Sentencia C-128 de 2002

C-128-02 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-128/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance de la competencia para establecer sentido genuino de disposiciones legales/JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA NORMA LEGAL-Alcance de la competencia para establecer sentido genuino de disposiciones legales/INTERPRETACION DE LA LEY-Debates NORMA LEGAL-Competente para interpretarla/INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia general Por regla general, no es labor de la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales, pues ello es propio de los jueces ordinarios. Por tanto, no es procedente el control constitucional, si la única pretensión es interpretar y determinar el alcance de una norma legal. Las interpretaciones de las disposiciones demandadas no pueden ser, en principio, objeto del control de constitucionalidad, pues éste es un juicio abstracto que confronta las normas con la Constitución para derivar de allí su conformidad o disconformidad. INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia En ocasiones, a fin de procurar la guarda de la Constitución, la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan. AUTONOMIA FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA LEY Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Reglas para resolución de tensión/AUTONOMIA FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA LEY-Límites/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Exclusión de interpretaciones legales irrazonables/NORMA LEGAL-Admisión de varias interpretaciones/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Preservación de la Constitución y libertad de configuración del legislador/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Finalidad La Corte ha formulado ciertas reglas para resolver la anterior tensión. En primer lugar, el respeto a la autonomía de las interpretaciones legales tiene como límite la razonabilidad de las mismas. Por tanto, el juez constitucional puede excluir las interpretaciones que sean manifiestamente irrazonables. En segundo término, si la norma admite varias interpretaciones y todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a determinar con autoridad el sentido legal, pues esa labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la situación es la contraria, esto es, que todas las interpretaciones posibles son inconstitucionales, la Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la norma admite varias interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales. Sólo así, y en desarrollo del principio de conservación del derecho, puede la Corte preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de configuración del legislador. NORMA LEGAL-Interpretaciones posibles LEY DE LA POBLACION SORDA-Protección y ayuda NORMA LEGAL-Entendimiento en formas distintas POBLACION SORDA-Reconocimiento de lengua de señas sin exclusión de opción por oralidad LIMITADOS AUDITIVOS-Alcance de la protección constitucional DISCAPACITADO-Protección constitucional reforzada DISCAPACIDAD-Cláusulas constitucionales y desarrollos internacionales DISCAPACIDAD-Acceso a la información y comunicación DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL-Atención especial LIMITACION AUDITIVA-Compromisos especiales del Estado El Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales. Obviamente, la adopción de este tipo de medidas no puede desconocer otras causas de marginalidad que pueden acompañar una u otra limitación. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA ACUSADA-Finalidad perseguida y medios empleados POBLACIÓN SORDA-Enseñanza de la lengua manual colombiana y formación de intérpretes NORMA ACUSADA-Desarrollo de valores y principios constitucionales POBLACION SORDA-Lenguaje de señas y oralidad IGUALDAD Y PLURALISMO JURIDICO EN DISCAPACIDAD-Defensa y subvención preferente de estrategia pedagógica ante metodologías con éxitos similares JUEZ Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Respeto por la autonomía e independencia del debate científico/JUEZ Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Discusiones científicas y en la evolución de la técnica El respeto que no sólo los jueces sino todos los funcionarios estatales deben tener por la autonomía e independencia del debate científico no excluye que en determinadas ocasiones sea necesario, para resolver un caso, que el funcionario judicial analice el estado del arte sobre una determinada discusión técnica. CORTE CONSTITUCIONAL-Evidencias aportadas por expertos LIMITACION AUDITIVA-Inexistencia de consenso que privilegie la oralidad o lenguaje manual en rehabilitación y educación POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la oralidad POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la lengua manual POBLACION SORDA-Posición intermedia en argumentos a favor de la oralidad o lengua manual CORTE CONSTITUCIONAL-No define superioridad técnica de método en controversia científica CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Privilegio de método ante debate científico TEST DE IGUALDAD-Privilegio de método ante debate científico DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance frente a personas y grupos desaventajados La Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes para la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto. La igualdad sustancial tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad. NORMA LEGAL-Privilegio de método ante debate científico resulta cuestionable DERECHOS DE LOS PADRES A ESCOGER LA EDUCACION DE HIJO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA-Afectación por preferencia del idioma de señas DERECHO A LA IGUALDAD-Lengua no puede ser factor para restricción o limitación o establecer tratos distintos DERECHO A LA IGUALDAD-Regulación que diferencie a las personas por la lengua POBLACION SORDA-Interpretación de apoyo privilegiado al idioma de señas es inconstitucional IDIOMAS OFICIALES-Importancia del reconocimiento de una lengua IDIOMAS OFICIALES-No lo constituye la lengua de señas El apoyo a la población sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra aquellos limitados auditivos que hayan optado por la oralidad. SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA UNIDAD NORMATIVA-Otros artículos que reproducen contenido normativo retirado del ordenamiento UNIDAD NORMATIVA-Causales de procedencia Conforme a reiterada jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente sospechosa. Referencia: expediente D-3662 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”. Demandante: María Soledad Castrillón Amaya Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dos (2002). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana María Soledad Castrillón Amaya presentó demanda contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda". Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 42.899 del 16 de octubre de 1996. "LEY 324 DE 1996 (octubre 11) por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. Artículo 2°. El estado colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana, como idioma propio de la Comunidad Sorda del País. Artículo 7°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el acceso a los servicios mencionados. El Estado igualmente promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos." III. LA DEMANDA En criterio de la demandante, la disposición acusada viola los artículos 2, 5, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 67, 68, y 93 de la Carta Política. Explica la actora, en primer lugar, que el lenguaje de señas no es el propio de los sordos, sino de quienes no pueden acceder al lenguaje oral por diferentes factores, es decir, mudos. Siendo así, los sordos tienen derecho a hablar y entender el lenguaje de sus padres y familia cercana a través de la oralidad. De otro lado, la lengua Manual Colombiana no puede ser reconocida por el Estado como idioma oficial propio de la comunidad sorda de Colombia, porque esta comunidad no está determinada como grupo étnico con territorio propio, la lengua oficial propia de los sordos es el castellano. Para sustentar tal afirmación la demandante hace un estudio sobre lo que significa étnico, para concluir que los sordos no reúnen esas características y por tanto no puede decirse que la lengua Manual Colombiana sea oficial o propia. Continua su argumentación afirmando que las normas acusadas violan el artículo 2 de la Constitución que consagra como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los derechos constitucionales y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Indica que durante el trámite de la ley sólo hubo consultas con los interesados en que la misma culminara su trámite, no se consultó a personas y entidades especializadas en la rehabilitación de sordos. Posteriormente la demandante alega que los artículos acusados violan también el artículo 13 de la Constitución, ya que estas normas han restringido la posibilidad de adquirir el lenguaje oral para los sordos, lo cual fomenta su aislamiento y marginamiento de la sociedad y de su propia familia, pues la ley en estudio anula la opción oral, haciendo obligatorio el aprendizaje de señas. Además porque no todas las personas tienen la capacidad económica para pagar la rehabilitación en un centro privado, pues “como consecuencia de una aplicación sesgada de la ley, las entidades públicas están dejando de lado a las entidades educativas que propenden la enseñanza dentro del oralismo (...) porque es obligatorio darle prioridad al lenguaje de señas”. Así, las disposiciones violan también el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos sordos, pues eliminan la opción de acudir a una rehabilitación oral dejando en pie sólo la posibilidad del lenguaje de señas. Respecto al artículo 15, referente al derecho a la intimidad personal, la actora considera que la imposición de un intérprete para las personas sordas es una violación de este derecho, pues además de aislar e impedir la comunicación directa del individuo sordo con sus congéneres, genera la dependencia del sordo, lo que limita su libre desarrollo y lo inhibe en la cotidianidad. Para la demandante es más viable que el interlocutor de turno vocalice y hable pausadamente para facilitar la lectura de los labios durante una conversación directa con el individuo sordo, que imponer la lengua de señas. Considera la actora que las normas acusadas violan el derecho libre al desarrollo de la personalidad, pues con éstas los sordos no pueden optar entre el lenguaje de señas y la posibilidad de una rehabilitación oral. De esta manera, restringen también el derecho a la educación mínima pues, para la demandante, el sistema de señas no permite que los sordos interactuen con los miembros de su ambiente familiar, escolar y social. La actora además critica el lenguaje de señas, por considerarlo pobre y limitador del conocimiento y arguye que los sordos que se educan dentro del oralismo, pueden llegar a niveles superiores de educación, en contraste con las personas sordas que sólo reciben instrucción en el lenguaje de señas. En cuanto al supuesto cargo por violación del artículo 25, considera la actora que los artículos demandados llevan a que se reduzca notablemente la posibilidad de conseguir empleo para una persona sorda que sólo sepa el lenguaje de señas, pues es evidente que los empleadores preferirían a una persona que se comunique a través de la oralidad. En ese sentido debe existir la opción, pues de lo contrario las personas sordas que sólo manejan el lenguaje señas, aunque estén bien preparadas, sólo conseguirán trabajos inferiores a sus talentos y con ello se viola su dignidad. De otro lado, considera que con estas normas, disciplinas como la fonoaudiología y la terapia del lenguaje pierden terreno, pues ellas se ocupan de rehabilitar oralmente a personas sordas. Agrega también que existe violación del derecho a la libre asociación, ya que las normas acusadas obligan a estos profesionales a asociarse al grupo de quienes se comuniquen a través del lenguaje de señas, que son los que necesitan intérpretes. Reitera además la violación al derecho de los sordos a escoger libremente su profesión u oficio, por las razones ya explicadas. Respecto al artículo 27, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en el artículo 67 garantiza el derecho a la educación, y por tanto, considera la actora que al contener ésta una gran componente lingüístico debe darse oportunidad de impartir una rehabilitación oral para los sordos, pues con la imposición del lenguaje de señas se vulnera la libertad de aprendizaje y enseñanza. Enfatiza que con los avances tecnológicos actuales para mejorar la audición y las pedagogías para sordos, es irracional que a través de la ley 324 éstas sean limitadas por la carencia de recursos económicos. De otro lado, los artículos demandados violan el artículo 67 de la Constitución ya que no se presenta una educación integral, pues está demostrado que las personas sordas que sólo aprenden el lenguaje de señas tienen problemas de lectura y escritura. La lengua manual impide el progreso intelectual limitando a los sordos y disminuyendo la calidad de su educación y la oportunidad de alcanzar un nivel elevado, ya que “no hay modo de tener intérprete para cada sordo todo el tiempo”. También considera la actora que los artículos demandados son contrarios al artículo 44 de la Constitución pues no puede existir derecho a la familia si se impide a los sordos la posibilidad de comunicarse con ella a través de su lenguaje natural, generando su aislamiento e impidiendo su desarrollo armónico e integral, ya sea como infantes o adolescentes. Para la demandante, el artículo 47 de nuestra Constitución Política establece la posibilidad de que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos reciban atención especializada y las normas demandadas niegan la posibilidad de una rehabilitación oral ignorando las tecnologías de ayudas auditivas, amplificadores e implantes, que son desplazados