Sentencia C-127 de 2006

C-127-06 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-127/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ley de Justicia y Paz DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de pertinencia, claridad, certeza, especificidad y suficiencia CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia cuando se alegan razones de inconformidad o inconveniencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad en la que se analizan aspectos sustanciales INEPTITUD SUSTANTIVA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Declaración en la sentencia a pesar de haberse admitido PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos de cargos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima en relación con la determinación de los extremos de confrontación con la norma acusada/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de carga mínima de argumentación La Corte encuentra que en relación con el artículo 61 de la Ley 975 de 2005 el actor no hizo ningún desarrollo concreto que permita a la Corte establecer las razones específicas por las cuales éste considera que dicho artículo vulnera los artículos 4, 13 y 29 superiores, así como lo previsto en los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en ese orden de ideas en relación con los apartes acusados de dicho artículo no resulta posible establecer una confrontación normativa entre el texto que se ataca y las normas superiores que se invocan como vulneradas. La Corte constata igualmente que en relación con la acusación por la supuesta vulneración de los artículos 4 y 29 superiores formulada en contra de los apartes acusados de los artículos 3, 29 y 31 de la Ley 975 de 2005, el actor se limitó a afirmar de manera genérica dicha vulneración señalando para el efecto similares argumentos a los que expone en relación con la supuesta violación del principio de igualdad, pero sin hacer explícitas las razones por las cuales concretamente los apartes que acusa vulneran dichos textos superiores. Recuérdese que conforme lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corporación, para efectos de configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, es imprescindible que se expresen las razones por las cuales considera el demandante que la supuesta diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. En relación con la supuesta vulneración de los artículos 7 y 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y la afirmación que hace el actor en el sentido de que la Ley 975 de 2005 “…se contradice en sí misma, cuando advierte en su artículo 2º que la interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella deben realizarse conforme con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, cosa que (…) no acontece…” que el actor no explicitó las razones por las cuales dichos textos se vulneran. Ahora bien se debe reiterar que no bastaba enunciar la violación de las normas internacionales y en consecuencia del bloque de constitucionalidad sin precisar cuáles son los extremos concretos para este caso de confrontación entre las normas internacionales invocadas y las normas acusadas. Al actor corresponde una carga mínima para permitir el examen constitucional que no se cumple en este caso y como se ha visto tampoco se cumple en relación con los demás elementos de la acusación planteada en la demanda. En armonía con las consideraciones expuestas concluye la Corte que lo procedente en el presente caso es abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Referencia: expediente D-5966 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3°, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” Actor: Jorge Enrique Arango Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Enrique Arango presentó demanda contra los artículos 3°, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Mediante auto del siete (7) de septiembre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, a los Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, así como al Fiscal General de la Nacional y al Defensor del Pueblo para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. Así mismo ordenó invitar en este proceso a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Comisión Andina de Juristas, con el mismo fin. Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005. Se subraya lo demandado. “Ley 975 de 2005” (julio 25) “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” El Congreso de la República DECRETA: CAPITULO I Principios y definiciones (...) Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley. (...) CAPITULO V Pena alternativa (...) Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal. En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan. Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa. CAPITULO VI Régimen de la privación de la libertad (...) Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses. El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley. (...) CAPITULO XI Acuerdos Humanitarios (...) Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios. El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz. (...) III. LA DEMANDA El demandante afirma que las normas acusadas vulneran los artículos 4°, 13 y 29 de la Constitución Política. Así mismo, considera que dichas normas violan lo previsto en los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para el actor el artículo 29 acusado vulnera el derecho a la igualdad en la medida en que: “...impone a delitos atroces una pena ínfima e irrisoria a nombre de una mal llamada “paz”, sin considerar que el Estado Colombiano no puede empeñar su dignidad ni arrodillarse ante un grupo de delincuentes por más organizados y poderosos que sean (sic)...”, de forma tal que en nombre de la paz: “…se les quiere premiar a esos despreciables delincuentes, quienes han sometido a los peores crímenes a sus víctimas, como han sido la tortura, el asesinato, el secuestro, la extorsión, las violaciones, el desplazamiento forzado, el cultivo y venta de cientos de toneladas de droga, se le impone –sin misericordia alguna- una pena igual o superior a la que a estos criminales, con la ley de impunidad se les quiere imponer…”. En esos términos, explica que la Ley de alternatividad penal es un verdadero “exabrupto jurídico de la peor especie”, en la medida en que privilegia el delito pero no cualquier delito sino el peor de los delitos, esto es, el de lesa humanidad. En efecto, precisa que: “…con