Sentencia C-1050 de 2012

C-1050-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-1050/12 EXPEDICION POR EL GOBIERNO DE PASAPORTES DIPLOMATICOS A CONGRESISTAS Y SECRETARIOS GENERALES DE SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES-Inexequibilidad Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Ley 1501 de 2011 ha de ser declarada inexequible por violar la restricción constitucional que tiene el Congreso de la República de no interferir en el ejercicio de las competencias propias de otro poder. La expedición de pasaportes diplomáticos es una decisión del Gobierno Nacional que no puede ser tomada por el Congreso Nacional u ordenada por este de manera perentoria. NORMA SOBRE EXPEDICION DE PASAPORTE DIPLOMATICO A LOS CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA-Trámite legislativo LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES-Ejercicio con deferencia y respeto a las facultades y funciones propias del Presidente de la República LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites constitucionales/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA-Alcance El ejercicio del poder legislativo sólo puede ser ejercido por el Congreso de la República dentro de los límites que establece el orden constitucional vigente. Son varios los casos en los cuales un determinado contenido normativo no puede ser objeto de una ley de la República, bien sea, por ejemplo, porque su contenido materialmente contraría alguna regla o algún mandato constitucional, o porque la ley se ocupa materialmente de una cuestión que, en democracia, no le es dado definir a un parlamento. Así, un Congreso no puede imponer una condena concreta y específica a una persona mediante una ley de la República, esa es una de aquellas decisiones que no le compete determinar. La jurisprudencia constitucional ha reconocido, en virtud de la cláusula general de competencia, un amplio margen de configuración en cabeza del legislador en múltiples y variados asuntos como, por ejemplo, el régimen penal, las reglas contractuales, los tipos societarios, los procedimientos judiciales, la seguridad social, los mecanismos para enfrentar el conflicto interno, el derecho de asociación, las reglas disciplinarias, o la función pública. La jurisprudencia constitucional también ha reconocido y protegido los límites constitucionales que enmarcan la labor legislativa. Por ejemplo, materias que han sido reguladas en la Constitución de manera específica o materias sobre las cuales se tiene competencia, pero se legisla sin respetar un límite fijado por la Constitución al respecto. Pero cuando el legislador se ha ceñido procedimental y materialmente a los límites establecidos constitucionalmente, y ha ejercido su competencia dentro de estos, la Corte ha declarado la exequibilidad de las normas sometidas a consideración. Así, por ejemplo, ha considerado que establecer regímenes separados de carrera no viola la Constitución Política, siempre y cuando se respete el principio de que la asignación de los cargos se haga de acuerdo al mérito, por concurso. Uno de los límites que fija la Constitución a la cláusula general de competencia radicada en el legislador, resaltado por la Corte, se refiere a las competencias de otras ramas del poder público, como lo es el poder Ejecutivo. No solamente se entiende prohibido para el legislador abordar cuestiones reservadas a la iniciativa gubernativa, la facultad del Gobierno Nacional de decidir de manera exclusiva si se somete o no a discusión en el parlamento determinados asuntos (art. 154, CP). La facultad constitucional del Gobierno de tener iniciativa para legislar de manera privativa, en ciertos asuntos, le otorga el poder de establecer cuándo incluirlos en la agenda legislativa. Son asuntos cuya decisión en democracia la toma el Congreso de la República, pero la oportunidad de cuándo y en qué sentido dar la deliberación, se confiere al Gobierno Nacional. Así se ha decidido, por ejemplo, a propósito de las leyes mediante las cuales se autoriza al Gobierno a hacer contratos o acuerdos, tramitadas sin su iniciativa ni su aquiescencia. COMPETENCIAS LEGISLATIVAS EN MATERIAS INTERNACIONALES-Límites CONGRESO DE LA REPUBLICA-Desconocimiento de los límites constitucionales al ejercicio de la cláusula general de competencia LEY SOBRE EXPEDICION DE PASAPORTE DIPLOMATICO A LOS CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA-Interferencia de las competencias y funciones del presidente de la República en materia diplomática PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Funciones en materia de relaciones internacionales CONGRESO DE LA REPUBLICA-Prohibiciones/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Prohibición de interferir mediante la expedición de leyes, en el ejercicio autónomo e independiente de funciones y facultades constitucionales que por competencia, corresponden a otras entidades e instituciones EXPEDICION DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES-Regulación Referencia: expediente D-9039 Demandante: Antonio Felipe Rozo Barreto Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1501 de 2011 “Por medio de la cual se ordena la expedición de pasaporte diplomático a los Congresistas de la República.” Magistrada ponente MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente, SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 1° de diciembre de 2011, el ciudadano Antonio Felipe Rozo Barreto, presentó acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1501 de 2011 “Por medio de la cual se ordena la expedición de pasaporte diplomático a los Congresistas de la República”. La demanda fue repartida y admitida para su conocimiento por la Sala Plena, mediante auto de 17 de abril de 2012. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas: “Ley 1501 de 2011 diciembre 29 Por medio de la cual se ordena la expedición de pasaporte diplomático a los Congresistas de la República El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá pasaportes diplomáticos a los Congresistas, Secretario General de Senado y Secretario General de Cámara de Representantes, por el tiempo para el cual fueron elegidos. Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.” III. DEMANDA Antonio Felipe Rozo Barreto presentó acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1501 de 2011, Por medio de la cual se ordena la expedición de pasaporte diplomático a los Congresistas de la República, por considerar que medida legislativa acusada implica una violación al principio de separación de poderes (art. 113, CP), pues, mediante una ley de la República el Congreso se está inmiscuyendo en los asuntos y competencias propias de otras ramas del poder público (art. 136, CP), concretamente, en materias que competen al Presidente de la República. Temas que están vedados para el Congreso de la República incluso en su propio reglamento, la Ley 5ª de 1992 (arts. 51, 52 y 257). Expone sus argumentos en los siguientes términos (art. 189, CP). 