerza de cosa juzgada; y (iv) es condición sine qua non para la ratificación del acuerdo. CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LA CONFEDERACION SUIZA-Representación del Estado colombiano en la celebración CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LA CONFEDERACION SUIZA-Plenos poderes para la firma TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación ejecutiva subsana cualquier eventual vicio de representación del estado LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisitos de trámite La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna. De manera tal que en estos casos es aplicable el trámite general establecido en los artículos 157, 158, 160 y 165 C.P. para las leyes ordinarias. ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido en diferentes oportunidades en lo concerniente al requisito del anuncio contenido en el artículo 160 superior, que el objetivo principal de esta exigencia, es el de permitirle a los Congresistas con anterioridad a su decisión, conocer cuáles “proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales, serán sometidos a votación, (…) evitando, por ende, [ser] sorprendidos con votaciones intempestivas”, así como facilitar la participación ciudadana, pretensión que supone que en una “sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación, en una fecha futura prefijada, determinada, o por lo menos determinable. Por lo tanto, del artículo constitucional señalado se desprende que: (1) la fecha de votación de los proyectos de ley debe ser previamente anunciada; (2) el anuncio de tal votación se debe realizar en sesión distinta a la sesión en el que el proyecto es sometido a su aprobación; y (3) la votación del proyecto, en principio, debe surtirse el día en que se anuncie, habiendo resaltado la jurisprudencia constitucional en cuanto la forma en que se debe realizar el anuncio, que: (i) no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el anuncio, por lo que ha autorizado el uso de diferentes expresiones como considerar” o “debatir” o la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán decididos en otras sesiones, bajo el interés de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; (ii) el contexto en el que se dieron las discusiones y los debates, puede utilizarse como referencia para establecer si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la Presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado, y si la sesión para la cual se anunció la votación es en una fecha determinable. Finalmente, (iii) la exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad cuando se realizará la votación. En el caso concreto del trámite legislativo del Proyecto de ley 145 de 2006/Senado y 196 de 2007/Cámara, a juicio de la Sala, los anuncios que se realizaron cumplieron el propósito constitucional que se describe. REQUISITOS DE QUORUM Y MAYORIAS, TERMINO ENTRE DEBATES Y LEGISLATURAS EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento SUBCOMISION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Objeto de su nombramiento y conformación/SUBCOMISION EN TRAMITE LEGISLATIVO-No constituye una exigencia constitucional/INFORME DE SUBCOMISION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Ausencia de publicación de informe no vulnera ningún principio/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No se vulnera por omitir la publicación del informe de subcomisión nombrada Para esta Corporación, el nombrar una subcomisión con el propósito de lograr una mayor ilustración en el trámite legislativo de un proyecto de ley, es una facultad de los parlamentarios -como lo es la de invitar a otras autoridades a las sesiones o debates con el objetivo de documentarse mejor sobre temas específicos-, que tiene como fin el contribuir en la toma de decisiones informadas por parte de los Congresistas. La figura de las subcomisiones, no está expresamente regulada en la ley 5ª de 1992, ni su creación o seguimiento es una exigencia constitucional, pues se trata preferentemente de una facultad discrecional de los parlamentarios a fin de documentar de manera eficiente los debates que requieran mayores conocimientos técnicos. Así, una subcomisión como la que se planteó en el presente caso en consecuencia: (i) goza de una función simplemente ilustrativa y de apoyo en el debate electoral; (ii) sus informes no son vinculantes para los Congresistas en la medida en que sólo contribuyen a precisar aspectos de la ponencia favorable inicialmente presentada y (iii) no forman parte estructural del trámite legislativo de un proyecto de ley en el Congreso, desde una perspectiva constitucional, en la medida en que no existe una exigencia propiamente dicha en la ley 5ª de 1992 o en la Constitución para su designación o desestimación, o para la publicidad de sus informes. ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES APPRI O TRATADOS BILATERALES DE INVERSION BIT-Objeto/ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES APPRI O TRATADOS BILATERALES DE INVERSION BIT-Características de las cláusulas tipo que contienen La Corte Constitucional de manera reiterada ha señalado que los Convenios fundados en la promoción y protección de las inversiones resultan ser herramientas usuales de integración internacional a las que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Normalmente, corresponden a modelos preestablecidos de Convenio internacional, de estructura estándar, que desarrollan temas vinculados con la definición de las inversiones protegidas; el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero en contraste con el inversionista nacional o de un tercer estado; la protección frente a la discriminación; salvaguardas contra la expropiación y señalamiento de las indemnizaciones procedentes; la libre transferencia de inversiones y utilidades, y el establecimiento de mecanismos de solución de controversias. La Corte Constitucional ha afirmado que estos Convenios: “se ajustan a las previsiones de la Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de integración de la economía nacional que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial”. A juicio de esta Corporación, las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social”. ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LA CONFEDERACION SUIZA-Finalidad ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LA CONFEDERACION SUIZA-Constituye una manifestación del ánimo de integración económica INVERSION EXTRANJERA-Promoción, protección y tratamiento CLAUSULA DE TRATO NACIONAL Y DE NACION MAS FAVORECIDA EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES-Propicia un trato igualitario entre inversionistas/CLAUSULA DE TRATO NACIONAL Y DE NACION MAS FAVORECIDA EN CONVENIO CON LA CONFEDERACION SUIZA-Excepciones a su aplicación no vulneran los principios de igualdad y reciprocidad TRANSFERENCIAS EN CONVENIO SOBRE INVERSION EXTRANJERA CON LA CONFEDERACION SUIZA-Operaciones se efectúan de conformidad con las normas de comercio exterior y el mercado cambiario TRANSFERENCIAS EN ACUERDO SOBRE INVERSION EXTRANJERA-Aplicación no implica reducción de las potestades del Banco de la República en materia cambiaria y manejo de reservas internaciones EXPROPIACION-Principios fundamentales EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION-Eliminación por reforma constitucional EXPROPIACION EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES-Resulta compatible con la Constitución siempre que no se trate de una media discriminatoria y se cumpla con características señaladas en la jurisprudencia La indemnización prevista en el artículo 58 Superior para el caso de la expropiación, debe cumplir dos características que ha señalado la jurisprudencia: 1) debe ser previa; y 2) debe fijarse consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En el presente caso, si bien en el Convenio no se señala expresamente que la indemnización debe ser previa y que la decisión debe ser autorizada en cada caso concreto por sentencia judicial, o por la vía administrativa si se trata de uno de los eventos que el legislador expresamente ha señalado, lo cierto es que tal y como lo determinó esta Corte en la sentencia C-294 de 2002, así habrá de entenderse, pues estos acuerdos establecen que las medidas serán adoptadas por los Estados contratantes “siguiendo el debido proceso de ley.” EXPROPIACION INDIRECTA EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES-Previsión fundada en los principios de confianza legítima y buena fe EXPROPIACION INDIRECTA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO-Ejemplos de actos gubernamentales calificados por Tribunales Arbitrales Internacionales como expropiaciones indirectas TRIBUTACION EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES-Ausencia de arbitrariedad COMPENSACION POR PERDIDAS-Alcance/COMPENSACION POR PERDIDAS EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES-Constituye una consecuencia del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida CLAUSULA DE SUBROGACION EN CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES-Aplicación no vulnera la Carta Política INVERSION EXTRANJERA-Solución de controversias CONVENIO SOBRE INVERSION EXTRANJERA-Arreglo directo y arbitramento para solución de controversias Ref.: Expediente LAT-328 Revisión constitucional: de la Ley 1198 de 2008 (6 de junio) por la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo” celebrados el 17 de mayo de 2006 en Berna (Suiza). Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO I. ANTECEDENTES. El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió el nueve (9) de junio de 2008 a esta Corporación, copia del “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo” celebrados en Berna (Suiza) el 17 de mayo de 2006, y su Ley aprobatoria No. 1198 de 2008 (6 de junio). 1. Texto del tratado y la ley aprobatoria. El texto de la Ley 1198 de 2008, aprobatoria del “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo” celebrados en Berna (Suiza) el 17 de mayo de 2006, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 47.012 de 2008 (6 de junio) es el siguiente. “LEY 1198 DE 2008 (junio 6) Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la confederación Suiza sobre la promoción y la protección recíproca de inversiones y su protocolo”, celebrados en Berna, Suiza, el 17 de mayo de 2006. El Congreso de Colombia: Visto el texto del “Convenio entre la República de Colombia y la confederación Suiza sobre la promoción y la protección recíproca de inversiones y su protocolo”, celebrados en Berna, Suiza, el 17 de mayo de 2006, que a la letra dice: Convenio entre La República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones. El Gobierno de la República de Colombia y el Consejo Federal Suizo, en adelante las “Partes”, Deseando intensificar la cooperación económica para beneficio de ambos Estados, Con la intención de crear y mantener condiciones favorables para los inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte, Reconociendo la necesidad de promover y proteger inversiones ex­tranjeras con el ánimo de fomentar la prosperidad económica de ambos Estados, Han acordado lo siguiente: Artículo 1. Definiciones. Para los propósitos de este Acuerdo: (1) El término “inversión” significa todo tipo de activo y particular­mente: (a) Propiedad mueble o inmueble adquirida, así como cualquier derecho in rem, tales como servidumbre, hipotecas, gravámenes, prenda; (b) Acciones, participaciones o cualquier otro tipo de participación en compañías; (c)Reclamaciones de dinero o cualquier actividad que represente valor económico, excepto por reclamaciones de dinero que provengan exclusivamente de contratos comerciales para la venta de bienes o ser­vicios, o por créditos relacionados a una transacción económica, cuando la fecha de madurez es menor a tres años; (d) Derechos de autor, derechos de propiedad industrial (como patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales, marcas de fábrica o de comercio o marcas de servicio, nombres registrados, indicaciones de origen), know-how, buen nombre, conocimiento tradicional, y folclor; (e) Concesiones bajo el derecho público, incluyendo concesiones de exploración, extracción o explotación de recursos naturales, así como todo derecho dado por ley, por contrato o por decisión de la autoridad de acuerdo a la ley. (2) El término “inversionista”, respecto a cualquiera de las Partes, se refiere a: (a) Personas naturales que, de acuerdo a la ley de esa Parte, son con­siderados como sus nacionales; (b) Entidades legales, incluyendo compañías, corporaciones, asocia­ciones comerciales y otras organizaciones, las cuales están constituidas o están de otra manera debidamente organizadas bajo la ley de esa Parte y tienen su domicilio así como verdaderas actividades económicas en el territorio de la misma Parte; (c) Entidades legales no establecidas bajo la ley de esa Parte pero efectivamente controladas por personas naturales tal como se define en el parágrafo (a) o por entidades legales tal como se define en el parágrafo (b). (3) El término “rentas” significa los montos dados por una inversión, e incluye, particularmente, utilidades, intereses, ganancias de capital, dividendos, derechos y honorarios; (4) El término “territorio” significa, respecto a cada Parte, el territorio terrestre, las aguas interiores, el espacio aéreo, y donde sea aplicable, las áreas marinas y submarinas adyacentes a la costa bajo su soberanía, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental, sobre las cuales la Parte concerniente ejerza derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con el derecho nacional e internacional. Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Este Acuerdo deberá aplicarse a inversiones de inversionistas de una Parte, hechas en el territorio de la otra Parte de acuerdo a sus leyes y re­gulaciones, ya sea antes o después de que entre en vigencia este Acuerdo. Sin embargo, no deberá aplicarse a reclamaciones o disputas provenientes de eventos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Artículo 3. Promoción y Admisión. (1) Cada Parte, con el ánimo de incrementar el flujo de inversiones inversionistas de la otra Parte, podrá poner información disponible en referencia a: (a) Oportunidades de inversión en su territorio; (b) Las leyes, regulaciones o disposiciones que, directa o indirecta­mente, afecten la inversión extranjera incluyendo, entre otras, cambio de monedas y regímenes fiscales; y (c) Estadísticas de inversión extranjera. (2) Cada Parte deberá admitir las inversiones de inversionistas de la otra Parte de acuerdo a sus leyes y regulaciones. (3) Cuando una Parte haya admitido una inversión en su territorio, deberá otorgar, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, los permisos rela­cionados a dichas, inversiones, incluyendo permisos para llevar a cabo acuerdos de licenciamiento y contratos de asistencia técnica, comercial o administrativa, así como autorizaciones requeridas para las actividades de consultores o expertos. Artículo 4. Promoción y Tratamiento. (1) Cada una de las Partes deberá proteger dentro de su territorio las inversiones hechas de acuerdo a sus leyes y regulaciones por inversio­nistas de la otra Parte y no podrá perjudicar con medidas no razonables o discriminatorias el mantenimiento, uso, disfrute, extensión, venta, y, llegado el caso, la liquidación de dichas inversiones. (2) Cada Parte deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo en su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte. Este tratamiento no podrá ser menos favorable que aquel dado por cada una de las Partes a la inversiones hechas dentro de su territorio por sus propios inversionistas, o que aquel dado a los inversionistas de la nación más favorecida, si este último tratamiento es más favorable. (3) Si una Parte acuerda ventajas especiales a inversiones de un tercer Estado por virtud de un acuerdo que establezca un área de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común o un acuerdo regional similar o en virtud de un acuerdo para evitar la doble tributación, no deberá estar obligado a acordar dichas ventajas a inversiones de inversionistas de la otra Parte. Artículo 5. Transferencias. (1) Cada Parte deberá otorgar a los inversionistas de la otra Parte las transferencias sin demora, en una moneda libremente convertible, de pagos en relación a una inversión, particularmente de: (a) Rentas; (b) Pagos, celebrados bajo un contrato hecho por el inversionista o su inversión, incluyendo pagos conforme a un acuerdo de préstamo; (c) Ganancias provenientes de la venta de toda o parte de la inversión, o proveniente de la liquidación parcial o total de una inversión; (d) Pagos provenientes de compensaciones por expropiación o pér­didas, y (e) Pagos conforme a la aplicación de disposiciones relacionadas al arreglo de disputas. (2) Una transferencia deberá considerarse como realizada “sin demo­ras”, si se efectúa dentro de un periodo normalmente requerido para la terminación de las formalidades de la transferencia, incluyendo informes de transferencias de moneda. En ningún caso este periodo deberá exceder los tres meses. (3) A menos de que se acuerde otra cosa con el inversionista, las trans­ferencias deberán hacerse de acuerdo a las tasas de cambio aplicables en la fecha de transferencia, conforme a las regulaciones de cambio vigentes de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión. (4) Se entiende que los párrafos 1 a 3 anteriores se aplican sin perjui­cio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de las leyes relacionadas a: (a) Bancarrota, insolvencia o protección de derechos de los acree­dores; (b) Emisión, comercialización con garantías; (c) Delitos criminales o penales y a la recuperación de ganancias proveniente de crímenes; (d) Garantizar la satisfacción de fallos por ganancias contenciosas. Artículo 6. Expropiación y Compensación. Ninguna de las Partes podrá tomar, ya sea directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida que tenga la misma naturaleza o el mismo efecto contra las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, a menos que dichas medidas se tomen por interés público, de manera no discriminatoria y siguiendo el debido proceso de ley, y siempre que se hagan disposiciones para realizar una compensación pronta, efectiva y adecuada. Dicha compensación deberá corresponder al valor del mercado de la inversión expropiada inmedia­tamente antes de que la acción de expropiación se haya llevado a cabo o antes de que sea de conocimiento público, lo que ocurra primero. El monto de la compensación deberá incluir intereses a una tasa comercial normal desde la fecha de la desposesión (sic) hasta la fecha de pago, deberá ser acordado en una moneda libre de conversión, deberá ser pagado sin de­mora y ser libremente transferible. El inversionista afectado deberá tener el derecho de revisión, bajo la ley de la Parte que hace la expropiación, por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de la Parte de su caso y de la valoración de su inversión de acuerdo a los principios pactados en este párrafo. Artículo 7. Compensación por Pérdidas. Los inversionistas de una de las Partes cuyas inversiones sufran pér­didas a causa de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, rebelión, insurrección civil, motín o cualquier evento similar en el territorio de la otra Parte deberán beneficiarse, en la parte de esta última, de un tratamiento no menos favorable que aquel que otorga esa Parte por dichas pérdidas a sus propios inversionistas o a inversionistas de un tercer Estado. Artículo 8. Tributación. (1) Este Acuerdo no se aplicará a asuntos tributarios, excepto por el artículo 6° y el artículo 10 párrafo 2. (2) Si un inversionista invoca el artículo 6° como la base de una recla­mación del artículo 11, deberá primero remitir a las autoridades tributarias competentes de la Parte receptora la cuestión de si la medida tributaria concerniente involucra una expropiación. En caso de dicha remisión, las autoridades competentes de las