ésta Ley si una persona secuestra y asesina al secuestrado, se le aplicará todo el rigor si no pertenece a un grupo de criminales organizado que se acogió a la mal llamada Ley de Justicia y Paz, pues si es delincuente común pagará por su crimen cuarenta (40) largos años de su vida de prisión, pero si es del grupo de las AUC, solo cinco (5) años, y eso que se le descuenta el tiempo que estuvo comiendo, durmiendo y departiendo alegremente con sus amigos en el sitio de distensión, (sic) eso como que sí está acorde con la igualdad constitucional…”. De otra parte, advierte que el artículo 29 acusado vulnera el principio constitucional al debido proceso, toda vez que mide con diferente rasero al criminal que actúa “a motu proprio” (sic) y al que actúa organizado, cuando la conducta es igual y equiparable en todos sus aspectos, con el agravante que el llamado delincuente común no conformó un grupo permanente para cometer fechorías y poner de manera constante a la comunidad en vilo, cosa que sí realizó el criminal organizado, por lo que a la luz de los mandatos constitucionales no puede ser de recibo que se tenga ninguna clase de consideración con éste último, cuyas actuaciones por demás van en contra de los fines esenciales del Estado Colombiano. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia T-556 de 1998. Hace énfasis en que: “…en este país, la Ley no puede seguir siendo para los de ruana, quien cometió un crimen que responda con el (sic) acorde con la ley preexistente a su delito, tal y como lo advierte el artículo 29 de nuestra ley suprema, no existe razón para tratamientos especiales a tan terribles genocidas, que estando allí, en los llamados sitios de distensión, no dudaron en asesinar a un Concejal por orden de quien se encontraba ‘rebajando pena’ según la precitada Ley, todo es absurdo e inaudito…”. En ese orden de ideas, a su juicio: “…No es posible, que de manera cínica se pretenda, sin más ni más, violentar el imperio de la ley, teniendo como argumento falaz ‘La Paz’, cuando la única paz que éstos criminales han generado en nuestro país es la paz de las ‘tumbas’ con su única herencia de muerte, destrucción y dolor, hoy mientras sus víctimas recorren las calles de pueblos y ciudades, debido al desplazamiento de que han sido víctimas, por los hoy beneficiados por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de julio 25 de 2005), mendigando un alimento, los criminales organizados al margen de la ley son tratados con ‘guante de seda’, en donde ellos imponen las condiciones al Estado, y señalan si aceptan o no las irrisorias penas por crímenes de lesa humanidad, y además se les otorga un subsidio de desempleo, se les brinda protección y alojamiento, sus víctimas, los desplazados lloran su desgracia en nuestras calles (sic) y soportan el desprecio y las inclemencias del tiempo (sic), aquí, en nuestro país, parece que para ser oído y respetado, debe ser uno el peor de los criminales, cabecilla de un frente, para que el Estado te trate como un neoprocer de la Nación Colombiana…”. Para el actor, además las normas acusadas desconocen el campo de interpretación y aplicación de las mismas, tal y como quedó establecido en el artículo 2º de la Ley 975 de 2005, e igualmente vulneran lo previsto en los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la medida en que los delincuentes comunes no organizados a pesar de incurrir en el mismo delito, que los “criminales organizados”, tengan unas condenas superlativamente mayores que éstos, de suerte que cabe preguntarse ¿qué igualdad ante la Ley es esa?, pues los delincuentes comunes son discriminados por no poseer la infraestructura criminal que sí poseen los grupos armados, desconociendo con esa normatividad de “guante de seda”, lo previsto en el Código Penal en el Título de los “Delitos contra la Seguridad Pública” (arts. 340 al 346 de la Ley 599 de 2000). Reitera que es evidente que al dar aplicación a lo previsto en las normas acusadas: “…no se dará el mismo tratamiento a las anomias sociales que han decidido atacar al tejido social, cuando el daño, de los denominados por la Ley 975/05 es muy superior al de los ‘organizados’ que el de los delincuentes comunes, estando los ‘organizados’ incursos en un mayor número de crímenes de mayor envergadura, como que son crímenes de ‘Lesa Humanidad’, además de que su infraestructura criminal es por sí misma –y según el ordenamiento penal sustancial- un nuevo y autónomo delito que agravaría más la condena, en caso de que fueran tratados por igual, lo que no acontece con la aplicación de la ‘famosa’ alternatividad penal, que no es otra cosa que la política de la impunidad, y lo que se está generando con ésta, es que se legalicen los patrimonios mal habidos y queden en la más absoluta impunidad los crímenes cometidos por estas organizaciones, pues ¿qué son cinco (5) años de reclusión para alguien que ha matado, violado, extorsionado, cultivado y comercializado drogas, mutilado, torturado, decapitado, desaparecido, expulsado de sus tierras a los pobres campesinos…”. En ese entendido, a su juicio la justicia y la equidad son solamente sinónimos de impunidad cuando no se castiga acorde con el daño cometido a quien lo profirió, pues qué es la justicia sino dar a cada quien lo suyo?, esto es, quien cometió terribles crímenes debe ser sometido a una pena acorde con la bajeza de su crimen. Por otra parte, señala que el artículo 29 acusado vulnera el mandato al debido proceso, puesto que establece que la Sala competente del Tribunal Superior del Distrito Judicial será quien determine la pena a imponer incluyendo la pena alternativa que no podrá superar los ocho (8) años, cuando el Código Penal establece claramente las penas a imponer y el funcionario competente para conocer de los delitos: “…por qué entonces se violenta el ordenamiento para dotar de garantías especiales a estos delincuentes…”, desconociendo el factor de la competencia que constituye un elemento esencial en la legalidad del proceso. Igualmente, considera que los artículos 29 y 31 acusados vulneran el artículo 4º de la Constitución Política, toda vez que: “…desconocen el ordenamiento supremo para implantar unos procedimientos especiales, con cambio –incluso- de funcionarios competentes, para favorecer a quienes ‘organizados’ como empresa criminal han venido poniendo en jaque al pueblo colombiano y sus instituciones, y que hoy por sus múltiples delitos de gran y horrorosa factura, se les crea una Ley para