Sentencia C-112 de 2017

C-112-17 Sentencia C-112/17 ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 QUE ADOPTA UNA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Demanda de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO EN SU FORMACION-Competencia de la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION FRENTE A LA COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE DISTINTAS JURISDICCIONES-Reitera decisión inhibitoria de sentencia C-053 de 2016 COSA JUZGADA-Fundamentos/COSA JUZGADA-Alcance/COSA JUZGADA-Efectos COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA RELATIVA-Distinción COSA JUZGADA RELATIVA-Configuración DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION SOBRE LA CLAUSULA DEROGATORIA FRENTE A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA O LOS CONSEJOS SECCIONALES-Inexistencia de cosa juzgada DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION FRENTE A LA CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Cosa juzgada relativa en sentencia C-373 de 2016 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION FRENTE A LA CONCORDANCIA, VIGENCIA Y DEROGATORIA-Cosa juzgada relativa en sentencia C-285 de 2016 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION FRENTE AL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Cosa juzgada en sentencia C-373 de 2016 ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION-Competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse en razón a vicios competenciales PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Límites JUICIO DE SUSTITUCION-Elementos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos formales mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE AL JUICIO DE SUSTITUCION DE LA CONSTITUCION POR EXCESO EN EL PODER DE REFORMA-Inhibición por carencia de aptitud de los cargos Referencia: Expediente D-11533 Demandante: Paulina Canosa Suárez Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.” Magistrado Ponente: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, la ciudadana Paulina Canosa Suárez demandó los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. Mediante Auto de veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado Sustanciador decidió, en primer lugar, rechazar la demanda formulada contra el artículo 17, las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial contenidas en el artículo 19 del Acto legislativo y los incisos 2 y 6 del artículo 26 por presentarse cosa juzgada constitucional absoluta, en virtud de las declaratorias de inexequibilidad adoptadas por esta Corporación mediante Sentencias C-285 y C-373 de 2016. En segundo lugar, resolvió inadmitir la demanda al considerar que la actora no cumplió con la carga argumentativa calificada, que exige la jurisprudencia constitucional, cuando se trata de evidenciar la sustitución de la Constitución Política. El dos (2) de agosto de 2016, dentro del término previsto para la corrección, la accionante radicó en la Secretaría General de esta Corporación el escrito de subsanación. Mediante Auto de dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicar el inicio del proceso al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso, con el propósito de impugnar o defender la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Además, invitó al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Academia Colombiana de la Abogacía, a Dejusticia, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario-ICDD-, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal-ICDP-, así como a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Militar, Externado de Colombia, del Atlántico, Industrial de Santander, San Buenaventura, Andes, Libre, Gran Colombia, EAFIT, del Rosario, del Norte, Pontificia Javeriana, del Sinú, Pontifica Bolivariana, Santo Tomás, Sergio Arboleda, del Valle y Autónoma de Bucaramanga -UNAB-, para que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional decide sobre la demanda de la referencia. II. EL TEXTO DEMANDADO A continuación, se transcriben los artículos 14, 17, 19 y 26 del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. “ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: Artículo14.Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales quedarán así: 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 12. Darse su propio reglamento. Artículo 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política. Dicho artículo 256, cobro vigor tras lo resuelto por la Corte en la Sentencia C- 285 de 2016, salvo en los contenidos que seguidamente se subrayan Artículo 256 de la Constitución Política: Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley. (…) 6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. (…) Artículo 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así[1]: Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial[2] previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial[3], y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos. Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados. Parágrafo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela. Parágrafo Transitorio 1. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad. Artículo 26. Concordancias, vigencias y derogatorias. Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Comisión Nacional de Disciplina Judicial" en el artículo116 de la Constitución Política. Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo156 de la Constitución Política. Elimínese la expresión "y podrán ser reelegidos por una sola vez" en el artículo 264 de la Constitución Política. Elimínese la expresión "Podrá ser reelegido por una sola vez y" en el artículo 266 de la Constitución Política. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mencionada en el artículo 178 de la Constitución Política, no será una de las comisiones permanentes previstas en el artículo 142 de la misma. Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" con "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 341 de la Constitución Política. Sustitúyase el encabezado del Capítulo 7 del Título VIII con el de "Gobierno y Administración de la Rama Judicial". Deróguese el artículo 261 de la Constitución Política y reenumérese el artículo 262 que pasará a ser el 261”. III. LA DEMANDA Tanto en el escrito inicial como en la corrección del mismo, la actora considera que los preceptos objeto de censura constitucional, contenidos en los artículos 14, 17, 19 y 26 del Acto Legislativo 02 de 2015, sustituyen la Constitución Política de 1991. