Sentencia C-123 de 2004

C-123-04 PROYECTO DE SENTENCIA Sentencia C-123/04 PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PRIVACION PROVISIONAL DE LA LIBERTAD PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA-Ambito de aplicación/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN PRIVACION PREVENTIVA DE LA LIBERTAD-Aplicación El principio mencionado aplica no sólo para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal, sino a favor de quien es retenido temporalmente, como resultado de la adopción de una medida preventiva. Tal subordinación tiene fundamento en el hecho de que, aunque la privación preventiva de la libertad no constituye la imposición de una sanción penal - pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado- aquella afecta de manera directa el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad. Por lo anterior, las exigencias que emanan del principio de legalidad de la pena impregnan también el de la legalidad de la privación preventiva de la libertad, y es esta la razón por la cual las categorías que regulan el primero son plenamente aplicables al segundo. Si nadie puede ser sancionado por motivos previamente establecidos en la ley, tampoco puede ser temporalmente privado de la libertad cuando dichos motivos no existen. NULLA POENA SINE LEGE-Requisito para privación temporal de la libertad Tal como opera en el nulla poena sine lege, para que un sujeto pueda ser legal y temporalmente privado de la libertad - mientras se determina su responsabilidad penal- es requisito que los motivos por los cuales se lo retiene se encuentren establecidos en una norma preexistente. PRIVACION DE LA LIBERTAD-Exigencia de la óptima determinación de las normas jurídicas conminatorias PRIVACION DE LA LIBERTAD-Motivos PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA DE PRIVACION PROVISIONAL DE LA LIBERTAD-Delimitación cuya aplicación entrega al juez La dinámica del derecho penal permite que sin quebrantar el principio de legalidad de la sanción - en el caso particular, de legalidad de la privación preventiva de la libertad- el legislador deje en el criterio del juez la interpretación de ciertos conceptos cuyo contenido indeterminado no puede señalarse a priori, dado el carácter general y abstracto de la norma legal. En tal sentido, bien puede el legislador delinear los extremos del concepto jurídico cuya aplicación entrega al juez penal, sin que por ello se entienda que el principio de legalidad sufre desmedro alguno. Importa, sí, que tales límites se establezcan de manera clara y concreta, a fin de que el juez, al verter en el concepto los hechos concretos, permanezca fiel a los márgenes en que se expresa la voluntad de la ley. AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO-Suspensión por causa justa o razonable CONGRESO DE LA REPUBLICA-Inserción en la ley de condicionamiento de sentencia de constitucionalidad aunque no de manera literal LEY-Adopción de condicionamiento de la Corte Constitucional AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO-Suspensión por causa justa o razonable debe encontrarse plenamente justificada Es evidente que para que opere la suspensión respectiva, la causa justa o razonable debe encontrarse plenamente justificada en los hechos y en las pruebas aportadas al proceso. El que la causa deba estar justificada indica que no puede provenir de la imaginación del juez o de las partes sino que debe estar sustentada en una circunstancia fáctica cierta que, además, resulte razonable o justa para suspender la audiencia. Al adoptar el condicionamiento de la Corte, el legislador acogió el concepto de razonabilidad de la causa, agregándole el de la justicia de la misma, pero sin dejar por fuera el de la justificación de la causa, es decir, la necesidad de que la causa de la suspensión tenga sustento fáctico suficiente. Ello, porque no es posible imaginar que el legislador haya instaurado una potestad en cabeza del juzgador que dependa no de los hechos sino de la mera subjetividad del funcionario, es decir, de su arbitrariedad. LIBERTAD PROVISIONAL DEL SINDICADO-Negativa por suspensión de audiencia de juzgamiento por un motivo razonable o justo plenamente justificado AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO-Delimitación conceptual de la expresión “causa justa o razonable” que da lugar a la suspensión AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO-Suspensión no es indefinida LIBERTAD PROVISIONAL DEL SINDICADO-Valoración por el juez de causas justas o razonables de suspensión de audiencia de juzgamiento El artículo 365 del Código de Procedimiento Penal no incurre en violación de la Carta cuando deja en manos del juez la valoración de las causas justas y razonables que pueden dar lugar a la suspensión de la audiencia de juzgamiento. En este caso, el legislador ha demarcado estrictos parámetros de actuación del juez penal dentro de los cuáles el funcionario puede ejercer una discrecionalidad mínima que, en manera alguna, implica desconocimiento del principio de legalidad de la privación de la libertad. LIBERTAD PROVISIONAL DEL SINDICADO EN TRAMITE DE AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO-Reanudación inmediata de audiencia una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión La norma analizada resulta exequible porque el rango de acción del juez, que implica un grado de valoración sobre las causas de suspensión de la audiencia, no alcanza a quebrantar la integridad del principio de legalidad de la privación de la libertad, pero, no obstante, debe tenerse en cuenta que cuando las causas de suspensión de la audiencia desaparecen, el juez está obligado a reanudar la audiencia de juzgamiento de manera inmediata, con el fin de resolver sobre la responsabilidad del sindicado. La obligación de reiniciar la audiencia tan pronto cesen las causas que dieron lugar a la suspensión implica que, de incumplirse, el sindicado tenga derecho a recuperar, también de manera inmediata, su libertad, con fundamento en la causal estudiada. LIBERTAD PROVISIONAL DEL SINDICADO-Control de negativa a concesión Referencia: expediente D-4737 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 365 (parcial) del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000- Actor: Javier Andrade González Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes, I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Javier Andrade González, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40-6, y 95-7, de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de la expresión “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o”, contenida en el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, por considerarla contraria a los artículos 28 y 29 de la Constitución Política. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe la norma acusada y se subraya y resalta la expresión demandada como inconstitucional. LEY 600 DE 2000 (julio 24) por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. CAPITULO VI Libertad del Procesado Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele. Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla. La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción. La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente. No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses. No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. En los procesos que se adelanten por el delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4º) y quinto (5º) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias. III. LA DEMANDA La demanda sostiene que la expresión acusada del artículo 365 del C.P.P. es inconstitucional porque deja en manos del juez penal la determinación de las justas causas o causas razonables para suspender la audiencia pública de juzgamiento, lo cual implica la imposibilidad de conceder la libertad provisional al sindicado que lleva más de 6 meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, privado de la libertad. En efecto, el demandante advierte que el principio inspirador del nuevo Código de Procedimiento Penal es el de la libertad del sindicado, libertad que sólo puede limitarse por causas expresamente señaladas en la ley. Tal premisa no sólo resulta de aplicar las normas constitucionales pertinentes, como los artículos 28 y 29 de la Carta, sino de reconocer la validez de normas internacionales que establecen la prohibición de privar de la libertad a un sujeto por fuera de las razones establecidas por el legislador. En contravía de dicha regla, el artículo 365 del C.P.P., despojándose del deber de definir las causales por las cuales se entiende suspendida la audiencia de juzgamiento, ha trasladado al juez dicha determinación, con lo cual se permite que quien se encuentra privado de la libertad, permanezca privado de ella indefinidamente, no obstante haberse cumplido el término de seis meses que la ley establece para que el sindicado adquiera el derecho a la libertad provisional. El demandante indica que la posibilidad de que sea el juez el que determine las causales justas y razonables de suspensión del proceso penal contradice la jurisprudencia constitucional y, particularmente, el fallo contenido en la Sentencia C-846 de 1999, en donde la Corporación señaló que vencido el término de seis meses (contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación) sin que haya tenido lugar la audiencia de juzgamiento, el sindicado tiene derecho a recobrar la libertad independientemente de las razones que dieren lugar a la suspensión de dicha audiencia. Para el demandante, al introducir la expresión acusada en el Código de Procedimiento Penal, el legislador hizo una interpretación incorrecta del fallo de la Corte, por lo cual en la actualidad los procesados pueden permanecer privados de la libertad durante la audiencia de juzgamiento, so pretexto de que la misma se encuentra suspendida por cualquier causa que el juez, no el legislador, considere justa o razonable. Para el actor, la Sentencia T-1003 de 2000 deja en claro que la interpretación correcta de la figura no es la que se deriva del artículo demandado y advierte que la lectura del artículo demandado, en los términos en que se encuentra redactada, confunde las justas razones para suspender la audiencia de juzgamiento, con las razones para conferir la libertad provisional. El actor reconoce que la única excepción admisible para suspender la audiencia y, no obstante, abstenerse de conceder la libertad provisional al sindicado, es el que la razón de la suspensión sea la conducta fraudulenta o dilatoria del abogado defensor o del procesado. Para el impugnante, disponer la retención de quien tiene derecho a la libertad provisional, por haberse cumplido el término de seis meses sin que hubiera culminado la audiencia de juzgamiento, es convertir la retención no ya en una medida de aseguramiento, sino en una verdadera sanción de tipo penal que el juez no está habilitado a ordenar, pues las causales de privación de la libertad deben consignarse en la ley y son de interpretación restringida. En el mismo sentido, la disposición afecta el principio jurídico -esbozado suficientemente por la Corte Constitucional- según el cual, el procesado no puede verse afectado por las deficiencias estructurales del proceso ni del aparato judicial, así como tampoco debe soportar los inconvenientes de tipo procesal que puedan surgir en el desarrollo de las diligencias penales. Por ello mismo –agrega- la disposición atenta contra el derecho que tiene el procesado a someterse a un proceso judicial sin dilaciones injustificadas. A propósito de la norma acusada, el impugnante agrega que la Corte debería aclarar desde una perspectiva general si todas las causales de suspensión del proceso se constituyen en justas causas para negar la libertad provisional del procesado, cuando quiera que aquellas no le fueran imputables a éste o a su abogado defensor, o si, al estudiarlas, el juez estaría habilitado para determinar la legalidad o proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad. Finalmente, siguiendo la jurisprudencia expuesta en la Sentencia C-296 de 2002, el actor advierte que no es permitido a la Corte establecer causales restrictivas de la libertad que no hubieren sido señaladas por el legislador, por lo que lo correcto en este caso es declarar la inexequibilidad pura y simple del aparte demandado, con lo cual se deja vigente la expresión que indica que la libertad provisional no puede concederse si la audiencia de juzgamiento no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor. IV. INTERVENCIONES 1.Intervención de Ministerio del Interior y de Justicia En representación del Ministerio de la referencia intervino en el proceso Ana Lucía Gutiérrez Guingue para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de la expresión acusada. A juicio de la