dos Partes, deberán consultarse. Si dentro de los seis meses posteriores a la remisión, ellas no alcanzan un acuerdo en cuanto a que la medida no implica una expropiación, el inversionista podrá proseguir el procedimiento de resolución de disputas. (3) En el evento de cualquier inconsistencia entre este Acuerdo y cual­quier convenio de tributación entre las Partes, el convenio prevalecerá en la medida de la inconsistencia. Artículo 9. Subrogación. (1) Si una de las Partes o su agencia designada hace un pago de acuerdo con una garantía financiera contra riesgos no comerciales concernientes a la inversión de uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte, esta última deberá reconocer los derechos de la primera Parte en virtud del principio de subrogación en los derechos del inversionista. (2) Si una de las Partes ha hecho un pago a uno de sus inversionistas y por ende, entra en los derechos del inversionista, este último no podrá presentar una reclamación basado en estos derechos en contra de la otra Parte sin el consentimiento de la primera Parte. Artículo 10. Otras Obligaciones. (1) Si las disposiciones de la legislación de cualquiera de las Partes o de acuerdos internacionales autorizan a las inversiones hechas por in­versionistas de la otra Parte para un trato más favorables de lo que está dispuesto en este Acuerdo, dichas disposiciones, en la medida en que sean más favorables, prevalecerán sobre este Acuerdo. (2) Cada Parte deberá respetar cualquier obligación derivada de un acuerdo escrito entre su gobierno central o agencias de este y un inversionista de la otra Parte respecto a una inversión específica en la que él pueda depender de buena fe en el establecimiento, adquisición o expansión de una inversión. Artículo 11. Resolución de Disputas entre una Parte y un Inversionista de la otra Parte. (1) Si un inversionista de una Parte considera que alguna medida aplicada por la otra Parte es inconsistente con una obligación de este Acuerdo, y esto causa algún daño o pérdida a él o a su inversión, él podrá solicitar consultas con miras a que se pueda resolver el asunto amigablemente. (2) Cualquier asunto que no haya sido resuelto dentro de un período de seis meses desde la fecha de la solicitud escrita para consultas, podrá ser remitido a las cortes o tribunales administrativos de la Parte concerniente o al arbitraje internacional. En el último caso, el inversionista tendrá la opción de escoger entre alguno de los siguientes: (a) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecido por el Convenio sobre Arreglo de Di­ferencias, Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para firma en Washington, el 18 de marzo de 1965 (“Convenio de Washington”); y (b) Un tribunal ad-hoc que, a menos de un acuerdo distinto entre las partes de la disputa, deberá establecerse bajo el Reglamento de Arbi­traje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). (3) Cada Parte da su consentimiento incondicional e irrevocablemente al sometimiento de una disputa de inversión a un arbitraje internacional, de acuerdo al párrafo 2 anterior, excepto por disputas en referencia al artículo 10 párrafo 2 de este Acuerdo. (4) Una vez que el inversionista haya remitido la disputa, ya sea a un tribunal nacional o a cualquier mecanismo de arbitraje internacional previsto en el párrafo 2 anterior, la escogencia del procedimiento será definitiva. (5) Un inversionista no podrá remitir una disputa para su solución de acuerdo a este artículo si ha transcurrido más de cinco años desde la fecha en que el inversionista adquirió por primera vez, o debió adquirir conocimiento de los eventos que llevaron a dicha disputa. (6) La Parte que sea parte en una disputa no podrá en ningún momento durante el proceso afirmar como defensa su inmunidad, o el hecho de que el inversionista haya recibido, por virtud de un contrato de seguro, una compensación que cubra el total o parte de los daños en que se incurrió. (7) Ninguna de las Partes podrá promover por los canales diplomáticos una disputa remitida al arbitraje internacional, a menos que la otra Parte no se atenga a la sentencia arbitral ni la cumpla. (8) La sentencia arbitral deberá ser definitiva para las partes en la disputa y deberá ser ejecutada sin demora alguna, de acuerdo a la ley de la Parte concerniente. Artículo 12. Controversias entre las Partes. (1) Las diferencias entre las Partes relacionadas con la interpretación o aplicación de este Acuerdo deberán ser arregladas en lo posible a través de negociaciones directas. (2) Si ambas Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los seis meses siguientes al inicio de la disputa entre ellos, la última deberá, a solicitud de cualquiera de las Partes, ser remitida a un tribunal de arbi­traje compuesto por 3 miembros. Cada Parte deberá designar un árbitro y estos dos árbitros deberán nombrar un presidente, quien deberá ser nacional de un tercer Estado. (3) Si alguna de las Partes no ha designado su árbitro y no ha atendido la invitación de la otra Parte para hacer esa designación dentro de un periodo de dos meses, el árbitro deberá ser designado a solicitud de esa última Parte por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. (4) Si ambos árbitros no pueden llegar a un acuerdo acerca de la designación del presidente dentro de los dos meses siguientes a su nom­bramiento, el último deberá ser escogido a solicitud de cualquier Parte por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. (5) Si en los casos especificados en los párrafos 3 y 4 de este artículo, al Presidente de la Corte Internacional de Justicia se le impide ejercer dicha función o si es un nacional de cualquiera de las Partes, el nombra­miento deberá ser hecho por el Vicepresidente y si este último también está impedido para ejercer dicha función, o es nacional de cualquiera de las Partes, el nombramiento deberá ser hecho por el más antiguo Juez de la Corte que no sea nacional de ninguna de las Partes. (6) Sujeto a otras disposiciones hechas por las Partes, el tribunal de­berá determinar sus propias reglas y procedimientos. El tribunal deberá decidir los asuntos en disputa de acuerdo con este Acuerdo, y las reglas y los principios aplicables de derecho internacional. Deberá llegar a sus decisiones por mayoría de votos. (7) Cada Parte deberá sufragar los costos de su propio miembro del tribunal y de su representación en el proceso de arbitraje. El costo del Presidente y los demás costos, provendrán por partes iguales de ambas Partes, a menos que el tribunal de arbitraje decida de otra manera. (8) Las decisiones del tribunal serán definitivas y vinculantes para cada Parte. Artículo 13. Entrada en Vigor. Este Acuerdo entrará en vigencia 60 días después de la fecha en la que ambas Partes se hayan notificado entre ellas por escrito sobre el cumpli­miento de sus respectivos requerimientos constitucionales en relación con la aprobación y entrada en vigencia de este Acuerdo. Artículo 14. Duración y Terminación. (1) Este Acuerdo deberá entrar en vigor por un periodo inicial de diez años y deberá mantenerse vigente por un periodo indefinido de tiempo, a menos que termine de acuerdo al párrafo 2 de este artículo. (2) Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Acuerdo al final del periodo inicial de diez años o posteriormente en cualquier mo­mento, entregando notificación escrita con doce meses de antelación. (3) Con respecto a las inversiones hechas antes de la terminación de este Acuerdo, sus disposiciones deberán continuar vigentes con respecto a dichas inversiones, por un periodo de diez años, luego de la fecha de terminación. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos signatarios, habiendo sido debidamente autorizados para ello, suscriben este Acuerdo. Hecho en duplicado en Berna, el 17 de mayo de 2006, en los idiomas español, francés e inglés, todos los textos siendo igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto en inglés. Por el Gobierno de la República de Colombia, Jorge H. Botero Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Por el Consejo Federal Suizo, Joseph Deiss Consejero Federal Jefe del Departamento Federal de Economía. Protocolo Al firmar este Acuerdo entre la República de Colombia y la Confedera­ción Suiza sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los suscritos plenipotenciarios signatarios están, adicionalmente, de acuerdo con las siguientes disposiciones, las cuales deben ser consideradas como parte integral de dicho Acuerdo. Adición Artículo 1 Parágrafo 1 (c) Con respecto a préstamos contraídos en el extranjero, este Acuerdo solo aplicará si dicho préstamo ha sido contraído luego de la entrada en vigor de este Acuerdo. Una obligación de pago de, o el otorgamiento de crédito para, el Estado o una empresa estatal, no es considerado una inversión. Adición Artículo 1 Parágrafo 2 (a) Este Acuerdo no podrá aplicarse a inversiones de personas naturales que sean nacionales de ambas Partes, a menos que dichas personas tengan desde el momento de la inversión y desde entonces, su domicilio fuera del territorio de la Parte donde la inversión fue hecha. Adición Artículo 1 Parágrafo 2 (c) A un inversionista que pretenda que controla una inversión se le podrá solicitar prueba de su pretensión. Prueba aceptable podría ser evidencia del hecho de que el inversionista tiene el poder para nombrar la mayoría de directores o de otra forma dirigir legalmente las acciones de la entidad legal concerniente. Adición Artículo 2 (1) Se entiende que este Acuerdo es sin perjuicio de las medidas adoptadas por una Parte respecto al sector financiero por razones pru­denciales, incluyendo las medidas destinadas a proteger al inversionista, depositante, tomador de seguro o fiduciarios, o para salvaguardar la integridad o estabilidad del sistema financiero. (2) Colombia se reserva el derecho de adoptar medidas por razones de orden público de acuerdo con el artículo l00 de la Constitución Política de Colombia (1991), siempre que Colombia notifique por escrito a Suiza sobre la adopción de la medida y que la medida cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 213, 214 y 215 de la Constitución Política de Colombia (1991); (b) Se adopte y mantenga únicamente cuando exista una amenaza genuina y suficientemente seria sobre uno de los principales intereses de la sociedad. (3) Cuando las medidas bajo los numerales 1 y 2 anteriores no estén acordes con las disposiciones de este Acuerdo deberán. (a) No ser aplicadas de una manera arbitraria o injustificada; (b) no constituir una restricción disfrazada a la inversión; y, (c) Ser necesarias y proporcionales a los objetivos que buscan lo­grar. Adición Artículo 4 Parágrafo 2 (1) Se entiende que el estándar de trato nacional así como el estándar de trato de nación más favorecida, como está establecida en la disposi­ción mencionada, podrá permitir diferencia de tratamiento en caso de diferentes situaciones de hecho. (2) Para mayor certeza, se entiende que el tratamiento de nación más favorecida referida en dicho párrafo no incluye los mecanismos de resolución de diferencias relativas a inversiones concluidas por la Parte concerniente. Adición Artículo 5 (1) No obstante las disposiciones del artículo 5, cada una de las Par­tes, en circunstancias de dificultad excepcional de balanza de pagos o en circunstancias de amenaza inminente a esta, deberá tener el derecho, por un periodo de tiempo limitado, a ejercer equitativamente, de manera no discriminatoria y de buena fe, poderes conferidos por sus leyes para restringir o retrasar transferencias; teniendo en cuenta que dichas medidas serán tomadas de acuerdo a las disposiciones pertinentes de los artículos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional. (2) Respecto a la entrada de capitales, se entiende que las Partes po­drán, en circunstancias excepcionales de desequilibrio macroeconómico y por un periodo de tiempo limitado, tomar medidas de manera equitativa y no discriminatoria con respecto a préstamos contraídos en el exterior, incluyendo cargos a pagos adelantados de dichos préstamos. Adición Artículo 6 (1) Se entiende que dicho artículo es sin prejuicio a la emisión de licencias obligatorias, otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual u otras medidas tomadas de acuerdo con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela­cionados con el Comercio. (2) Respecto de Colombia además se entiende: (a) El criterio de “utilidad pública o interés social” , contenido en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia (1991) es compa­tible con el término “Interés Público”, utilizado en el artículo 6 de este Acuerdo; y (b) El establecimiento de monopolios que priven a inversionistas de actividades económicas de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia (1991) deberá estar conforme con las obligaciones del artículo 6 de este Acuerdo. Adición Artículo 11 (1) Se entiende que un tribunal arbitral bajo dicho artículo no será competente para revisar la legalidad de una ley doméstica o regulación bajo el ordenamiento constitucional o legal de la Parte concerniente. (2) Respecto al párrafo 3 de dicho artículo, a solicitud de una Parte cinco años después de la entrada en vigor de este Acuerdo o en cualquier momento posterior, las Partes deberán consultar con miras a evaluar si las disposiciones sobre consentimiento respecto al artículo 10 párrafo 2 es apropiado considerando la ejecución de este Acuerdo. (3) Con respecto a Colombia, para poder someter una reclamación para su solución bajo dicho artículo, se debe agotar la vía gubernativa de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables. Ese procedimiento en ningún caso deberá exceder seis meses desde la fecha de su inicio por el inversionista y no deberá prevenirlo para requerir consultas de acuerdo con el párrafo 1 de ese artículo. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos signatarios, habiendo sido debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado este protocolo. Hecho en duplicado en Berna, el 17 de mayo de 2006, en los idiomas español, francés e inglés, todos los textos siendo igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto en inglés. Por el Gobierno de la República de Colombia, Jorge H. Botero Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Por el Consejo Federal Suizo, Joseph Deiss Consejero Federal Jefe del Departamento Federal de Economía. ………….. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., Autorizado. Sométanse a la Consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales. (Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.), María Consuelo Araújo Castro. DECRETA: Artículo 1°. Apruébanse el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, celebrados en Berna el 17 de mayo de 2006. Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre la República de Colombia y la Confe­deración Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inver­siones y su Protocolo, celebrados en Berna el 17 de mayo de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica­ción. Dada en Bogotá, D. C., a los Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Comercio, industria y Turismo. La Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo Castro. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., Aprobado. Sométanse a la Consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales. (Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.), Fernando Araújo Perdomo. DECRETA: Artículo 1°. Apruébanse el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, celebrados en Berna el 17 de mayo de 2006. Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre la República de Colombia y la Confe­deración Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inver­siones y su Protocolo, celebrados en Berna el 17 de mayo de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. La Presidenta del honorable Senado de la República, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. El Secretario del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Oscar Arboleda Palacio. El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 6 de junio de 2008. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo Perdomo. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata Páez.” 2. Pruebas decretadas. El Magistrado Sustanciador ordenó a la Secretaría General de esta Corporación oficiar al Ministro de Relaciones Exteriores, para que remitiera a esta Corporación los antecedentes del Convenio materia de revisión, y a las Secretarías del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que enviaran con destino al expediente de la referencia: (i) certificaciones sobre el desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando las fechas de las sesiones, el quórum deliberatorio y decisorio, así como los anuncios para votación y los resultados de las votaciones del proyecto de ley en las Comisiones y Plenarias de cada Corporación Legislativa; (ii) ejemplares de las Gacetas del Congreso en que se publicaron el proyecto que culminó con la expedición de la Ley, las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates constitucionales, el texto definitivo del proyecto de ley y, (iii) las Actas de las sesiones de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara y las de las Sesiones Plenarias, en que fue anunciado para votación y en las que fue discutido y aprobado. 3. Intervención de autoridades públicas. 3.1. Ministro de Comercio, Industria y Turismo. - Los Acuerdos de Promoción de Inversiones (APPRI) son convenios destinados a proteger, desde la perspectiva del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversionistas de cada Estado Parte, en el territorio del otro Estado. Su objetivo es el proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión, que permita reducir los factores de incertidumbre que a veces afectan el desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Este tipo de acuerdos, resulta ser uno de los instrumentos más importantes en materia de atracción de la inversión extranjera. La Universidad de Harvard ha recalcado su importancia como instrumento para atraer inversión extranjera en diversos estudios, especialmente en el caso de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), por ser altos exportadores de capital. Suiza que es miembro fundador de la OCDE, por lo que el acuerdo en estudio puede contribuir a atraer a Colombia, inversionistas de ese país. - La inversión extranjera representa para Colombia beneficios importantes ante la necesidad de fomentar la inversión que se realiza más allá de las fuentes internas. Además, contribuye en contrarrestar el bajo nivel de ahorro privado; aumentar la base gravable para efectos impositivos y contar con recursos de financiación diferentes a los tradicionales como el petróleo, cuya producción decae. - Como antecedentes de los Acuerdos de Inversión celebrados por Colombia, se destacan los ya suscritos con Cuba, Reino Unido, Perú, España y Chile, que fueron avalados constitucionalmente en oportunidades previas. Además resalta que a partir el año 2002 en el Plan de Desarrollo, el Gobierno ha formulado una política de atracción de la inversión extranjera con miras a estimular el crecimiento de la economía colombiana. - Respecto de los temas constitucionales relevantes propios del acuerdo suscrito con Suiza, el artículo 2º recoge las directrices de la sentencia C-358 de 1996 al reservarse Colombia, mediante la adición a este artículo establecida en el Protocolo, el derecho de adoptar medidas por razones de orden público de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política. En cuanto al artículo 4º, prevé dos figuras importantes: (i) Trato no discriminatorio (Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida) y (ii) Trato Justo y Equitativo. Al consagrar este reconocimiento el acuerdo se ajustó a la Carta, porque en la adición al mismo se autorizó que, en virtud del artículo 13 superior, las cláusulas se sometieran al estándar de trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, al establecer que se puede “permitir