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos: Señala que la Constitución Política de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura, el cual estaba compuesto por dos salas: la jurisdiccional disciplinaria y la administrativa. En dicha entidad radicaba la independencia y la autonomía de la Rama Judicial. La independencia interna porque el órgano de control disciplinario no era nombrado por la misma Rama Judicial, ello para garantizar un sistema de pesos y contrapesos, como, a su vez, sucedía con las otras dos Ramas del Poder Público y la independencia externa porque ninguna de las otras Ramas del Poder Público tenía injerencia en dicha entidad. Advierte que el Acto Legislativo 02 de 2015 acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y diseña un nuevo modelo en el que la administración y la gerencia de la Rama Judicial se separan de la función jurisdiccional disciplinaria, pues esta se traslada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Explica que en virtud de la sentencia C-285 de 2016 se revivió el Consejo Superior de la Judicatura, pero no con el diseño del constituyente de 1991, pues dicha entidad coexiste con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En esa medida, considera que del control de constitucionalidad no puede resultar un cambio tal en el diseño constitucional, que es de competencia exclusiva del Congreso de la República, rama del poder que quiso acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, pues en el 2015 se creó una entidad pero desde el 2016 hay dos vigentes, la acabada y la creada para reemplazarla, una “lex tertia” inadmisible doctrinaria y jurisprudencialmente que genera una Constitución “tertia” porque solo el Congreso puede reformarla. Advierte que los esfuerzos de la Corte Constitucional para adecuar lo aprobado por el Congreso, excluyendo lo declarado parcialmente inconstitucional, genera una nueva inconstitucionalidad, por falta de competencia de esta Alta Corte para reformar la Carta Política. Sin embargo, aclara que con la demanda no pretende la nulidad de la sentencia C-285 de 2016 sino la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que no fueron revisadas por no haber sido demandadas o porque se consideró inepta la demanda. En su libelo de corrección reiteró que con las decisiones de esta Corporación se afecta el eje definitorio de la Constitución Política porque jurisprudencialmente quedarían dos entidades, lo cual no es competencia de la Corte Constitucional sino del Congreso de la República, que diseñó una sola para la garantía de la autonomía e independencia de la Rama Judicial. Indica que cuando el Congreso se extralimita en el poder de reforma sustituyendo la Constitución Política, en las dimensiones ya conocidas por la Corte Constitucional, las que ameritaron la declaratoria de inexequibilidad, no pueden subsistir parcialmente el resto de las reformas sobre el mismo punto de derecho, sino que deben llevar el mismo destino judicial. La nueva Comisión Nacional de Disciplina, que hasta ahora queda vigente, sobre la base de que resurgió solamente medio Consejo Superior de la Judicatura-con una Sala no jurisdiccional-, resulta ser el producto de una confluencia de varias circunstancias “pero no de la voluntad del Congreso de la República, que en ningún momento quiso dejar vigente parcialmente el Consejo Superior de la Judicatura, menos aún, a la Sala Administrativa, pues en torno de su reforma se dieron todos los debates”. Considera que la Corte Constitucional no tiene facultades para reformar la Carta Política, y de mantenerse el híbrido, se violarían los artículos 241 y 374 de la Carta Política, sin embargo, esta acción no pretende la nulidad de la sentencia C-285 de 2016, sino la inconstitucionalidad de las normas que no fueron revisadas por no haber sido demandadas o porque se acusó de inepta demanda. Entiende también que no existe ninguna justificación de carácter constitucional para acabar con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues en los debates del Congreso siempre se adujo para eliminar a la entidad el incumplimiento de sus funciones administrativas, tales como, “haber roto las relaciones con la Rama Judicial”, no ser “ejecutivos en su cumplimiento” o tener “falta de experticia”, de las cuales ninguna se aplica a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. En la corrección de su escrito, agregó sobre este punto que en el Congreso de la República no hubo debates, ni argumentos para suprimir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sino que todos se dirigieron contra la Sala Administrativa, con lo cual, si se declara la inexequibilidad de la reforma de la creación del nuevo órgano de gobierno, queda sin ninguna motivación ni debate, la supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y de paso pierde todo sustento la creación de la Comisión Nacional de Disciplina. Indica que el sistema de pesos y contrapesos diseñado en la Carta Política de 1991, impactó la reforma en cuanto al origen o designación de las personas llamadas a llenar las plazas de los órganos de control, pues con ella se suprimió la facultad nominadora del Presidente de la República y del Congreso para designar a quienes integraban la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Al respecto, considera que si bien, en aplicación del derecho a la igualdad, esto debe mantenerse, para ello no debe acabarse con la institución diseñada para garantizar la autonomía y la independencia de la Rama Judicial por la Asamblea Nacional Constituyente. Reitera que el diseño constitucional inicial era el de una sola entidad integrada por dos salas, la cual tenía la guarda de la independencia y de la autonomía judicial, así el sistema de pesos y contrapesos había creado un auto gobierno de la Rama Judicial con la Sala Administrativa y un investigador disciplinario, ajeno a las injerencias internas de la misma Rama Judicial, a cuyos miembros debía investigar y juzgar, por lo cual, la postulación y designación de sus miembros no estaba en cabeza de la misma Rama Judicial. Señala que el Congreso, con la reforma de 2015, quiso acabar con esa institución para crear dos: una que reemplazara a la Sala Administrativa y otra a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El nuevo modelo separa la administración y la gerencia de la Rama Judicial de la función jurisdiccional disciplinaria, pues mantiene la jurisdiccional disciplinaria, pero en cabeza de la llamada Comisión Nacional de Disciplina. Recuerda que dicha reforma fue declarada inexequible parcialmente, por esta Corporación, mediante sentencia C-285 de 2016. Manifiesta que en el comunicado proferido por esta Corte sobre la anterior decisión se dijo que el nuevo esquema institucional implicaba una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991, argumentación que