legalizarles en su situación, pasando por encima –inclusive- de las leyes vigentes, preexistentes al punible o punibles investigados. Es que es muy claro, por la naturaleza de los hechos o conductas punibles se señala al Juez Competente, en este caso un Juez de la Justicia Especializada es el que debe conocer y aplicar sin consideración alguna todo el peso de la Ley, en contra de quien nunca dudó en inflingirla de manera grave y despiadada, sin tener consideraciones con ancianos, niños y mujeres desamparadas, ¿por qué ahora tener consideraciones para con ellos?, eso sería empeñar la dignidad y la justicia de un país…”. Finalmente, afirma que la Ley 975 de 2005: “…se contradice en sí misma, cuando advierte en su artículo 2º que la interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella deben realizarse conforme con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, cosa que (…) no acontece, así pues, de lo consagrado como principio rector de la propia Ley 975 de 2005, resulta imperioso, dejar sin efectos los (…) artículos 3º, 29, 31 y 61…”. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio referido, actuando a través de la señora Viceministra de Justicia, interviene en el presente proceso y solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos 3°, 29 y 31 de la Ley 975 de 2005, y declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 61 por cuanto el actor no formuló acusación concreta contra dicha norma; sin embargo, en el evento en que se decida ejercer sobre ésta última el correspondiente control constitucional debe ser declarada exequible. Lo anterior, con base en las razones que a continuación se sintetizan. La interviniente considera que el demandante en la formulación de sus cargos desconoce que el tratamiento previsto en la Ley 975 de 2005 es el resultado de un desarrollo armónico de los derechos constitucionales a la paz y la justicia, y bajo tal contexto establece una serie de regulaciones que por diferenciales que sean no reflejan discriminación alguna. En esos términos, considera que: “...con una interpretación subjetiva y errónea de la ley, argumenta el demandante que se favorece la delincuencia organizada vulnerando con ello el principio de igualdad. Contrariamente a tal apreciación, el Legislador dentro de su facultad de configuración y de determinación de la Política Criminal, con la Ley 975/05 no hizo otra cosa que efectivizar valores y principios con supremacía constitucional con miras a consolidar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo que permita materializar el respeto a la vida y a la dignidad humana y el ejercicio real de los derechos constitucionales por parte de la población. La circunstancia de que la ley se aplique a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos no indultables cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, atiende precisamente a la particular capacidad de estas organizaciones de causar un daño tal a la sociedad que erosiona las mínimas bases de la convivencia pacífica y el goce de los más elementales derechos fundamentales...”. De otra parte, explica que si bien el sufrimiento ocasionado por los actos de los grupos al margen de la Ley es inconmensurable cobrando innumerables vidas, masacres, población desplazada, secuestros, extorsiones, afectación de la capacidad económica de la población, sin contar con los costos marginales adicionales por la necesidad de asignar considerables recursos estatales para impedir la extensión de su actuar: “... No se trata como lo pretende el actor, de privilegiar los actos atroces cometidos por estos grupos bajo la consigna que a mayor daño ocasionado por el hecho punible más posibilidades de obtener beneficios, sino de un medio para alcanzar un fin legítimo tendiente a evitarle a la sociedad enormes sufrimientos futuros ocasionados por los atentados de estas poderosas organizaciones...”. Considera, entonces, que lo previsto en las normas acusadas se erige como un medio eficiente para propiciar la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados organizados al margen de la ley, facilitando los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de sus miembros, garantizando en todo caso los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En ese entendido, advierte que el trato legal diferente dado a los grupos armados al margen de la ley, obedece al origen y forma de operar de los miembros integrantes de los mismos, los cuales sin lugar a dudas poseen un mayor y más negativo impacto social, sin que ello implique que dicha diferenciación sea arbitraria o injusta pues precisamente reconoce la proporcionalidad rigurosa de la pena en casos de anormalidad, de prevalencia de intereses de todos los colombianos frente a la posibilidad de la convivencia pacífica, la reinserción apunta a garantizar la paz de todos los ciudadanos y construir un entorno justo y pacífico. Así mismo, precisa que el espíritu de la Ley 975 de 2005 a diferencia de la tradición de procesos de paz anteriores basados exclusivamente en el perdón y el olvido, es el de facilitar los procesos de paz y reinserción a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley articulándolos con la aplicación de la justicia precisamente respecto de aquellos hechos punibles que por su especial carácter lesivo no son objeto de amnistía o indulto de conformidad con el marco legal hasta ahora vigente. En ese sentido, recuerda que la razón que motivó la expedición de la Ley 975 de 2005 fue la perentoria necesidad de complementar las disposiciones establecidas en la Ley 782 de 2002 llenando así un vacío jurídico con relación a los miembros de grupos armados ilegales que estando comprometidos en delitos no indultables avancen de manera seria por los senderos de la paz, por consiguiente: “...No hay lugar a la impunidad, toda vez que por no tratarse de una ley de perdón y olvido todos los delitos deben ser investigados y condenados, los delincuentes sancionados y las víctimas reparadas. No hay prescripción por delitos no confesados. En comparación con procesos de paz recientes en otras partes del mundo, esta ley incorpora los estándares internacionales más altos en el campo de la justicia, exigiéndose entre otros la versión tendiente a la confesión y un tiempo mínimo de pena privativa de la libertad como presupuesto para acceder a los beneficios jurídicos, conservando en todo caso el Estado toda su capacidad de investigación, juzgamiento y sanción...”