Sentencia C-1236 de 2005

C-1236-05 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-1236/05 OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Concepto OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuesto para admisión DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuestos para que prospere INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Presupuestos de la argumentación DERECHOS DE AUTOR-Titulares DECISION ANDINA 351 DE 1993-Titulares de los derechos de autor DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS MUSICALES-No diferenciación entre titulares de derechos primarios y derivados en asuntos relativos a comprobantes de pago SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Finalidad SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Naturaleza SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Atribuciones SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Función y contenido patrimonial DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Concepto DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Concepto según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Se inscribe dentro de la regulación contenida en la Constitución económica SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Sujetos pasivos de la intervención del Estado SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-No son las únicas formas para gestionar los derechos patrimoniales INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Falta de certeza en los cargos Referencia: expediente D-5825 Actor: Jorge Alonso Garrido Abad Demanda de inconstitucionalidad contra el literal C del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 y el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil cinco (2005) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad demandó el literal C del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”. Mediante Auto de quince (15) de junio de dos mil cinco (2005), la Corte Constitucional inadmitió la demanda de la referencia. Durante el término de ejecutoria el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad presentó escrito de corrección de la demanda. Mediante Auto del veintisiete (27) de junio de dos mi cinco (2005), la Corte admitió la demanda precisando que: Si bien la aclaración de la demanda no es completa respecto de lo anotado en el auto inadmisorio de la demanda en razón al principio pro actione se procederá a admitir la demanda sin perjuicio de lo que decida la Sala Plena de la Corte Constitucional.[1] Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcriben los artículos 2 de la Ley 232 de 1995 y 25 de la Ley 44 de 1993 subrayando los apartes demandados en el presente proceso: LEY 232 DE 1995 (diciembre 26) Diario Oficial No. 42.162, de 26 de diciembre de 1995 ARTÍCULO 2°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva; b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, se les exigirán los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias[2]; d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. LEY 44 DE 1993 (febrero 5) Diario Oficial No. 40.740, de 5 de febrero de 1993 ARTÍCULO 25. Solamente podrán tenerse como sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, y ejercer las atribuciones que la ley señale, las constituidas y reconocidas conforme a las disposiciones de la misma. III. LA DEMANDA El ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad presentó demanda de inconstitucionalidad contra el literal C del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 y contra la expresión “y ejercer las atribuciones que la ley señale,” contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993. El demandante considera que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 vulnera los artículos 13, 38, 61 y 93 de la Constitución y que el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993 vulnera los artículos 13, 58 y 333 de la Constitución. 1. Cargos presentados contra el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995. El demandante considera que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 incurre en una omisión legislativa relativa, ya que "ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional y legal" y según su apreciación esto conduce a una violación al derecho a la igualdad. Dicha violación es sustentada ya que, en el sentir del demandante, la norma excluye a los titulares derivados de una obra musical "privándolos injustamente de explotar económicamente el derecho o los derechos que han adquirido sobre la obra musical"[3]. Igualmente, el demandante indica que la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 9 dispone la posibilidad de que una persona natural o jurídica distinta del autor, pueda ostentar la calidad de titular de derechos patrimoniales de autor. El demandante señaló que la norma acusada hace referencia a un requisito de funcionamiento en el que los alcaldes deben exigir a los establecimientos comerciales, dentro de los cuales se ejecutan públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, la presentación del comprobante de pago de tales derechos, expedidos por las autoridades legalmente reconocidas. El alcance de la expresión "autoridades legalmente reconocidas", contenida en la norma acusada, fue definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-509 de 2004. Dicha sentencia declaró la exequibilidad de la expresión en el entendido de que el comprobante de pago por derechos de autor puede ser expedido no sólo por las sociedades de gestión colectiva, sino además por los autores que acojan otras formas asociativas distintas a las sociedades de gestión o de manera individual. Para el demandante, tanto el texto de la norma como la interpretación condicionada de la Corte Constitucional excluye a los titulares derivados ya que "según se infiere del texto acusado solo concede la posibilidad de expedir el comprobante de pago de derechos de autor a los titulares originales de los derechos patrimoniales, esto es a los autores"[4] y lo anterior "viola el derecho de igualdad que posee el titular derivado de los derechos de Autor, frente a los titulares originarios de las obras y que le ha sido otorgado por el artículo 13 Superior de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena de 1993; para explotar dentro de las mismas condiciones legales esos derechos patrimoniales que le han sido cedidos."