por el lenguaje de señas. La actora encuentra además que estas normas violan el artículo 54 de la Constitución ya que a través de la lengua Manual no se brinda real capacitación laboral para los sordos. La señora Castrillón ataca a la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y otras organizaciones de sordos a quienes considera las únicas beneficiarias de esta ley, pues le dan privilegio al lenguaje de señas sobre la rehabilitación oral y por tanto reciben los recursos que ya no son otorgados a las entidades que se encargaban de enseñar a los sordos a hablar, y argumenta que tienen poca seriedad académica y que por tanto no son una ayuda para las personas sordas. En ese sentido encuentra que existe una violación al artículo 68 de la Constitución porque las normas demandadas desplazan a las instituciones educativas que tienen el sistema del oralismo como método pedagógico, a través de una malintencionada interpretación de la ley, para darle prevalencia a una asociación sobre entidades educativas de comprobada eficiencia, con lo cual aumenta el analfabetismo en las personas sordas, o por lo menos su bajo nivel educativo. Finaliza la actora con su defensa de las metodologias del lenguaje oralista para sordos, por considerar que éstas abren espacios nuevos para el desarrollo de estas personas, lo que no ocurre con el lenguaje de señas que a través de estas normas se está imponiendo. Así, considera que los padres tienen derecho a escoger la educación que darán a sus hijos sordos: el lenguaje de señas, o la oralidad, y reitera que con esta demanda no pretende que se elimine el lenguaje de señas, sólo que se deje abierta la posibilidad que tienen los sordos para aprender a hablar y entender el lenguaje de las personas que los rodean. Por lo anteriormente expuesto, la ciudadana solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas acusadas o, si ello no ocurre, se declare la constitucionalidad condicionada porque en la práctica las normas lesionan gravemente los postulados constitucionales que se analizaron. Además solicita la práctica de pruebas con los profesionales que se dedican a la rehabilitación de los sordos, instituciones educativas, sordos rehabilitados en ambas corrientes, padres de familia con hijos sordos y colegios regulares que hayan integrado alumnos sordos. IV. INTERVENCIONES OFICIALES 1. Intervención del Ministerio de Salud Bernardo Alfonso Ortega Campo, obrando como representante del Ministerio de Salud, interviene con el fin de solicitar que se declaren exequibles las disposiciones demandadas. Considera el interviniente que las normas buscan mejorar la situación de la población sorda y por ello no pueden considerarse contrarias a la Constitución. Además la demandante no precisa con absoluta claridad los motivos que respaldan su solicitud de inconstitucionalidad y por ello, de acuerdo con reiterada jurisprudencia esta Corporación, cuando la demanda no cumple con las exigencias dispuestas en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991 la acción no puede prosperar. 2. Intervención de la Secretaría de Salud de Bogotá Adriana Jiménez Báez, Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud de Bogotá, interviene con el fin de traer a colación algunas normas sobre interpretación de la ley del Código Civil para manifestar que no existen lagunas en el Derecho ni, obviamente, en esta ley. De otro lado, aclara las funciones de la Secretaría de Salud, circunscritas a fomentar el acceso al servicio público de salud, bajo ese entendido fue creado el Consejo Distrital para el Discapacitado, del cual hace parte esta institución. Finalmente aclara (i) que la norma acusada se refiere a competencias propias del Ministerio de Educación y de la Secretaría Distrital de Educación, (ii) que la Secretaría de Salud no participó en la elaboración o expedición de la norma y, (iii) que las disposiciones acusadas se enmarcan dentro del aspecto cultural o educativo y no de la salud, campo que le compete a la entidad interviniente. 3. Intervención del Instituto Nacional para Sordos INSOR Luz Mary Plaza Cortés, actuando como representante del Instituto Nacional para Sordos INSOR, interviene en el proceso de la referencia con el fin de defender la constitucionalidad de las normas acusadas. En primer lugar, la ciudadana precisa algunos términos que según ella se encuentran mal utilizados en la demanda que ocupa a esta Corte, con el fin de despejar posibles dudas y evitar una mala interpretación, como de hecho considera que ocurrió con la demandante. Posteriormente, procede a anotar que los artículos 2 y 7, al consagrar la lengua manual como propia de la comunidad sorda en Colombia, no hace de ella su lengua oficial. Además, según su entender, el Estado simplemente está reconociendo un hecho que ya existía, sin que obligue a sordos o familiares a aprenderla. Luego se ocupa de reseñar otros artículos de la ley parcialmente demandada, para demostrar que una interpretación que los tome en cuenta, no puede llevar a las erradas conclusiones que expone la actora en su demanda. En su parecer, la ley no impide ni prohibe, ningún tipo de educación para los sordos, pues los padres pueden escoger libremente la opción que consideren más adecuada. Respondiendo a este principio, el Estado, por medio del INSOR, ha identificado opciones de atención para la población con limitaciones auditivas, para que se reconozcan sus necesidades específicas, y se brinden las condiciones necesarias para posibilitar a los niños sordos el acceso a la educación en las mejores condiciones. Discrepa también de la demandante, de los reparos expresados en la demanda frente a los intérpretes de lengua manual, pues ellos son una ayuda para la población sorda. Así, el reconocimiento hecho a través de los artículos demandados, posibilita que la comunidad sorda salga del marginamiento, para acceder a condiciones de igualdad. Además, como lo demuestran las experiencias de otros países, donde se ha educado a la población sorda en lengua de señas, los sordos han alcanzado altos niveles educativos (por ejemplo en Suecia, Finlandia y Estados Unidos). Incluso en Colombia, anota la interviniente, se han obtenido resultados satisfactorios con personas sordas que han estudiado su bachillerato en colegios de oyentes y otros que se encuentran adelantando estudios superiores. Considera además infundados todos los demás cargos, luego de exponer la seriedad de la instrucción impartida a los intérpretes, el rigor de los programas educativos para sordos y el gran espacio laboral que tienen disciplinas como la fonoaudiología. También aclara la interviniente que el INSOR, se dedica a investigar alternativas educativas y de integración social para los limitados auditivos, lo que le sirve de base para prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales competentes para prestar la atención directa que el INSOR prestaba anteriormente. Posteriormente, la ciudadana hace algunas consideraciones sobre los principios constitucionales y su alcance de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, para relacionarlos con los propósitos de las normas demandadas y concluir, con base en ellos y en algunos instrumentos internacionales (ver folio 32), que las normas acusadas deben mantenerse dentro del ordenamiento. 