. Igualmente, aduce que el Congreso de la República goza de un margen de configuración política tanto para definir cuáles son los comportamientos humanos que merecen reproche penal, señalando la respectiva sanción, así como para diseñar los procedimientos que conduzcan a establecer la verdad de los hechos, la responsabilidad de quienes resulten involucrados en la comisión de la conducta delictiva y los derechos de las víctimas. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-531 de 1993. La interviniente, explica además que el tratamiento previsto en la Ley 975 de 2005 debe analizarse como parte del contexto de la justicia transicional que propugna dentro del contexto histórico actual por superar la violencia ocasionada por los grupos armados al margen de la ley, por tanto se trata de encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre la justicia y la paz que permita satisfacer los intereses de la primera al tiempo que avanza de manera efectiva en la superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento han causado al país, es por ello que: “...el carácter de transición de lo dispuesto en la ley se justifica dentro del actual proceso de paz que se adelanta con estos grupos, estableciendo en todo caso derroteros claros que suponen una contribución certera en el cese de las estructuras de violencia. A esta ley sólo podrán acogerse quienes hayan demostrado su voluntad de paz y solo respecto de los hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal y con anterioridad a la promulgación de la presente normatividad...”. En ese orden de ideas, señala que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 no pueden volver a delinquir los miembros de grupos armados y organizados al margen de la ley que a ella se acojan, so pena de quedar fuera de los efectos jurídicos de ésta, sin perjuicio de mantener abierta la oportunidad de desmovilizarse tanto para grupo de guerrillas como de autodefensas a fin de que se acojan a un proceso de reconciliación nacional que tanto desean los colombianos en general. A juicio de la interviniente, el contenido integral de la Ley 975 de 2005, se encuentra estructurado en torno a los ejes de verdad, justicia y reparación, dando especial importancia al derecho de las víctimas, de forma tal que solo después de satisfacer los requerimientos de la justicia en lo que tiene que ver con verdad y reparación integral de las víctimas, se puede pensar en conceder beneficios a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y contribuido, mediante su actuación directa, al desmantelamiento de dichas organizaciones criminales, especialmente si se considera que la adopción de medidas de excepción que bajo un marco de justicia propendan por el logro de la paz son reconocidas como legítimas en el concierto internacional. Hace énfasis en que: “...Bajo el presupuesto de satisfacción de condiciones de verdad, justicia y reparación, de manera democrática y acorde con la evaluación del contexto histórico, social y económico consideró necesario el Legislador ofrecer a las personas que muestren propósito de enmienda y actitud de rectificación y previo el cumplimiento de estrictos requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 de la ley, un camino para su reincorporación a la sociedad, gozando de un beneficio jurídico compatible con su colaboración para la recuperación institucional y la consolidación de la paz. Dicho beneficio consiste en la oportunidad de gozar de la suspensión condicional de la pena una vez purgado un periodo básico de privación efectiva de la libertad, y haber cumplido los compromisos impuestos por los jueces en términos de reparación, buen comportamiento y penas accesorias...”, en ese sentido, no se puede considerar que la posibilidad de acceder a la pena alternativa constituya un trato discriminatorio e injustificado, pues como ya se dijo la racionalidad y proporcionalidad de la pena debe analizarse bajo el contexto de la justicia transicional necesaria para alcanzar la paz como presupuesto indispensable para la consolidación del Estado Social de Derecho y es por esa razón que lejos de implicar la impunidad el establecimiento de la pena alternativa aumenta la probabilidad de que los delitos atroces cometidos por esos grupos no queden impunes y se proteja a la sociedad evitándoles males mayores. Como fundamento de sus aseveraciones cita apartes de las sentencias C-070 de 1996, C-013 de 1997 y C-843 de 1999. Por otra parte, explica que al aplicar lo establecido en la jurisprudencia constitucional en materia del test de igualdad al caso de la Ley 975 de 2005, se encuentra lo siguiente: i) el objetivo de los beneficios y procedimientos establecidos en la Ley 975 de 2005 fue plasmado por el Legislador en el artículo 1° de la misma, esto es la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de forma tal que se cumple con el primer presupuesto del test relativo a la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento de trato desigual, ii) el objetivo perseguido por la Ley 975 de 2005 es válido plenamente a la luz de los mandatos de la Constitución Política, toda vez que los beneficios y procedimientos que prevé la aludida Ley, recogen el clamor de paz y reconciliación y su armonía con la Constitución Política se apoya entonces en una razón teleológica pues la norma se inscribe en el propósito de propender al logro del mantenimiento de la paz que constituye uno de los deberes de las autoridades públicas, especialmente si se considera que en diversos artículos de la Constitución Política, entre otros, los artículos 2°, 22, 67, 95-4 y 5, se puede apreciar la voluntad de paz del Constituyente de 1991 e incluso formuló la consecución de la paz como el objetivo central del Estado Social de Derecho . Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-047 y C-048 de 2001, y iii) existe una relación de proporcionalidad entre el trato desigual y el fin perseguido en la Ley 975 de 2005, puesto que los beneficios allí establecidos están sujetos a condiciones que se orientan al logro de la eficacia de la administración de justicia, en tanto la colaboración que se demanda de los beneficiarios busca de una parte someter a la Ley y a las autoridades aquellos delincuentes que tienen una mayor capacidad para desestabilizar a la sociedad, y de otra preservar el derecho de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación, tal como quedó debidamente plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley No. 211 de 2005 –Senado-, además el Legislador se encontraba plenamente facultado para fijar en el caso de los grupos armados organizados al margen de la ley una política criminal diferente a la que se aplica a otras categorías de delincuentes donde se otorgue a aquellos bajo ciertas condiciones los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005 sin que con dicha decisión se quebranten los principios de igualdad y de dignidad. Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-530 y C-565 de 1993 Hace énfasis entonces en que el trato diferencial establecido en las normas acusadas, encuentra sustento en una justificación objetiva y razonable que cumple con el principio de razonabilidad, dado que existe una adecuación entre la medida adoptada y los fines perseguidos por ésta, que no es otra que lograr la desmovilización de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, especialmente si se considera que: “... la medida adoptada es resultado de un análisis previo entre los medios empleados y el fin de la medida adoptada. Es decir, en este caso concreto el trato diferente que se establece tiene fundamento en un supuesto de hecho real y concreto –la existencia de grupos armados organizados al margen de la ley cuyas actuaciones afectan la convivencia pacífica-, (sic) dirigido a obtener racionalmente una finalidad –lograr la desmovilización de los miembros de grupos organizados al margen de la ley y su reinserción social- constitucionalmente admisible con una consecuencia jurídica ajustada al principio de proporcionalidad –protección del valor superior de la justicia, de los derechos de las víctimas y aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo-...”. Como fundamento de sus aseveraciones cita la sentencia C-213 de 1994 y lo establecido en el artículo 1° de la Ley 434 de 1998 que hace alusión a que la política de paz es una política de Estado. De otra parte, considera el actor parte de una errónea interpretación de lo dispuesto en el artículo 29 acusado, cuando afirma que en la Ley de Justicia y Paz se establecen las penas mínimas para los autores de delitos atroces, puesto que los artículos 3° y 29 de la Ley 975 de 2005 disponen que la Sala competente del Tribunal Superior del Distrito Judicial impondrá inicialmente en la sentencia la pena que corresponda por los delitos cometidos de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Penal, la que será reemplazada en la misma providencia por la pena alternativa prevista en la ley a condición de que el beneficiado cumpla los requisitos previamente establecidos en la norma y contribuya a conseguir la paz nacional, colabore con la justicia, repare a las víctimas y a su adecuada resocialización. Así mismo, destaca que el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 prevé que en el fallo se fijarán la pena principal y accesorias, y se incluirán adicionalmente la pena alternativa, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas así como la extinción de dominio de los bienes destinados a la reparación, de forma tal que es claro que: “...en el caso que nos ocupa, se impone en la sentencia la pena consagrada en las normas penales y se suspende la ejecución de la misma, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización...”. En ese entendido, señala que el establecimiento de las disposiciones antes referidas tiene por finalidad suspender la ejecución de la condena por un periodo de tiempo, siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, decisión que fue adoptada por el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración, tomando en consideración valores superiores como la justicia, la paz, principios fundamentales como la prevalencia del interés general y fines esenciales como el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y es por esa razón que: “...La decisión judicial en estos casos no recae sobre la sanción en cuanto tal, que se impuso, con la plenitud de las garantías procesales, a un sujeto que infringió el ordenamiento penal, sino sobre la ejecución de la misma y tiene, en ese ámbito, un carácter provisional, mientras se mantenga en el juez la convicción según la cual el condenado no solo ha contribuido a la consecución de la paz nacional, colaborando con la justicia, y contribuido a la reparación a las víctimas sino que se encuentra en proceso de una adecuada resocialización...”. Igualmente, considera la interviniente que contrario a lo afirmado por el demandante al otorgar beneficios por colaboración con la justicia aumenta la probabilidad de que los autores de conductas punibles que amenazan en forma grave la sociedad y el Estado queden impunes, además, a las penas alternativas previstas en el artículo 29 acusado en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios o rebajas complementarias acorde con lo estipulado en el parágrafo, penas que de conformidad con lo establecido en el artículo 30 se purgarán en el respectivo establecimiento de reclusión que determine el Gobierno Nacional y bajo las condiciones de seguridad y austeridad propios de las penitenciarias administradas por el INPEC, así: “...en el caso de las personas condenadas por delitos comunes se les imponen las penas previstas en el Código Penal, pero a diferencia de la pena alternativa, éstos si tienen derecho a los subrogados penales y las rebajas de penas por colaboración con la justicia contempladas en la ley procesal penal...”. Aclara además que el artículo 29 acusado establece la figura de la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa que se concederá una vez se haya cumplido ésta y la condiciones impuestas en la sentencia, lapso durante el cual se obliga a cumplir compromisos, como no reincidir en los delitos, presentarse periódicamente ante el Tribunal e informar el cambio de residencia, de forma tal que si cumple las obligaciones pasado el periodo de prueba se declarará extinguida la pena principal y en caso de que no se cumplan los compromisos adquiridos, la autoridad judicial revocará la libertad a prueba y la persona perderá los beneficios que le habían sido otorgados por la Ley de Justicia y Paz, deberá cumplir la pena inicialmente determinada prevista en el Código Penal evento en el cual podrá acceder a los subrogados previstos en la Ley 599 de 2000, adicionalmente: “...la ley establece como requisito esencial para acceder a los beneficios previstos en ella la reparación integral a las víctimas por parte de los desmovilizados a través de medidas como la restitución, la indemnización, rehabilitación y satisfacción, tal como se establece en los artículos 43 y siguientes. Se disponen también formas de reparación simbólica como la solicitud pública y expresa de perdón a las víctimas y la adopción de medidas de no repetición...”