resulta del todo aplicable para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya que el modelo constitucional diseñado originalmente no fue el mismo para ambas Salas, porque para la administración y gobierno se diseñó un modelo que garantizara no solo la independencia externa sino también la interna de la misma Rama Judicial, y al ser sustituida por un modelo mixto se afectan principios básicos de la configuración de la estructura de la Rama Judicial y de paso se da al traste con el principio definitorio de la autonomía de la Rama Judicial y el diseño del sistema de pesos y contrapesos. Además, refiere que en los comunicados de las sentencias de constitucionalidad que hasta ahora se conocen, y en razón de haber prosperado la demanda contra la creación del nuevo órgano de gobierno judicial, decisión contra la cual, dicho sea de paso, no hay ninguna acusación en esta demanda, se generó una tercera Constitución, que no corresponde ni al diseño de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ni al diseño realizado por el Congreso de la República de 2015. Para el demandante, esa tercera Constitución crea un híbrido entre las dos instituciones existentes: el Consejo Superior de la Judicatura, del cual subsiste una sola Sala, la Sala Administrativa, que cobró inusitadas competencias, en razón de que fue “arrancada de su entraña” la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y que ahora, en razón de la sentencia C-285 de 2016, tiene una función nueva, que no tenía en la Constitución de 1991, ni le había sido atribuida por el Congreso en 2015, puesto que con esa reforma dejaría de existir, cual es la de elaborar las listas y ternas, para la provisión por el Congreso de la República de 4 plazas para los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina. Según el actor, la estructura de la Rama Judicial ha sido debilitada, pues se sustituyó un eje definitorio de la Carta Política, al afectarse un pilar fundamental en la organización del Estado, toda vez que el legislador, al suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, en el que estaba radicada la independencia y la autonomía de la Rama Judicial, cometió excesos en el poder de la reforma, que ya han sido reconocidos por la Corte Constitucional. Así pues “no puede la Corte Constitucional, mantener la vigencia de lo que inescindiblemente toca al Consejo Superior de la Judicatura, so pena de sustituir la Carta Política”. Señala que la inexequibilidad de la reforma y la reviviscencia de la Sala Administrativa le dan la calidad de Corte a una sola de las dos salas que estableció el Constituyente de 1991, siendo que es la única de las dos salas que no tiene función jurisdiccional, y autónomamente no puede estar entre los órganos que administran justicia en Colombia, ni lo está. Entre tanto, la nueva Comisión Nacional de Disciplina, si bien queda con el carácter de Corte, no participa de la administración, ni de las políticas de la Rama Judicial, de manera irracional e inconstitucional. Afirma la actora que “la premisa para aseverar que se rompe el equilibrio de poderes y por ende se sustituye la Constitución es precisamente que la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura sea quien integre las ternas de los Magistrados de la Comisión Nacional Disciplinaria”, dado que “(…) un órgano que debe ser totalmente autónomo de la injerencia de la Rama Judicial por la labor disciplinaria que ejerce, resultaría en ultimas (sic) conformado por la propia Rama Judicial, rompiendo con los principios de transparencia, de independencia, de autonomía, que debe tener un órgano de control de tal naturaleza, y que por esta potísima razón fue que la Asamblea Nacional Constituyente determinó que sus integrantes serían nombrados por el Congreso en pleno, de ternas enviadas por el Presidente de la República.” Respecto de la unidad de materia, que en este caso era “el equilibrio de poderes”, por ninguna parte se encuentra que con este tema se solucione el problema de un poder en pugna, sino que se hace un mero ajuste institucional del poder judicial, en singular. Finalmente, la ciudadana Paulina Canosa Suárez también demanda: a. La supresión de la competencia para conocer tutelas por parte de la Comisión Nacional de Disciplina, en caso de no prosperar la inexequibilidad que se solicita. Considera que la eliminación referida afecta al usuario de la justicia, “quien se ve privado, de manera inmotivada del acceso a la administración de justicia, porque al tiempo que puede acudir a cualquier juez para que proteja sus derechos fundamentales, se le priva de acudir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, órgano que tiene la calidad de juez. También afecta la independencia judicial, porque la Corte avaló el Decreto 1382 de 2000, y las tutelas contra las decisiones de esta misma Sala ni siquiera podía conocerlas la jurisdicción disciplinaria, quedando sometida al parecer de las demás jurisdicciones que ella misma investiga y sanciona, lo mismo que a sus litigantes. Sostiene que si subsiste el hibrido, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer acciones de tutela, lo cual crea otra antinomia en el ordenamiento jurídico, pues el artículo 86 de la Constitución Política contempla que se podrá presentar acción de tutela para la protección de derechos fundamentales ante cualquier juez de la república, sin embargo, el artículo 257 excluye a dicha entidad para conocer de la acción de amparo, es decir, un artículo permite a la jurisdicción disciplinaria conocer acciones de tutela y el otro no. b. Manifiesta también que las disposiciones acusadas sustituyen la Constitución Política al otorgarle a la Corte Constitucional la función de resolver los conflictos de jurisdicción, toda vez que le confiere funciones legales a un órgano que solo tiene funciones constitucionales. El diseño constitucional de 1991, fue el de un órgano de cierre constitucional, supremo frente a todas las jurisdicciones, que interpretara la Constitución Política, y se pronunciara únicamente sobre asuntos de inexequibilidad, además de darse su propio reglamento. Así pues, se afecta el núcleo de la Carta Política cuando se le dan competencias legales, por completo ajenas a su función política de interpretar la Constitución. Así las cosas, la Corte Constitucional deberá dejar de lado la Carta Política y asumir el conocimiento de leyes de distintas materias, no para analizarlas desde el punto de vista constitucional, sino para confrontarlas y determinar la autoridad jurisdiccional o administrativa que debe conocer un asunto, mediante una dirección jurisdiccional, que a su vez, quien lo creyera, pueden ser cuestionadas por vía de tutela, y como la