Sentencia C-1105 de 2001

C-1105-01 Sentencia C-1051/01 Sentencia C-1105/01 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Ley de organización territorial INHIBICION CONSTITUCIONAL POR PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Razones específicas de violación DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR UNIDAD DE MATERIA-Señalamientos/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Señalamientos que debe contener la demanda PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Carencia de tema dominante PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE ORGANIZACION TERRITORIAL-Tema dominante DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo concreto INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos concretos PERSONERO MUNICIPAL-Función de veedor del tesoro público difiere de control fiscal/CONTRALORIA DEPARTAMENTAL-Vigilancia de gestión fiscal por no existencia en municipio Las atribuciones del personero como veedor del tesoro son distintas a las funciones propias de control fiscal, por lo cual no hay invasión de las competencias propias de las contralorías. El personero no asume directamente las funciones de control fiscal ni desplaza a las contralorías de estas competencias. Y es que no podía ser de otra forma porque, como lo destacan los intervinientes, por expreso mandato constitucional, corresponde a las contralorías departamentales la vigilancia de la gestión fiscal en aquellos municipios en donde no haya contralorías municipales. MINISTERIO PUBLICO-Funciones/PERSONERO MUNICIPAL-Funciones propias del Ministerio PERSONERO MUNICIPAL-Agente del Ministerio PERSONERO MUNICIPAL-No limitación función de veedor del tesoro en donde no exista contraloría INHABILIDADES CONSTITUCIONALES-No flexibilización por ley/INHABILIDADES LEGALES-No menos severa que la constitucional INHABILIDADES CONSTITUCIONALES POR PARENTESCO DEL SERVIDOR PUBLICO-Nominador y nominado INHABILIDADES LEGALES POR PARENTESCO DEL SERVIDOR PUBLICO-No nominador NORMA ACUSADA Y NORMA CONSTITUCIONAL-Distinción en estructura gramatical y normativa/INHABILIDADES-Regulaciones diversas INHABILIDADES POR PARENTESCO EN ENTIDADES TERRITORIALES-No designación de funcionarios INHABILIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EN MATERIA DE AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Control al cumplimiento por el Ministerio de Hacienda CONTROL FISCAL-Categorías en reparto general de competencias/CONTROL DE ENTIDADES TERRITORIALES-Ejercicio en ciertos casos por Contraloría General Del reparto general de competencias asignado por el Constituyente respecto del control fiscal, pueden sintetizarse dos grandes categorías: (i) la vigilancia de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, asignada a la Contraloría General de la República, y (ii) la vigilancia de la administración y de particulares o entidades que manejan fondos o bienes de los departamentos, distritos o municipios, asignada a las contralorías departamentales, distritales y municipales, según el caso. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer y desarrollar el principio de autonomía para la gestión y control de intereses propios, así como la descentralización, respecto de la distribución de funciones y asignación de responsabilidades. Sin embargo, la propia Carta autoriza al legislador para que, en ciertos eventos, encomiende el control fiscal de las entidades territoriales en cabeza de la Contraloría General de la República. Ello responde a criterios de alta política fiscal, donde el manejo y administración de fondos territoriales incide directamente en ámbitos del nivel nacional, cuando median intereses que trascienden las expectativas locales, o cuando por diversas razones se justifica una coordinación de los recursos asignados. CONTROL FISCAL DE ENTIDADES TERRITORIALES-Alcance por parte de la Contraloría General La Corte además que el control asignado a la Contraloría General de la República sobre las entidades territoriales, aún cuando es posterior, no se reduce únicamente a la posibilidad de revisar y fenecer cuentas, sino que comprende también la determinación de la responsabilidad fiscal. CONTROL FISCAL DE RECURSOS DE ENTIDADES TERRITORIALES-Alcance por parte de la Contraloría General ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EN MATERIA DE AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Juicio fiscal por Contraloría General ante incumplimiento CUENTAS DE ENTIDADES TERRITORIALES-Intervención excepcional de la Contraloría CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-Intervención excepcional respecto a los fiscos de entidades territoriales ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Responsabilidad fiscal ante daño del erario público Referencia: expedientes D-3499 y D-3510, acumulados. Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 617 de 2000, en su totalidad, y subsidiariamente contra los artículos 1º, 2º, 4º a 12, 14, 21 Parágrafo Transitorio, 24, 49, 67, 95 y Único Transitorio. Actores: Carlos Fernando Muñoz Castrillón y Antonio Eduardo Bohórquez Collazos. Magistrado Sustanciador: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Bogotá, D.C., octubre veinticuatro (24) de dos mil uno (2001). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Carlos Fernando Muñoz Castrillón (Expediente D-3499) y Antonio Eduardo Bohórquez Collazos (Expediente D-3510) presentaron demandas contra la Ley 617 de 2000, “por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. La Sala Plena de la Corte, teniendo en cuenta la similitud temática, decidió acumular las demandas. El magistrado sustanciador las admitió, las fijó en lista para la intervención ciudadana y corrió traslado al Procurador para que rindiera el concepto de rigor. El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ciudadana Nancy González Camacho, en representación del Ministerio del Interior, y el ciudadano Luis Edmundo Suárez Soto, en representación del Departamento Nacional de Planeación, intervinieron en este proceso para impugnar la demanda. Por su parte, el ciudadano Gilberto Toro Giraldo, en representación de la Federación Colombiana de Municipios, también intervino en el proceso y solicitó la acumulación del mismo con los expedientes D-3260 y D-3262 (acumulados), que tratan de la misma ley y también son estudiados por esta Corporación. Este ciudadano se limitó entonces a reproducir su intervención en los mencionados expedientes D-3260 y D-3262 (acumulados). Por su parte, el Procurador General de la Nación, rindió su concepto de rigor (No. 2573) recibido el 12 de junio del año en curso. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. DEMANDAS E INTERVENCIONES Para facilitar el estudio de este caso, la Corte resumirá en un mismo aparte las demandas e intervenciones ciudadanas, para luego presentar, en el siguiente acápite, el concepto del Procurador. A- EXPEDIENTE D-3499. El ciudadano Fernando Muñoz Castrillón demanda la totalidad de la Ley, y en forma subsidiaria, sus artículos 2º (parágrafo 4º), 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º (parcial), 10, 11 (parcial), 12 (parcial) y 14. 1. Cargos contra la totalidad de la ley a- Texto acusado y cargos. Por su extensión, la ley demandada no será transcrita en su integridad, por lo cual se remite al Diario Oficial No. 44.188 de 2000, en el cual fue publicada. El actor considera que la Ley acusada es lesiva del artículo 158 superior, en la medida en que desconoce el principio de unidad de materia. Afirma el actor que en ella se regulan varios temas diversos, entre los cuales están: a) Reformas al régimen municipal (Ley 136 de 1994) en cuanto a la categorización de municipios, inhabilidades e incompatibilidades para alcaldes y concejales, requisitos para creación de municipios, etc; b) Reformas al régimen departamental; c) Modificaciones a la ley orgánica del presupuesto; d) Modificaciones a la Ley 550 de 1999, de reactivación económica; e) Disposiciones sobre saneamiento fiscal a nivel territorial y nacional. El actor considera entonces que la ley acusada no regula un solo tema específico; de hecho es difícil determinar cuál es su materia, dada la multiplicidad de normas que modifica y la variedad de temas que se abordan en su articulado, por lo cual, según su parecer, habría que concluir "que en ella no se aborda un tema específico contraviniéndose así lo dispuesto" en el artículo 158 de la Carta. b- Intervenciones El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en su calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opone al cargo formulado. Considera que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, si bien es cierto que debe existir unidad de materia en las leyes, “ello no implica que la regulación legal no pueda contener disposiciones que están referidas todas ellas a un punto central.” En ese orden de ideas, el delegado del Ministerio considera que la ley bajo estudio “ha consagrado un régimen para las entidades territoriales en cuanto a su organización y funcionamiento” que pretende “proteger su viabilidad financiera”, por lo cual es necesario que trate diferentes esferas del mismo asunto, sin que ninguno de los conceptos regulados sea extraño al tema central de la ley en mención. La ciudadana Nancy González Camacho, obrando como representante del Ministerio del Interior, defiende la constitucionalidad de la ley. Argumenta que no se debe efectuar una interpretación restrictiva del contenido de la ley impugnada, con el fin de establecer si se respeta o no el principio de unidad de materia, pues el alcance de este concepto se determina dentro del contexto del Estado social de derecho y teniendo en cuenta el contenido del título. Agrega que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no se desconoce el principio de unidad de materia si se puede establecer una relación fehaciente y clara entre los asuntos tratados en una ley (Sentencia C-390 de 1996). La ciudadana, a través de citas de reiterada jurisprudencia de esta Corporación, apoya su argumento, y concluye que en el presente caso la relación entre los distintos asuntos es obvia, y por tanto la ley demandada es constitucional. El ciudadano Luis Edmundo Suárez Soto, en representación del Departamento Nacional de Planeación, defiende la constitucionalidad de la ley acusada. Considera que sí hay unidad de materia ya que al tratar el tema de la descentralización -como en este caso- deben tocarse aspectos institucionales, fiscales y políticos que se encuentran incluidos en la ley bajo examen, pues la finalidad de esta normativa es la superación de la crisis fiscal que afrontan las entidades territoriales, crisis que no les permite responder adecuadamente con sus obligaciones jurídicas y sociales, frente a los trabajadores y la ciudadanía. 2. Demanda contra los artículos 2º (parágrafo 4º), 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º (parcial), 10, 11 (parcial), 12 (parcial) y 14 a. Normas acusadas y cargos A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, y se subraya los apartes acusados: Artículo 2. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6 de la Ley 136 de 1.994, quedará así: (...) Parágrafo 4º. Cuando un municipio descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría. (...) “Artículo 4. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos no podrán superar, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites: ________________________________________________________ Categoría Límite ________________________________________________________ Especial 50% Primera 55% Segunda 60% Tercera y cuarta 70% ________________________________________________________" Artículo 5. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los departamentos. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los departamentos cuyos gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera: ________________________________________________________ Año 2001 2002 2003 2004 ________________________________________________________ CATEGORIA Especial 65.0% 60.0% 55,0% 50,0% Primera 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% Segunda 75,0% 70,0% 65,0% 70,0% ________________________________________________________" Artículo 6º. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, lo siguientes límites: ________________________________________________________ Categoría Límite ________________________________________________________ Especial 50% Primera 65% Segunda y Tercera 70% Cuarta, quinta y sexta 80% _______________________________________________________" Artículo 7º. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera: ________________________________________________________ Año 2001 2002 2003 2004 ________________________________________________________ CATEGORIA Especial 61% 57% 54% 50% Primera 80% 75% 70% 65% Segunda y Tercera 85% 80% 75% 70% Cuarta, Quinta y Sexta 95% 90% 85% 80% ________________________________________________________" Artículo 8º. Valor máximo de los gastos de las Asambleas y Contralorías Departamentales. A partir del año 2001, durante cada vigencia fiscal, en las Asambleas de los departamentos de categoría especial los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el ochenta por ciento (80%) de dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de categorías primera y segunda los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el sesenta por ciento (60%) del valor total de dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de categorías tercera y cuarta los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el veinticinco por ciento (25%) del valor total de dicha remuneración. Las contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, los límites que se indican a continuación: ________________________________________________________ Categoría Límite gastos Contralorías ________________________________________________________ Especial 1.2% Primera 2.0% Segunda 2.5% Tercera y Cuarta 3.0% ______________________________________________________" Artículo 9º. Período de transición para ajustar los gastos de las Contralorías Departamentales. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los departamentos cuyos gastos en Contralorías superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera: ________________________________________________________ Año 2001 2002 2003 2004 _______________________________________________________ CATEGORIA Especial 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% Primera 2.7% 2.5% 2.2% 2.0% Segunda 3.2% 3.0% 2.7% 2.5% Tercera y cuarta 3.7% 3.5% 3.2% 3.0% _______________________________________________________” Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0.2%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización. En todo caso, durante el período de transición los gastos de las Contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda Departamental, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo." Artículo 10. Valor máximo de los gastos de los Concejos, Personerías, Contralorías Distritales y Municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación. Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no podrán superar los siguientes límites: ________________________________________________________ PERSONERIAS Aportes máximos en la vigencia Porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación _______________________________________________________ CATEGORIA Especial 1.6% Primera 1.7% Segunda 2.2% Aportes Máximos en la vigencia en Salarios Mínimos legales mensuales Tercera 350 SMML Cuarta 280 SMML Quinta 190 SMML Sexta 150 SMML ________________________________________________________ CONTRALORIAS Límites a los gastos de las Contralorías municipales. Porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. ________________________________________________________ CATEGORIA Especial 2.8% Primera 2.5% Segunda (más de 100.000 habitantes) 2.8% ________________________________________________________ Parágrafo. Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos ($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán destinar como aportes adicionales los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales." Artículo 11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos, las personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere, superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al monto máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en el artículo décimo se podrá sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación de cada entidad: ________________________________________________________ Año 2001 2002 2003 2004 _______________________________________________________ CONCEJOS Especial, Primera y Segunda 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% PERSONERIAS Especial 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% Primera 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% Segunda 3.2% 2.8% 2.5% 2.2% CONTRALORIAS Especial 3.7% 3.4% 3.1% 2.8% Primera 3.2% 3.0% 2.8% 2.5% Segunda 3.6% 3.3% 3.0% 2.8% (más de 100.000 habitantes) ________________________________________________________ Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización. En todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco de la República. para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo." “Artículo 12. Facilidades a entidades territoriales. Cuando las entidades territoriales adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, las rentas de destinación específica sobre las que no recaigan compromisos adquiridos de las entidades territoriales se aplicarán para dichos programas quedando suspendida la destinación de los recursos, establecida en la ley, ordenanzas y acuerdos, con excepción de las determinadas en la Constitución Política, la ley 60 de 1993 y las demás normas que modifiquen o adicionen, hasta tanto queden saneadas las