. Señala que no tiene razón el actor cuando afirma que las penas impuestas a los delincuentes comunes son mayores que a las que pueden acceder a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, debe recordarse que la Ley 600 de 2000 prevé varias figuras cuya aplicación reduce en forma ostensible la privación efectiva de la libertad: “...En efecto, el artículo 40 Ibídem establece que el sindicado podrá acogerse a sentencia anticipada por lo cual recibirá una reducción de la pena de una tercera parte por haber aceptado los cargos, también el artículo 283 del mismo Estatuto consagra que quien fuera de los casos de flagrancia durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare su autoría o participación en la conducta punible que se investiga, en caso de condena, se le reducirá la pena en una sexta (1/6) parte, (...) el artículo 413 Ibídem dispone que podrán acordarse, acumulativamente y en razón del grado de colaboración eficaz con la justicia, una disminución de una sexta (1/6) hasta una cuarta (1/4) parte de la pena que corresponda al sindicado en la sentencia condenatoria, sustitución de la prisión por prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional en los términos previstos en el Código Penal e incorporación al programa de protección de víctimas y testigos...”. Precisa igualmente que la Ley 906 de 2004 también establece algunos beneficios para los delincuentes comunes, reduciendo la pena a través de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado y aplicación del principio de oportunidad cuando haya colaboración con la justicia, verbigracia, en el artículo 351 se estipula que la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta la mitad de la pena imponible, por su parte el artículo 352 prevé que la pena imponible se reducirá a una tercera parte cuando los preacuerdos se realicen presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad. De otra parte, aclara que: “...a diferencia de las personas a quienes va dirigida la Ley 975 de 2005, los delincuentes comunes pueden acceder a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad –suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicional- consagrados en los artículos 63 y 64 del Código Penal, modificados por los artículos 4° y 5° de la Ley 890 de 2005, cuando cumplan los requisitos establecidos en dichos preceptos. Además, pueden beneficiarse de la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, preceptuada en los artículos 82, 97 y 98 de la Ley 65 de 1993 –Código Penitenciario y Carcelario-, donde se estipula que a los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo, estudio o enseñanza...”. Aduce además que la pena alternativa prevista en la Ley 975 de 2005 no está sujeta a ninguna clase de rebaja o beneficio y en cambio, en el sistema acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal-, una pena así sea muy alta al ser impuesta por efectos de los beneficios allí establecidos como el establecido en el artículo 351 y por redención de pena puede quedar convertida en una pena equivalente a la cuarta parte de la pena impuesta, de suerte que no habría mucha diferencia entre los 8 años previstos en la Ley de Justicia y Paz y los 10 años a los que terminaría reducida la pena en el caso del sistema acusatorio, y como ya se dijo para que en el marco de la Ley de Justicia y Paz se tenga acceso a la pena alternativa de 5 a 8 años entendida como un beneficio legal, los desmovilizados deben cumplir con unos requisitos muy exigentes en lo que tiene que ver con el marco de la justicia restaurativa y sólo al cumplir con ese marco muy diferente por demás al previsto para los delincuentes comunes se les permitirá acceder a la aludida pena alternativa. En ese orden de ideas, señala que las normas acusadas tampoco vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en la medida en que no están fijando trato discriminatorio alguno puesto que a los delincuentes comunes y a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, se les está garantizando su derecho a ser oídos públicamente y con justicia por los órganos judiciales competentes, independientes e imparciales para la determinación de sus derechos y obligaciones con plena observancia del principio de legalidad garantizándose la seguridad jurídica ya que tienen pleno conocimiento de cual es su juez natural, el procedimiento y las penas que se aplicarán, además ninguna de las normas acusadas impide la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos con el fin de obstruir el esclarecimiento de la verdad. A juicio de la interviniente, con la Ley 975 de 2005 se busca que la igualdad sea real y efectiva de acuerdo con las políticas que el Estado diseña y ejecuta al respecto teniendo en cuenta las diferencias que de hecho se presentan entre las personas y los grupos de personas y considerando la relevancia de las mismas, especialmente si se considera que en su texto se encuentran previstos los parámetros mínimos necesarios para que Colombia satisfaga sus compromisos con la comunidad internacional, que se encuentran en los diferentes instrumentos internacionales, además de considerar entre otros documentos, las normas, principios y jurisprudencia constitucional, adicionalmente la citada Ley incorpora instrumentos que permiten investigar, juzgar y sancionar a los responsables de infringir las normas penales, así como los elementos eficaces para garantizar la reparación a las víctimas y la satisfacción del derecho a la verdad en todos los casos. En efecto, señala que: “...Una de las principales herramientas de política criminal para perseguir los bienes obtenidos durante la permanencia de las personas que se desmovilicen, cuya utilización se contempla en la Ley 975 de 2005, es la acción de extinción de dominio, regulada en la Ley 793 de 2002, la cual se aplicará tanto a los bienes que entreguen los desmovilizados para reparar los daños ocasionados con el delito como lo dispone el artículo 24 de la Ley de Justicia y Paz, como también a los que oculten y provengan de sus actividades ilícitas o sean producto de las mismas, lo cual desvirtúa la afirmación del actor de que se genere legalización de patrimonios mal habidos...”