Corte Constitucional no puede conocer de acciones de tutela contra sus propias decisiones, esto va a generar un caos al interior de un órgano puramente constitucional. c. La permisión para la creación, por ley, de un colegio de abogados, pues: Para el demandante, se sustituye la Carta Política cuando se faculta al Congreso para transferir las funciones generales y permanentes de administrar justicia disciplinaria frente a quienes ejerzan la profesión de abogado a un Colegio de abogados. Igualmente, se resquebraja el Estado social y democrático de derecho cuando se desprende de sus funciones y se las pasa a los particulares, concretamente a la empresa privada. Así pues, se crea una antinomia constitucional entre los artículos 116 y 257 de la Constitución Política porque habrá dos tipos de justicia disciplinaria: la función pública de juzgar a los abogados cumplida por lo que quede de la jurisdicción disciplinaria y la función privada de juzgar a los abogados ejercida por empresas privadas. Además, el Congreso, al establecer que “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados” pasó por alto que un colegio obligaría a los abogados a asociarse, afectando la libertad de asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política. Así mismo, indica que la reforma desjudicializa las investigaciones y el juzgamiento de los abogados en el ejercicio de su profesión “lo que afecta” los artículos 26, 38 y 95 de la Constitución Política. (Subraya fuera del texto original). Este punto es tan relevante, como que el Estado no puede desprenderse de sus facultades de investigar a los profesionales, para garantizar su correcto ejercicio de la profesión, ni la función social que deben cumplir. IV. INTERVENCIONES Vencido el término de fijación en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en Auto de dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la Secretaria General de esta Corporación informó que, de acuerdo con las comunicaciones libradas, se recibieron los siguientes escritos de intervención: 1. Intervención ciudadana María Claudia Valdivieso Beltrán, Tatiana Díaz Ricardo y Julio Cesar Villamil Hernández, ciudadanos en ejercicio, coadyuvan la demanda, al considerar que con el Acto legislativo N.º 02 de 2015 se vulnera la doble instancia en los procesos disciplinarios, pues al crear la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se dijo “podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial Integradas como señale la ley”, sin embargo, como no existe ley estatutaria, y mucho menos señalamiento de si habrá o no Comisiones Seccionales, queda en el limbo la doble instancia de este tipo de investigaciones y juzgamientos. 2. Universidad Militar Nueva Granada Walter René Cadena Afanador, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, solicita a la Corte Constitucional declarar exequible las disposiciones acusadas. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos: Sostiene que la argumentación de la demanda se basa en supuestos parciales, pues ofrece las nociones de autonomía e independencia judicial solamente relacionadas a la capacidad de autorregulación de la institución en cuestión, olvidando por completo las disposiciones emanadas del artículo 228 de la Constitución. De igual manera, la demandante aduce que al separar las funciones del Consejo Superior de la Judicatura se viola el artículo 229 de la Constitución Política, sin embargo, observa que la norma no bloquea ni obstruye el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos. Para el interviniente, las normas acusadas aportan notablemente a la separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos planteados en la Carta Política de 1991, pues proponen la colaboración entre la rama judicial y la rama ejecutiva del poder público. Así mismo, considera que no existe contradicción entre la existencia de dos instituciones diferenciadas, con funciones distintas una de la otra, que pertenecen a la misma fuente normativa e institucional, pues a pesar de que todavía no se reglamentan las funciones de la entidad emanada del Acto Legislativo 02 de 2015, es apenas comprensible que los criterios cronológicos, jerárquicos y de especialidad se subsanan por medio de la reglamentación interna de funciones sobre los mecanismos que cada una de las instituciones proporcionará para sí. Finalmente, refiere que la Corte Constitucional no se excedió en el ejercicio de sus funciones al proferir la jurisprudencia citada, toda vez que, si bien la Rama Legislativa es la encargada de la función constituyente, a la Corte Constitucional le corresponde el poder decisorio sobre la constitucionalidad de las normas emanadas del legislativo. 3. Academia Colombiana de la Abogacía Alfonso Clavijo González, Decano de la Academia Colombiana de Abogacía, concentra sus apreciaciones en el análisis de constitucionalidad de la disposición demandada del acto legislativo que le confiere a la ley la posibilidad de atribuirle a un Colegio de Abogados la función disciplinaria sobre los profesionales del derecho (artículo 19). Señala que el constituyente de 1991 tuvo la intención expresa y clara de que las profesiones legalmente reconocidas pudieran organizarse en colegios profesionales e incluso que la ley pudiera asignarles funciones públicas, pues así se desprende de la lectura del artículo 26[4] de la Constitución Política y de lo señalado por la Corte Constitucional, en Sentencia C-470 de 2006[5]. En ese orden de ideas, el legislador tiene la facultad de asignarle a los colegios profesionales funciones estatales como las administrativas de inspección y vigilancia. Aduce que el hecho de que por medio de un acto legislativo se permita otorgarle funciones de control de la abogacía a un colegio profesional no va en detrimento de los elementos esenciales o axiales de la Constitución, toda vez que ella misma, en escenarios anteriores, ha permitido que los colegios profesionales, por medio de la ley, tengan en cabeza suya funciones estatales, lo que significa que los particulares pueden desarrollar funciones como la vigilancia y la inspección de su profesión. Sin embargo, surge el interrogante de qué tan viable es que los particulares ejerzan funciones disciplinarias. Indica que el control disciplinario no siempre es una función jurisdiccional, así, por ejemplo, el control disciplinario sobre los servidores públicos en Colombia lo lleva a cabo, además de la entidad respectiva, la Procuraduría General de la Nación que no es un órgano judicial. Advierte que cuando en 1991 se le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el control sobre el ejercicio de la abogacía, ciertamente se estableció un control disciplinario con