finanzas. (…) Artículo 14. (…) Cuando una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía mixta, de aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas durante tres (3) años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella, en ese caso sólo procederán las transferencias, aportes o créditos necesarios para su liquidación. El demandante considera que las normas acusadas, al regular la forma como los municipios pueden manejar sus recursos propios, resultan lesivas de la Carta, especialmente de los artículos 1º, 287 y 362. Según su parecer, esta injerencia indebida en la autonomía territorial es clara cuando esas disposiciones establecen “topes máximos que las entidades territoriales pueden determinar, de sus recursos propios, para atender las erogaciones por gastos de funcionamiento”, o cuando “suspenden por ley, las destinaciones específicas que se hayan adoptado mediante acuerdo u ordenanza”. Para reforzar sus argumentos, el actor cita apartes de las sentencias C-506 de 1995 y C-447 de 1998 sobre el manejo autónomo de los recursos en las entidades territoriales. b- Intervenciones El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, considera que no asiste razón al demandante, puesto que la autonomía territorial no es un postulado absoluto que faculte a tales entes para ejecutar u orientar recursos de manera arbitraria, sino para el fin último de satisfacer las necesidades o bienes jurídicos de los habitantes de la respectiva entidad. Por lo mismo, la ley acusada, al propender por racionalizar el gasto en beneficio de la inversión, se adecua a la Constitución. El ciudadano Luis Edmundo Suárez Soto, en representación del Departamento Nacional de Planeación, argumenta que no son de recibo los cargos del demandante, ya que la autonomía territorial es limitada por la Constitución y la ley, pues Colombia es una república unitaria, y es aceptable crear un marco regulatorio con el fin de hacer efectivos los intereses de las entidades territoriales y a la vez cumplir con las finalidades del Estado conforme a sus competencias. En ese sentido, señala el interviniente, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia C-497 de 1994. Finalmente escribe el ciudadano que se deben armonizar los intereses de los municipios, departamentos y distritos con las finalidades del Estado, y ya que la ley bajo estudio tiene por objeto definir un marco general para ejercer la autonomía territorial garantizando a la vez la primacía del interés general y el bien común, no puede ser declarada inconstitucional. B- EXPEDIENTE D-3510 El ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos demanda los artículos 1º (parcial), 2º (parcial), 21 (parcial), 24 (parcial), 49 (parcial), 67 (parcial), 95 y Único Transitorio. 1- Demanda contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial). A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, y se subraya los apartes acusados: a. Normas demandadas y cargos. "Artículo 1. Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación, establécese la siguiente categorización para los departamentos: Categoría especial. Todos aquellos departamentos con población superior a dos millones (2.000.000) de habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales. Primera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre setecientos mil uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000) de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales mensuales y hasta seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales. Segunda categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o superiores a ciento veintidós mil uno (122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales. Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno (60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales mensuales. Cuarta categoría. Todos aquellos departamentos con población igual o inferior a cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o inferiores a sesenta mil (60.000) salarios mínimos legales mensuales. Parágrafo 1. Los departamentos que de acuerdo con su población deban clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre destinación anuales señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría inmediatamente superior. Los departamentos cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación anuales. Parágrafo 2. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un departamento destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior. Parágrafo 3. Cuando un departamento descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría. Parágrafo 4. Los Gobernadores determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo departamento. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior. La Dirección General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República remitirán al gobernador las certificaciones de que trata el presente artículo, a más tardar el treinta y uno (31) de julio de cada año. Si el respectivo Gobernador no expide la certificación sobre categorización en el término señalado en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre. Cuando en el primer semestre del año siguiente al que se evalúa para la categorización, el departamento demuestre que ha enervado las condiciones para disminuir de categoría, se calificará en la que acredite en dicho semestre, de acuerdo al procedimiento establecido anteriormente y teniendo en cuenta la capacidad fiscal. Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los Gobernadores las certificaciones de que trata el presente artículo dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, a efecto de que los gobernadores determinen, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo, la categoría en la que se encuentra clasificado el respectivo departamento. Dicho decreto de categorización deberá ser remitido al Ministerio del Interior para su registro. Artículo 2. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6 de la Ley 136 de 1.994, quedará así: “Artículo 6. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales. Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. Parágrafo 1º. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales. Parágrafo 2º. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un año y el siguiente. Parágrafo 3º. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece esta ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior. Parágrafo 4º. Cuando un municipio descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría. Parágrafo 5º. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República remitirán al alcalde la certificación de que trata el presente artículo, a más tardar el treinta y uno (31) de julio de cada año. Si el respectivo Alcalde no expide la certificación en el término señalado en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre. Parágrafo 6º.El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo. Parágrafo 7º. Los municipios de frontera con población superior a setenta mil (70.000) habitantes, por su condición estratégica, se clasificarán como mínimo en la cuarta categoría, en ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos municipios podrán superar el ciento por ciento de sus ingresos corrientes de libre destinación. Parágrafo 8º. Los municipios colindantes con el Distrito Capital, con población superior a trescientos mil uno (300.001) habitantes, se clasificarán en segunda categoría. Parágrafo 9º. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán de aplicación obligatoria a partir del año 2004. En el período comprendido entre el año 2000 y el año 2003, podrán seguirse aplicando las normas vigentes sobre categorización. En este caso, cuando un municipio deba asumir una categoría determinada, pero sus ingresos corrientes de libre destinación sean insuficientes para financiar los gastos de funcionamiento señalados para la misma, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de la categoría que se adecue a su capacidad financiera. La categoría certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será de obligatoria adopción. En estos eventos, los salarios y honorarios que se establezcan con base en la categorización deberán ajustarse para la vigencia fiscal en que regirá la nueva categoría. Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los alcaldes las certificaciones de que trata el presente artículo dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, a efecto de que los alcaldes determinen, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo, la categoría en la que se encuentra clasificado el respectivo distrito o municipio. Dicho decreto de categorización deberá ser remitido al Ministerio del Interior para su registro.” El actor considera que las normas transcritas son lesivas de los 53, 58, 302 y 320 de la Carta. En primer lugar, argumenta que el parágrafo 3º del artículo 1º y el parágrafo 4º del artículo 2º, al establecer que cuando un departamento o municipio descienda de categoría, los salarios u honorarios de sus respectivos servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría, violan lo dispuesto en los artículos 53 y 58 Superiores. Afirma el demandante que “el salario de los servidores públicos se erige en uno de sus derechos adquiridos”, y por ello no debe ser desconocido por las autoridades, que deben reajustarlo periódicamente de manera “ascendente”, y no disminuyéndolo, como lo hacen los apartes acusados. En segundo lugar, señala el demandante que el artículo primero viola el artículo 302 superior, puesto que, si bien dice ser un desarrollo del mismo, “se puede verificar que, ni siquiera de manera tácita, al productor de las leyes por antonomasia se le permite que lleve a cabo la discriminación plasmada en la norma atacada.” De hecho, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 320 de la Carta, el Constituyente no autorizó al legislador para categorizar departamentos. En tercer lugar, considera que la expresión “Distritos”, contenida en el artículo 2º acusado, lesiona el artículo 320 superior, por cuanto éste no incluye a tales entidades territoriales dentro de la autorización conferida al Legislador para trazar categorías. Es decir, la Constitución sólo autoriza establecer categorías de municipios. b- Intervenciones El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opone a los argumentos de la demanda. Explica que “la categorización de las entidades territoriales obedece a una realidad económica de la misma entidad”, y que, además, “entre la categoría y el salario hay identidad de circunstancias económicas de la entidad territorial”. Por ello considera que la norma acusada busca que las entidades territoriales sean viables desde el punto de vista financiero. Por otra parte, según su parecer, las disposiciones acusadas no lesionan los artículos 302 y 320 de la Carta, puesto que si bien el primero no establece expresamente la posibilidad de establecer categorías departamentales, tampoco lo prohíbe; asimismo, añade el interviniente, aunque el artículo 320 sólo hace alusión a los municipios, es claro que el régimen distrital no tiene ninguna diferencia con el municipal, excepto en cuanto a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, por lo cual la categorización propuesta es viable. El ciudadano Luis Edmundo Suárez Soto, en representación del Departamento Nacional de Planeación, defiende la constitucionalidad de las normas demandadas. En primer lugar asume que en este caso no se trata de derechos adquiridos porque no han ingresado a la propiedad del sujeto, pues para el interviniente resulta obvia la interpretación según la cual, los empleados que ya se encontraban trabajando en los entes aludidos, continuarán con sus derechos, pero los que ingresen se regirán por la norma bajo estudio. Además, señala el interviniente, es competencia del Congreso determinar los principios y parámetros que el Gobierno ha de tener en cuenta para establecer la escala de remuneración y los demás elementos del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública. Concluye entonces, que el Congreso ha obrado dentro de sus potestades y por lo tanto no hay violación a la Carta. 