[5] Por lo tanto, considera necesario que la Corte Constitucional modifique su pronunciamiento. Adicionalmente, el demandante señala que el texto demandado viola el artículo 93 de la Carta Política pues vulnera los artículos 9 y 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, "por estar integrada a nuestro Bloque de Constitucionalidad por sentencia C-1490 de 2000, de esa Corte Constitucional" asegurando que: El texto nuevamente impugnado hace nugatorio el derecho de un Titular Derivado para ejercer las prerrogativas exclusivas que le fueron concedidas por las normas Comunitarias Superiores, como quiera que dentro de un establecimiento comercial abierto al público, se pueden estar utilizando, ejecutando o comunicando públicamente, obras musicales cuya titularidad derivada le pertenece, la cual no podrá hacer efectiva patrimonialmente en el acto, porque no puede utilizar este expedito mecanismo para la cobranza de derechos patrimoniales de autor establecido en el texto demandado.[6] El demandante considera que la norma impugnada también lesiona el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución, ya que se "obliga a un titular derivado de derechos patrimoniales de autor a afiliarse a una asociación que gestione estos derechos de autor, para poder explotar económicamente las prerrogativas patrimoniales que adquirió el titular originario."[7] La norma, según el actor, también viola el artículo 61 de la Constitución ya que restringe el ejercicio de la propiedad intelectual del titular derivado de derechos patrimoniales de autor cuando no existe ninguna discriminación legal entre los titulares originarios y los derivados sobre la explotación de los derechos patrimoniales. En la corrección de la demanda el actor adicionó a la misma que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 viola el derecho a la igualdad ya que "se excluye a los Titulares Derivados de derechos patrimoniales de derechos de autor de la posibilidad de beneficiarse del expedito mecanismo de cobranza de esos derechos patrimoniales, establecida en la norma demanda". Adicionalmente, el demandante anota que la redacción de la norma acusada excluye inconstitucionalmente del ejercicio de ese derecho patrimonial de autor de autorización, al titular derivado o persona natural o jurídica porque según se desprende de la misma, ese titular no puede expedir el documento al que alude el literal c de la Ley 232 de 1995. Esto lo afirma teniendo en cuenta que "la interpretación jurisprudencial que hizo la Corte en sentencia C-509 de 2004, de la frase "autoridades legalmente reconocidas", la cual hace parte del texto demandado; privilegió para tal autorización de derecho patrimonial solamente a las sociedades de gestión colectiva y al autor, es decir, a los Titulares Originarios de las obras musicales, dejando por fuera de tal posibilidad a los derivados." 2. Cargos contra la expresión "y ejercer las atribuciones que la ley señale" contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993 El demandante sostiene que la expresión acusada viola el derecho a la igualdad pues otorga un privilegio inconstitucional a las sociedades de gestión colectiva: La restricción impuesta por el texto demandado para que solamente unas personas jurídicas como son las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, puedan ejercer ciertas atribuciones propias de un titular original o derivado de derechos patrimoniales de autor; constituyen una irrazonable, desproporcionada e incoherente desigualdad a favor de unas personas jurídicas que legalmente solo pueden ser administradores de derechos de autor y en detrimento de otras personas jurídicas que son verdaderos titulares de esos derechos de explotación económica."[8] Para el demandante, la expresión acusada viola el artículo 58 de la Constitución ya que “vulnera la propiedad intelectual privada que tiene ese titular derivado porque le impide explotarla ejerciendo las atribuciones que normalmente ejercería como titular cualquier persona jurídica que adquiera esos derechos patrimoniales de autor."[9] Finalmente, considera que el texto objeto de examen debe ser declarado inexequible por cuanto también viola el artículo 333 de la norma superior, pues limita el libre ejercicio de las actividades económicas a los titulares derivados. Al respecto expone que: La frase acusada, impide de manera inconstitucional que las atribuciones establecidas de los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 13 de la Ley 44 de 1993, puedan ser ejercidas por quien adquirió derivadamente los derechos patrimoniales de autor con el objeto de convertirse en un empresario que explote legítimamente esas prerrogativas o bien, por quien simplemente desee comercialmente dedicarse a la administración de las mismas a cambio de un estipendio económico por tal servicio"[10] En el escrito presentado para corregir la demanda el actor manifestó que la expresión acusada vulnera el artículo 333 de la Constitución “en consideración a que le impide a la persona jurídica, Titular Derivado de derechos patrimoniales de autor ejercer libremente la actividad económica de explotación económica de las obras adquiridas o la de crear una empresa dedicada a la administración de derechos patrimoniales de autor”[11]. Igualmente, advierte que “la redacción del texto demandado implica que esa persona jurídica o titular derivado de derechos patrimoniales de autor, no pueda ejercer libremente su actividad empresarial porque algunas de las atribuciones inherentes a dicho ejercicio, solo pueden ser realizadas por las sociedades de gestión colectiva.”[12] IV. INTERVENCIONES DE LA AUTORIDADES 1. Ministerio Del Interior Y De Justicia – Dirección Nacional de Derechos de Autor Carlos Alberto Rojas Carvajal, actuando en calidad de representante legal de la Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, solicitó declarar la constitucionalidad de las normas acusadas. Considera el interviniente que el demandante, respecto de los cargos presentados contra artículo 2 literal c de la Ley 232 de 1995, parte de una premisa equivocada al distinguir entre titulares derivados y originarios dado que: A través de una lectura articulada de la disposición antes citada, se observa que la misma se aplica no sólo a los autores, sino también a los titulares derivados de derecho de autor. Lo anterior por cuanto el término “derecho de autor” comprende no sólo las prerrogativas reconocidas a los creadores originarios, también abarca aquéllas personas que sin ser autores son titulares derivados en virtud de haberse radicado en cabeza suya derechos patrimoniales por un acto entre vivios, por causa de muerte o por ministerio de la Ley.