características de ser un control de tipo jurisdiccional, pero no se sustituye ningún eje axial de la Constitución si se desjudicializa ese control, pues tanto en otras profesiones, como en el ámbito de los funcionarios públicos, el control disciplinario no es judicial. De otro lado, sostiene que podría conservarse el carácter jurisdiccional del control disciplinario, aunque fuera ejercido por colegios profesionales, si así lo decidiera el legislador, pues el artículo 116 de la Constitución ya lo permitía desde el origen del texto constitucional. En ese precepto se materializa la aplicación flexible del principio división de poderes, introducida por la Constitución, al permitir que la función jurisdiccional pueda estar en cabeza de las tres ramas del poder público e incluso de los particulares, previa autorización legal. Aunado a lo anterior, aclara que el acto legislativo que se demanda habilita al legislador para que establezca en qué casos se puede realizar esa función en cabeza de los colegios profesionales. Por otra parte, refiere que no se puede acusar de inexequible el acto legislativo por considerar que el artículo 116 consagra una regla absoluta que no puede modificarse bajo ninguna circunstancia, pues se reitera que en nuestro ordenamiento no existen clausulas pétreas o inderogables y, como consecuencia de ello, por medio de una reforma constitucional podría extenderse la excepción de que los particulares pueden administrar justicia sin que se esté presente ante la sustitución de elementos esenciales, porque como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional el principio de división de poderes es flexible y se garantiza la participación de los particulares en el ejercicio de funciones estatales. En conclusión, considera que otorgarle la función jurisdiccional disciplinaria, en los casos que dicte la ley, a un Colegio de Abogados no sustituye la Constitución Política de 1991, en tanto que no desconoce los elementos consustanciales de la misma, porque respeta la función jurisdiccional en cabeza de los órganos estatales y el carácter excepcional del ejercicio de dicha función por los particulares al condicionar que debe estar previamente autorizado en la ley. 4. Universidad Libre El señor Jorge Burbano, Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho; Jorge Palomares, Profesor del Área de Derecho Público; Javier Santander y Edgar Valdeleon, Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, solicitan a la Corte Constitucional inhibirse de hacer un juicio de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. En primer lugar, refieren que la demandante no presenta ningún cargo específico contra la unidad de materia del acto legislativo, pues se limita a decir que el equilibrio de poderes no soluciona problemas de un poder en pugna, sino que hace un mero ajuste institucional del poder judicial; para el Observatorio la interpretación del acto legislativo debe hacerse de manera conjunta, es decir, con todas las modificaciones introducidas por dicho acto legislativo a todas las ramas del poder público, así, se configuró el procedimiento legislativo llevado por el Congreso de la República, pues reformó la reelección presidencial al punto de prohibirla, en ese sentido, la reforma al equilibrio de poderes y ajuste institucional permea todas las funciones de las ramas del poder público aunque la Corte Constitucional haya declarado inexequible. En segundo lugar, señalan que la actora no logra precisar mediante el juicio de sustitución cuál es el eje axial vulnerado por el Congreso de la Republica al otorgar a la Corte Constitucional la función de dirimir conflictos de competencia. En tercer lugar, advierten que la ciudadana Paulina Canosa Suárez no demostró por qué la subsistencia de la Comisión de Disciplina Judicial atenta contra los pilares fundamentales de la autonomía entre ramas y la independencia judicial, siendo insuficiente la argumentación, a la luz de lo establecido por la Corte Constitucional en materia de sustitución de la Constitución. Tampoco logró determinar si el constituyente derivado se extralimitó en sus funciones invadiendo orbitas competenciales y si con la subsistencia de la Comisión de Disciplina Judicial se transgredió un pilar fundamental de modificación exclusiva del constituyente originario. Finalmente, consideran que la Corte Constitucional debe abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo enjuiciado dado que (i) la demandante no cumplió con los requisitos expuestos y (ii) el control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución tiene una intensidad argumentativa más exigente que los controles hacia normas de inferior jerarquía; así se debe considerar que la simple comparación y enunciación de principios que son aparentemente estructurales en la Constitución Política no supone que el Tribunal Constitucional se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución. 5. Universidad del Rosario Luisa Zorro, Mónica Redondo, Natalia Mantilla, Juan Franco y Bryan Triana, Miembros del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, solicitan a la Corte Constitucional declarar inexequible las disposiciones acusadas. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos: Indican que, al recortar la función y transferir la competencia disciplinaria a los Colegios de Abogados, la autonomía de la rama judicial se ve disminuida, pues en la práctica puede ser una justicia selectiva beneficiando más a unas agremiaciones que a otras, dependiendo, por ejemplo, de qué facultad de derecho provenga o de la manipulación del “colegaje” que se pueda obtener al interior de esas agremiaciones. El extender la competencia disciplinaria del Estado a particulares genera la preocupación de cómo regularía el tema la ley, pues las iniciativas legislativas no han contemplado una colegiatura general o única. Bajo ese contexto puede existir preferencia a la escogencia de una agremiación más que a otras. Constitucionalmente, por el derecho de asociación, resulta complejo que se convierta en obligatorio la vinculación de los abogados, ya que la misma Carta Política establece la libertad de asociación y desafiliación libremente y todo dependería del manejo de las facultades de derecho y de los colegios de abogados ya creados. Otros de los interrogantes que plantean son, cómo sería el funcionamiento y el presupuesto del colegio de abogados administrando justicia, cómo debe ser el control en el manejo de los procesos y cómo se garantizaría su independencia. Señalan que la competencia disciplinaria, hasta ahora en cabeza del Estado, ha permitido que se adelanten las investigaciones y se sancionen un número considerable de profesionales, así