. De otra parte, destaca que la Ley 975 de 2005 respeta el principio constitucional del debido proceso, toda vez que el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración política cuenta con el margen que le otorga la Constitución Política para fijar las competencias y procedimientos especiales para la investigación y el juzgamiento de algunos delitos así como para la imposición de las penas de acuerdo con la realidad social que se presente en determinado momento histórico. Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-111 de 2000 y C-429 de 2001. En esos términos, considera que: “...la competencia atribuida por el Legislador a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para juzgar a las personas contempladas en la Ley de Justicia y paz, guarda total concordancia con los mandatos y postulados de la Carta Política, en la medida en que el juez y los procedimientos están previamente establecidos, por lo que tales medidas de carácter procedimental resultan ajustados a las disposiciones contenidas en el artículo 29 constitucional. Adicionalmente, es de anotar que la medida guarda coherencia con la política criminal adelantada por el Estado, ya que establece un juez plural cuyos integrantes poseen una mejor preparación y mayor experiencia como administradores de justicia, lo cual brinda mayor eficiencia a la administración de justicia...”, de forma tal que con la Ley 975 de 2005 no se está creando un órgano nuevo de juzgamiento pues el Tribunal Superior de Distrito Judicial ya se encuentra establecido y hace parte de la jurisdicción ordinaria como lo prevé el artículo 116 de la Constitución Política y los artículos 11 y 85 de la Ley 270 de 1996. Aduce entonces que el órgano legislativo de conformidad con las facultades constitucionales de la cuales se encuentra revestido, con fundamento en importantes razones de política criminal y con el propósito de lograr la convivencia pacífica, decidió en el artículo 25 de la Ley 795 de 2005 ampliar la competencia de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos previstos en dicha norma, medida que por demás fue tomada teniendo en cuenta que el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para crear, reubicar, distribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las Salas de éstos y los juzgados cuando así se requiera para que la justicia sea más pronta y eficaz, sin que para adscribir esa nueva competencia sea necesario modificar la Constitución o acudir a una Ley Estatutaria. Como fundamento de sus aseveraciones cita apartes de las sentencias C-208 de 1993 y C-392 de 2002. Reitera que las funciones previstas en la Ley de Justicia y Paz y asignadas a la Sala de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial se ajustan a lo previsto en el artículo 29 superior, así como a lo dispuesto en los artículos 14-1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y 8-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en efecto: “... el procedimiento abreviado que consagra la Ley 975 de 2005 responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le da derecho a los beneficios en los términos previstos en la citada Ley...”. Por otra parte, advierte que en relación con las acusaciones formuladas contra el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, no es cierto que éste vulnere norma superior alguna puesto que las zonas de concentración se han creado y crearán por el Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 782 de 2002, como medida para adelantar las conversaciones, realizar las desmovilizaciones y entregar las armas, además como es de conocimiento general dichas zonas son controladas por la fuerza pública que establece anillos de seguridad para proteger la integridad de los desmovilizados y en las cuales se vigila las actividades que allí se realizan e igualmente se impide que sin la autorización de las autoridades competentes los desmovilizados abandonen el área, de forma tal que en tales zonas de concentración se asegura la presencia de las instituciones democráticas y su pleno funcionamiento contribuyendo con ello a la legitimidad del Estado. En esos términos, explica que las simples conjeturas que hace el actor en relación con el artículo 31 acusado especialmente si no están acompañadas de prueba alguna no son admisibles en sede constitucional, puesto que: “...la sola creencia del actor sobre las condiciones en que se encuentran las personas en las zonas de ubicación, no prueba que el Legislador incurrió en un despropósito y vulneró la Carta Política con la norma acusada...”, de suerte que: “...no le asiste razón al actor cuando afirma que los desmovilizados podrán circular sin ninguna restricción y continuar cometiendo delitos, porque como antes se anotó del control de la zona de concentración se encarga la Fuerza Pública y por tanto los movimientos y actuaciones en dicha área de las personas que se someten a la ley es vigilada y supervisada estrechamente por las autoridades, hasta tal punto que los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley no pueden abandonar dicha zona sin el correspondiente permiso del Gobierno Nacional. Pero además de lo anterior y conforme con la regulación establecida al respecto por la Ley 782 de 2002, allí hacen presencia institucional los fiscales, los jueces, los organismos de policía judicial y otras autoridades del Estado, Contrario a lo manifestado por el demandante en las zonas de concentración los desmovilizados tienen sus movimientos restringidos y sus actuaciones controladas, razón por la cual fue voluntad del Legislador disponer que el tiempo que los grupos armados organizados al margen de la ley hayan permanecido en dicho lugar se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, limitando dicho lapso a dieciocho meses...”. En ese orden de ideas, aclara que a pesar de que en dichas zonas de concentración no existen las condiciones de austeridad de un centro de reclusión normal, las personas allí concentradas sí están sometidas a las restricciones propias de la figura antes descrita, y es por esa razón que el Legislador consideró que el tiempo que permanecieran allí adelantando las conversaciones se computaría como tiempo de ejecución de la pena alternativa, lo que encuentra plena justificación pues la finalidad que se persigue no es otra que facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la sociedad de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas tal como lo prevé el artículo 1° de la Ley 975 de 2005. Por otra parte, precisa que como ya lo ha establecido la Corte Constitucional en variada jurisprudencia, la Constitución Política ha señalado con claridad que compete al Legislador y no al Juez Constitucional establecer los delitos, por ende éste último debe evitar la elaboración de la política criminal pues es una función que no le corresponde, así mismo, el señalamiento de una conducta como delito y su consecuente punición, es un asunto que compromete el interés general al propio tiempo que limita los derechos de las personas y compromete especialmente la libertad personal. Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-531 de 1993, C-475 de 1997 y C-198 de 2002. La interviniente considera que en relación con el artículo 61 acusado el actor no formuló de manera precisa ninguna acusación de inconstitucionalidad contra dicha norma, razón por la cual solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. No obstante, afirma que en el evento en que se decida ejercer sobre dicha norma el correspondiente control constitucional debe ser declarada exequible, toda vez que ésta encuentra sustento en el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política, disposición que faculta al Presidente en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa para conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo en donde fuere turbado, dicho mandato constitucional fue desarrollado en el artículo 4º de la Ley 782 de 2002 que modificó el artículo 10 de la Ley 418 de 1997 normas que señalan: “…la obligación del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la paz de acuerdo con los artículos 2º, 22, 93 y 189 constitucionales, habida consideración de la situación de orden público del país y la amenaza contra la población civil y las instituciones democráticas. Esta norma busca dinamizar la celebración de acuerdos humanitarios, en los cuales se tenga presente la realidad del país y que busquen proteger tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública y de los grupos armados organizados al margen de la ley y se constituye en medida de gran importancia para la estructuración de una política de paz permanente…”. Concluye que los artículos acusados deben ser interpretados en forma sistemática y armónica con las demás disposiciones de la Ley 975 de 2005 y no en forma aislada como lo hace el actor, puesto que la convivencia pacífica es un fin esencial del Estado y la naturaleza de la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento le brinda suficiente sustento constitucional a los beneficios autorizados en dichas normas acusadas. 2. Ministerio de Defensa Nacional El Ministerio referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las normas acusadas por ineptitud sustantiva de la demanda, y en su defecto que declare la exequibilidad de las mismas, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación. Advierte el interviniente que el actor no formuló con exactitud en el texto de la demanda las acusaciones de inconstitucionalidad contra las normas demandadas de forma tal que: “...el razonamiento expresado en el concepto de violación frente a las presuntas normas constitucionales vulneradas es disperso, inexacto y vago...”. En efecto, afirma el demandante que se vulneran los artículos 4° y 13 de la Constitución Política sin enunciar un cargo concreto de inconstitucionalidad y además utilizando como sustento de violación el mismo argumento frente a dichas normas superiores. Como fundamento de sus aseveraciones, cita entre otras las sentencias C-504 de 1995, C-479 de 1998, C-113 y C-1544 de 2000, C-142, C-362 y C-898 de 2001. Recuerda que el 23 de octubre de 2003 el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley Estatutaria No. 85 –Senado- conocido como Ley de Alternatividad Penal, poco tiempo después el 15 de enero de 2004 se instalaron en el Congreso las audiencias públicas de concertación para superar el fenómeno del paramilitarismo-autodefensa convocadas por la Comisión de Paz y del Senado y por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, en dichas audiencias se escucharon distintas perspectivas sobre el fenómeno paramilitar y en particular sobre los aciertos y desaciertos del proyecto de ley presentado por el Gobierno. Advierte que el citado proyecto de ley se elaboró con el ánimo de lograr la mayor concertación posible en torno al marco jurídico que debía guiar la negociación con los grupos armados al margen de la ley, considerando que la totalidad de las experiencias comparadas de la última década muestran cómo el tratamiento jurídico para quienes han cometido de manera sistemática y masiva, los más graves crímenes es un asunto que no se resuelve con la expedición de un marco jurídico legal. En ese entendido, indica que: “...ese marco, si bien fue necesario, resultaba insuficiente para saldar el tema, pues constituía sólo el primer paso de un largo y difícil proceso cuya sostenibilidad en el tiempo dependía de la legitimidad y el consenso democrático que lo soportara. Como lo analizaron en su momento importantes analistas (...) Por lo anterior, se consideró que el diseño y ejecución de lo que podría denominarse medidas de justicia transicional, debía ser participativo, en la búsqueda de consensos y contar con apoyos internacionales, en especial de la ONU y la Comisión Interamericana, que no solamente fortalecieran el proceso políticamente sino que además brindaran asesoría técnica en ciertos aspectos. Por las razones anotadas, para la elaboración del proyecto se tuvieron en cuenta importantes aportaciones de todos los sectores en las audiencias públicas celebradas por el Congreso y la Oficina del Alto Comisionado de Paz así como los aportes que hicieran el Gobierno Nacional y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos...”. Explica que el objetivo central del proyecto de ley que hoy es la Ley 975 de 2005 era el de promover la reconciliación nacional y el Estado de Derecho, mediante la creación de un marco jurídico que permitiera el desmonte efectivo de los grupos armados al margen de la ley que tuvieren la voluntad de paz, de forma tal que no se trató simplemente de solucionar problemas jurídicos de los integrantes de esos grupos o definir el adecuado castigo por sus crímenes, ni tampoco de limitarse a proponer el reemplazo de una seguridad privada por una pública en zonas rurales ni un asunto que asegure la adecuada desmovilización de los reinsertados, pues todo ello...