[13] La anterior afirmación se sustenta con el artículo 1º de la Decisión Andina 351 de 1993[14] y con el artículo 4º de la Ley 23 de 1982[15] ya que estos artículos establecen la titularidad de los derechos de autor. De acuerdo a lo anterior, considera que la expresión “pago por derecho de autor”, objeto de discusión, incluye a los titulares derivados, pues estos por mandato de la ley están en capacidad de ejercer derechos patrimoniales de autor. Por lo tanto, el interviniente no comparte los argumentos del demandante ya que “el alcance e interpretación dado por el actor a la norma citada en precedencia es incorrecto, se tiene que la misma no desconoce el derecho a la igualdad, así como tampoco los principios y normas constitucionales y comunitarias enunciados en la demanda.” [16] Para el Ministerio del Interior y de Justicia la expresión “y ejercer las atribuciones que la ley señale” contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993 también debe ser declarada exequible, ya que el legislador se encuentra facultado para privilegiar la gestión colectiva como el medio idóneo y eficaz para ejercer los derechos patrimoniales de autor. Para sustentar lo anterior el interviniente hace un recuento histórico de la gestión colectiva, resaltando que es una figura que nació para equilibrar la relación entre usuarios y titulares de derechos de autor. Igualmente, indica la distinción entre gestión colectiva y gestión individual, mostrando cómo la gestión colectiva es un mecanismo expedito para ejercer los derechos patrimoniales de autor. La Dirección Nacional de Derechos de Autor plantea una discrepancia con lo determinado en la sentencia C-509 de 2004, la cual estableció que los autores tanto de manera individual como a través de otras formas asociativas distintas a las de gestión colectiva podían expedir el comprobante de pago referido en el artículo 2 literal c de la Ley 232 de 1995. Expresa el interviniente que “dicha interpretación, que aun cuando es acatada por esta Dirección no podría ser compartida, llevaría a la obsolescencia el sistema de la gestión colectiva, creando el caos entre los usuarios quienes tendrían que acudir a cada uno de los titulares, o a las múltiples asociaciones que serían creadas al margen de cualquier tipo de control estatal.” [17] Para el interviniente, privilegiar la gestión colectiva hace más efectiva la protección del derecho de autor y los derechos conexos, así como asegura el orden social y jurídico. Sobre este último punto manifiesta que la decisión de la Corte Constitucional de autorizar a “asociaciones diferentes a las sociedades de gestión colectiva” para ejercer los derechos patrimoniales de autor “puede conllevar a trastornar el orden social por cuanto este tipo de entidades se escapan a la inspección y vigilancia, facultades con las cuales el gobierno colombiano a creído pertinente controlar, a quienes pretendan implementar una gestión colectiva.”[18] Así, el interviniente aporta al proceso distintas pruebas documentales dirigidas a mostrar la forma como se esta perturbando el orden social con el condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional respecto del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995[19]. V. INTERVENCIONES CIUDADANAS 1. Intervención de la Universidad del Rosario 1.1. Juan Jacobo Calderón Villegas, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario actuando en representación de la Universidad, solicitó a la Corte Constitucional inhibirse sobre los distintos cargos formulados en la demanda. Antes de pronunciarse sobre los argumentos formulados, el interviniente realiza dos precisiones: por una parte considera que no existe el fenómeno de cosa juzgada en el presente asunto por cuanto “los cargos en esta oportunidad formulados difieren a los presentados en el proceso que dio lugar a la expedición de la sentencia C-509 de 2004 y, en consecuencia, no cabe afirmar, al menos por el momento, la aplicación de la doctrina constitucional de la cosa juzgada constitucional relativa. En efecto la demanda que hoy ocupa la atención de la Corte Constitucional el actor pretende afirmar, fundamentalmente, la existencia de una diferenciación inconstitucional entre titulares primarios y titulares secundarios de derechos de autor patrimoniales sobre obras musicales y no, como ocurrió anteriormente, entre titulares de derechos de autor sobre obras musicales y titulares de derechos de autor sobre otras creaciones.”[20] El interviniente considera, contrario a lo planteado por el demandante, que el artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 no hace parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a lo establecido en la sentencia C-1490 de 2000 y por lo tanto no es un parámetro correcto para definir la constitucionalidad de la norma demandada: Es claro, de conformidad con lo señalado, que sólo las normas de la Decisión 351 de 1993 que se relacionan directamente con los denominados derechos morales de autor hacen parte del bloque de constitucionalidad. Las normas que no reconocen o no regulan tal tipo de derechos no pueden emplearse, en consecuencia, a efectos de calificar la constitucionalidad de las disposiciones cuya evaluación ocupa la atención de la Corte Constitucional en esta oportunidad.”[21] Después de realizar las anteriores aclaraciones el interviniente señala que la Corte Constitucional debe proferir un fallo inhibitorio pues “el actor parte de una equivocada y asistemática interpretación del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 que no corresponde a su correcto sentido normativo y, por ello, se impone una decisión inhibitoria.”[22] Según lo señalado en el ordenamiento interno y en el ordenamiento comunitario, “la diferenciación que el actor pretende deducir de aquella no se deriva de su texto” ya que “(...) aún bajo el condicionamiento que a su entendimiento introdujo la Corte Constitucional, comprende no sólo a los titulares originarios sino, también, a los titulares derivados” Así, para el interviniente la expresión demandada otorga a los titulares de derechos patrimoniales de autor, independientemente de su condición primaria o derivada, la posibilidad de beneficiarse de lo previsto en la norma demandada. Igualmente, considera el interviniente que la Corte debe inhibirse de estudiar este cargo teniendo en cuenta que el demandante le otorga al enunciado normativo un alcance que no posee y en consecuencia esta demandando una norma inexistente. Adicionalmente, sostiene que si lo que pretende el actor es que se modifique la interpretación condicionada establecida en la sentencia C-509 de 2004, la cual según su parecer incorporó una restricción a los derechos de titulares derivados, “dicha restricción sería inmodificable a través de esta acción dado que se encontraría cobijada por el citado fenómeno de cosa juzgada constitucional cuya estructuración se habría producido con ocasión de la sentencia C-509 de 2004 y, particularmente, debido a la modulación que la misma contiene.”