pues, el sistema pese a sus críticas ha funcionado por años con buenos resultados. En esa medida, trasladar, eventualmente, esa facultad generaría una especie de justicia particular con los riesgos que eso implica para la objetividad y la imparcialidad como elementos inescindibles de un debido proceso. Por otro lado, refieren que la facultad para dirimir los conflictos entre jurisdicciones no corresponde a la naturaleza constitucional propia de las funciones atribuidas a la Corte Constitucional, sobre todo si se tiene en cuenta que la intención originaria del constituyente fue la de crear una Corte encargada de salvaguardar la supremacía e integridad constitucional, a través del denominado control de constitucionalidad. De igual manera, advierten que habría una afectación a la imparcialidad que debe orientar el ejercicio de funciones como la resolución de controversias entre jurisdicciones, lo cual no se podría cumplir si quien está llamado a resolver la controversia es al mismo tiempo la autoridad involucrada en el conflicto. Consideran que las normas demandadas quebrantan la autonomía judicial y la seguridad jurídica, pues la Asamblea Nacional Constituyente, al crear al Consejo Superior de la Judicatura, quería revitalizar la autonomía de la rama judicial. Por último, aducen que se contrarían los fines de la acción de tutela al despojar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de la competencia para conocer de dichas acciones, pues con ello no se garantiza la protección de los derechos de los sujetos que pretenden acceder al mecanismo de amparo. 6. Ministerio de Justicia y del Derecho Diana Remolina, Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la Corporación declarar la exequibilidad de las disposiciones demandadas. Cargo sobre exceso de las facultades del Congreso para reformar la Constitución Indica que la demandante incurre en el error de confundir el juicio de sustitución con el juicio material de constitucionalidad, al considerar que toda diferencia entre las instituciones previstas en la Constitución de 1991 y las nuevas instituciones después del Acto Legislativo 02 de 2015, es per se inconstitucional. Según la actora, la configuración específica del Consejo Superior de la Judicatura es un pilar esencial de la Constitución. Dicha posición llevaría a consagrar los artículos 254 a 257 de la Carta Política como clausulas pétreas y haría automáticamente inconstitucional cualquier modificación a dicho órgano. En ese sentido, considera que la enunciación del elemento supuestamente sustituido no es clara, en cuanto en diversos apartes de la demanda se enuncia de forma distinta. Señala la demandante, en primer lugar, que el pilar esencial sustituido es “la organización del Estado”; posteriormente, que lo sustituido son “los pilares en que se asentó la creación del Consejo Superior de la Judicatura”; acto seguido, afirma que lo que el Congreso no puede modificar es el Consejo Superior de la Judicatura y; finalmente, concluye que el Congreso de la Republica carece de competencia para eliminar una institución que fue uno de los pilares fundamentales de la Asamblea Constituyente y de la Constitución Política de 1991. Por otra parte, la demanda tampoco señala las especificidades del elemento sustituido, simplemente hace referencia a algunos artículos que, antes de la reforma, se referían a la institución del Consejo Superior de la Judicatura (116 y 254 a 257), lo cual de ninguna manera constituye la demostración de que este es un elemento transversal a la Constitución como un todo. Ahora, tampoco se encuentra en la demanda la exigencia de mostrar que la enunciación no equivale a fijar límites materiales intocables por el poder de reforma, por el contrario, la actora señala abiertamente que existe un límite material intocable por el poder de reforma, que es el Consejo Superior de la Judicatura. En ese orden de ideas, como quiera que en el cargo propuesto se echan de menos las exigencias impuestas por la jurisprudencia constitucional respecto de la argumentación para un juicio de sustitución, procede respecto de este cargo una decisión inhibitoria, toda vez que se atribuye al eje definitorio de la Constitución un contenido que no se deriva del mismo. Cargo sobre supuesta creación de un denominado “híbrido inconstitucional” y sustitución de la Constitución Política por afectación de la organización del Estado en cuanto a la estructura de la Rama Judicial Para efectos del análisis de este cargo, la interviniente realiza un examen sobre la estructura del gobierno y la administración de la Rama Judicial en la Constitución de 1991; el modelo propuesto introducido por el Acto Legislativo 02 de 2015 y; finalmente, el modelo que surgió a partir de la Sentencia C-285 de 2016. Refiere que en el diseño original se contempló un solo órgano garante de la efectiva administración de la Rama Judicial conformado por la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional. Mientras que en la reforma de equilibrio de poderes se diseñó una nueva estructura para la administración de la Rama Judicial así: Consejo de Gobierno Judicial: promoverá el acceso a la justicia, la eficiencia de la rama judicial, la tutela e independencia judicial. Con la conformación anterior se sustituye la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Gerencia de la Rama Judicial: Es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial. Comisión Nacional de Disciplina Judicial: Examinará la conducta y sancionará las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Por último, con el fallo C-285 de 2016 de la Corte Constitucional se genera una nueva estructura del gobierno y administración de la Rama Judicial. Por una parte, se revive el Consejo Superior de la Judicatura conformado por la Sala Administrativa y, por otra parte, queda intacta la reforma del Acto Legislativo 02 de 2015 respecto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. No obstante lo anterior, para el Ministerio dicho cargo no está llamado a prosperar, en la medida en que la nueva estructura de gobierno y administración de la Rama Judicial no resulta contraria al modelo constitucional de organización del Estado a través de la separación de poderes. En ese sentido, se ha sostenido que la separación de poderes, como manifestación de la organización del Estado, conlleva una distinción entre las ramas del poder público, una división de tareas entre las mismas y el establecimiento de controles recíprocos. La Corte Constitucional ha aclarado que el modelo de la Constitución de 1991 no es de una separación rígida entre las tres ramas del poder, sino que corresponde a un sistema flexible de distribución de las distintas funciones