2. Demanda contra el artículo 21 parágrafo transitorio A continuación se transcribe el texto acusado y se subraya el aparte acusado: “Artículo 21. Creación y supresión de contralorías distritales y municipales. El artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo 156. Creación y supresión de Contralorías Distritales y Municipales. Unicamente los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil habitantes (100.000), podrán crear y organizar sus propias Contralorías. Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación. Parágrafo. En los Municipios o Distritos en los cuales no haya contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar a los municipios o distritos. Parágrafo Transitorio. El 31 de diciembre del año 2000 las contralorías que funcionan en los municipios o distritos de categoría 2ª, distintas a las autorizadas en el presente artículo 3ª, 4ª, 5ª y 6ª quedarán suprimidas. Vencido el término señalado en el presente parágrafo, no podrá ordenarse gasto alguno para financiar el funcionamiento de las contralorías de estos municipios o distritos, salvo los necesarios para su liquidación”. El demandante considera que el parágrafo acusado viola el artículo 272, inciso tercero, de la Carta, puesto que en virtud de éste, corresponde a las asambleas y a los concejos organizar sus respectivas contralorías, dentro del marco general trazado por el legislador respecto de la creación, existencia y supresión de tales entes. Es decir, señala el ciudadano, que corresponde a la ley determinar las bases para que, en el marco de la autonomía de los entes territoriales, éstos puedan crear, organizar y suprimir contralorías -lo cual no quiere decir que el Legislador pueda crearlas o suprimirlas directamente-. Sin embargo, concluye el actor, es esto último lo que el Congreso efectuó en la norma acusada, lesionando así el principio de descentralización administrativa. Por su parte, el ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opone al cargo formulado. Explica que la propia Carta, en el inciso segundo del artículo 272, atribuye el control fiscal de los municipios a las contralorías departamentales, dejando a la ley la posibilidad de determinar lo relacionado con los municipios y en este caso, el control fiscal de los entes territoriales donde se suprima contraloría departamental, pasa a manos de la contraloría departamental, por lo cual la disposición demandad no afecta el control fiscal. 3- Demanda contra el artículo 24 (parcial) A continuación se transcribe el texto acusado y se subraya el aparte acusado: “Artículo 24. Atribuciones del personero como veedor del Tesoro. En los municipios donde no exista Contraloría municipal, el personero ejercerá las funciones de veedor del tesoro público. Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1. Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía, responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva. 2. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Control Interno establecidos en la ley, tales como: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 3. Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en todas las dependencias de la administración municipal para el cabal cumplimiento de sus atribuciones en materia de tesoro público municipal. 4. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el respectivo municipio. 5. Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo municipio. 6. Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas interesadas o designar de oficio, comisiones de veeduría ciudadana que velen por el uso adecuado de los recursos públicos que se gasten o inviertan en la respectiva jurisdicción. 7. Solicitar la intervención de las cuentas de la respectiva entidad territorial por parte de la Contraloría General de la Nación o de la Contraloría departamental, cuando lo considere necesario. 8. Tomar las medidas necesarias, de oficio o a petición de un número plural de personas o de veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos públicos con fines proselitistas. 9. Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo concejo municipal, de acuerdo con la ley. 10. Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la ley. En ellos presentará los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como veedor del Tesoro Público.” Para el demandante, la norma acusada desconoce los artículos 6, 268 y 272 de la Constitución. Según su parecer, los artículos 268 y 272 superiores, prescriben cuáles son las competencias que se le asignan al Contralor General de la República, las cuales radican, en forma similar, en los contralores departamentales, distritales y municipales. Sin embargo, agrega el actor, la norma acusada asigna funciones propias del sistema de control fiscal a los personeros distritales, autoridad distinta a los contralores, “olvidando además que en dichos entes territoriales el control aludido debe ser ejercido por las contralorías departamentales”. El demandante concluye entonces que al asignar competencias de control fiscal a quien no es el señalado por la Carta, y al retirar competencias constitucionalmente asignadas a los contralores departamentales, el Legislador lesionó el artículo 6º de la Carta. Por su parte, el ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en su calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se opone a los argumentos de la demanda. Señala que el mismo artículo 272 de la Carta dispone que la vigilancia de la gestión fiscal incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine para las contralorías municipales; “y precisamente en el presente caso la ley determinó que en algunos municipios dependiendo de su categoría, no existieran las contralorías y asignó funciones al personero, de veedor del tesoro municipal”. Por ello considera que no lesiona la Carta que tales funciones se hayan asignado al personero, por cuanto éste es un representante de la comunidad local, que vela por sus derechos, y contribuye así a materializar el principio de democracia participativa, al controlar las finanzas territoriales. Concluye entonces el interviniente que “no puede afirmarse que las funciones asignadas al personero en la ley cuestionada sean las mismas de los contralores, pues no puede dejar de observarse que en ninguna de esas funciones está la posibilidad de exigir, ordenar y sancionar a los servidores públicos, función que sí tiene la Contraloría”. 