[23] Finalmente, sobre la expresión “y ejercer las atribuciones que la ley de señale”, contenida en el artículo 25 de la ley 44 de 1993, considera que “no parece existir posibilidad hermenéutica alguna que conduzca a la interpretación que del aparte normativo demandado propone el actor y, en consecuencia, se impone una sentencia inhibitoria debido a que los cargos presentados no corresponden al sentido normativo de la disposición.” [24] Para el interviniente el artículo esta destinado a determinar las facultades de las sociedades de gestión colectiva y no versa sobre la titularidad o ejercicio de los derechos por otra clase de personas naturales o jurídicas. Por lo tanto, solicita a la Corte Constitucional proferir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda. 2. Intervención de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO El ciudadano Jairo Enrique Ruge Ramírez, actuando como representante legal de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, intervino dentro del proceso para solicitar se declaren exequibles las normas demandadas. El interviniente sostiene que: "Cuando la ley habla de que el autor y sus derecho-habientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir una serie de utilizaciones de obras, está indicando, sin anfibologías, que tales facultades las ostentan los titulares originarios y los titulares derivados, y tanto unos como otros, en ejercicio de dichas facultades, pueden hacer efectivos sus derechos de manera colectiva o individual, tal como lo declaró la Corte Constitucional mediante sentencia C-504 de 2004." [25] Considera, sobre las formas de gestión de derechos patrimoniales de autor y su protección legal, que "tanto la gestión colectiva, cualquiera otra forma de asociación distinta a ésta y la gestión o reclamo en forma individual, están protegidas adecuadamente por la Constitución y la ley, y así lo consideró el Máximo Tribunal Constitucional al consignarlo en la parte resolutiva de la citada sentencia C-509 de 2004." [26] Sobre el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 asegura que la “norma cumple una finalidad constitucional que la legítima y que la medida en ella contenida es idónea y conducente para alcanzar los fines propuestos, ya que las otras formas de gestión, distintas de la colectiva, encuentran asidero en la normatividad que hemos consignado y en la razones que hemos expuesto, teniéndose, entonces, una interpretación razonable y proporcionada que en manera alguna vulnera el derecho a la igualdad, (...) el derecho de asociación, (...) el derecho de propiedad intelectual (...) y el de libertad económica. Y menos en los términos de la interpretación rigurosa y estricta planteada por el accionante, cuando pretende que en una norma se consignen todas las posibilidades y eventualidades que puedan ocurrir en relación con una situación fáctica determinada y las correspondiente soluciones (...)".[27] Sobre la presunta violación del artículo 93 de la Constitución el interviniente anota que "las normas del derecho comunitario no pertenecen al bloque de constitucionalidad de la manera como lo pretende el actor" pero aclara que "lo aducido por el actor en cuanto a que la Decisión Andina forma parte del bloque de constitucionalidad, solo se predica en relación con los derechos morales, atendiendo el carácter de fundamentales que la propia Corte les reconoció, en los términos de la sentencia C-155 de 1998 MP Vladimiro Naranjo Mesa, ratificado con la Sentencia C- 1490 de 2000." [28] Sobre la expresión “y ejercer las atribuciones que la ley de señale”, contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993, el interviniente solicita que se declare la constitucionalidad de la norma pues: i) la norma impugnada se refiere exclusivamente a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor; (ii) la Corte Constitucional ha establecido que tanto la gestión colectiva como las otras formas de ejercer derechos patrimoniales gozan de protección constitucional y legal (C-509 de 2004); (iii) "también ese Alto Tribunal se ha declarado inhibido para decidir de fondo, y ha rechazado demandas, en ambos casos con el accionante de ahora, porque el primero ha planteado situaciones personales que desconocen la naturaleza y finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad; y en el segundo, ha formulado peticiones sin el lleno de los requisitos legales (Sentencia C-450/05 y auto de 3 de mayo de 2005, expediente D-5733)."[29] Finalmente, el interviniente señala que "el actor en gran parte del contenido de su demanda está consignando fundamentos subjetivos y apreciaciones personales sin sustrato fáctico y jurídico alguno, con el debido respeto por el Máximo Tribunal Constitucional de Colombia, consigné lo inmediatamente expuesto, y solicito respetuosamente que también se refiera a una conducta que persigue que a través de un pronunciamiento general e impersonal, objetivo y abstracto, se este tratando de conseguir un aval para fortalecer la actividad económica que actualmente lleva a cabo." [30] El interviniente aporta documento que acredita al accionante como titular derivado de derecho de autor. VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El representante del Ministerio Público, mediante concepto No. 3905, solicita que se declare la exequibilidad del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 y del artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993. La Procuraduría General de la Nación afirma que el legislador está autorizado por la Constitución para regular y limitar ciertos aspectos de los derechos de autor, es decir, el legislador posee un amplio margen de configuración normativa para diseñar una política estatal al respecto. La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de distinguir los llamados derecho morales y derechos patrimoniales de autor. Los primeros poseen el carácter de fundamentales, mientras los segundos, que se refieren a la explotación económica de la obra, no poseen este carácter, lo cual no significa que no deban ser protegidos por el Estado. La Procuraduría General de la Nación señala que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995" no hace parte de la legislación de derechos de autor pues es una norma dirigida a los establecimientos de comercio, los cuales, deben cumplir con unos requisitos dirigidos a garantizar los derechos de aquellos."[31] Sobre la supuesta vulneración del derecho a la igualdad anota que: En lo tocante con el supuesto tratamiento discriminatorio frente a los titulares derivados de derecho patrimoniales de autor es evidente que la norma no hace distinción alguna entre la titularidad originaria y la derivada, y no tendría porque hacerlo, si se tiene en cuenta que los derecho-habientes en su calidad de cesionarios se subrogan al autor para el ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su lugar, y por tanto no puede afirmarse que siendo titulares el uno como el otro, sean considerados como pertenecientes a actividades distintas, así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Interpretación prejudicial, proceso 22-IP-98, 25 de noviembre de 1998).