1. Para el accionante, es claro que la dirección suprema y definitiva de la política exterior y diplomática corresponde en última instancia al Jefe de Estado. Sustenta su posición así, “La Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas asegura que la igualdad soberana de los estados, el mantenimiento de la paz, de la seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones depende –desde antiguos tiempos– del reconocimiento de un sistema diplomático dispuesto para garantizar la fluida relación y comunicación internacionales. La Convención reconoce que el régimen diplomático es el fundamento de las relaciones amistosas entre las naciones, más allá de sus diferencias constitucionales y sociales, por lo que se necesita de una normativa específica que regule los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos. Adicionalmente, la Convención reconoce que las inmunidades y privilegios diplomáticos se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de los representantes de los estados. La Constitución Política de 1991 reconoce la importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo de la Nación. El artículo 226 de la Carta señala que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. En este contexto, la Carta Política también reconoce la importancia de las relaciones diplomáticas como categoría de las relaciones internacionales. Por ello, y atendiendo la importancia de esta realidad, el artículo 189-2 de la Constitución Política entrega al Presidente en su calidad de Jefe de Estado, la dirección de las relaciones internacionales y el nombramiento de los agentes diplomáticos y consulares, como representantes del Estado colombiano en el concierto internacional. Aunque por virtud del Decreto 3355 de 2009, el Presidente de la República ejerce tales competencias a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es claro que la dirección suprema y definitiva de la política exterior y diplomática corresponde en última instancia al Jefe de Estado.” 2. Paso seguido, la acción pública establece el lugar que ocupa, constitucionalmente, el manejo de la diplomacia, dentro de la dirección de las relaciones internacionales. Dice al respecto, “Ahora bien, la dirección de las relaciones internacionales y la definición de la política del Estado incluyen: la definición de la política exterior del Estado; el mantenimiento de las relaciones de todo orden con los demás estados y organismos internacionales; el establecimiento de las debidas misiones diplomáticas y consulares destinadas a conservar dichas relaciones; el señalamiento de las reglas a que deben acogerse dichas misiones; la fijación de los criterios que deben regir al Estado para adelantar negociaciones con organismos o estados de la comunidad internacional; la determinación de los agentes diplomáticos que deben adelantar tales negociaciones; el establecimiento del régimen de privilegios e inmunidades con que podrá investirse a los representantes diplomáticos del Estado y que, por virtud del principio de reciprocidad, podrían ser reconocidos por los diplomáticos nacionales en el exterior, etc. En ese orden de ideas, puede afirmarse que la regulación de las relaciones diplomáticas, es decir, de las condiciones en que los ciudadanos colombianos pueden representar al país en el exterior, los requisitos que deben cumplir quienes pretenden ejercer tal representación, las consecuencias que dicho papel tiene en el escenario internacional y los privilegios e inmunidades que se derivan de dicha calidad, es competencia única del Presidente de la República, competencia que es claramente ejercida en su calidad de Jefe de Estado.” 3. Para el accionante, las anteriores premisas permiten llegar a una conclusión: el Presidente de la República, bajo el orden constitucional vigente, no puede ser obligado por el Congreso de la República a expedirles pasaportes a los miembros del Congreso de la República. “Por ello, dado que el Presidente de la República es el supremo director de las relaciones diplomáticas, resulta inconstitucional que el Legislador disponga, por norma de rango legal, que el Presidente de la República está obligado a expedir pasaportes diplomáticos, no sólo a los Congresistas, sino a los secretarios generales de Senado y Cámara de Representantes. Con esta disposición, el Legislador a despojado al Presidente de una potestad crucial para el ejercicio de su competencia exclusiva de dirigir la política diplomática del Estado, que consiste en determinar qué funcionarios o servidores públicos pueden representar al país en el exterior y cuáles pueden ser beneficiarios de los privilegios y las inmunidades que los demás países de la comunidad internacional reconocen a los representantes del Estado colombiano. En este sentido, es indudable que la Ley 1501 de 2011 es contraria al artículo 189-2 de la Carta Política.” 4. Sostiene la acción de inconstitucionalidad, que los presupuestos han sido defendidos por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones. Cita entre otras, las sentencias C-151 de 1993 y C-292 de 2001. 5. La prohibición contemplada en la Ley orgánica que consagra el Reglamento del Congreso de la República, es expuesta en los siguientes términos, “Se encuentra tan afincada la idea de que el Presidente de la República dirige la política diplomática de Colombia que la Constitución Política y la Ley Orgánica 5ª de 1992 prohíben al Congreso entrometerse en este tipo de asuntos. El artículo 136 de la Carta Política redunda en advertencias al Congreso para que no se inmiscuya en asuntos de competencia privativa de otras autoridades y, en particular, que solicite al Gobierno información sobre asuntos diplomáticos. La Ley Orgánica 5ª de 1992, que también es criterio vinculante de comparación jurídica de las normas legales, reitera la misma prohibición en su artículo 51 al señalar que el Congreso de la República tiene prohibido solicitar informes al Gobierno relativos a asuntos de naturaleza diplomática; pero también lo hace en su artículo 52, al reiterar la prohibición constitucional de solicitar informes al Gobierno en esta materia y en el artículo 257, que establece que el Congreso, o sus Cámaras, no podrán exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática. Así entonces, la norma demanda también resulta contraria al espíritu que ilustra los artículos 136-2 de la Constitución y 51, 52 y 257 de la Ley Orgánica 5ª de 1992, referidos a la separación funcional que debe existir entre la función legislativa y de control político del Congreso, de un lado, y la dirección de las relaciones diplomáticas a cargo exclusivo del Jefe del Estado, del otro.” 6. Para la demanda, la Ley acusada resulta inconstitucional por cuanto vulnera el principio de separación de poderes. A su juicio, “[…] es cierto que el Congreso de la República goza, por virtud del principio de libertad de configuración, de amplia competencia para regular los distintos aspectos de la realidad nacional. No obstante, en asuntos puntuales, dicha competencia se encuentra restringida. […] En el caso de las relaciones diplomáticas, si bien no existe una norma constitucional que restrinja de manera expresa esa libertad de configuración, el texto de la Constitución es enfático en prohibir al Congreso inmiscuirse en el delineamiento y la ejecución de la agenda diplomática. Si bien podría ser objeto de la discusión hasta dónde puede llegar el Legislador en materia de regulación del régimen diplomático en general, es claro que la puesta en marcha de esta órbita de las relaciones internacionales le está vedada, impedimento que rompió al obligar al Presidente de la República a expedir pasaporte diplomático a los Congresistas.” 