4. Intervención del Representante a la Cámara Colin Crawford El ciudadano Colin Crawford, en su calidad de Representante a la Cámara y autor de la iniciativa en la época de la aprobación de la ley, interviene en el proceso de la referencia con el fin de solicitar la declaratoria de exequibilidad de los artículos demandados ya que, a su juicio, la interpretación armónica muestra que su fin es favorecer a la población sorda de Colombia, no descalificar la posibilidad de una rehabilitación oral. En primer lugar destaca que la norma cumplió todo el trámite previsto por la Constitución para las leyes de su tipo, y dentro del mismo se presentó alta participación de la comunidad sorda y de la comunidad científica dedicada al tema. Anota que el lenguaje de señas sólo es el propio de aquellos limitados auditivos que no pueden acceder a lenguaje oral u otras formas de comunicación por diferentes factores, y la consagración del idioma manual como propio de la comunidad sorda no vulnera el derecho que tienen los sordos a hablar. Menciona las experiencias de otras naciones como España, Alemania, Suecia, donde también se ha elevado a rango legal el sistema viso - gestual como respuesta a declaraciones internacionales, como la de Salamanca, que establecen normas y prácticas comunes de carácter universal sobre el asunto y conminan a países como Colombia, para adoptar normas educativas y legales al respecto. En ese sentido el lenguaje oral y el de señas no son incompatibles ni excluyentes sino complementarios y por tanto las normas acusadas no vulneran los derechos de la población sorda. Tan claro es lo anterior que el decreto reglamentario 2369 de 1997 “por el cual se desarrolla parcialmente la ley 324 de 1996” dispone que las instituciones educativas que primordialmente “atienden niños hipoacúsicos, basadas en estrategias y metodologías para la promoción y el desarrollo de la lengua oral, podrán continuar prestando servicio educativo”. Pero de cualquier modo, es clara la obligación de los establecimientos que prestan el servicio educativo a las personas sordas, de impartir enseñanza en lengua señas colombiana, pues se trata de la reivindicación de los derechos de una población oprimida históricamente, sin que ello sea incompatible con otros lenguajes o sistemas de comunicación. Considera el interviniente que las normas demandadas se refieren a una acción afirmativa del legislador para integrar social y culturalmente a la población sorda desarrollando varios principios constitucionales, incluso los mencionados por la actora en su demanda. Así, esta acción de inconstitucionalidad no está llamada prosperar, pues las normas acusadas no elevaron a rango oficial el lenguaje de señas, y su consagración como lenguaje propio de la comunidad sorda de Colombia sólo intenta que los limitados auditivos accedan a todos los espacios sin discriminación alguna. Agrega el interviniente que la demandante pretende hacer incurrir en error a la Corte Constitucional al interpretar las normas acusadas sobre la base de casos concretos de carácter subjetivo “desconociendo las reglas básicas de interpretación constitucional, pues el juicio constitucionalidad (…) es un proceso interpretativo de cotejo abstracto entre la norma constitucional y una norma jurídica de categoría inferior”. Por tanto desconoce lo dispuesto en el artículo 241 constitucional, pues no es función de la Corte Constitucional prevenir errores de interpretación en la aplicación práctica de la ley “salvo cuando la corporación utiliza la facultad de fijar los alcances de sus fallos mediante sentencias condicionadas o interpretativas en ejercicio de su marco constitucional previsto en el artículo 243 y 244 de la Constitución y en la ley 270 de 1994”. El interviniente cita jurisprudencia de esta Corte sobre el concepto de una lengua oficial (C-530 de 1993, C-530 de 1999, C-086 de 1994) para diferenciarlo de una lengua propia y también acude a sentencias en las que la Corte Constitucional ha protegido a los derechos de los sordos y el derecho a la igualdad. Así concluye que no existe trato discriminatorio, desproporcionado o carente de justificación razonable en las normas demandadas, pues lo que éstas intentan es alcanzar igualdad real y efectiva entre las personas sordas y las oyentes, permitiendo que accedan al conocimiento y a una formación integral, pues el lenguaje de señas puede ser una modalidad del derecho fundamental a la educación, sobre el cual el ciudadano cita abundante jurisprudencia. Considera el interviniente que las normas acusadas no violan el derecho a la intimidad de las personas sordas ya que la Corte Constitucional ha sistematizado el alcance de este derecho en reiterada jurisprudencia, y en este caso no se configura ninguno de los supuestos para que exista tal violación, pues la misma ley establece en los artículos 8 a 10 los criterios para la formación de intérpretes y los requisitos para su grado y ejercicio. De igual manera realiza un estudio para desvirtuar la supuesta violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho al trabajo, a la libre escogencia de profesión u oficio y el derecho a tener una familia. De otro lado, arguye que la lengua de señas no es pobre lingüísticamente, y que las declaraciones y críticas desarrolladas en la demanda en cuanto a la ausencia políticas claras por parte el Instituto Nacional para Sordos INSOR en la aplicación práctica de la ley, no son del resorte del juez constitucional y escapan de la órbita propia de su control. Después de su extensa intervención concluye que estas normas no intentan desplazar a las entidades educativas que ofrecen el sistema oral como método pedagógico de rehabilitación de la población sorda pues lo que buscó el Congreso de la República cuando se aprobaron los artículos demandados, fue desarrollar el mandato constitucional, previsto en el artículo 68, sobre la erradicación del analfabetismo y posibilitar la educación de personas con limitaciones físicas o mentales conforme lo permite el modelo de estado social de derecho. En ese sentido las normas acusadas no son inconstitucionales, todo lo contrario, se dirigen al desarrollo cabal del orden constitucional colombiano para permitir el acceso una vida con igualdad de oportunidades y responsabilidades, para que las familias de esta población que no contaban antes de la ley con protección para sus hijos limitados auditivos, tengan un aliciente para perfilar el futuro con optimismo, autonomía, independencia, participación democrática, y fe. Solicita entonces que la Corte declare la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996. V. INTERVENCIONES CIUDADANAS En este punto la Corte debe resaltar que recibió un gran número de intervenciones y conceptos científicos. Teniendo en cuenta