diferencia de tratamiento en caso de diferentes situaciones de hecho”. - En cuanto al artículo 6º del Acuerdo, luego del Acto Legislativo No 1 de 1999, al desparecer la expropiación sin indemnización, la norma pactada en el Convenio en estudio resulta ajustada a la Carta, en la medida en que los conceptos de utilidad pública e interés social a los que se refiere la Constitución Colombiana, quedaron incluidos en la adición al artículo 6º. Igualmente sostiene el Ministerio, que el acuerdo distingue entre expropiación directa e indirecta, amparadas ambas por el artículo 58 superior. En ese sentido, estima que el artículo sexto se ajusta a la Carta, además porque responde a las precisiones jurisprudenciales sobre este aspecto, establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-294 de 2002. - En lo concerniente a los monopolios rentísticos, en la adición al artículo 6º, se establece que: “el establecimiento de monopolios que priven a los inversionistas (…) deberá estar conforme con las obligaciones del artículo 6º de este Acuerdo”. El artículo pretende salvaguardar la potestad del Estado de establecer monopolios rentísticos, con la finalidad del interés público o social. - En cuanto al artículo 8º del acuerdo, relacionado con la Tributación, el tratamiento que se le da por la norma mantiene la soberanía tributaria de las Partes y se respetan las funciones de la entidad competente en el ámbito fiscal. Además la norma deja abierta la posibilidad de hacer reclamaciones ante un tribunal de arbitraje cuando el inversionista se vea afectado por medidas fiscales expropiatorias, pero sólo si las autoridades competentes de cada Estado no llegaren a acordar que la medida alegada por el inversionista no es expropiatoria. Esta fórmula exige que las autoridades tributarias de las Partes entren en contacto para establecer en sus consultas técnicas si las medidas no son expropiatorias y por otra parte, a falta de acuerdo entre las autoridades, se mantiene el derecho del inversionista de acudir a la solución de controversias del APPRI cuando una medida tributaria tiene carácter expropiatorio. Conforme a lo expuesto, concluye el Ministerio que el Convenio entre Colombia y la Confederación Suiza y la Ley 1198 de 2008, se ajustan en todo a la Constitución Política, ya que aseguran la soberanía nacional, el principio de igualdad, la prevalencia del orden público, la equidad, reciprocidad y la conveniencia nacional, razón por la cual solicita a la Corte declararlos exequibles. 3.2. Ministro de Relaciones Exteriores. Este Ministerio adhirió en su totalidad al escrito presentado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en defensa de la constitucionalidad del instrumento en revisión y de su ley aprobatoria. 3.3. Ministro de Hacienda y Crédito Público. - Los instrumentos previstos en el Tratado fomentan la competitividad internacional de Colombia, al asegurar y proteger las inversiones de los ciudadanos suizos en nuestro país, y otorgarle a los colombianos que quieran invertir en la Confederación Suiza, un tratamiento recíproco. - La sentencia C-379 de 1996 de la Corte Constitucional avaló la exequibilidad de este tipo de instrumentos internacionales. 4. Concepto del Procurador General de la Nación[1]. - Debe declararse inexequible el “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo” celebrados en Berna, Suiza, el 17 de mayo de 2006” y su ley aprobatoria, la Ley 1198 de 2008 (6 de junio), por considerar que existe un vicio de publicidad en el trámite formal del tratado en mención, por omisión de la publicación del informe de una subcomisión conformada para mayor ilustración, con anterioridad al debate en la plenaria del Senado, que por haber ocurrido en ese momento del trámite legislativo, no es susceptible de ser subsanado de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. - A menos que se logre demostrar que el informe suscrito por la subcomisión creada en la sesión del 25 de septiembre de 2007 en la Plenaria del Senado de la República, publicó con anterioridad a la sesión en la que fue finalmente aprobado el proyecto de ley en la Plenaria de esa Cámara Legislativa su informe, considera el director del Ministerio Público que el tratado y su ley aprobatoria deben ser declarados inexequibles. A su juicio, la falta de publicación de ese informe, es ajena al derecho de los senadores de conocer integralmente el contenido del mismo, al no haber sido publicado con antelación al debate. Por lo tanto, es un vicio insubsanable, en la medida en que ocurrió en el trámite en el Senado, en una etapa estructural del proceso legislativo. Por otra parte, en cuanto al contenido material de los textos que se revisan, el Procurador afirma que el Convenio en revisión constituye un importante instrumento para impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, lo cual se aviene a los postulados que orientan la política exterior del Estado colombiano consignados en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución Política referentes a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; el respeto de la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, luego de recordar la importancia de los Acuerdos de Inversión suscritos ya con otros países y avalados por la Corte en cuanto a su constitucionalidad, estima que este Convenio se enmarca igualmente en los llamados Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones –APPRI-, internacionalmente conocidos como BIT-Bilateral Investment Treaties. Destaca que el Convenio atiende la obligación constitucional del Estado de promover la integración con las demás naciones, pues es una herramienta para que los intercambios económicos con la Confederación Suiza, propicien mayores niveles de progreso social y económico. Además, propende por la integración económica sin vulnerar la soberanía nacional sobre bases de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, compete a esta Corporación pronunciarse en forma definitiva sobre la constitucionalidad del “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo” celebrado el 17 de mayo de 2006 en Berna (Suiza), y sobre la Ley 1198 de 2008 (6 de junio), aprobatoria de ese Convenio internacional. 2. Examen de constitucionalidad del Convenio y de su Ley Aprobatoria. 