7. Agrega el accionante, el Congreso no ejerció una competencia legislativa general y abstracta. A su parecer, bajo el ropaje de una generalidad simulada y aparente, se adoptó, materialmente, una decisión de carácter administrativo en beneficio propio: darse pasaporte diplomático, “Nótese que la Ley 1501 de 2011 no consagra una regulación de orden genérico sobre aspectos que discutiblemente podrían caer bajo la órbita de la potestad de configuración del Legislador. La Ley 1501 de 2011 expidió, literalmente, una orden particular de ejecución con destino al Presidente para que éste extienda el documento diplomático a un sujeto también particular, a saber, los Congresistas y secretarios generales de las Cámaras. Como se ve, no se trata de una medida legislativa –general y abstracta­– desde el punto de vista sustancial –así se encuentre amparada con el formato de una ley– sino de una simple medida administrativa, que pretende extender un beneficio jurídico a ciertos servidores públicos. En últimas, no es en lo absoluto un ejercicio legítimo de una libertad de configuración verdaderamente legislativa, sino una mera intromisión del Legislativo –por beneficio propio– en las funciones exclusivas en este campo del Presidente de la República. El hecho de que la decisión esté cubierta por el manto de una ley, protegida por el aura de la libre potestad de configuración, no le resta lesividad en detrimento de una competencia que por Constitución se encuentra protegida.” 8. La acción insiste en que al Presidente se le obliga a expedir los respectivos pasaportes diplomáticos, sin posibilidad de tomar una opción diferente.[1] No se le autoriza, ni se le permite o se le faculta. 9. Adicionalmente, al no ser los Congresistas y los Secretarios de las Cámaras del Congreso de la República, funcionarios de la rama Ejecutiva del poder público, no se encuentran bajo el control del Presidente de la República, lo cual lo deja en materia diplomática, parcialmente maniatado, en materia grave, a pesar de ser el director de las relaciones internacionales. A su parecer, “[la] medida conduce inexorablemente a que el Presidente pierda el control de las personas que podrían comprometer el nombre de Colombia en el exterior, por virtud del régimen internacional que confiere privilegios e inmunidades a este tipo de funcionarios.” 10. Se anota, adicionalmente, que se trata de una medida legal en gran parte innecesaria por cuanto existe la figura de pasaporte oficial, que contempla garantías similares y suficientes para los congresistas.[2] 11. Finalmente, la acción presentada, sostiene que, en cualquier caso, es inaceptable que el benefició de pasaporte diplomático haya sido conferido ‘por el tiempo para el cual fueron elegidos’ y no por el tiempo que ejerzan sus cargos. Considera que tal redacción, “[…] constituye un despropósito de cara a la posibilidad de que los Congresistas se retiren antes de culminar satisfactoriamente el periodo para el cual fueron elegidos, o de que les sea retirada la credencial por pérdida de investidura, o de que ocurra cualquier otra circunstancia legal que determine su salida del Congreso, sin que nada de ello conduzca a la pérdida del documento diplomático concedido por la norma demandada. Repugna a la institución misma de este privilegio –que, como le establece la Convención de Viena de 1961 para asuntos diplomáticos, no existe en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de los representantes de los estados –que las inmunidades y los beneficios diplomáticos se extiendan a los Congresistas y a los secretarios de las Cámaras que han dejado de serlo, hasta por el término del periodo para el cual fueron elegidos, pues es evidente que las prerrogativas derivadas de dicho documento sólo pueden concederse en virtud del ejercicio de sus funciones como servidor público. En estas condiciones, no tendría sentido que una persona que ha dejado de ser servidor público, se le reconozcan los beneficios de inviolabilidad de la propiedad, la excepción del pago de impuestos, la imposibilidad de ser sancionado por las fuerzas policiales, que son, entre otras, las prebendas que otorga este tipo de documentos (artículos 21 y ss, de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas). Por este aspecto, la norma resulta también contraria a la Carta Política, específicamente en contra del principio de que la finalidad básica del Estado colombiano es servir a la comunidad (art. 2, CP), pues por la vía de admitir que alguien que ya no es servidor público se beneficie de un pasaporte diplomático, se desconoce que la finalidad de dicho beneficio debe ser el servicio a la comunidad y no el servicio a los intereses únicos del particular así favorecido. En este sentido, la disposición también contradice el inciso segundo del mismo artículo constitucional que señala que el fin de las autoridades es proteger a los residentes de Colombia y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, en la medida que las funciones de la autoridad se deben entender no como una relación reflexiva y unívoca con la autoridad misma, sino en función exógena y transitiva con las necesidades nacionales de la sociedad como un todo. Por todo ello resulta inconstitucional que se admita que conserven pasaporte diplomático quienes han dejado de ser servidores públicos, hasta que, sin embargo, culmine el periodo formal para el cual fueron elegidos.” IV. INTERVENCIONES El inicio del proceso fue comunicado al Presidente de la República; al Senado de la República y la Cámara de Representantes, por intermedio de sus Presidentes; al Gobierno Nacional, por medio de los Ministerios de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Relaciones Exteriores y a las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, del Congreso de la República. Se invitó a participar a la Universidad de Antioquia; al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia; al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y al Programa Congreso Visible; a la Facultad de Finanzas y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, al Instituto de Estudios Políticos, Hernán Echavarría Olózaga y al Observatorio del Caribe, OCARIBE. Además, se abrió el término correspondiente para la participación ciudadana.[3] No obstante, vencido el término de fijación en lista (11 de mayo de 2012), la Secretaría General de la Corte Constitucional informó por oficio que “[…] no se recibió ninguna intervención en la presente demanda.” V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1. Trámite de impedimento previo 1.1. El 3 de mayo de 2012, el Procurador General de la Nación se declaró impedido para presentar su concepto sobre la cuestión, por ser un funcionario que posee pasaporte diplomático, condición que, a su juicio, podría afectar el principio de neutralidad al ser él quien expida el concepto de constitucionalidad.