[32] Por lo anterior, considera que la expresión "pago de derechos de autor" se refiere de forma general tanto a titulares originarios como derivados. Sobre la violación de la norma acusada a los derechos de asociación y de libertad de empresa el Ministerio Público considera que no existe tal vulneración pues estos derechos no son absolutos y la Constitución admite límites para realizar fines constitucionalmente válidos: Por ello, es legítimo que el legislador promulgue normas que limiten el ejercicio de esa libertad pero debe hacerlo siempre de manera compatible con el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta en aras de no anular el ejercicio de ese derecho sino de reconocerlo y promoverlo sin desconocer el equilibrio que debe existir entre su reconocimiento y la realización de otros fines constitucionales igualmente válidos."[33] Acerca del aparte demandado del artículo 25 de la Ley 44 de 1993 manifiesta que éste no transgrede la libertad de empresa ya que "aún no se ha definido si la gestión colectiva está condicionada a que sea a través de las denominadas sociedades de gestión colectiva o si es posible que dichos titulares conformen organizaciones diferentes a las sociedades de gestión colectiva, para efectos de administrar derechos". A pesar de esta duda se defiende el modelo de sociedades de gestión colectiva por razones de conveniencia y de beneficio tanto para autores como para usuarios pues: "está claro que la finalidad es constitucional, y que por la trascendencia de los asuntos que desarrollan deben cumplir con unos específicos requisitos legales en aras de hacer efectiva su función, razón por la que fuerza concluir que la medida acusada es adecuada y razonable de cara a la consecuencia del fin perseguido, entendiendo que la restricción a la libertad de empresa en esta materia corresponde a propósitos armónicos con la Corte y no desborda la razonabilidad y proporcionalidad que les son exigibles (...)" [34] Finalmente, la Procuraduría exhorta a la Corte a que: "(...) analice con detenimiento el tema, pues si bien en apariencia parecería que existe una violación del derecho a la libre asociación, lo cierto es que para proteger los derechos de autor debe exigirse la conformación de sociedades colectivas de gestión, pues si la ocurrencia de sociedades de gestión del mismo sector tienen efectos negativos tanto para los titulares como para los usuarios de obras protegidas, aún más perjudicial resultaría para los intereses de éstos, la proliferación de personas naturales o jurídicas que bajo el manto de la "libertad de empresa" emprendan una actividad económica dirigida a representar una pluralidad de intereses patrimoniales de autor, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin."[35] La Procuraduría reitera que el medio más razonable para alcanzar la finalidad buscada, la protección de los titulares de derechos patrimoniales de autor, es que cuando un tercero actúe en interés de una pluralidad de titulares lo haga cumpliendo con las formalidades previstas para las sociedades de gestión colectiva. VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 2. Competencia En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia. 3. Cuestiones Previas Antes de entrar a hacer un análisis de fondo sobre los argumentos planteados en la demanda la Corte encuentra que debe resolver ciertas cuestiones previas relativas a las solicitudes de inhibición efectuadas por la Universidad del Rosario. La Corte, primero, analizará los argumentos relativos a la omisión legislativa para establecer si procede un pronunciamiento de fondo. Después verificará si los cargos de vulneración al derecho a la igualdad, al derecho de asociación en su dimensión negativa y al derecho a la propiedad intelectual, al igual que a los artículos 9 y 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, elevados contra el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 se sustentan en una apreciación plausible de la norma o si éstos recaen sobre una proposición normativa inexistente. A continuación, la Corte establecerá si los cargos presentados contra el artículo 25 (parcial) de la Ley 44 de 1993 responden a una proposición jurídica existente o si recaen en interpretaciones propias del demandante. Una vez analizadas dichas cuestiones previas la Corte procederá, de ser procedente, a efectuar un juicio de fondo sobre las mismas. 2.1. Inhibición sobre la omisión legislativa atribuida al literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 por no haber regulado el derecho de ejecución pública de los titulares derivados de derechos patrimoniales de autor. El demandante considera que el literal c del artículo de la Ley 232 de 1995 incurre en una omisión legislativa relativa por no haber regulado el derecho de ejecución pública de los titulares derivados de derechos patrimoniales, lo que a su vez crea una vulneración del derecho a la igualdad. La Corte Constitucional en varias oportunidades se ha pronunciado sobre los cargos por omisiones legislativas[36] señalando que solo son admisibles los que se refieren a omisiones legislativas relativas, y no a omisiones legislativas absolutas. De acuerdo a lo anterior, se ha precisado que quien alega la inconstitucionalidad de una norma, por existencia de una omisión legislativa relativa, tiene la carga de demostrar (i) que existe norma constitucional expresa que contemple el deber de expedir la norma que la desarrolle; (ii) que el Legislador omitió tal obligación, sin que mediara motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente la misma materia; (iii) que la conducta omisiva propicia una desigualdad de trato injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma. Así en sentencia C-509 de 2004[37] se señaló lo siguiente respecto de las omisiones legislativas: 9.- En diferentes oportunidades[38] este Tribunal ha tenido ocasión de referirse a cargos relacionados con las omisiones legislativas. Así, ha aceptado que el legislador puede vulnerar la Constitución por vía de omisión. Con todo, la jurisprudencia reconoce que no toda omisión puede ser sometida a control constitucional. No son entonces de competencia de la Corte Constitucional las omisiones absolutas[39], que consisten en la falta total de regulación normativa de algún aspecto. Ello ocurre porque la ausencia íntegra de normatividad no puede ser cotejada con el texto constitucional. Pero la omisión del legislador también puede ser relativa y se vuelve constitucionalmente censurable si se predica de un elemento que, por razones constitucionales, debería estar incluido en el ordenamiento, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace contrario a la Carta. De lo anterior se deduce, entonces, que las omisiones legislativas relativas son susceptibles de control constitucional. La Corte es entonces competente para conocer de omisiones legislativas relativas por cuanto éstas tienen efectos jurídicos que pueden “presentar una oposición objetiva y real con la Constitución, la cual es susceptible de verificarse a través de una confrontación de los mandatos acusados y las disposiciones superiores”[40]. 