interviniente, la dilación injustificada de los términos del proceso constituye una vulneración evidente del debido proceso y, por consiguiente, de otras disposiciones superiores de la normatividad positiva. No obstante, advierte que en ciertos casos existen motivos “razonables y justos”, establecidos por el legislador, para prohibir la libertad provisional, pues la medida “obedece a la necesidad de garantizar la presencia del procesado a tan importante pieza procesal como lo es el juicio”. Aunque el concepto de ‘razonabilidad’ podría parecer relativo –añade-, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que ésta debe ser analizada en el caso concreto, por lo que no existe funcionario más capacitado que el juez para determinar en qué casos es justo y razonable suspender la audiencia de juzgamiento. Para sustentar su aserto, el Ministerio resalta cómo la Corporación, en la Sentencia C-300 de 1994, señaló que el concepto ‘dilaciones injustificadas’ debe ser evaluado frente al caso específico, lo cual no obsta para que el legislador establezca pautas de identificación. Por lo anterior –agrega- no puede deducirse que cualquier circunstancia pueda ser tenida como causa justa o razonable para suspender la audiencia de juzgamiento, ya que, acogiéndose a los criterios de la jurisprudencia, sólo aquellas que justa y razonablemente impidan continuar con la diligencia pueden ser aducidas por el funcionario judicial. A lo mismo agrega que una causa de ese tipo, extendida indefinidamente en el tiempo, se erige en injusta e irrazonable, por lo que en este caso deben respetarse las garantías del debido proceso. Sostiene además que, no siendo absoluto el derecho a la libertad cuando se está sometido a un proceso judicial penal, la violación el debido proceso sólo puede predicarse cuando la privación de la libertad es injusta o irrazonable, términos que expresamente se encuentra excluidos por la redacción de la norma acusada. También arguye que la acción pública de inconstitucionalidad se limita a cotejar el texto de la norma legal con el de la constitucional, por lo que no puede reprochársele a la norma el que contravenga lo dispuesto en una sentencia de la Corte Constitucional, que apenas tiene carácter auxiliar como criterio de interpretación de la Carta. 2. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia El abogado Juan Carlos Prias Bernal intervino en el proceso en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la expresión en comento. La Academia está conforme con los argumentos del demandante y coincide con él en que, bajo el nuevo régimen penal, la privación de la libertad es circunstancia excepcionalísima que sólo procede por causales expresamente señaladas en la ley y bajo condiciones de estricta necesariedad. Así, las medidas de aseguramiento no pueden prolongarse sino por causas establecidas previamente por el legislador, pues no se trata de la condena en firme, sino de una privación de la libertad que se nutre de los principios de la presunción de inocencia. Atendiendo a lo anterior –añade-, las razones para negar el derecho a la libertad provisional, por ser expresiones del derecho a la libertad, deben estar expresamente señaladas en la Ley, por lo que no resulta viable que el Código de Procedimiento Penal, con un criterio vago e impreciso, haya deferido al juez la potestad de determinar en qué casos debe o no concederse tal derecho. “Por esta razón –dice- compartimos plenamente lo argumentado por el accionante en lo que se refiere al desconocimiento previo que tendría el encausado de las circunstancias que le impedirían acceder a la libertad provisional, por cuanto la falta de concreción hace que las mismas puedan ser fijadas de forma meramente subjetiva, sin que exista un criterio objetivo de fuente legal que determine de manera expresa la aplicación restrictiva de esta hipótesis”. La Academia asegura que las consideraciones acerca de la razonabilidad de la suspensión de la audiencia de juzgamiento no pueden pugnar con los principios que regulan la libertad del procesado, los cuales se fundamentan en que la medida de aseguramiento de la detención es provisional y la ley no puede desplazar la definición de las causales que dan lugar a su terminación. Al respecto, sostiene que esto raya con la vulneración del principio de legalidad de la sanción. 3. Intervención de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Dentro de la oportunidad procesal prevista intervino en el proceso la Universidad del Rosario, representada por el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, Juan Manuel Charry Urueña, con el fin de solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada. Dice la Universidad que dado que la libertad es la regla general en el régimen punitivo nacional, la detención preventiva sólo puede ser una medida extrema o excepcional y su adopción debe hallarse rodeada de las mayores precauciones, pues compromete los derechos del sujeto que no ha sido condenado sino que se presume inocente. Dentro de tales garantías se encuentra el que la libertad personal es asunto de reserva estricta de la ley, razón por la cual sólo el legislador puede establecer los eventos en que la misma puede limitarse. Y dado que la libertad no es derecho absoluto, tampoco pueden serlo las razones para limitarla. Las razones del interviniente se sustentan en el pronunciamiento contenido en la Sentencia C-846 de 1999, así como en algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los que las altas cortes han expuesto cómo el derecho a la libertad del procesado debe respetarse por encima de la necesidad de suspender la audiencia de juzgamiento. En este contexto, el señor Decano precisa que en el modelo del Estado Derecho acogido por Colombia, el juez no puede desplegar a su arbitrio una actividad mayor a la que se encuentra contenida en las normas jurídicas y en ese sentido es claro que la norma acusada conlleva el desconocimiento de los derechos fundamentales individuales, pues la definición de las causas justas y razonables para suspender la audiencia es función que le corresponde al legislador. Finalmente, el representante de la Universidad manifiesta que dentro del espíritu general del Código de Procedimiento, en el que la libertad es la regla general y la retención, la excepción, es el legislador quien debe establecer los parámetros a los cuales tiene qué acogerse el juez para determinar la suspensión de la audiencia pública de juzgamiento, sin que las expresiones utilizadas por la norma sean suficientes para garantizar la seguridad jurídica que en esta materia se requiere. 