[4] 1.2. La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió no aceptar el impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, mediante auto N° 117 de 2012, teniendo en cuenta tres consideraciones: “(1) que la norma legal acusada en el proceso de la referencia no regula el pasaporte diplomático del Procurador General de la Nación, (2) que la demanda no cuestiona la institución misma del pasaporte diplomático y (3) que el beneficio que en tal sentido tiene el Procurador no proviene de una decisión del Congreso de la República, sino del Gobierno Nacional, adoptada por Decreto […].”[5] 2. El concepto del Procurador General de la Nación El Procurador General de la Nación, mediante el concepto N° 5385 de julio 20 de 2012, participó en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de las normas legales acusadas. 2.1. El Procurador General de la Nación, luego de indicar cuál es el problema jurídico a su juicio,[6] dice al respecto, “El actor asume como un hecho cierto que existe una relación inescindible entre la condición de agente diplomático y la expedición de pasaporte diplomático, valga decir, que sólo los agentes diplomáticos pueden tener y usar un pasaporte diplomático. Esta hipótesis es razonable en lo teórico, pero no corresponde a la realidad normativa, incluso antes de haberse dictado la ley demandada, como pasa a verse enseguida. || Antes de la promulgación de la Ley 1501 de 2011, la norma que regulaba la materia de los pasaportes diplomáticos era el Decreto 2877 de 2001. A la fecha, buena parte del contenido normativo de este decreto sigue vigente. En este decreto se reconoce el derecho de obtener pasaporte diplomático a dos tipos de servidores públicos: a los que aparecen en la lista contenida en el artículo 1° del decreto y a aquellos que son designados para adelantar una misión diplomática. El corolario de esta distinción, es que entre los servidores públicos que aparecen en la lista en comento hay algunos que no tienen la condición de agentes diplomáticos y que, por tanto, no adelantan misión diplomática alguna. || La evidencia empírico normativa antedicha, desvirtúa la hipótesis en la cual se basa el discurso del actor, pues si bien podría decirse que ser agente diplomático conlleva el derecho a la expedición de un pasaporte diplomático, éste puede expedirse también a servidores públicos que no son agentes diplomáticos. Un estudio más detenido de la cuestión revela que, según la Convención de Viena, el pasaporte diplomático comporta la inmunidad de la persona que lo porta durante su permanencia en otro estado. Por razones de protocolo, predicables de los usos sociales, en algunos estados se da un trato preferencial en los aeropuertos a las personas que portan pasaporte diplomático. Pero también puede ocurrir que no sea así, como es el caso de los Estados Unidos a partir del atentado a las torres gemelas, ya que a su ingreso por los aeropuertos de este país todas las personas, incluso las que portan pasaporte diplomático, deben someterse a las requisas y demás medidas de seguridad adoptadas por las autoridades. Otro tanto podría decirse en materia de visas, pues a pesar de tratarse de pasaportes diplomáticos, es menester tramitarlas y obtenerlas. El que se expida pasaporte diplomático a servidores públicos diferentes a los agentes diplomáticos, a más de ser una práctica establecida en nuestro derecho interno con anterioridad a la promulgación de la Ley 1501 de 2011, no interfiere o afecta per se las competencias del Presidente de la República y del Gobierno Nacional para dirigir las relaciones internacionales y para designar los agentes diplomáticos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 189.2 Superior. Y no la afecta, porque de esta circunstancia no se sigue que dichos servidores públicos deban o puedan cumplir misión diplomática alguna, o estén facultados para interferir o afectar el ejercicio legítimo de dichas competencias constitucionales por parte de las autoridades correspondientes. No sobra agregar que la Ley 1501 de 2011, al igual que cualquier otra ley, si bien se tramita en el Congreso de la República, para poder convertirse en tal, requiere de la sanción del Presidente de la República. Basta mirar el texto de la ley en comento para advertir que ésta fue sancionada por el Presidente de la República con el concurso de la Ministra de Relaciones Exteriores. Si hubiera la afectación de las competencias constitucionales del Presidente de la República y del Gobierno Nacional, es razonable pensar que, al momento de decidir la sanción del proyecto de ley, éste hubiera podido proponer una objeción por inconstitucionalidad del mismo, lo cual no ocurrió.” 2.2. Según tales consideraciones, afirma el Procurador General, se podría considerar constitucional la ley. Pero a su juicio la norma sí es inconstitucional por las siguientes razones, “Lo anterior sería suficiente para culminar el presente análisis si no fuera por dos circunstancias, la primera de ella advertida por el actor y la segunda omitida por él, pero relevante para el caso sub examine, como pasa a verse enseguida. La primera circunstancia es la de que el artículo 1° de la Ley 1501 de 2011, al prever que el pasaporte diplomático se expedirá por todo el tiempo para el cual fueron elegidos los congresistas y los secretarios generales de ambas cámaras, desconoce el hecho que motiva dicha expedición, valga decir, que el servidor público se encuentre en ejercicio de las funciones propias de su cargo. Este desconocimiento desnaturaliza al pasaporte diplomático, pues permite su uso por personas que pueden no ser, al momento de emplearlo, servidores públicos, como lo detalla con prolijidad el actor. Además, la vigencia de un pasaporte diplomático, no puede ser fijada por la ley, sino que debe ser definida por el Gobierno Nacional en el momento de su expedición y condicionada al ejercicio de las funciones propias del servidor público, como se advierte con claridad en el artículo 12 del Decreto 2877 de 2001, al decir: ARTÍCULO 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente disposición, la vigencia de los pasaportes diplomáticos y oficiales será igual al tiempo de duración de la misión, del ejercicio del cargo, o mientras se tenga la calidad que permitió la expedición de los mismos. La segunda circunstancia es la de que el artículo 1° de la Ley 1501 de 2011, al establecer los servidores públicos a los cuales se expedirá pasaporte diplomático, incluye a los secretarios generales de ambas cámaras. Si bien el actor no se refiere a ella, es menester advertir que esta circunstancia, sin entrar a considerar argumentos logísticos o funcionales que se pueden predicar sobre su razonabilidad, vulnera el principio de unidad de materia. || En efecto, la materia de la ley en comento es: ordenar la expedición de pasaporte diplomático a los congresistas de la República. Nada más y nada menos. Dado el hecho evidente de que los secretarios generales de ambas cámaras no son congresistas de la República, valga decir, no ostentan la condición de Senadores de la República ni la de Representantes a la Cámara, el que la ley prevea que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les expedirá pasaportes diplomáticos, vulnera de manera clara el principio de unidad de materia. En vista de las anteriores circunstancias, el Ministerio Público solicitará a la Corte que declare inexequibles las expresiones: “Secretario General del Senado y Secretario General de la Cámara de Representantes,” y “por el tiempo para el cual fueron elegidos”, contenidas en el artículo 1° de la Ley 1501 de 2011.” VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas. 2. Problemas jurídicos En el presente caso se someten a consideración de la Sala dos cuestiones. La primera de ella referente a la aparente intromisión del legislador en las competencias legales al establecer el beneficio diplomático a los parlamentarios. La segunda, referente a la irrazonabilidad de los términos en los cuales fue dado dicho beneficio. 