10.- Para la Corte, el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad.[41]”. Esta Corporación también ha dicho que para que el juez constitucional pueda declarar la inexequibilidad por omisión se requiere que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador[42], o cuando “al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa.”[43]. 11.- Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. Por tanto, el ataque no puede recaer sobre un conjunto indeterminado de normas con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular[44], ni tampoco pueden ser demandadas normas de las cuales no emerge el precepto que el actor echa de menos.[45] Así, para que pueda prosperar una demanda contra una omisión legislativa, es necesario que el silencio del Legislador comporte una regla implícita que viole los preceptos superiores, en este caso, que llegue a desconocer el derecho que es objeto de desarrollo legal expreso. De acuerdo a los requisitos establecidos para que sea admisible un cargo por omisión legislativa la Corte encuentra en el caso concreto que el demandante no demostró que existe norma constitucional expresa que contemple el deber de expedir la norma que la desarrolle. El demandante señala que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 es contrario a los artículos 13, 93 y 61 de la Constitución pero ninguno de los artículos dispone expresamente el deber de expedir la norma que llene la supuesta omisión. Adicionalmente, el demandante tampoco señaló por qué el legislador omitió tal obligación sin que mediara motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente la misma materia. Por lo tanto, la Corte encuentra que debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de mérito sobre este argumento, respecto del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995. 3.1. 2.2. Inhibición respecto de la alegada violación del derecho a la igualdad, al derecho de asociación, del derecho a la propiedad intelectual y de los artículos 9 y 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 por parte del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995. El demandante señala que el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 viola el artículo 13 de la Constitución pues la norma impone un tratamiento diferente a los titulares originales de derechos patrimoniales de autor a y los titulares derivados de derechos patrimoniales de autor, cuando permite que los titulares originarios expidan comprobantes de pago de los derechos destinados a los establecimientos de comercio que hacen uso de sus obras musicales ya sea a través de una sociedad de gestión colectiva, a través de otros medios de asociación o de manera individual. La vulneración que argumenta el demandante, según él, se desprende adicionalmente del condicionamiento que efectuó la Corte Constitucional en la sentencia C-509 de 2005 de la norma nuevamente acusada. Para el demandante, la norma debería comprender la posibilidad de que la expedición del los comprobantes de pago se realizara no solo por los titulares originarios de derechos de autor o conexos, sino también por los titulares derivados, que en el entender del demandante han sido excluidos. El demandante establece que en la referida sentencia las “autoridades legalmente reconocidas” se entendieron como las sociedades de gestión colectiva y los autores[46]. Por lo tanto, la inconstitucionalidad de la norma se deriva de la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de la misma, es decir que el cargo de violación al artículo 13 de la Constitución en la demanda se dirige contra la interpretación de la norma que, según el actor, la Corte Constitucional hizo en la sentencia C-509 de 2004 cuando analizaba la constitucionalidad de la misma a la luz de un cargo de igualdad[47]. Es a partir de la anterior interpretación que el demandante también considera que la norma vulnera los artículos 38, 61 y 93 de la Constitución al disponer una obligación de asociación para percibir los derechos, ya que solo a través de las sociedades de gestión colectiva podrían los titulares derivados de derechos patrimoniales de autor o conexos percibir sus ganancias lo que restringe, además, el derecho a la propiedad por no poder ejercerlo de manera individual. Ante todo es necesario verificar si la interpretación del demandante, en la que asevera que la norma restringe la expedición de comprobantes de pago a titulares originarios de derechos de autor, concuerda con la disposición acusada o si en realidad dicha interpretación de la norma se torna en una proposición jurídica inexistente y por lo tanto sus argumentos carecen de certeza por lo que la Corte debería declararse inhibida de realizar un pronunciamiento sobre el cargo por ineptitud sustantiva de la demanda. La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, ha señalado que las demandas de inconstitucionalidad, deben contener (i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Así mismo, dichas razones deben ser (a) claras[48], (b) ciertas[49], (c) específicas[50], (d) pertinentes[51] y (e) suficientes[52] para que se configure un cargo apto[53]. Al aplicar estos criterios, se concluye que respecto de estos argumentos procede la inhibición. Para la Corte, es claro que el caso que se ventila en esta oportunidad, presenta una equivocada y asistemática interpretación del literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, que no corresponde con sus sentidos normativos plausibles y por lo mismo es inexistente. Señala la Corte que en sentencia C-1197 de 2005[54] esta Corporación se declaró inhibida de conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”, y en contra de los artículos 160 y 162 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor” interpuesta por el mismo demandante que ahora acusa las normas de la referencia. En aquella oportunidad las pretensiones de la demanda tendían a establecer que las normas acusadas tenían “un carácter punitivo y como tales deberían dar la oportunidad a aquellos frente a quienes se apliquen de ejercer el derecho al debido proceso cosa que, a juicio del demandante, no sucede, lo que, en su opinión, infringe de paso las garantías exigidas por el artículo 55 de la Decisión Andina número 351 sobre derechos de autor así como lo dispuesto en el artículo 93 superior en el que se establece la obligación de interpretar los preceptos constitucionales que contienen Derechos Fundamentales de conformidad