las similitudes entre ellos, esta Corporación no presentará el contenido de cada uno, sino que efectuará una síntesis de los aspectos más relevantes de acuerdo con la naturaleza de cada intervención: científica, testimonial o pedagógica. Cabe anotar que la Corte tendrá en cuenta algunos de estos conceptos al momento de fallar, habida cuenta de la intensidad y complejidad del debate. A. CONCEPTOS CIENTÍFICOS Dentro de los conceptos científicos recibidos, la Corte observa que algunos apoyan la demanda de la referencia y otros consideran infundados los cargos. Entre las intervenciones que consideran que a la actora le asiste razón, obran conceptos en los que se destacan las bondades de la oralidad entre los sordos y la facilidad de su aprendizaje, por ejemplo, uno de los intervinientes, formador de maestros para sordos, anota que en su experiencia, cerca de un 40% de los estudiantes sordos, incluso profundos, logran desarrollar habilidades de comunicación oral con apoyo de terapias del lenguaje. Pero ello a la vez implica que deben respetarse todos los enfoques con el fin de no perjudicar el desarrollo y las alternativas del sordo. Lo que debe defenderse entonces es la libre decisión de la persona sorda.[1] Al respecto también obra el concepto de Helena Manrique y otras dos fonoaudiólogas quienes anotan además que un sordo oralizado puede aprender el lenguaje de señas en cualquier etapa de su vida, mientras que si un sordo no adquiere el lenguaje oral en su primera infancia, después es casi imposible que logre hacerlo. Adriana Rivas, coordinadora del programa de implante coclear en la clínica José A. Rivas y veinticuatro personas más, intervienen en este proceso con el fin de relatar su experiencia en el trabajo con niños sordos que con la ayuda de los adelantos científicos han logrado adquirir la lengua oral, desempeñarse de forma competente al asistir a colegios de educación regular y participar activamente en la sociedad.[2] Así, puede demostrarse científicamente que tanto las personas sordas de nacimiento o ensordecidas necesitan recibir todas las formas de rehabilitación posibles para aprovechar al máximo sus posibilidades. De otro lado, docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (Clemencia Cuervo y Rita Flórez) consideran que la lengua de señas es una lengua que han desarrollado naturalmente las personas sordas en el seno de sus comunidades[3], para satisfacer las necesidades de la comunicación cotidiana y por tanto debe ser respetada y protegida como en otros países. Ello facilita el acceso de las personas sordas a los beneficios de la sociedad. Con ese fin fue expedida la Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones que en sus artículos 66, 67 y 68 se refiere la posibilidad de usar este tipo de lenguas y, de la misma manera las normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidades de las Naciones Unidas (1993) que en sus reglas 5 a 7 establece el uso de la lengua de señas y de intérpretes para el acceso a la información, a la educación y al empleo. Con todo la lengua de señas colombiana y la lengua hablada como medio socialización educación de los niños sordos o con limitación auditiva son opciones a las que tienen derecho las personas sordas y sus familias. Es indispensable entonces que se les suministre a las personas información correcta y científica basada sobre las implicaciones de una u otra forma comunicación. Gladys Stella López y Lionel Antonio Tovar relatan la historia de opresión que han vivido los sordos y la lengua de señas, y consideran que ésta se encuentra en situación de desventaja frente al español. En ese sentido consideran que los sordos han sido vistos históricamente como personas discapacitadas a quienes normalizar mediante cuidados clínicos. Pero cuando la deserción escolar y el marginamiento de los sordos mostró el fracaso de esas tendencias comenzó a cobrar importancia la Lengua Manual Colombiana, que de ninguna manera es primitiva ni pobre lingüísticamente. Los intervinientes citan variados autores para apoyar sus argumentos e incluso mencionan que el instituto Caro y Cuervo está empeñado en la realización del primer diccionario de la Lengua Manual Colombiana.[4] Agregan que la ley no prohibe en ninguno de sus artículos que los sordos, si sus padres así lo desean, sean oralizados. Los intervinientes anotan que los estudios psicolingüísticos y de educación de minorías lingüísticas demuestran “que lo más conveniente para una minoría tan marginada como la sorda (de hecho, la literatura a nivel mundial la reconoce como una minoría de minorías) es una educación bilingüe que le de importancia primordial a su lengua natural”. Así, como lingüistas y especialistas en la enseñanza de lenguas, los intervinientes están convencidos de que los miembros de una comunidad minoritaria deben disponer de su lengua natural desde la más temprana edad y, sobre todo, al inicio de su educación. Esto concuerda con la Declaración de derechos humanos, con los resultados de la reunión de expertos de las Naciones Unidas sobre el uso de lenguas vernáculas en la educación (UNESCO 1953), con la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales (1994) de la cual Colombia es signatario. Consideran entonces que la oralización es una opción de los padres, pero a la vez es un recurso clínico terapéutico y no puede formar parte de la escuela. Para finalizar, los intervinientes no desconocen que existe un número minoritario de sordos que han logrado acceso al castellano oral a través de terapias de este tipo, pero, para ellos, la gran mayoría de sordos colombianos deben ser beneficiarios de la lengua de señas para eliminar la situación de marginamiento y bajo status social, económico y educativo de la mayoría de los sordos víctimas del fracaso de terapias orales del pasado. B. CONCEPTOS DE ENTIDADES DEDICADAS A LA EDUCACIÓN DE SORDOS Miryam Zuluaga Uribe, actuando como representante legal de la Fundación Pro débiles Auditivos, entidad dedicada a la rehabilitación oral de niñas y niños sordos, con una experiencia 35 años en este trabajo, interviene en este proceso para adjuntar documentación con el fin de respaldar la demanda de la referencia. La ciudadana anota que esta institución se ha visto lesionada “debido a la interpretación sesgada de la ley 324, por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, la cual la influido en las decisiones que han tomado funcionarios públicos de la región en beneficio de la educación Manual de los sordos y en contra de la alternativa oralista”. Agrega la interviniente que intenta ilustrar la Corte Constitucional, sobre la importancia de respetar el oralismo como una excelente alternativa educativa para la población sorda, cuyas demostraciones de eficacia han sido sensibles[5]. Así, muestra un listado de 39 personas egresadas de la institución que representa, y que han cursado o están cursando estudios superiores, así como documentos técnicos sobre la filosofía de su institución y de la rehabilitación oral para sordos. Adjunta además