4. Intervención de la Universidad de Los Andes Los abogados Misael Garzón y Mónica Patricia Rueda intervinieron en el proceso en representación de la Universidad de la referencia para solicitar a la Corte declarar exequible la norma acusada, con la salvedad de que la única razón para restringir el derecho a la libertad provisional se da cuando ésta es atribuible al sindicado o a su defensor. Para los intervinientes, el análisis jurídico que corresponde adelantar tiene que ver con la proporcionalidad que debe existir entre la medida que restringe el derecho a recuperar la libertad personal y los principios reconocidos del Estado Social del Derecho. De dicha ponderación depende que la norma acusada resulte concordante con el texto constitucional o contraria a él. En este contexto, la Universidad referida advierte que en la Sentencia C-846 de 1999 la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de una norma del anterior Código de Procedimiento Penal que contenía una disposición aparentemente similar, pero que concedía al juez la libertad suspender la audiencia de juzgamiento por cualquier causa. En dicho fallo se advirtió que el procesado no podía soportar los efectos nocivos de circunstancias no atribuibles a su conducta y que, por tanto, la suspensión de la audiencia no podía decretarse por un hecho que no le fuera adjudicable. Por lo anterior, la única causa proporcional que podría dar lugar a la restricción del derecho a la libertad provisional es la actuación del procesado o de su defensor, dirigidas a dilatar la realización de la audiencia pública. Las demás son ajenas a él y no pueden resultar en la restricción de su derecho a la libertad. V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO De conformidad con lo dispuesto en los artículo 242-2, y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó a esta Corporación su concepto en relación a la demanda de la referencia. El jefe del Ministerio Público solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “justa o” y la declaratoria de exequibilidad de la expresión “razonable”. Los motivos de su solicitud fueron los siguientes. En primer lugar, la Vista Fiscal manifiesta que el sistema judicial colombiano ofrece la posibilidad a los procesados de recuperar provisionalmente su libertad, cuando la misma les ha sido restringida durante las investigaciones, si su situación no se resuelve dentro de ciertos plazos establecidos en la ley. No obstante, en ciertas circunstancias, el vencimiento de dicho término –en el caso concreto, los seis meses con que se cuenta para celebrar la audiencia de juzgamiento- no confiere el derecho de recuperar dicha libertad, porque la suspensión del mismo tiene origen en causas justas y razonables que le corresponde evaluar al juez del proceso. Con todo, frente a dicha situación, el Procurador considera que aunque el juez puede determinar los casos en que un evento es causa para suspender la audiencia de juzgamiento, éste sólo puede suspender la audiencia cuando la causa es razonable, mas no cuando la misma es justa. Ciertamente –dice- la ‘justicia’ de la causa constituye una valoración subjetiva e individual para la cual el legislador no ofreció ningún elemento objetivo de remisión, dejando al juzgador en completa libertad de aplicarlo. Esta circunstancia deriva en la indeterminación de la causal de suspensión de la audiencia de juzgamiento y, por ende, en indeterminación de la causal de concesión de la libertad provisional. En sentido contrario, lo ‘razonable’ es objetiva y jurídicamente verificable, pues depende de las circunstancias fácticas del caso, por lo que no es inconstitucional que se permita al juez de la causa suspender la audiencia de juzgamiento cuando una circunstancia razonable impida continuar con ella. El Ministerio Público estima que la facultad del juez para suspender la audiencia de juzgamiento por causa razonable debe mantenerse ante la imposibilidad que enfrenta la ley de establecer de manera casuística todas las hipótesis que podrían dar lugar a la suspensión. Para ilustrarlo, el Procurador advierte cómo la enfermedad del sindicado puede dar lugar a suspender la audiencia de juzgamiento sin afirmar que la misma proviene de la incuria del juzgador ni de maniobras fraudulentas del procesado o de su abogado. No obstante, para el Procurador es necesario advertir que la dilación injustificada del proceso no puede catalogarse como causa razonable para suspender la audiencia de juzgamiento, sino que sólo deben tenerse por tales aquellas provenientes del caso fortuito o de la fuerza mayor. Así mismo, constituyen causas razonables las maniobras dilatorias del procesado o su defensor que se ejecutan en el curso de la audiencia y no sólo las que impiden iniciarla, que es a la hipótesis a la que se contrae el aparte final del inciso acusado. De allí la necesidad de hacer esta precisión. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que éste hace parte de una ley de la República. 2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional Mediante Sentencia C-774 de 2001 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, tal como se deduce de la parte resolutiva de dicha providencia, los efectos de la cosa juzgada constitucional fueron relativos a los cargos de la demanda, cargos que no coinciden con los expuestos en esta oportunidad. La situación anterior faculta a la Corte para pronunciarse de nuevo sobre la exequibilidad del artículo acusado, dentro del cual se inserta la expresión demandada. 