4- Demanda contra el articulo 49 (parcial). A continuación se transcribe el texto acusado y se subraya el aparte acusado: “Artículo 49. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales; y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales. Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes Municipales y Distritales, y miembros de Juntas Administradoras Locales Municipales y Distritales no podrán nombrar, ser miembros de juntas o concejos directivos de entidades del sector central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio ni miembro de juntas directivas, representantes legales revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio. Los cónyuges o compañeros permanentes de los Gobernadores, Diputados, Alcaldes municipales y distritales y Concejales municipales y distritales, y miembros de juntas locales municipales y distritales y sus parientes dentro del segundo (2°) grado de consanguinidad, primero (1°) de afinidad o primero (1°) civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.” El actor considera que el aparte acusado riñe con lo dispuesto en el artículo 126 de la Carta, en la medida en que hace más flexible el régimen trazado por el Constituyente. Así, mientras que el canon constitucional aludido dispone que los servidores públicos no podrán nombrar personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente, la norma acusada establece que la prohibición sólo alcanza hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 5- Demanda contra el artículo 67 (parcial) a- Norma acusada y cargos. A continuación se transcribe el texto acusado y se subraya el aparte acusado: “Artículo 67. Control de Cumplimiento. Sin perjuicio de las competencias de las Contralorías Departamentales y Municipales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras acreedoras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República harán control al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración. El incumplimiento de los acuerdos de reestructuración será causal para sancionar a los alcaldes y gobernadores hasta con destitución del cargo. En caso de incumplimiento, la Contraloría General de la República abrirá juicios fiscales a los responsables de dicho incumplimiento”. Explica el demandante que los apartes acusados desconocen el artículo 1º de la Carta, al permitir que entidades del orden nacional, como el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General, desplacen a los entes de control de tipo territorial, asumiendo, en consecuencia, competencias que constitucionalmente han sido asignadas, en virtud de la descentralización administrativa, a los entes territoriales. Asimismo, considera que permitir que particulares, como las entidades financieras acreedoras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, controlen el cumplimiento de los acuerdos de reestructuración desconoce los principios de la descentralización administrativa, y además facilita que aquellos se erijan, potencialmente, en juez y parte. Finalmente, según su parecer, cuando la norma prescribe que será la Contraloría General de la República quien abra los juicios fiscales a quienes incumplan los acuerdos de reestructuración, “no solo desplaza groseramente a los organismos de control de estos entes territoriales de su competencia como juez natural de dichos juicios” sino que además convierte en regla general la excepcionalidad consagrada en la parte final del inciso tercero del artículo 267 superior, “en tanto otorga a aquella la calidad de veedora casi permanente de las cuentas de algunos entes territoriales, por virtud de los procesos de ajuste que deben ser llevados a cabo por todos estos”. b. Intervenciones El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, actuando a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, considera que el actor desconoce el manejo de las operaciones de crédito público, y el control que la Nación debe efectuar sobre ellas, “máxime cuando la reestructuración implica renegociar deuda pública con quienes otorgaron los recursos y que no son otros que las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria”. Es decir, la Nación tiene la función de velar por el manejo de las operaciones de crédito público de las entidades territoriales, por ser éste un asunto relacionado con el manejo macroeconómico del Estado, de conformidad con los artículos 150-19 y 335 de la Carta. Por otra parte, señala que las entidades financieras, no obstante ser privadas, cumplen la función de manejar el ahorro del público, la cual no es propiamente una función privada. El ciudadano recuerda que, tal y como lo señaló en su momento la Corte Suprema de Justicia, la actividad desarrollada por las entidades financieras es una que otorga el Estado como concesión para canalizar los excedentes de recursos de algunas personas, hacia las necesidades de otras, “actuación que se ejerce a través de la Superintendencia Bancaria, razón suficiente para que la ley en el artículo cuestionado le atribuya ese control a esta entidad”. 