con los Pactos y Convenios internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia. Las normas establecidas en los preceptos demandados también denotan indeterminación respecto de las autoridades que tienen el deber de llevarlas a la práctica, motivo por el cual se infringe también el artículo 122 superior”. La Corte resolvió inhibirse de conocer los argumentos de fondo pues: Ahora bien, en el caso bajo examen la Corte encuentra los siguientes motivos de inhibición: (i) se trata de una demanda de constitucionalidad centrada en una interpretación que no se deduce o se deriva necesariamente de lo que establecen las disposiciones acusadas; (ii) el actor alega que los preceptos demandados vulneran la Constitución, pero los supuestos cargos aducidos terminan por reducirse a las hipótesis de las que él mismo se vale para indicar que, en ciertos casos, se podrían eventualmente vulnerar derechos fundamentales; (iii) a la Corte Constitucional no le corresponde responder - a solicitud de quien eleva una demanda de constitucionalidad – la pregunta sobre si una norma está o no vigente o si ha sido derogada por otra norma.[55] La Corte, por tanto, constata que no es la primera vez que el actor de la demanda sostiene sus argumentos de inconstitucionalidad sobre interpretaciones propias de la norma[56], es decir argumentos que carecen de certeza para formular una proposición jurídica completa. Vale la pena reiterar lo que la Corte Constitucional señaló en la sentencia reseñada sobre las características del examen de constitucionalidad: “[E]l estudio de constitucionalidad que realiza de las normas es abstracto y solo eventualmente sobre una particular interpretación de la Ley. Lo anterior quiere decir que el objeto sobre el que recae el control es la ley y no los casos concretos de aplicación de la misma. Si bien es cierto que la Corte ha reconocido que en la aplicación concreta de la ley a casos igualmente concretos se puede presentar vulneración de la Constitución, no lo es menos que ha reiterado también que estos casos son especiales ya que, por un lado las exigencias al demandante son mayores en la argumentación de la demanda y por otro la prelación la tienen otras acciones – que no la acción pública de inconstitucionalidad- cuya naturaleza es precisamente garantizar el cumplimiento de la Constitución en situaciones concretas de los ciudadanos[57].” En esta misma línea de pensamiento, ha sostenido la Corte que es preciso realizar una distinción “entre enunciados normativos (disposiciones) y normas (contenidos normativos)[58]. Es posible que de un mismo enunciado normativo se desprendan varios contenidos normativos. Dependiendo de la manera como tales enunciados sean interpretados, pueden resultar o no inconstitucionales. De lo anterior se deriva, ha dicho la Corte, que “si la demanda tiene como punto de partida una determinada interpretación – la que hace el demandante - de los contenidos normativos que se encuentran en las disposiciones normativas, debe resultar claro para el Juez Constitucional, y así fundamentarlo el demandante, que esta interpretación es la única posible (o por lo menos que las otras interpretaciones son poco plausibles o igualmente inconstitucionales). Esto es presupuesto necesario de la naturaleza del control abstracto de constitucionalidad de las leyes que hace la Corte Constitucional. Entonces cuando se trata de demandas, en donde la inconstitucionalidad se presenta no contra el enunciado normativo o disposición jurídica considerada integralmente, sino contra un norma jurídica (una interpretación determinada) derivada de dicha disposición, en la argumentación de la demanda se debe poder determinar que la disposición acusada no admite otras interpretaciones, o que las que admite no son consecuencia lógica de ésta o son igualmente contrarias a la Constitución[59].”[60] La acusación que presenta el actor no es cierta pues no recae verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada. La lectura de la disposición demandada a la luz de lo señalado en la jurisprudencia constitucional y en el ordenamiento legal que regula el tema, permite concluir que la diferenciación que el actor pretende deducir de aquella no se deriva de su texto. Mientras el actor afirma que la norma demanda establece una discriminación, al referirse excluyentemente a los derechos de los titulares originarios de autor dejando de lado los intereses de los titulares derivados; las diferentes disposiciones legales y pronunciamientos jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales al respecto, han entendido hasta el momento, que la misma comprende no sólo a los titulares originarios sino también a los titulares derivados. Así, el artículo 4 de la Ley 23 de 1982 establece: ARTICULO 4º—Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: a) El autor de su obra; b) El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; c) El productor, sobre su fonograma: d) El organismo de radiodifusión sobre su emisión; e) Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente citados, y f) La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. En armonía con la anterior norma la Decisión Andina 351 de 1993 dispone sobre la titularidad de los derechos de autor lo siguiente: ARTICULO 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra. ARTICULO 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros. ARTICULO 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. Sobre el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995 la sentencia C-509 de 2004[61] estableció que: Esta norma menciona los requisitos para que los establecimientos comerciales puedan funcionar, no determina procedimientos ni para los titulares de derechos de autor y conexos en obras musicales o en otro tipo de obras. Establece la necesidad de obtener un comprobante de pago de derechos de autor en relación con obras musicales, lo cual necesariamente remite a otras normas; mientras que en el caso de los derechos de autor derivados de otras obras, no hay remisión a ningún tipo de procedimiento. Con todo, el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil establece que las controversias que se susciten sobre los derechos de autor y las conexas de que trata el artículo 242 de la ley 23 de 1982, que no correspondan a las autoridades administrativas serán tramitadas en procesos verbales. El artículo 242 de la ley 23 de 1982 establece lo siguiente: “Artículo 242. Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.” Además, el artículo 243 del mismo sistema normativo prescribe que: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales, conocerán, en una sola instancia y en juicio verbal, las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios, por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta Ley.” A su vez el 163 establece obligaciones para quienes tengan a su cargo la dirección de entidades o establecimientos tales como “teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales y, en fin, donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales”[62]. Estas consisten en: “1. Exhibir, en lugar público, el programa diario de las mismas obras; 2. Anotar en planillas diarias, en riguroso orden, el título de cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas o intérpretes que en ella intervienen, o el del director del grupo u orquesta, en su caso, y del nombre o marca del grabador cuando la ejecución pública se haga a partir de una fijación fonomecánica, y 3. Remitir una copia auténtica de dichas planillas a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas que en ellas aparezcan, o a sus representantes legales o convencionales si lo solicitan. Las planillas a que se refiere el presente artículo serán fechadas y firmadas y puestas a disposición de los interesados, o de las autoridades administrativas o judiciales competentes cuando las solicitan para su examen. 4. No utilizar las interpretaciones realizadas por personas a quienes el autor o sus representantes hayan prohibido ejecutar su obra o un repertorio de sus obras por infracciones al derecho de autor.” 13.- Obviamente estas últimas normas se refieren a la ejecución de obras musicales debido a las especificidades que éstas presentan. Pero existe siempre el proceso verbal para que los titulares de derechos de autor o derechos conexos puedan hacer efectivos sus derechos. El proceso verbal no establece exigencias irrazonables, pues no tiene la complejidad de otro tipo de procesos, todas las etapas se encaminan a la discusión seria y sopesada del asunto en litigio. Todo ello es conveniente para que el titular de los derechos de autor o conexos pueda presentar las pruebas pertinentes, sin que se vea diezmado el derecho de defensa de la contraparte. Así, este proceso cumple las exigencias constitucionales para proteger a los titulares de derechos de autor y conexos, no desnaturaliza esta protección a través de procedimientos engorrosos o imposibles. Por tanto, en virtud de la potestad de configuración del legislador y la observancia de los límites impuestos a ésta por la Constitución y por la normatividad internacional, la Corte encuentra que este cargo no puede prosperar. (…) 27.- Visto que la interpretación de la expresión “autoridades legalmente reconocidas” da lugar a restricciones inconstitucionales, la Corte habrá de declarar su constitucionalidad bajo condicionamiento, pues solamente uno de sus entendimientos es constitucional. En ese orden de ideas este artículo deberá entenderse en el sentido que también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual. Ello no implica que las sociedades de gestión colectiva o los titulares de derechos de autor o conexos pierdan sus potestades, lo que significa es que ambos están facultados por las normas sobre derechos de autor existentes en Colombia para expedir el certificado de pago a que alude el literal acusado a efectos de requerir, si fuera el caso y a través del procedimiento administrativo pertinente, a los responsables de establecimientos de comercio que no paguen los derechos correspondientes de conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 232 de 1995. En estas normas, el legislador autorizó al alcalde o a su delegado para requerir, a solicitud del interesado y con sujeción a los trámites establecidos en el código contencioso administrativo, a los deudores morosos con el fin de que se pongan al día dentro de los 30 días siguientes, de lo contrario serán sancionados. (subraya fuera del texto original) La anterior sentencia resalta que la norma regula asuntos relativos a los comprobantes de pago de derechos de autor en relación con obras musicales y que no establece ningún procedimiento para los titulares de derechos de autor o conexos. Mucho menos es ese su objeto. Desde esa perspectiva se señala que la norma no está efectuando ninguna diferenciación entre los titulares de derechos de autor primarios y los derivados sino que se refiere a los “titulares” de derechos de autor que como lo dispone el artículo 4 de la Ley 23 de 1982 comprende tanto los titulares primarios como los titulares derivados. De acuerdo a lo anterior, los argumentos presentados por el demandante contra el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, que indican la vulneración de los artículos 38, 61 y 93 (-Decisión Andina 351 de 1993, artículos 9 y 13, como parte del bloque de constitucionalidad-) de la Constitución, carecen de certeza sobre la proposición normativa acusada y no es procedente emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Corte Constitucional se inhibirá de pronunciarse sobre los argumentos contra el literal c del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, por ineptitud sustantiva de la demanda. 2.3. Inhibición sobre los argumentos elevados contra la expresión "y ejercer las atribuciones que la ley señale" contenida en el artículo 25 de la Ley 44 de 1993 por violación a los artículos 13, 58 y 333 de la Constitución. El artículo 25 de la Ley 44 de 1993 dispone que “Solamente podrán tenerse como sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, y ejercer las atribuciones que la ley señale, las constituidas y reconocidas conforme a las disposiciones de la misma.” Argumenta el demandante que: En lo tocante con la frase “y ejercer las atribuciones que la ley señale”, del artículo 25 de la ley 44 de 1993, me permito manifestar que esta norma acusada viola el artículo 333 de la Constitución Nacional en consideración a que le impide a la persona jurídica, Titular Derivado de derechos patrimoniales de autor ejercer libremente la actividad económica de explotación económica de las obras o la de crear una empresa dedicada a la administración de derechos patrimoniales de autor[63]. Igualmente, el actor fundamenta su argumento en las implicaciones que el mismo deduce del aparte demandado; dice: La redacción del texto demandando implica que esa persona jurídica o titular derivado de derechos patrimoniales de autor, no puede ejercer libremente su actividad empresarial porque algunas de las atribuciones de explotación inherentes a dicho ejercicio solo pueden ser realizadas por las sociedades de gestión colectiva. La Ley 44 de 1993 regula las sociedades de gestión colectiva en lo relativo a los derechos de autor. Así, la norma en su artículo 10 indica que “los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán formar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin ánimo de lucro con personería jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente Ley”. Las sociedades de gestión colectiva son sociedades que tienen como fin...