3. Problema jurídico De conformidad con los cargos de la demanda, se trata de saber si el legislador vulneró la Carta Política al permitirle al juez penal definir los casos en que, por justa causa o causa razonable, es posible suspender la audiencia pública de juzgamiento, impidiendo con ello que se conceda la libertad provisional al procesado que ha permanecido privado de la libertad por más de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación. Se alude a los 6 meses de ejecutoria de la resolución de acusación porque el numeral 5º del artículo acusado dispone expresamente que tal es el término a partir de cuyo vencimiento el sindicado tiene derecho a la libertad provisional. Así pues, se discute sobre legitimidad de esta medida en cuanto se sostiene que la libertad provisional es un derecho del sindicado que se hace efectivo a los 6 meses de haberse ejecutoriado la resolución de acusación, y que el sindicado no está en la obligación soportar los defectos del sistema judicial que conllevan la imposibilidad de finiquitar o de realizar la audiencia de juzgamiento. El señor Procurador advierte sobre la competencia del juez para suspender la audiencia por motivos razonables, mas no justos, y agrega que en el caso de los primeros resulta legítimo que el sindicado permanezca privado de la libertad aún después de vencido el término de 6 meses contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación. Algunos de los intervinientes solicitan a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la norma por considerarla atentatoria del derecho a la libertad del procesado, mientras otros sostienen que la posibilidad de suspender la audiencia de juzgamiento se justifica si el juez encuentra motivo razonable para hacerlo, sin violentar con ello el derecho a la libertad del sindicado. En atención a lo dicho, le corresponde a la Corte determinar si dicha expresión ha conferido inconstitucionalmente al juez penal la facultad de disponer de la libertad del sindicado. Para tales efectos, esta Corporación analizará los parámetros conceptuales del principio de legalidad de la privación de la libertad, verificará su inclusión en la jurisprudencia de la Corte y establecerá sus consecuencias en la norma demandada. Posteriormente, verificará si las consideraciones de la demanda tienen asidero en esta jurisprudencia y, finalmente, estudiará si la medida acusada se ajusta a dicha jurisprudencia o si contraría el espíritu de la Carta Fundamental. 4. El principio de legalidad en la privación preventiva de la libertad De acuerdo con el principio superior contenido en el artículo 28 de la Constitución Política, nadie puede ser privado de la libertad sino es en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. El principio de legalidad, como se lo conoce, no sólo se impone como exigencia del texto constitucional, sino que se inserta en legislación internacional suscrita por Colombia, así: la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 -Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante Ley 74 de 1968, señala: Artículo 7º ... Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas". Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la misma ley, advierte: "Artículo 9º ... Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". (...) "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo". (Subrayas fuera del original) Ahora bien, tal como lo reconoce la doctrina, el principio de que nadie puede ser privado de la libertad sino por motivo expresamente señalado en la ley es una expresión del principio de legalidad de la sanción penal o nulla poena sine lege, que constituye pilar esencial del derecho punitivo en el modelo del Estado de Derecho. Como consecuencia de dicha subordinación, el principio mencionado aplica no sólo para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal, sino a favor de quien es retenido temporalmente, como resultado de la adopción de una medida preventiva. Tal subordinación tiene fundamento en el hecho de que, aunque la privación preventiva de la libertad no constituye la imposición de una sanción penal -pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado- aquella afecta de manera directa el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad. Por lo anterior, las exigencias que emanan del principio de legalidad de la pena impregnan también el de la legalidad de la privación preventiva de la libertad, y es esta la razón por la cual las categorías que regulan el primero son plenamente aplicables al segundo. Si nadie puede ser sancionado por motivos previamente establecidos en la ley, tampoco puede ser temporalmente privado de la libertad cuando dichos motivos no existen. En tal sentido, tal como opera en el nulla poena sine lege, para que un sujeto pueda ser legal y temporalmente privado de la libertad -mientras se determina su responsabilidad penal- es requisito que los motivos por los cuales se lo retiene se encuentren establecidos en una norma preexistente.[1] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido siempre la prevalencia de dicho principio, en el estudio de las normas de la legislación que lo comprometen. En este sentido la Corte dijo: (...) tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia. (Sentencia C-106 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (Subrayas fuera del original) En igual sentido, la Corte dictó la Sentencia C-327 de 1997 en la que se refirió al carácter excepcional de la detención preventiva, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 388 y 397 del Decreto 2700 de 1991, que establecían los casos de procedencia de dicha medida. Al revisar la exequibilidad de las normas, la Corte estableció que la privación temporal de la libertad se entiende como una medida excepcional que sólo procede en los casos expresamente señalados por el legislador: El tenor literal del mencionado artículo 28 superior da cuenta de algunas conductas que desconocen la libertad y, adicionalmente, del ámbito y de las condiciones de su protección, al estatuir que “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: mandamiento escrito de autoridad judicial competente (i), acatamiento de las formalidades legales (ii) y existencia de un motivo previamente definido en la ley (iii). Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable. (Sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz) (Subrayas fuera del original) Finalmente, bajo la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000- la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse extensamente sobre la figura de la detención preventiva y la libertad provisional. En la Sentencia C-774 de 2001, la Corporación analizó las normas de la nueva legislación a la luz de los preceptos constitucionales, encontrándolas ajustadas a derecho. Al efecto, la Corte reiteró la posición sentada por el tribunal en el sentido de que la naturaleza del derecho a la libertad impone la necesidad de que el legislador delimite los motivos de su restricción: El artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal, ya que consagra de manera precisa, clara y expresa que: "Toda persona es libre", al mismo tiempo, establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que:" Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley. La Corte ha sostenido: "... Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable.... (...) “… La Corte ha hecho énfasis en que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta posible afectarlo. En este sentido la Corporación ha puntualizado que “las normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma desarrollan”[2]. (...) La Corte Constitucional ha precisado que de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política, referente a los requisitos de la detención, y en especial a la necesidad de existencia “de motivos previamente definidos en la ley”, se hace necesario la intervención del legislador para señalar los motivos que permitan decretar la detención en el régimen jurídico colombiano. En tal sentido expresó: “...Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad de sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable...[3]. 5. Delimitación del principio de reserva de ley en materia de privación provisional de la libertad Ahora bien, la doctrina penal especializada se ha cuestionado acerca de las características que debe cumplir la norma contentiva de las causales de privación de la libertad. A este respecto, ha establecido que la descripción del hecho susceptible de promover la detención debe estar contenido en una Ley y su descripción debe ser precisa y expresa: “De acuerdo con el principio de legalidad, la privación de la libertad sólo procede en supuestos previamente determinados, porque la regla general es que las personas no pueden ser privadas de la libertad y que tal privación exige una causa precisa; de manera que para que alguien sea privado de su liberta en forma lícita es necesario que haya ejecutado un hecho previamente tipificado en una norma jurídica, que justifique la privación, sin que baste cualquier norma, pues es preciso que se a una ley que exprese la voluntad soberana...”[4] H.H. Jescheck describe así los requisitos de tales disposiciones: Los presupuestos de los que depende la imposición de las medidas deben configurarse en la ley de modo que sean conformes tanto con el fin, como con la razón de justificación de las medidas. Para evitar abusos, deben ser delimitados del modo más preciso posible, y aproximarse tanto a la realidad que sólo comprendan los casos realmente específicos.[5] En últimas, lo que la doctrina pretende es que la técnica legislativa depure la descripción de las conductas que dan lugar a la adopción de las medidas restrictivas de la libertad, con el fin de reducir su espectro fenoménico a límites claramente identificables, evitando así la fácil subsunción típica de cualquier conducta desplegada. Esta, que ha sido denominada por la doctrina como la ‘exigencia de la óptima determinación de las normas jurídicas conminatorias’ persigue que el ciudadano prevea con la mayor precisión posible las consecuencias jurídicas de sus actos[6]. Por ello señala Rodríguez Mourullo: Como señaló certeramente Beling, una ley penal que declarase ‘quien comete una acción antijurídica y culpable es punible según el criterio del juez’, respondería indudablemente al significado literal del axioma nulla poena sine lege poenali, pero de ningún modo respetaría el significado esencial contenido en el principio de legalidad. Una cláusula legal de tal índole no haría sino legitimar formalmente la incerteza jurídica. El principio de legalidad impone al legislador la prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado. Decisivo para comprobar la vigencia del principio de legalidad, no es el reconocimiento formal del mismo en uno o varios preceptos de carácter general, sino la forma en que aparecen configurados los distintos tipos de delito en particular. Si en estos se introducen cláusulas vagas y omnicomprensivas, el reconocimiento formal del principio de legalidad queda reducido a pura afirmación farisaica.[7] Y finalmente advierte el doctrinante: La ley penal debe revestir las notas de claridad y exhaustividad en la descripción del presupuesto (delito o estado peligroso) y ser precisa al señalar la consecuencia (pena o medida de seguridad). Hoy se habla ya, equiparándolos como postulados propios de un Estado de Derecho de los principios de ‘seguridad y claridad jurídicas’ (Rechts-sicherheit und Rechtsklarheit). Si las disposiciones legales no son claras y precisas, el principio nullum crimen, nulla poena sine lege queda privado de sentido y la seguridad jurídica convertida en pura ilusión. Desde esta perspectiva, el principio de legalidad se traduce en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta et stricta.[8] Es claro entonces que la teoría jurídica exige que, además de estar insertos en una ley, los motivos por los cuales puede privarse de la libertad a una persona deben estar señalados de manera expresa en ella, deben ser claros, precisos y unívocos; deben excluir cualquier ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de los asociados. Con todo, es un hecho constatable que el legislador no puede agotar el universo de hipótesis que ingresan en la esfera del derecho penal, de modo que al juez no le quede otro oficio que el de subsumir el hecho en la descripción normativa. Como sostiene Roxin, atrás quedaron las épocas que consideraban al juez como simple ejecutor de la voluntad de la ley; las épocas del “autómata de la subsunción”, como lo llamó Beccaria[9]. El ejercicio de la función jurisdiccional contemporáneo ha superado el mecanicismo que hacía del juez un funcionario huérfano de criterio, para conferirle un claro protagonismo interpretativo en la aplicación de la ley penal. De allí las palabras usadas por Roxin: “Por consiguiente, la verdad es que siempre sucede que el contenido de un precepto penal sólo es ‘determinado’, en el sentido de una claridad excluyente de dudas, mediante la interpretación judicial. Y la pregunta es cómo se puede conciliar esto con el art. 103 II GG, según el cual la punibilidad ha de estar “determinada legalmente” antes del hecho. Pues bien, con razón, la doctrina dominante no extrae de ahí la consecuencia de que el principio de legalidad esté superado por el cambio en la forma de entender la aplicación judicial del Derecho (...), sino que parte de la base de que el legislador crea con el tenor literal de un precepto un marco de regulación que es rellenado y concretado por el juez. A este respecto el marco es delimitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley, mientras que el juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático-legal, y según el fin de la ley (interpretación teleológica). Por lo demás, según el fin de la ley, la interpretación puede ser tanto restrictiva como extensiva. Por el contrario, una aplicación del Derecho al margen del marco de la regulación legal (praeter legem), o sea, una interpretación que ya no esté cubierta por el sentido literal posible de un precepto penal, constituye una analogía fundamentadora de la pena y, por tanto, es inadmisible.”