oficio que esta Fundación dirigió a la Jefe del Departamento de Asistencia y Rehabilitación de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín, en el cual manifiesta su preocupación por lo expresado por la entidad municipal. Ésta afirmó que a pesar de reconocer la importancia lenguaje oral para los sordos, que no le era posible contratar con la Fundación, porque incrementar el oralismo en sus alumnos, desconocería el mandato de la ley 324 de 1996 y entraría en ilegalidad. En el oficio precitado, la interviniente manifestó que la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín había tenido una visita de un funcionario de INSOR, en la que éste les advertía sobre la obligatoriedad de la Lengua Manual en el proceso de rehabilitación de los niños sordos de cero a cuatro años. Frente a ello, la ciudadana expresó que ningún funcionario estaba autorizado para hacer interpretaciones sesgadas de la ley, y menos a presionar con amenazas de legalidad a los funcionarios del Estado para que tomen decisiones a su favor de acuerdo con una interpretación de las normas. En ese sentido la ley debe ocuparse de amparar a toda las personas sordas y no sólo a quienes pretendan favorecer uno de los medios de rehabilitación, cualquiera que sea. Por tanto, considera acertados los cargos de la demanda. Las directivas del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, con más de 77 años de servicio a sordos con el método oral, intervienen dentro de este proceso para declarar que, de acuerdo con las orientaciones de INSOR y FENASCOL, modificaron la forma comunicación que se llevaba en el instituto del oralismo a la lengua de señas colombiana. Durante ocho meses se ha llevado a cabo este proceso y han podido constatar que los alumnos que se expresaban oralmente han perdido esta facultad, que se encuentran inconformes y piden la utilización del lenguaje oral, que las empresas que solicitan jóvenes para trabajar exigen que éstos puedan comunicar algo oralmente para que las relaciones sean favorables. De otro lado, con el lenguaje de señas las familias tienen dificultad para comunicarse con sus hijos, pues también desean que ellos aprendan hablar. En ese sentido la experiencia refleja que es necesario que las personas sordas puedan aprender el castellano en forma oral, escrita y la lengua de señas con el fin de interactuar tanto con personas sordas como con oyentes. Al respecto han recibido varias sugerencias de los ex alumnos sobre la importancia de reflexionar acerca de la conveniencia de adoptar la comunicación oral que tenían anteriormente. Por lo anterior, están de acuerdo con la demanda de la referencia, pues consideran perjudicial para la comunidad sorda el privarla de las posibilidades de aprender el idioma oral. Blanca Samper de Samper y Paola di Colloredo-Mels, quienes laboran en la fundación CINDA (Centro de Investigación e información en deficiencias auditivas) que desde hace ocho años se dedica a la rehabilitación del lenguaje oral en los niños con deficiencia auditiva, intervienen en el presente proceso para expresar que la Ley 324 de 1996 parcializó “las políticas estatales cerrando la puerta los niños sordos con lengua y oral y ocasionando así la ausencia total de apoyo por parte del Estado para este grupo de niños a nivel escolar, de rehabilitación y amplificación". Agregan que la tecnología actual ha posibilitado que cada vez más niños sordos tengan acceso al desarrollo del lenguaje oral y por lo tanto a la educación que el país debe ofrecerles dándoles oportunidades para ser miembros activos de la sociedad[6]. Diana Marcela Noguera Santamaría, Directora (E) del Colegio Filadelfia para Sordos, interviene en el presente proceso con el fin de defender la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996. Según la actora, la experiencia de esta institución (quince años) muestra que el aprendizaje tardío de una lengua trae consecuencias graves en cuanto al acceso al conocimiento y a su relación con sus pares. Así, con la Lengua Manual, las personas sordas “pueden adelantar procesos comunicativos de carácter interindividual e intraindividual y, por lo tanto establecer procesos interaccionales que les permiten acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, como también entregar a la sociedad su pensamiento, su productividad, su acción”.[7] Otras intervenciones aseguran que la demanda no debe prosperar, por ejemplo Patricia Ferreira, actuando como representante legal de la Fundación para el Niño Sordo ICAL, considera que el método oralista no es el más apropiado para todas las personas sordas, no sólo por los rasgos de su disminución auditiva, sino por otros factores (anímicos, sociales, económicos) y por el contrario, la posibilidad de acudir al lenguaje de señas ha demostrado grandes éxitos, a través de la integración escolar de niños sordos a colegios de niños oyentes. Así, resalta las bondades de la lengua de señas dentro de los procesos pedagógicos que ha desarrollado la institución. Myriam Corredor y diez profesionales más que laboran en el Instituto Integral de Audición y Lenguaje SENTIR, intervienen con el fin de defender la constitucionalidad de las normas acusadas pues en su opinión, éstas no excluyen el oralismo. Incluso el artículo 15 de la misma Ley establece que las instituciones educativas que atienden niños hipoacúsicos pueden seguir prestando sus servicios a través de la lengua oral, así, existe plena libertad para optar por lo que cada cual necesite. Relatan además su experiencia con la lengua de señas, pues en su institución no se usa el oralismo y ello no ha impedido que sus estudiantes se integren con éxito al bachillerato con la ayuda de intérpretes, lo cual no los hace desconocer que, excepcionalmente, algunos sordos utilizan el oralismo. Consideran entonces que declarar inconstitucionales las normas demandadas significaría imponerle la oralidad a los sordos, lo cual coartaría su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en especial, sabiendo de antemano que la experiencia demuestra las facilidades del lenguaje de señas. En cambio, mantener la norma no genera trauma alguno para quienes simpaticen con el oralismo. C. TESTIMONIOS Dentro de las numerosas experiencias de sordos, sus educadores, amigos y familiares, la Corte hará una síntesis a fin de mostrar las diversas posiciones. Doris García de Botero, directora general del Instituto para niños ciegos y sordos de Cali, y ciento cincuenta personas más, intervienen para manifestar que son muchas las personas sordas que se pueden comunicar a través de la oralidad e integrarse completamente a la sociedad, y este número tiende a aumentar con los avances científicos actuales. Así, la lengua manual no es el lenguaje natural del sordo, pues su lengua natural, como la de cualquier niño, es la de sus padres o la que ellos escojan para su educación. Por tanto, en aras del respeto a la Constitución, los sordos tienen igualdad de oportunidades de aprender castellano hablado como cualquiera de sus compatriotas colombianos[8]. En