2.1. La suscripción de un tratado o convenio internacional por parte del Estado colombiano, exige el cumplimiento de diversas etapas, en las que intervienen las distintas ramas del poder público así: (1) suscripción del instrumento internacional por el Presidente de la República; (2) su aprobación por el Congreso; (3) el estudio del Convenio y de su ley aprobatoria por la Corte Constitucional; y, (4) ratificación del instrumento internacional por parte del Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado. (Constitución Política, arts. 189.2, 150.2, 241.9) 2.2. El control jurisdiccional que ejerce la Corte respecto de los instrumentos internacionales y sus leyes aprobatorias, es integral. Por lo tanto le corresponde a la Corte analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional. Así, como lo expresa la sentencia C-468 de 1997, el control constitucional que realiza este Tribunal tiene las siguientes características: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado, tras la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) es automático, y la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) tiene fuerza de cosa juzgada; y (iv) es condición sine qua non para la ratificación del acuerdo. 2.3. En cuanto al control formal por vicios de procedimiento, esta Corporación debe examinar en su análisis constitucional: (i) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento; (ii) la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado; (iii) el cumplimiento de las reglas sobre la formación de la ley aprobatoria en el Congreso y su posterior sanción, teniendo en cuenta que para el efecto, el trámite legislativo a cumplir por las leyes aprobatorias de tratados corresponde al de las leyes ordinarias, con alguna especificidades. En lo concerniente a las exigencias generales del trámite legislativo, pueden citarse principalmente los requerimientos consagrados en la Carta (artículos 146, 154, 157, 160[2], 166 y 241 de la C.P, entre otros artículos) y los aspectos expresamente estipulados en la ley 5ª de 1992, conforme con el artículo 204 del reglamento del Congreso[3]. Así, el trámite legislativo ordinario, de acuerdo con la sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), incluye las siguientes etapas a saber: (i) haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión respectiva (arts. 144, 147, 156 y 157 Ley 5ª de 1992); (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara; (iii) haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria de la respectiva corporación, y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno (art. 157 C.P. y 147 de la Ley 5ª de 1992). Además, deben respetarse los respectivos quórums y mayorías (arts. 145 y 146 CP) y los plazos entre los distintos debates (art. 159 y 160 C.P[4]., y artículo 168 de la Ley 5ª de 1992)[5]. En lo relativo a las especificidades del proceso legislativo en materia de tratados internacionales, se recuerda que el proyecto debe iniciar el trámite en el Senado, por tratarse de asuntos relativos a las relaciones internacionales (Art. 154 C.P., y artículo 143 Ley 5ª de 1992). A su vez, la competencia del Congreso de la República en estas materias se limita a aprobar o improbar el tratado o convenio, de acuerdo con el artículo 150-16 superior. En efecto, en atención a la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de los mismos introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, por tratarse de una negociación del Gobierno[6]. No obstante, si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas y, si no están expresamente prohibidas en el Convenio celebrado, se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado en estudio[7]. Finalmente, la ley aprobada por el Congreso, debe ser remitida a la Corte Constitucional por el Gobierno, para efectos de su revisión definitiva, en los términos previamente señalados (C.P. Art. 241-10).[8] 2.4. Por último, el control material por parte de la Corte del tratado internacional y de su ley aprobatoria, consiste, como se ha mencionado, en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con la totalidad de los preceptos constitucionales, para determinar su coherencia o no con la Carta Política. Y, como lo expresó la sentencia C-031 de 2009, en el control constitucional de tratados en materia comercial: “[S]e debe tener en cuenta que estos deben ser conformes con el llamado “bloque de constitucionalidad”, muy especialmente, respecto a aquellas normas que tienen rango de ius congens, es decir, en los términos del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, [es decir] aquellas disposiciones imperativas de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas “que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional que tenga el mismo carácter”[9]. 3. El examen de constitucionalidad de los aspectos formales. 3.1. La representación del Estado colombiano en la celebración del Convenio. 3.1.1. El Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, fueron suscritos el 17 de mayo de 2006 en Berna (Suiza)[10], durante una ceremonia especial en la cual, los representantes de ambos países, firmaron el texto acordado. En representación de Colombia, el Acuerdo fue suscrito por el Sr. Jorge Humberto Botero, quien para ese entonces ejercía las funciones de Ministro de Comercio, Industria y Turismo y por el Sr. Joseph Deiss en su calidad de Consejero Federal, Jefe del Departamento Federal de Economía de la Confederación Suiza. El señor Jorge Humberto Botero, obró en condición de Ministro de Comercio, Industria y Turismo[11]. Por su parte, el Presidente de la República, el 31 de agosto de 2006, impartió al Convenio su aprobación ejecutiva[12] y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la República[13]. Esta confirmación presidencial, de acuerdo con la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados en su artículo 8º[14], subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado[15], en la medida en que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado dirigir las relaciones internacionales. Así, la suscripción del instrumento que se examina cumple con lo dispuesto por el artículo 189.2 de la Constitución Política que asigna al Presidente la dirección de tales relaciones y la facultad de celebrar tratados o Convenios con otros Estados y con entidades de derecho internacional. 3.1.2. Por lo anterior, ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer al Convenio sub- examine ni a su Ley aprobatoria, por el aspecto examinado. 3.2. Trámite legislativo surtido para la expedición de la Ley aprobatoria. Corresponde al Congreso de la República en virtud del artículo 150 numeral 16 superior, aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados. La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, como se mencionó. De manera tal que en estos casos es aplicable el trámite general establecido en los artículos 157, 158, 160 y 165 C.P. para las leyes ordinarias. Consta en las certificaciones remitidas por el Senado y la Cámara de Representantes, en los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la Repúb...