5- Demanda contra el artículo 95. El artículo 95, integralmente acusado, establece: “Artículo 95. Normas orgánicas. Los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11,13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92 y 93 son normas orgánicas de presupuesto.” El ataque básico contra el artículo 95 es porque el actor considera que esa disposición está confiriendo fuerza orgánica a los artículos que ella menciona (a saber los artículos 3 al 11, 13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92, 93), lo cual, según su criterio, desconoce el artículo 151 de la Carta, pues la Ley 617 de 2001 es ordinaria, y por consiguiente no puede contener "temas de una ley orgánica, en este caso presupuesto". 6- Demanda contra el artículo transitorio único El artículo único transitorio, integralmente demandado, preceptúa: “Artículo Transitorio. Mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, o la ley que regule el régimen departamental, el número de diputados por departamentos será el siguiente: DEPARTAMENTO No. DE DIPUTADOS AMAZONAS 11 ANTIOQUIA 29 ARAUCA 11 ATLANTICO 19 BOLIVAR 18 BOYACA 18 CALDAS 16 CAQUETA 15 CASANARE 11 CAUCA 16 CESAR 16 CORDOBA 17 CUNDINAMARCA 19 CHOCO 15 HUILA 16 GUAINIA 11 GUAVIARE 11 GUAJIRA 15 MAGDALENA 16 META 15 NARIÑO 17 N. SANTANDER 17 PUTUMAYO 13 QUINDIO 15 RISARALDA 16 SAN ANDRES 11 SANTANDER 19 SUCRE 15 TOLIMA 17 VALLE 25 VAUPES 11 VICHADA 11”. El actor considera que esta disposición desconoce el artículo 151 de la Carta, ya que el tema regulado en la norma acusada es propio de la ley orgánica de ordenamiento territorial, por lo cual no se le puede incluir en una ley ordinaria como la Ley 617 de 2000. El ciudadano Luis Fernando Villota Quiñones, en su calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, considera que no se presenta la aludida violación del artículo 151 superior, puesto que el trámite que se surtió en el Congreso de la República para expedir la Ley 617 de 2000 fue el correspondiente a las leyes orgánicas. Por su parte, el ciudadano Luis Edmundo Suárez Soto, representante del Departamento Nacional de Planeación, considera que no se trata de una materia que requiera el trámite de una ley orgánica, ya que se refiere únicamente al número de diputados, modificando el decreto 1222 de 1986 de Régimen Departamental y la Ley 56 de 1993, que definía este aspecto, en desarrollo del artículo 299 de la Constitución. La ciudadana Nancy González Camacho, obrando como representante del Ministerio del Interior, interviene para defender la norma demandada por considerar que es producto del desarrollo de la función del Congreso que se encuentra en el artículo 293 de la Constitución, con el fin de dar una implementación sistemática a la organización y funcionamiento de las entidades territoriales, garantizando la modernización de departamentos y municipios. III- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El señor Procurador General de la Nación, en concepto No. 2573, recibido el 12 de junio del año en curso, intervino en este proceso para pronunciarse sobre las pretensiones de las dos demandas. La Vista Fiscal comienza por solicitar que la Corte Constitucional se declare inhibida para pronunciarse en relación con el cargo relativo al desconocimiento de la unidad de materia del texto de la Ley 617 de 2000. El argumento para hacer tal solicitud es la ineptitud de la demanda, pues en ésta sólo se señalan las materias que desarrolla la ley acusada sin indicar las disposiciones que no podían hacer parte de ella. Y según el Procurador, de acuerdo con la sentencia C-540 de 2001, “es necesario que el autor exprese específicamente cuáles son las disposiciones de la ley que considera inadmisibles y que indique la razón del cargo.” En este caso, según su parecer, el cargo formulado adolece del mismo defecto que llevó a la Corte a declararse inhibida para conocer de la acusación examinada en la sentencia mencionada anteriormente, pues no se expresan las razones por las cuales se considera que existe una violación al artículo 158 de la Constitución. En cuanto a los artículos 1º y 2º de la ley bajo examen, el Procurador reitera el concepto presentado en el expediente D-3483, y solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de esos preceptos. Según su parecer, la disminución de salarios presenta una tensión entre el interés general de sanear las finanzas públicas y los derechos de los trabajadores, pero esta tensión no debe resolverse en contra de los intereses de los trabajadores pues no puede disminuirse su remuneración y prestaciones sociales. Encuentra entonces la Vista Fiscal que las normas demandadas contravienen el ordenamiento superior. Con el fin de proteger el principio de conservación del Derecho, y para resolver la tensión anotada atrás, solicita que se declare una constitucionalidad condicionada, que permita respetar los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas. Por ello considera que la disposición no debe ser aplicable a aquellos trabajadores vinculados con anterioridad a la recategorización del respectivo departamento o municipio con el fin de no desmejorar sus condiciones laborales y prestacionales. En cambio, los nuevos empleados, que se vinculen con posterioridad a esa fecha, deben recibir el salario determinado por la categoría correspondiente. El Procurador concluye entonces que sólo bajo esta interpretación los parágrafos demandados son constitucionales. El Ministerio Público solicita a la Corte que el artículo 24 sea declarado exequible. Considera que el actor asume equivocadamente que la función de control fiscal, en los municipios donde se suprimen las contralorías, va a ser ejercida por la personería municipal. Lo cierto es que el ente encargado de tal función es la contraloría departamental, pues la personería sólo se encargará de la función veedora, diferente a la de control fiscal. Por ello, el artículo citado no vulnera el ordenamiento constitucional. Sobre el artículo 49, el Procurador solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de parte de la norma acusada. Así, el inciso segundo del artículo demandado es constitucional sólo en lo que respecta a los parientes en segundo grado de consanguinidad de los dip...