el mismo sentido interviene Helena Triana de Uprimny, Fonoaudióloga y coordinadora de preescolar del Gimnasio Femenino, quien respaldada por 100 personas más, presenta escrito con el fin de relatar la experiencia de integración de niñas con discapacidades auditivas en diferentes cursos de la institución. Afirma que con el programa las estudiantes sordas han avanzado significativamente en la competencia lingüística ya que están inmersas en un ambiente lenguaje oral estimulante y exigente. En ese sentido ha sido satisfactorio para el Colegio haber beneficiado 21 alumnas, de las cuales 8 se han graduado de bachilleres “con prueba de estado y con educación superior en el país y en el exterior”. Finalmente anota que actualmente están matriculadas cinco alumnas sordas en la institución[9]. María Cristina Samper y otras 40 personas sordas, intervienen con el fin de solicitar que la Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996 por considerarlos lesivos de los derechos de la población sorda, ya que ellos impiden su libre desarrollo, rehabilitación personal, profesional y laboral. Para los intervinientes su lenguaje es el castellano oral y escrito que han venido utilizando para comunicarse ya que se han rehabilitado a través de una comunicación oralista, pues los sordos no necesariamente son mudos y pueden comunicarse de esta manera a través de la vocalización con lectura de labios. En ese sentido consideran errado que los infantes discapacitados sean obligados a renunciar a la riqueza del idioma castellano, pues el lenguaje de señas los aísla y los condena a estar solos frente al 99% de la población oralista. Además consideran que no deben obligarlos a depender de un intérprete por múltiples razones, incluso por los costos que implica. Con una posición similar interviene Víctor Manuel Moncayo, en su doble condición de rector de Universidad Nacional de Colombia y padre de una persona sorda, quien anota que parte del derecho de intimidad es la escogencia de una forma de expresión, lo cual es desconocido totalmente por las normas demandadas. El mismo argumento aplica para sustentar la violación del derecho al libre desarrollo la personalidad. Las disposiciones también atentan contra el derecho a la educación ya que limitan a la población sorda para que se exprese solamente a través del lenguaje manual y, en ese sentido, el Estado no asume en forma debida su responsabilidad en la educación de las personas sordas. De otro lado, niegan el acceso a la cultura de la población sorda que ordena el artículo 70 de la Constitución e impiden la búsqueda del libre conocimiento y de la expresión artística consagrados en artículo 71 de la Carta[10]. Agrega el interviniente que las normas violan el derecho al trabajo, ya que con el lenguaje de señas se cierran las posibilidades de los sordos para insertarse en la organización social y productiva, por tanto vulneran la libertad de elección de profesión u oficio[11]. Considera el ciudadano que el Estado no está cumpliendo con una política de previsión, rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos y sensoriales, garantizada en el artículo 47 de la Constitución, pues esta ley establece los límites ya anotados. Agrega el interviniente, que conoce de manera directa y personal la condición de los sordos, ya que su hija, sorda nacimiento, fue rehabilitada oralmente, y logró adquirir un nivel superior de educación, y aunque no desconoce que el lenguaje manual le ha sido útil para la comunicación con quienes tienen su misma discapacidad, considera que la integración a la sociedad no hubiera sido posible sin el lenguaje oral, que no solamente le ha permitido expresarse en español sino en otros idiomas. Así, las normas acusadas no pueden desconocer las innovaciones científicas y técnicas para ampliar las posibilidades sensoriales de los deficientes auditivos. Finalmente, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, considera que la limitación establecida por las normas demandadas es un obstáculo insuperable para que los sordos puedan beneficiarse del sistema educativo, pues la educación superior es más factible cuando existe comunicación oral. Considera entonces que la demanda está llamada prosperar. En relación con los beneficios educativos de la oralidad, Genoveva Keyeux interviene para dar su testimonio sobre los logros de una persona sorda nacimiento que podía comunicarse oralmente con los demás y que trabajó con ella en la Universidad del Valle para hacer su tesis doctoral. La ciudadana explica que dirigió su tesis de genética molecular y a pesar de ser un estudiante sordo, su desempeño fue excelente dentro del trabajo que llevó a cabo, un trabajo científico en el cual realizaron experimentos de laboratorio, discusiones sobre los resultados, y seminarios grupales con personas oyentes. Incluso este estudiante pudo leer con detenimiento un texto científico en francés que era la guía para los alumnos que integraban el grupo. Lo único diferente al interactuar con él era la necesidad de hablar claro y mirándolo de frente, pero fue fácil para el grupo adaptarse a su ritmo de comprensión del lenguaje verbal. Luego de cursar sus estudios universitarios, este joven se desempeña en una empresa, tiene autonomía económica, convive en el mundo de los oyentes como cualquier otra persona y no se encuentra marginado por su limitación. Para la interviniente, si el joven sólo hubiese conocido el lenguaje de la señas, tanto para ella como para los demás maestros de la Universidad del Valle, habría sido imposible transmitirle los conocimientos necesarios y él siempre hubiera dependido de un intérprete. Por tanto, considera que el Estado debe proporcionar a los sordos las herramientas necesarias para desarrollarse, incluyendo la posibilidad de aprendizaje de la comunicación oral[12]. Clara Inés Sánchez Mendoza, directora General de la Fundación Padres del Sordo Colombiano DESCUBRIENDO, interviene para dar a conocer la experiencia de trece años de trabajo con sus hijos e hijas sordos y ensordecidos. Durante ese tiempo han podido concluir que la opción ideal es la complementación del método oralista con la lengua de señas. Con todo, en el país se han polarizado las opciones en desmedro de la población sorda y sus familias. Destaca que el método oralista es de un alto costo y no puede ser aplicado a todas las personas, pues existen algunos requisitos para tal fin. De otro lado, esta fundación trabajó en la ley demandada y en su proceso reglamentario y afirma que éste aún no ha terminado y por ello su interpretación y aplicación es difícil, pero ello no significa que viole los derechos fundamentales. Así, las dudas más fuertes que han surgido se relacionan con la aplicación de la ley, pues pareciera que el término “propia” se estuviese entendiendo como oficial y por ende obligatoria. Afirma que existe desinformación, o por lo menos información insuficiente a disposición de los padres de niños sordos. Además, la propuesta oralista no cuenta con apoyo del Estado, pues sus recursos