2.1. El primer problema jurídico, por tanto, es el siguiente: ¿violó el Congreso de la República los límites constitucionales al ejercicio de su cláusula general de competencia, al haber decidido conceder pasaporte diplomático a los congresistas y a los secretarios generales de ambas cámaras, teniendo en cuenta que la dirección de las relaciones internacionales y diplomáticas corresponde al Presidente de la República? 2.2. En segundo lugar, en caso de resolver negativamente el primer cuestionamiento, la Sala deberá responder el siguiente problema jurídico: ¿violó el Congreso de la República el ejercicio de sus competencias en materia de relaciones internacionales, al establecer el pasaporte diplomático para los congresistas y los secretarios generales de ambas cámaras por el período para el cual fueron elegidos y no mientras, efectivamente, ejercen tales dignidades? Para resolver estas dos cuestiones la Sala examinará en primer lugar cuál fue la génesis de la norma, especialmente para determinar cuáles fueron los motivos que llevaron al Congreso a tomar la medida adoptada. En segundo lugar, se presentará cuál es la posición de la jurisprudencia constitucional respecto a la cláusula general de competencia en materia legislativa y se indicarán algunos de los parámetros fijados en cuanto a los límites en el ejercicio de dicha cláusula. Finalmente, se analizarán las normas acusadas y se resolverán los problemas jurídicos planteados. 3. Génesis de la Ley 1501 de 2011 Teniendo en cuenta que ni las autoridades públicas ni los ciudadanos participaron dentro del proceso de constitucionalidad de la referencia, es especialmente importante recapitular cuál fue el origen del proyecto de ley, como una forma de establecer el sentido y el propósito que el Congreso de la República buscaron al decretar las normas acusadas por el accionante. 3.1. El 18 de agosto de 2010, se presentó un proyecto de ley cuyo objeto era reformar la Ley 68 de 1993, mediante la cual se reglamentó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ‘un cuerpo consultivo del Presidente de la República, regulado por la ley’,[7] según el artículo 225 de la Constitución Política.[8] Se propuso dos cosas: modificar la conformación de la Comisión (art.1°, Ley 68 de 1993) [incluir a los Presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara], y establecer el deber de convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores dentro de los primeros 30 días siguientes al inicio de cada período legislativo.[9] Entre otras razones, el autor del proyecto de ley argumentaba que “[la] Rama Legislativa, y sobre manera las Comisiones Segundas deben afrontar con suma responsabilidad su deber ante la ley y la Constitución, y entrar a analizar las relaciones exteriores con adeudo y compromiso patrio, reconociendo la importancia que estas tienen en el entorno de globalización Los grupos al margen de la ley como las FARC han logrado avances importantes a nivel exterior. Es relevante que el Gobierno Nacional trabaje mancomunadamente con el Legislativo en busca de soluciones prontas y efectivas para poder superar las coyunturas y obstáculos que el alcance de estos grupos delincuenciales han logrado a lo largo de su carrera terrorista. Es por esta razón que la preocupación de que en muchas ocasiones sin pertenecer por amparo de la Ley 68 de 1993, los presidentes de las respectivas Comisiones quedan al margen de las discusiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Obligación que debe contemplarse por su dignidad, ya que en ellos reposa el deber de guiar a sus respectivas células legislativas y ser líderes dentro de los procesos que les competen.”[10] 3.2. Primer debate. El mismo Senador proponente rindió ponencia a la Comisión Segunda del Senado de la República para adelantar el primero de los cuatro debates parlamentarios. En esta ocasión propuso a la Comisión aprobar el proyecto de ley propuesto, pero incluyendo una proposición aditiva. A saber, incluir una nueva disposición en la cual se le confiriera a los altos dignatarios del poder legislativo el pasaporte diplomático. Así, además de las dos medidas inicialmente propuestas, cada una de ellas en un artículo independiente, se proponía incluir una tercera medida en un tercer artículo, del siguiente tenor, “Artículo 3°. Los Congresistas y los Secretarios Generales del Congreso; tendrán derecho al uso de pasaporte diplomático mientras estén en ejercicio de sus funciones.”[11] La ponencia para primer debate justifico la modificación propuesta en los siguientes términos, “De igual forma, son varias las naciones que otorgan a los integrantes del Poder Legislativo el pasaporte diplomático, pues este documento, les permite actuar y representar a sus estados, en actividades de orden internacional. Pliego modificatorio […] al texto propuesto para primer debate 1. Se adiciona el artículo 3°. (Subrayado), incluyendo el uso del pasaporte diplomático en el proyecto de ley por las siguientes justificaciones: a) Los Congresistas colombianos, son garantes de la diplomacia Nacional, como es conocido, mediante la Ley 3ª de 1992, conocerán de: política internacional; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; zonas francas y de libre comercio; y contratación internacional. Países donde los miembros del Poder Legislativo tienen pasaporte diplomático: Perú Bolivia Chile Filipinas Ecuador Holanda México Rumania República Dominicana”[12] A las tres normas propuestas se sumaba una cuarta, dedicada a establecer la vigencia de la Ley. 3.3. Segundo debate. Se rindió ponencia para segundo debate, ante la Plenaria del Senado de la República.[13] En este caso reiteró lo dicho en la primera ponencia y reportó lo ocurrido en el primer debate en Comisión en los siguientes términos, “Aprobación en primer debate De igual forma, se aprobó en primer debate, la inclusión del artículo 3°-, donde se otorga el pasaporte diplomático a los Congresistas, y Secretarios Generales de Cámara y Senado. Durante el debate de aprobación del presente proyecto de ley, la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre observó suprimir en el artículo 2° las expresiones ‘dentro de los primeros 30 días siguientes’ y ‘o cuando este lo considere necesario’. Son varias las naciones, que otorgan a los integrantes del Poder Legislativo el pasaporte diplomático, pues este documento, les permite actuar y representar a sus estados, en actividades de orden internacional.”