del poder público, que se conjuga con un principio de colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado, que en ningún caso puede significar desplazamiento, subordinación o reducción de un órgano a la condición de simple instrumento de los designios de otro. Este es el límite infranqueable que una reforma no podría cruzar y cuya violación llevaría a una sustitución de la Constitución Política. Para el caso de las normas acusadas del Acto Legislativo 02 de 2015, la coexistencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, constituye un claro desarrollo de la definición y separación de funciones, en este caso, aquellas de carácter administrativo y las de contenido disciplinario al interior de la estructura de gobierno y administración de la Rama Judicial y ello es garantía del balance o equilibrio que se predica de los órganos que hacen parte de la organización del Estado, pues ninguna de ellas se encuentra subordinada a la otra y el ejercicio de sus funciones se desarrolla bajo parámetros de autonomía e independencia Adicionalmente, considera que no se configura un “híbrido inconstitucional”, pues no se desnaturaliza el diseño original adoptado en la Carta de 1991, por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mantiene las funciones y la forma de elección de sus magistrados tal y como lo establece la Constitución Política. El esquema de la estructura disciplinaria que resulta del fallo de inexequibilidad parcial del Acto Legislativo 02 de 2015 no contradice el diseño original del sistema disciplinario en cabeza de la Rama Judicial, es decir, las funciones jurisdiccionales y la organización y vinculación de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial coincide claramente con las funciones de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, con la intervención de la Sala Administrativa en la elección de los magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se busca que exista un equilibrio y una separación concreta de funciones, lo cual es garantía de autocontrol en la Rama Judicial. Estima que es improcedente la solicitud de la demanda, en el sentido de considerar que en el caso de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deben aplicarse los mismos argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-285 de 2016, para declarar la inexequibilidad del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, por cuanto para el caso del ejercicio de las funciones jurisdiccionales disciplinarias, no se configura un eventual fraccionamiento en el gobierno y administración de la Rama Judicial que anule el autogobierno judicial o traslade a otras instancias el control de su dirección. En efecto, tratándose de la estructura y conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Acto Legislativo 02 de 2015 otorgó a esa Corporación la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Esta es una garantía de independencia de la Rama Judicial, pues ahora todos los miembros de esa Rama serán disciplinados internamente por la misma, a diferencia de la situación anterior a la reforma, donde los empleados de la Rama podían ser sujetos del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. En tales condiciones, respecto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no puede hablarse de fraccionamiento en la administración de la Rama que anule el autogobierno judicial, en tanto la facultad jurisdiccional disciplinaria respecto de sus servidores, bajo los términos de la reforma constitucional, quedó en cabeza de la misma Rama Judicial. Cargo sobre sustitución de la Constitución Política por afectación a la autonomía e independencia de la Rama Judicial Aduce que el ejercicio adecuado de las funciones judiciales es el fin para el cual se concibe la independencia de la Rama Judicial en relación con las funciones administrativas, en el sentido de que en los fallos no puede intervenir ni un juez distinto al juez competente, ni una autoridad o un particular externo a la Rama Judicial. Pero, en relación con las funciones administrativas, la concepción de la independencia puede y debe ser distinta. Cuando un juez individual ejerce funciones administrativas, por ejemplo, cuando reporta estadísticas a la administración de la Rama Judicial, debe sujetarse a ciertos parámetros y no puede alegar su autonomía para dejar de cumplirlos. Por eso, en este caso se debe hablar de independencia moderada. Por otra parte, la Rama Judicial es separada y autónoma en relación con su administración, y con ese fin se concibió en la Constitución de 1991 la creación del Consejo Superior de la Judicatura. Pero en materia administrativa es admisible la interacción con otras ramas del poder público sin que esto implique subordinación alguna. Aquí puede hablarse de autonomía con colaboración armónica. El Acto Legislativo 02 de 2015 no sustituye la Constitución, por el contrario, aumenta la independencia de los jueces respecto del Gobierno y el Congreso. Dicha reforma debe ser entendida de manera sistemática como una reforma dirigida a mejorar el equilibrio entre las ramas del poder público y, dentro de esa finalidad, aumentar la independencia de la Rama Judicial. Las normas de este acto legislativo referidas a la Rama Judicial comparten íntegramente esa unidad de propósito. El artículo 19 cambió la composición del órgano disciplinario, ahora denominado Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y otorgó a esa Corporación la función disciplinaria sobre los empleados de la Rama Judicial. Esta es una garantía de independencia de la Rama Judicial, pues ahora todos los miembros de esa Rama serán disciplinados internamente por la misma, a diferencia de la situación anterior a la reforma, donde los empleados de la Rama podían ser sujetos del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Pero, además, no se sustituye el eje axial de la Constitución sobre independencia y autonomía de la función disciplinaria propiamente dicha, por cuanto la creación, la conformación y las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son plena garantía del cumplimiento de estos principios, en la medida en que hacen efectiva una verdadera independencia de las funciones de gobierno y administración ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos dispuestos por la Corte Constitucional, y permiten una completa imparcialidad en las decisiones que se adopten en virtud de la función jurisdiccional disciplinaria que cumple este órgano. En ese sentido, no prospera el cargo de sustitución de la Constitución Política de 1991, en cuanto a la semejanza de la figura existente antes de la reforma del Consejo Superior de la Judicatura compuesto por la Sala Administrativa y la Sala Disciplinaria, la creación de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la nueva conformación de la administración de la Rama con posterioridad a las Sentencias C-285 y 373 de 2016, pues se mantiene la separación de las funciones administrativa y disciplinaria, respecto de los ejes definitorios de estructura y organización del Estado y autonomía e independencia de la Rama Judicial. 7. Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño Guillermo Arellano Castillo, Presidente de la Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequibles las normas demandadas, toda vez que sustituyen la Constitución Política de 1991. Advierte que las entidades de rango u origen constitucional constituyen la base estructural del Estado Colombiano, son entes de jerarquía superior a las demás por tener su génesis en la norma superior y en una Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que, las incoherentes iniciativas legislativas son una clara problemática Estatal, producto de contar con un Congreso nada consecuente con la Constitución Política, la realidad objetiva y, menos aún, con la reiterada jurisprudencia. Sostiene que la reforma o, en el peor de los casos, la supresión de las entidades de origen constitucional no corresponde al Congreso de la República, pues es la estructura del Estado, en toda su dimensión, uno más de los pilares constitucionales. Las entidades creadas por nuestra Asamblea Nacional Constituyente de 1991 están permeadas del blindaje que la soberanía les otorga y su existencia garantiza los fines del Estado. Así las cosas, carecen de validez aquellas reformas constitucionales que impliquen a su vez la reforma estructural del Estado si no surgen de una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que así lo establece el artículo 374 de la Constitución Política. En consecuencia, el Congreso de la República se extralimita cuando adelanta reformas al Estado que superan las facultades otorgadas en el artículo 150 Constitucional. V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuradora General de la Nación, mediante concepto N.° 006182 de 5 de octubre de 2016, solicita a la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la demanda contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26(parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015, debido a que no tiene competencia para revisar de fondo la constitucionalidad de actos reformatorios de la Constitución. Y, en forma subsidiaria, solicita que: (i) Se declare INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de sustitución de la Constitución formulado contra el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015, por ineptitud sustantiva de la demanda; (ii) ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-285 de 2016, en la que se declaró inexequible el artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015; así como ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-373 de 2016 con relación a la derogatoria tanto de la expresión “o a los Consejos seccionales, según el caso”, como de los numerales 3° y 6° del artículo 256 de la Constitución, allí también declarados exequibles. (iii) ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-373 de 2016 sobre el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, en la que se le declaró exequible; y (iv) ESTARSE A LO RESUELTO en las Sentencia C-285 de 2016, en la que se declararon inexequibles los incisos 2° y 6° del artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015; así como a la Sentencia C-373 de 2016, en relación con su inciso 1°, también declarado inexequible. Para la vista fiscal, en este caso no se satisfacen los requisitos concretos de una demanda en contra de un acto reformatorio de la Constitución fundamentada en la llamada “teoría de la sustitución de la Constitución”, toda vez que, por ejemplo, se demandó el artículo 14 del acto legislativo pero no se señaló por qué se considera que la modificación allí introducida por el legislador modifica el artículo 241 numerales 11 y 12 del estatuto superior y sustituye la Constitución. Así mismo, advierte que la actora tampoco explicó las razones por las cuales la expresión acusada “o a los Consejos Seccionales, según el caso”, contenida en el artículo 17 del acto legislativo demandado, evidencia una sustitución de la Carta Política; menos aún formuló acusaciones específicas contra “los numerales 3° y 6° del artículo 256 de la Constitución, relativos a la atribución de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en ejercicio de su profesión. Y lo mismo ocurre con el aparte normativo acusado del artículo 19 en el que se establece que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer acciones de tutela. Indica que la demandante no cumple con la carga argumentativa cualificada exigida cuando cuestiona el nuevo artículo 26, relativo a las “Concordancias, vigencias y derogatorias”, norma que además la propia Corte Constitucional ya declaró inexequible en la sentencia C-285 de 2016, exceptuando la expresión “Consejo Superior de la Judicatura”. Es más, aun cuando se afirma en la demanda que es con las decisiones emitidas por la Corte, con ocasión de los exámenes que ya ha hecho del Acto Legislativo 2 de 2015, que han surgido los vicios de inconstitucionalidad que ella acusa de sustitución de la Constitución, lo cierto es que allí no se ofrece un mínimo argumentativo respecto de cada una de esas normas con el que se demuestre o pretenda demostrar un problema jurídico concreto. Por lo tanto, para la Procuraduría General de la Nación, lo hasta aquí expuesto constituye razón suficiente para que la Corte Constitucional se inhiba de proferir un fallo de fondo, toda vez que la demanda sub examine resulta inepta desde el punto de vista sustancial, ya que, además de la falta de competencia de la Corte Constitucional para juzgar las reformas constitucionales por cosas distintas a su trámite, ninguna de las consideraciones aducidas en la corrección de la demanda efectuada por la accionante permite evidenciar que exista una sustitución de la Constitución Política. Por el contrario, los argumentos que allí expone no son otra cosa que reiteraciones de las afirmaciones contenidas en la primera versión de su demanda, la cual fue inadmitida advirtiendo que, precisamente, “la demandante no logró construir un cargo de constitucionalidad que demuestre en los términos indicados en la jurisprudencia, que el cambio del Acto legislativo acusado es de tal magnitud que sustituye el orden constitucional vigente”. Además, en todo caso debe destacarse que la accionante de ninguna manera expresa claramente cuál es el eje definitorio de la Constitución Políti...