educativos se ejecutan en la lengua de señas. Así, aunque las normas acusadas no nieguen la opción de la oralidad, no ofrecen el apoyo necesario para ello. Agrega que también el apoyo en materia de lengua de señas es insuficiente, pues el servicio de intérpretes es “inalcanzable” a nivel individual y se ha convertido en un negocio. La interviniente alberga serias dudas acerca de la eficiencia de la lengua de señas en el aula escolar, dada la limitación del vocabulario que ésta muestra. En el mismo sentido, observa que a través de la lengua de señas se aleja la posibilidad de lecto-escritura, mientras que con el oralismo se consiguen mayores logros. Considera que de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 2369 de 1997 la educación de personas hipoacúsicas seguirá dándose de acuerdo con el Decreto 2082 de 1996. Pero la fundación a la que pertenece ha encontrado que para los hiupoacúsicos no hay dinero suficiente ni disposición de parte de los servidores públicos a cargo. Así, la ciudadana concluye que la ley no es inconstitucional, pero sus interpretaciones sesgadas generan discriminaciones. De otro lado, la ciudadana Consuelo Bohórquez, Rectora del Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán, interviene con el fin de relatar su experiencia dentro del proyecto de integración de niños sordos que se comunican mediante el leguaje de señas en un colegio de niños oyentes[13]. Destaca entonces su participación dentro de la enseñanza bilingüe (lengua de señas como primera lengua y castellano escrito como segunda lengua), pues la idea es que las personas sordas puedan acceder a todo tipo de información y puedan también comunicarse y entender a plenitud a través de la Lengua Manual. Relata también que varios de sus egresados se encuentran adelantando estudios superiores y adjunta opiniones de varios estudiantes sordos que manifiestan su satisfacción con la lengua de señas y los resultados que han obtenido gracias a ella, así como la opinión de docentes que resaltan sus beneficios[14]. Las directivas de la Corporación John F. Kennedy, encabezadas por el Director General de la sede Kennedy, Jorge Alberto Alvarez Naranjo, intervienen dentro de este proceso para defender la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996. Relatan su experiencia dentro del programa de capacitación en tecnologías de punta que dicta la institución integrando a personas sordas, para afirmar que el papel del lenguaje de señas ha sido de vital importancia para el éxito del programa, así como la participación de intérpretes como elemento de integración en la comunidad estudiantil. Considera entonces que “cada núcleo familiar en el cual se encuentran personas sordas, cada institución necesariamente tiene que tener el derecho libre y autónomo de emprender la búsqueda de la comunicación (…) a través de formas, metodologías y procedimientos que satisfagan sus necesidades emocionales, personales e incluso patrimoniales (…)”.[15] Por su parte, Jorge Mario López y otros, actuando en representación de la Asociación de sordos de Caldas, adjuntan la firma de respaldo de 70 personas más, e intervienen en este proceso para resaltar las bondades de las normas demandadas y oponerse a la solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas, pues consideran que con la ley 324 de 1996 se ha permitido la integración y mejor acceso a la información, comunicación y mejores condiciones de vida de la población sorda colombiana. En el mismo sentido, obran en el expediente varios pronunciamientos similares de diversas asociaciones de sordos de Santander (ver anexo 2 fl. 80), Valle (anexo No. 2 fl. 93), Dosquebradas (anexo 2 fl. 113), Bolívar (anexo 2 fl. 119), Antioquia (anexo 2 fl. 125), Caquetá (anexo 2 fl. 137), Tolima (anexo 2 fl. 297), Bogotá (anexo 2 fl. 303), de la misma manera las asociación de Sordos de Risaralda aportó numerosas firmas respaldando la constitucionalidad de la Ley 324 (anexo 2 fl. 202).[16] Martha Lucía Osorno, Presidenta del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Sordos de Colombia interviene dentro del presente proceso para defender la constitucionalidad de las normas acusadas, ya que con la consagración del idioma manual colombiano como propio de la comunidad sorda, se obtienen grandes avances en la protección de esta población (especialmente la integración educativa), lo cual no discrimina a las personas sordas que no acepten la lengua de señas, por diferentes causas. En ese sentido no se pretende desconocer la lengua oral, como erradamente lo considera la demandante. Además, debe tenerse en cuenta que instrumentos internacionales como por ejemplo las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, estipulan la importancia del lenguaje de señas dentro de la educación de niños sordos. De otro lado, no pueden ser ignorados todos los beneficios que ha demostrado este lenguaje y no se puede pretender oralizar a todos los sordos, cuando en muchas ocasiones ha fracasado este método. Además, los costos de la rehabilitación oral son considerables y no es dable imponer a todas las personas sordas ese método si no lo consideran adecuado o conveniente. En cuanto a la supuesta violación del derecho al trabajo de los profesionales que menciona la demandante, es evidente que ellos tienen un campo de acción que no termina con la posibilidad de enseñar el lenguaje de señas. De otro lado, critica los términos ofensivos usados por la demandante para sustentar supuestos argumentos que ni siquiera son de orden constitucional, pues los logros obtenidos por personas sordas a través del leguaje de señas y del apoyo de sus intérpretes, dejan sin piso sus fuertes afirmaciones. Solicita entonces que la Corte declare la constitucionalidad de las normas de la referencia ya que ellas “lejos de ir en contra de la Constitución, lo que hace(n) es garantizar y desarrollar los derechos de las personas sordas, que no logramos el desarrollo de la lengua oral, en condiciones que hacen que la igualdad sea real y efectiva”. También recibió esta Corte la intervención de más de 70 padres de familia del Colegio Filadelfia para sordos encaminada a defender la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996. Argumentan los intervinientes que de acuerdo con su experiencia es muy difícil que los niños aprendan a comunicarse oralmente pues a pesar del esfuerzo y de costosos tratamientos fonoaudiológicos los resultados para ellos han sido muy pobres y siempre son ayudados por señas. Consideran que en el ámbito escolar los logros también son limitados y por tanto, piensan que lo más indicado es que los niños sordos adquieran la Lengua Manual Colombiana como primer idioma y el castellano escrito como segundo idioma, a fin de lograr una mejor y mayor libertad comunicación[17]. VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El señor Procurador General de la Nación, en concepto No. 2675, recibido el 27 de septiembre de 2001, intervino en este proceso para solicitar que la Corte Constitucional declare la exequibilidad de los...