[14] 3.4. Tercer debate. Se rindió ponencia para el tercer debate en el proceso parlamentario; el primero en la Cámara de Representantes, ante la Comisión Segunda.[15] La ponencia solicitó a la Corporación aprobar el proyecto tal como había sido aprobado por el Senado de la República, resaltando la decisión de incluir el pasaporte diplomático para los congresistas así, “Aprobación en Senado De igual forma, se aprobó en primer debate, la inclusión del artículo 3°, donde se otorga el pasaporte diplomático a los Congresistas y Secretarios Generales de Cámara y Senado. Son varias las naciones que otorgan a los integrantes del poder legislativo, el pasaporte diplomático, pues este documento les permite actuar y representar a sus Estados, en actividades de orden internacional.”[16] 3.4.1. El 14 de septiembre de 2011 se llevó a cabo el debate en la Comisión Segunda, la cual resolvió no aprobar como ley de la República los artículos 1° y 2°, pero sí el artículo 3°. Es decir, se había resuelto dejar de modificar la composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para incluir a los Presidentes de las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes, de forma permanente, y dejar de establecer un derecho propio de reunión, mínimo, independientemente de la decisión presidencial. Ahora, el Proyecto de ley tenía un objetivo único: establecer el beneficio de pasaportes diplomáticos a los Congresistas y a los Secretarios Generales de ambas Cámaras. 3.4.2. En el debate, la ponencia presentada solicitaba que se aprobara el Proyecto de Ley sometido a consideración, fue votada afirmativamente, luego de que se hubiese abierto el debate, sin que se dieran comentarios, críticas u objeciones. Una vez abierta la votación del articulado del Proyecto, fue considerada la proposición de suprimir los dos primeros artículos del proyecto y de modificar el artículo 3° que ahora, junto con el de vigencia de la Ley, pasaba a ser su único artículo que contemplaba una medida legislativa concreta.[17] Se introdujo así la proposición, “Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor Presidente, quiero informar que en la Secretaría reposa una proposición supresiva de los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, y les informo que este articulado propuesto por el señor ponente consta de cuatro artículos debidamente publicados en la Gaceta. Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: ¿Quién firma la proposición señora Secretaria? Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: El doctor Óscar de Jesús Marín, el doctor Juan Carlos Sánchez Franco, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Albeiro Vanegas, Eduardo José Castañeda Murillo y dos que ustedes me perdonarán, el doctor Carlos Alberto Zuluaga y el doctor Yahir Fernando Acuña. Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: Abrimos la discusión del articulado, se pone en consideración la proposición que se acaba de leer. Aprueban la proposición leída. Con esta proposición se pone en consideración el articulado, incluida esta proposición señora Secretaria. Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Les informo señores Representantes que han sido eliminados los artículos 1° y 2° del Proyecto de ley número 246 de 2011. Los siguientes artículos, el artículo 3° y 4° que dicen lo siguiente: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá pasaporte diplomático a los Congresistas, secretarios generales del Senado y Secretario General de la Cámara de Representantes por el tiempo para el cual fueron elegidos. || Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias; esos son los dos artículos en consideración señor Presidente. […]”[18] 3.4.3. El debate se concentró en primer término en correcciones menores de estilo, aunque algunas de ellas, con implicaciones de gran alcance, como la posibilidad de entender que los Secretarios de las comisiones parlamentarias también tendrían el beneficio del pasaporte diplomático, que no había sido la intención. De hecho, se debatió si se debía dar el pasaporte diplomático únicamente a los Congresistas, como insistía el Gobierno, o también a los Secretarios de cada una de las Cámaras, como se había venido aprobando a lo largo del debate. Esto fue lo que se dijo, tal como se recoge en el Acta de Comisión, “Hace uso de la palabra el honorable Representante Óscar de Jesús Marín: Frente al artículo 3° señor Presidente le corresponde a la Comisión para que tomemos la decisión la situación (no se entiende). Yo lo primero que propongo es que hay que corregir, y no sé si haya que hacerlo por proposición o simplemente dejando la constancia porque dice: secretarios generales del Senado, volverlo singular, Secretario General del Senado; así como singular está el Secretario General de la Cámara. Esa es la primera inquietud, ahora la otra decisión que tenemos que tomar es si dejamos el pasaporte diplomático solo para los Congresistas o vamos a incluir a los dos Secretarios, tanto de Senado como de Cámara, a mí me parece que la intensión del proyecto y la motivación del proyecto de ley siempre ha sido que los Congresistas de Colombia que son los únicos Congresistas, quizás del mundo que no tienen pasaporte diplomático pues empiecen a tener este pasaporte; si esa es la motivación esa es la intensión, entonces yo diría que sean los Congresistas, pero entonces tendríamos que redactar la proposición. […] Hace uso de la palabra el honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio: Como tal el proyecto de ley queda reducido a dos artículos, el de la vigencia es el segundo. La discusión no es sino una sola, hay una mala redacción en este artículo se fueron dos eses donde dice que pasaporte diplomático a los Congresistas, ahí vamos bien, pero habla de secretarios generales del Senado, entonces lo que se interpreta es que todos los Secretarios de las Comisiones del Senado tendrían el pasaporte, que no es lo que el proyecto de ley busca. Deberá decir, Secretario General del Senado de la República y Secretario General de la Cámara de Representantes, es así la redacción correcta. Quedaría la ley, si así lo quisiéramos, dándole pasaporte a los Congresistas y al Secretario de Cámara y al Secretario General de Senado; no a los Secretarios de Comisiones, esa no fue la idea del autor. Creo que estoy hablando por usted Senador de la República, no sé, pero me dice que sí, esa no fue la idea de pasaporte para los secretarios de comisiones, pero sí para el Secretario de la Cámara y el Secretario del Senado, como tal Presidente lo que quiero es que hagamos consenso honorables Representantes, en qué sentido dejamos la redacción del artículo 3°. Hay dos posiciones, Presidente, una que indica que se excluya del pasaporte diplomático los dos secretarios de Cámara y de Senado, que queden solamente los Congresistas y esa es la discusión. Luego, doctor Carlos Alberto Zuluaga, Presidente de Comisión, doctor Juan Carlos Sánchez, honorables Representantes hagamos consenso sobre ello para presentar una proposición también que nos agilice esta discusión. Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: Aquí están preparando una proposición, yo creo que es prudente la solicitud del doctor Carlos Alberto Zuluaga de dar un pequeño receso mientras se hace la redacción para que sigamos en la consideración del proyecto, entonces podemos conceder esos minutos para que se pueda presentar la proposición. Honorables Congresistas a las 10 de la mañana entramos por señal de televisión para que se tomen solo los cinco minutos para poder entrar con la señal de televisión. (RECESO). […]”[19] 3.4.4. Se evidenció las posiciones del Gobierno sobre el Proyecto, asumidas hasta ese momento. El acuerdo con retirar los dos artículos iniciales del Proyecto de ley, y las reservas con relación al pasaporte diplomático. Se puso de presente las objeciones que en principio tenía la Ministra de Relaciones Exteriores con el tema, pero la decisión de consultar el asunto con el Presidente de la República. En este contexto se manifestó la eventual necesidad de regular los pasaportes oficiales en términos generales. Las cuestiones fueron presentadas en los siguientes términos. “Hace uso de la palabra el honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga Díaz: Señor Presidente. El solo hecho de que hoy la Canciller haya entendido el mensaje que esta Comisión y el Senado de la República y además como nos lo dijera ella que iba a consultárselo al señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos que la propia Canciller haya aceptado que los Congresistas también tengan el pasaporte diplomático; ese ya es un gran avance. Ella no era muy amiga del tema, tanto es así que solicitó que le permitiera que el señor Presidente de la República asumiera esa responsabilidad y si la propia Canciller en un diálogo que sostuvo con usted, doctor Albeiro, lo que es el tema oficial que la Cancillería le ha dicho a usted porque es que lo que no se (no se entiende) a un comentario de que no quisimos poner a los Secretarios o no quisimos poner a los Secretarios de Cámara y de Senado; no, sino que la Canciller optó de acuerdo al mensaje que seguro dialogado con el señor Presidente de la República de que los Congresistas tuviéramos eso. Yo además nunca he hecho uso, ni siquiera del pasaporte que yo tengo, pero creo que es una justa causa, y además me convenció el doctor Germán Navas con sus múltiples intervenciones en esa materia, no solamente en Plenaria de Cámara, sino aquí en la Plenaria de la Comisión Segunda y en la Comisión Primera. Yo diría que frente a los secretarios de Comisión, doctor Juan Carlos, usted como Presidente de la Comisión habría que pensar en un proyecto frente a pasaportes oficiales; no sé doctor Barriga, usted como autor de la ley si podemos ir pensando frente al tema y hablar con la Cancillería y buscar un consenso con la Cancillería, a ver qué podemos hacer. Yo comparto haber sacado de la Comisión Asesora, me parece que ese no era tema para este proyecto, me parece que eso es un tema que la misma Canciller nos pidió el favor no tocarlo y frente a eso compartimos y por eso le hemos aceptado las recomendaciones a la Canciller, es bueno también que quede las recomendaciones hechas por la Cancillería en cabeza de su Canciller y que seguro es dialogado con el Presidente de la República fuera aceptada totalmente en este proyecto. Gracias Presidente. […] Hace uso de la palabra el honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio: Presidente le ruego a usted que instruya por secretaría a que lean la proposición que se ha presentado y luego hago una observación sobre ella. […] Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor Presidente, les recuerdo honorables Representantes que están en consideración los artículos 3° y 4°, hay una proposición modificativa al artículo 2° que dice así; sí, al artículo 3°, como estamos votando el artículo 3° que ya quedaría de primero, eso es lo que estoy explicando honorables Representantes, quiero hacerme entender bien. Dice así la proposición. Entendiéndose que se está modificando es el artículo 3° del articulado propuesto. Artículo 1°. Quedará así. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá pasaporte diplomático a los Congresistas para el tiempo para el cual fueron elegidos. Y hay 12 firmas honorables Representantes. Ha sido leída la proposición modificativa al artículo 3° del articulado. […]”[20] 3.4.5. El Representante ponente consideró que la propuesta de la Comisión Segunda atendía a la intención de los legisladores, a la vez que tenía en cuenta las objeciones del Gobierno Nacional, según el parlamentario, referentes a la interferencia en el manejo de las relaciones internacionales, depositada constitucionalmente en cabeza del poder ejecutivo. “Hace uso de la palabra el honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio: Ya lo dijo el doctor Carlos Alberto Zuluaga y recoge el querer de los Representantes de esta Comisión y del autor de esta iniciativa que es el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda. Esta salida inteligente que ha tomado la Comisión Segunda le responde al Gobierno Nacional de la siguiente manera. El artículo 1° buscaba modificar la Comisión de Relaciones Exteriores, incluyendo los Presidentes de Comisiones Segundas de Senado y Cámara, lo cual no ha sido aceptado que era lo que el gobierno proponía, que no consideraba que se modificara la Comisión de Relaciones Exteriores, como tal la Comisión le responde favorablemente al Gobierno. En el artículo 2°, el proyecto pretendía establecer que en los primeros 30 días siguientes al inicio de cada período legislativo, se convocara a la Comisión de Relaciones Exteriores, y el Gobierno Nacional dijo que eso era entrometerse en la esfera de las funciones propias del Presidente de la República, quien es el que maneja las relaciones exteriores del país. Ese artículo lo hemos eliminado y con lo cual se le ha respondido positivamente también al Gobierno Nacional. En el artículo 3°, que es el que seguramente se aprobará positivamente hoy, el Gobierno Nacional dice también que no está de acuerdo y lo dijo de esta manera: la inclusión del precitado artículo implicaría que el poder legislativo entre en la esfera del poder ejecutivo, extralimitándose de esta forma de sus funciones e influyendo notoriamente en la autonomía de la Constitución Política, le da al Presidente de la República en el manejo de las relaciones internacionales, lo cual sí me parece que es un desafortunado concepto jurídico. ¿Cuál intromisión hay? Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: Siendo miércoles 14 de septiembre de 2011, estamos ya por el Canal Institucional del Congreso ya en señal en directo, entonces damos la bienvenida a todos los televidentes en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Tiene la palabra el señor ponente del proyecto de ley, doctor Albeiro Vanegas, bien pueda continúe doctor Albeiro. Hace uso de la palabra el honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio: Como tal, estoy diciendo que esa observación no es consecuente con lo que el proyecto de ley busca porque no está el Congreso extralimitándose de sus funciones, ni está incursionando en la esfera de las relaciones exteriores que son del Gobierno Nacional, como tal Presidente como ponente de este proyecto estoy totalmente de acuerdo y así lo he firmado en la proposición de que este proyecto de ley contemple el artículo tal como la Honorable Comisión lo ha propuesto. Gracias Presidente. Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: En consideración la proposición leída modificando el artículo 3° del proyecto de ley, abro la discusión, anuncio que va a cerrarse, ¿lo aprueba la Comisión? Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobada la proposición modificativa al artículo 3°, señor Presidente. Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (E), doctor José Ignacio Mesa Betancur: En consideración el articulado con las dos proposiciones aprobadas por la Comisión, abro la discusión, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueba el articulado la Comisión? Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobado también el artículo 4° señor Presidente.”[21] 3.4.6. Una vez resuelto el contenido normativo de la nueva versión simplificada del Proyecto de ley, la Comisión Segunda de la Cámara abordó la cuestión de modificar el título, pues el que se tenía hasta el momento se refería al contenido normativo que acababa de ser excluido del Proyecto de ley. En el debate participó e intervino en la cuestión el Senador autor y ponente.[22] El título fue modificado y votado y se hicieron algunas manifestaciones adicionales acerca de las razones por las cuales la norma podría entenderse justificada. 3.5. Cuarto debate. El mismo Representante ponente ante la Comisión presentó ponencia ante la Plenaria, para el cuarto debate del procedimiento parlamentario; el segundo en la Cámara de Representantes. En este caso, reiteró la solicitud de apoyo a la nueva versión del proyecto.[23] La forma de presentar la decisión de la Comisión Segunda ante la Plenaria de la Cámara de Representantes fue la siguiente, “I. Antecedentes y trámite En Senado 1. El 24 de agosto de 2010, con autoría del Senador Carlos Eduardo Barriga Peñaranda, el Proyecto de ley número 93 de 2010 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 68 de 1993, modificada por la Ley 955 de 2005, y se dictan otras disposiciones, fue radicado en la Comisión Segunda del Senado. 2. El 18 de agosto de 2010, el precitado proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso número 521. 3. El 30 de agosto de 2010, siguiendo instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado, el Secretario General de esta, Diego Alejandro González González, comunicó al Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda la designación como ponente del proyecto de ley en comento. 4. El 13 de septiembre de 2010, el Senador ponente radicó su informe para el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, con publicación en la Gaceta del Congreso número 634 de idéntica fecha. 5. El 26 de octubre de 2010, la Comisión Segunda del Senado sometió a consideración, discusión y votación en primer debate el precitado informe, aprobando su tránsito a segundo debate en la Plenaria del Senado. De igual modo, esto es, con votación nominal y pública, fue aprobada la proposición final presentada por el autor y ponente del proyecto de ley en su respectivo informe, en el sentido de adicionar a aquel un artículo, así: Artículo 3°. Los Congresistas y los Secretarios Generales del Congreso; tendrán derecho al uso del pasaporte diplomático mientras estén en el ejercicio de sus funciones 6. El 13 de abril de 2011, luego de su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, fue aprobado en plenaria, sin modificaciones, el informe presentado por el ponente. En Cámara de Representantes 1. El 18 de mayo de 2011, la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, asignó al suscrito la ponencia del proyecto de ley, por medio de la cual se modifica la Ley 68 de 1993, modificada por la Ley 955 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 2. El 25 de mayo de 2011, en la Gaceta del Congreso número 314, se publicó el proyecto de ley que nos concierne. 3. El 14 de septiembre de 2011, el multicitado proyecto de ley fue sometido a primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y aprobado por unanimidad en votación ordinaria, pública y nominal. 4. No obstante, en dicha sesión, los Representantes asistentes presentaron dos proposiciones en torno al articulado del proyecto: la primera, en el sentido de eliminar sus artículos 1 y 2; la segunda, modificatoria del artículo 3°. Ambas fueron aprobadas por unanimidad. 5. Así mismo, surgió una proposición consistente en modificar su título, que fue aprobada, luego de su respectiva discusión, con el SÍ de 12 honorables Representantes.”[24] 3.5.1. De acuerdo con los compromisos adquiridos en el debate en Comisión, el ponente presentó a la Plenaria de la Cámara de Representantes un ajuste al título del Proyecto de ley. Adicionalmente se presentaron dos propuestas de modificación adicional. Además de correcciones terminológicas, se propuso restringir el beneficio del pasaporte diplomático a los dignatarios del parlamento, en tanto se encuentren en el ejercicio de sus funciones. La razón para ello, precisamente, buscaba evitar que personas que ya no fueran congresistas, aún mantuvieran el pasaporte diplomático. Los cambios propuestos fueron presentados y justificados en la ponencia para el debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, luego de exponer el objeto del Proyecto en su nueva versión[25] y la justificación del mismo la cual ahora, de manera expresa, justifica porque no se está interviniendo en competencias privativas del poder Ejecutivo. 3.5.2. El texto del Proyecto de ley fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes así, “La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: El siguiente punto es el proyecto de ley, por medio de la cual se ordena la expedición de pasaportes diplomáticos a los Congresistas de la República. El informe de ponencia es como sigue: Dese segundo debate al proyecto de ley, por medio de la cual se autoriza la expedición de pasaportes diplomáticos a los Congresistas de la República. Firma: Albeiro Venegas. Ha sido leído el informe de ponencia señor Presidente, debe asumir la Presidencia el Segundo Vicepresidente, en razón a que el doctor Venegas es el ponente de este proyecto. Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Bayardo Gilberto Betancurt: ¿Aprueba la Plenaria el informe de ponencia? La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: Aprobado por unanimidad el informe de ponencia señor Presidente. El articulado se compone de dos artículos, no tiene proposiciones señor Presidente, y puede usted abrir la discusión y votación del articulado. Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Bayardo Gilberto Betancurt: En consideración el articulado, abro la discusión, informo que se va cerrar, queda cerrada ¿aprue...