[10] Como se desprende de lo anterior, la dinámica del derecho penal permite que sin quebrantar el principio de legalidad de la sanción -en el caso particular, de legalidad de la privación preventiva de la libertad- el legislador deje en el criterio del juez la interpretación de ciertos conceptos cuyo contenido indeterminado no puede señalarse a priori, dado el carácter general y abstracto de la norma legal. En tal sentido, bien puede el legislador delinear los extremos del concepto jurídico cuya aplicación entrega al juez penal, sin que por ello se entienda que el principio de legalidad sufre desmedro alguno. Importa, sí, que tales límites se establezcan de manera clara y concreta, a fin de que el juez, al verter en el concepto los hechos concretos, permanezca fiel a los márgenes en que se expresa la voluntad de la ley. 6. Jurisprudencia de la Corte Constitucional Atendiendo al respeto por el principio de legalidad de la privación provisional de la libertad, la Corte Constitucional se pronunció sobre una norma del anterior Código de Procedimiento Penal que permitía al juez penal negar la libertad provisional del sindicado cuando la audiencia pública de juzgamiento se encontrare suspendida por cualquier causa. En efecto, mediante Sentencia C-846 de 1999 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de un aparte del artículo 415 del anterior Código de Procedimiento -Decreto 2700 de 1991- (modificado por el artículo 55 de la Ley 81 de 1993), que señalaba las causales de libertad provisional del procesado. El artículo 415 del Código derogado establecía que a pesar de haberse cumplido el término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, plazo vencido el cual se adquiría el derecho a la libertad provisional, no habría lugar a decretar dicha medida: “a) cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa; b) cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor”[11]. [12] Luego de analizar el contenido de la norma y de compararlo con la estructura de protección del derecho a la libertad en la Constitución del 91, la Corte Constitucional resolvió declarar exequible la disposición demandada bajo el condicionamiento siguiente: la razón por la cual puede ordenarse la suspensión de la audiencia de juzgamiento no puede ser “cualquier causa”. La “causal por la cual se suspende la audiencia, debe ser razonable y estar plenamente justificada”. El motivo aducido por la Corte para declarar exequible, bajo condicionamiento, la expresión señalada, se funda en que, para el tribunal, “el precepto estudiado, al permitir la suspensión de la audiencia "por cualquier causa" deja un espacio abierto para que la autoridad judicial, el procesado o su defensor, dilaten injustificadamente el proceso, en detrimento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución.” A pesar de la precisión anterior, al condicionar el artículo objeto de demanda, la Corte explícitamente admitió que sí es posible al juez de la causa suspender la audiencia pública de juzgamiento cuando las circunstancias así lo ameriten, debiendo ser éstas razonables y estar plenamente justificadas. No obstante, cabe preguntarse, ¿qué entendió la Corte por una causa justa o razonable? En primer lugar, reiterando la posición del Tribunal en otro de sus fallos[13], la Corte adujo que ni la negligencia judicial ni las irregularidades que pudieran presentarse en el trámite del proceso penal podían ser catalogadas como justas causas o causas razonables para suspender la audiencia de juzgamiento. Así –agregó- “no es razonable ni proporcionado que [el sindicado] tenga que soportar una excesiva carga, como lo es la privación de su libertad personal, ‘por la ineficiencia o ineficacia del Estado’”. En segundo término, la Sentencia dejó sentado que tampoco podían catalogarse como causas razonables para la suspensión de la audiencia de juzgamiento “las maniobras engañosas en las que incurra el procesado o su defensor”. Haciendo alusión a que el juez puede adoptar las medidas necesarias para evitar que este tipo de maniobras entorpezcan el normal desarrollo del proceso, la Corte señaló: “Precisamente, para evitar que este tipo de conductas lleve a la suspensión de dicha diligencia judicial, el juez, como director de la misma, puede imponer las medidas correccionales que considere pertinentes”. Finalmente, la Corte advirtió sobre la necesidad de que la suspensión de la audiencia de juzgamiento fuese por el término de duración mínimo que las circunstancias lo ameritasen. Del contenido de esta decisión judicial se desprende lo siguiente: i) el juez penal sí está facultado para suspender la audiencia pública de juzgamiento cuando las circunstancias lo ameriten; ii) dichas circunstancias deben estar justificadas y ser razonables para la suspensión de la audiencia; iii) el juez debe impedir que las maniobras dilatorias del procesado o del defensor interrumpan el proceso; iv) el juez no puede aducir como causas razonables para suspender la audiencia de juzgamiento, los defectos de funcionamiento, la ineficacia o la ineficiencia de la administración de justicia, y v) las justas aludidas sólo pueden prolongar la suspensión de la audiencia por el tiempo mínimo requerido. La última conclusión se extrae del siguiente aparte de la Sentencia: “...lo anterior no significa, como ya se mencionó, que la audiencia pública jamás pueda suspenderse;[14] supone, eso sí, que la interrupción del curso normal de esta etapa del juicio debe ser excepcional, por el tiempo mínimo que las circunstancias lo requieran y, bajo ningún supuesto, puede fundarse en criterios arbitrarios, ni en la indebida actuación del juez o de quienes intervienen en el proceso. En otras palabras, la suspensión tiene que estar siempre plenamente justificada. El fragmento anterior impone una segunda conclusión: el hecho de si una circunstancia establecida es causal de suspensión de la audiencia de juzgamiento corresponde determinarlo al juez. Él es el que establece la razonabilidad de la medida que obliga a suspender la diligencia, para lo cual no podrá invocar la ineficiencia o ineficacia de la administración de justicia, no podrá actuar arbitrariamente y deberá adoptar la medida por el tiempo mínimo requerido. Por su parte, en aplicación de la tesis de la Corte, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-1003 de 2000, en la que resolvió la demanda dirigida contra un juez penal de la República que se negó a decretar la libertad provisional de los sindicados puestos a su orden, con el argumento de que, a pesar de haber transcurrido más de 6 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación, la audiencia de juzgamiento se encontraba suspendida por una causa razonable y justa, cual era que no se había recaudado el material probatorio decretado en el proceso y que uno de los defensores no había podido asistir a la audiencia correspondiente por encontrarse atendiendo otra diligencia. La decisión judicial sometida a revisión sostenía que el derecho a la libertad provisional no se adquiere, ipso facto, una vez cumplido el término de 6 meses a que se refería el numeral 5º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal derogado, ya que si la audiencia pública se encuentra suspendida por causa razonable o justa, es permitido al juez negar la libertad mientras se agota el tiempo mínimo necesario para reanudarla. De conformidad con su interpretación de la Sentencia C-846 de 1999, el juzgado penal de circuito demandado sostenía: No podemos olvidar, que según lo manifestado por la Corte Constitucional, y transcrito en párrafo anterior, la efectividad de un debido proceso, no excluye que en algunas ocasiones la autoridad competente pueda suspender la realización de las diligencias en el proceso, sí exige que las causales que den lugar sean o estén plenamente justificadas. En aquellas ocasiones en las cuales se han suspendido las audiencias, esto se debió a lo avanzado de la hora, como muy bien le consta a los sujetos procesales, existiendo allí plena justificación y siendo razonable la misma. Ya en la última oportunidad, no se pudo continuar porque un defensor debería atender otra diligencia en una (sic) Juzgado Penal del Circuito Especializado. Quiere decir lo anterior, que si bien es cierto de la fecha en la cual quedó debidamente ejecutoria la resolución de acusación, a hoy han transcurrido unos días mas de los seis meses, los señores (X) y (Y) no cumplen con los requisitos para su concesión, por cuanto las razones que condujeron a la suspensión de dichas diligencias son consideradas como justas y razonables, que a pesar de no ser atribuibles ni a los procesados ni a sus procuradores judiciales, tampoco pueden asignárseles a este Despacho Judicial atendiendo a que este proceso es uno de los tantos diligenciamientos complejos que adelanta un Juzgado como este, requiere de un análisis minucioso para tomar cualquier determinación, tanto así que fueron múltiples las pruebas que se decretaron y las cuales se consideraron de vital importancia para poder llegar al esclarecimiento de los acaecimientos originarios de la investigación. No fue capricho de este Estrado Judicial fijar fecha de audiencia para octubre y mucho menos que la iniciación y la continuación de la misma se suspendieran por lo avanzado de la hora, pues por terminar una diligencia como la programada, no se pueden efectuar trámites a la ligera con los cuales puedan salir altamente perjudicados los sindicados y la misma administración de justicia, atentando contra los derechos que rigen nuestro ordenamiento judicial, pues primero está el encuentro de la verdad que conduzca a la certeza, concretado dentro de los parámetros del principio constitucional fundamental del debido proceso, y es que por no sobrepasar ese tiempo –seis meses-, no se pueden dejar de practicar pruebas o evacuarlas en forma rápida y con la seguridad de no producir un efecto provechoso en el proceso. La Sala Novena de Tutelas revisó la posición del funcionario demandado y, precisando el alcance de la Sentencia C-846 de 1999, respondió que a partir de dicho fallo todos los jueces de la República estaban obligados a respetar la exequibilidad del artículo 415 del C.P.P., junto con el condicionamiento inserto en la providencia en mención, cuyo aparte justificativo transcribió del siguiente modo: “De lo dicho hasta aquí, se puede llegar entonces a una conclusión: si bien este tribunal constitucional considera que el precepto objeto de análisis tiene un fundamento razonable, para evitar que en su aplicación se incurra en actos que puedan violar las garantías y derechos fundamentales del procesado, ha de entenderse que la iniciación de la audiencia pública, no interrumpe el término establecido en el primer inciso del numeral 5º del artículo 415 del C.P.P para acceder a la libertad provisional, es decir, que una vez iniciada la audiencia, si ésta no culmina dentro del término de seis meses contados a partir de la resolución de acusación, el procesado tendrá derecho a obtener la libertad provisional, con fundamento en la norma citada. De igual forma, la exequibilidad del aparte analizado, también debe estar condicionada al entendido de que la causal por la cual se ordena la suspensión de la audiencia ha de ser razonable, estar plenamente justificada y el término de duración debe ser el mínimo que las circunstancias lo ameriten.”. (Subraya fuera del original) Finalmente, descendiendo al caso concreto, la Corporación advirtió la existencia de una vía de hecho en la decisión judicial negativa de la libertad provisional, pues las causas que dieron origen a la suspensión del proceso penal no eran atribuibles a los sindicados o a su apoderado. Por lo tanto, no podía el Juzgado accionado ni su superior jerárquico rehusarse a conceder la libertad personal de la actora como efectivamente lo hicieron, por cuanto se cumplían los presupuestos que permitían su aplicación según lo ordenado por la Corte. Efectivamente, ya había transcurrido un término superior a los seis meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, como el mismo Juzgado lo avaló en su decisión, y aun cuando la audiencia pública ya se había iniciado, ésta se encontraba suspendida por motivos ajenos a la sindicada o...