Sentencia C-1042 de 2005

C-1042-05 PROYECTO DE SENTENCIA DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA Sentencia C-1042/05 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL-No exceso en los límites del poder de reforma PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION Y ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL-Habilitación al Consejo de Estado para expedir ley de garantías electorales Referencia: expediente D-5657 Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo transitorio del artículo 2° y el artículo 5° del Acto Legislativo No 02 de 2004 Demandante: Eusebio Clavijo Sánchez Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA[1] Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil cinco (2005) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES[2] En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Eusebio Clavijo Sánchez presentó demanda contra el parágrafo transitorio del Art. 2 y el Art. 5° del Acto Legislativo No 02 de 2004. Mediante auto del 2 de febrero de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda. Así las cosas, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. NORMA ACUSADA A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 45.775 de 28 de Diciembre de 2004 y se subraya lo demandado. ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 2 DE 2004 (Diciembre 27) “Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”. El Congreso de Colombia, DECRETA: (… ) ART. 2º—El artículo 197 de la Constitución Política quedará así: (… ) PAR. TRANS.—Quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente Acto Legislativo solo podrá ser elegido para un nuevo período presidencial. (… ) ART. 5º—El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación. &$III. DEMANDA El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran la integridad de la Constitución por los siguientes fundamentos jurídicos: “El preámbulo de la Constitución señala, como antecedente para el cumplimiento de los fines u objetivos, la existencia de … “un marco jurídico, democrático y participativo … “ que conduce a estructurar todo un conjunto normativo y una noción fundamental del Derecho Político que es el Estado de Derecho. El artículo primero de la Constitución indica que “Colombia es un Estado Social de Derecho… “iniciando el desarrollo del presupuesto indicado como marco jurídico. Inicialmente el Estado Colombiano es un Estado de Derecho que avanzando en el tiempo incorpora un aspecto de vital importancia para la vida política que es la vocación social, es decir, de vigencia plena de los derechos de cada uno de los habitantes y de la sociedad en general. Pero no puede olvidarse la fórmula inicial del Estado de Derecho, es decir, un Estado en que el ejercicio del poder se halla regido por una normatividad previa, previsión que si falta hace al poder ejercido en su nombre arbitrario. El artículo 3 dispone que “la Soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder político. “Para el presente caso el Constituyente primario, el pueblo, encarnado en la ciudadanía, en ningún caso aprobó, porque ninguno de los candidatos tanto al congreso como a la presidencia le propuso, como programa político, la reelección del presidente de la República. Lo otros candidatos tampoco lo propusieron para los debates electorales del 2002, luego el constituyente primario en ningún caso autorizó una modificación constitucional de tal magnitud y en particular la reelección inmediata. Una reforma como la contenida en el acto acusado parcialmente, modifica condiciones básicas del ejercicio del poder político que nadie previó en el momento de las elecciones de miembros del Congreso y del Presidente de la República actuales, ni de quienes aspiraron a esos cargos, creando condiciones de desigualdad política y jurídica. El inciso primero del artículo 122 de la Constitución manda que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente “Se trata de un desarrollo normativo que, usando los verbos en futuro, establece que para el ejercicio de cualquier actividad personal al servicio del Estado Colombiano su regulación esté previamente establecida. Las normas acusadas rompen la integridad de la Constitución en cuanto a quien haya sido con anterioridad elegido Presidente de la República, se le otorgue el derecho a la reelección inmediata. El inciso segundo del mismo artículo 122 de la Constitución ordena que “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Esta norma pretende asegurar a todos los actores políticos, gobernantes y gobernados, reglas de actividad política gubernativa y administrativa serias encaminadas a establecer “un orden político, económico y social “como reza el mismo preámbulo. La sociedad no tendría seguridad jurídica si el Presidente jura cumplir una Constitución, integralmente considerada, pero en la marcha de su mandato promueve y da paso a normas que no ha jurado cumplir y que tiene que ver con su cargo en cuanto a duración, para el caso que nos ocupa. El ejercicio de cualquier cargo público debe ser previamente regulado. Si la regulación se cambia no puede esta beneficiar o perjudicar a quienes se encuentren cumpliendo un cargo bajo condiciones establecidas previamente, pues se entra en situación de hecho y en frontal oposición al estado de derecho. El artículo 188 de la Constitución ordena “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de los Colombianos” Al haber modificado el Congreso el artículo 197 de la Constitución, a instancias del ejecutivo y con su aprobación, modificó retrospectivamente las condiciones del debate electoral de 2002 para todos los que fueron candidatos y al electorado, cuyo comportamiento político pudo ser otro si las normas acusadas hubiesen existido en el momento anterior a la elección para Presidente de la República que allí se cumplió. Del artículo 5 puede decirse que si bien su promulgación conduce a la validez, ella no puede conducir a su eficacia, pues no puede ser eficaz si no a partir de la conclusión del período presidencial en curso. El poder que se ejerce sin regulación anticipada es un poder de hecho. La normas acusadas subvierten el orden constitucional e incrustan comportamientos políticos que pueden lleva a la inseguridad jurídica y política de todo ciudadano. Por la misma vía de reforma discrecional, podríamos encontrarnos en el futuro con la ampliación del período de los Congresistas en ejercicio, o la disminución del período de los Magistrados en ejercicio y afianzarse abusivamente en el argumento, falso como lo he demostrado, de que los actos legislativos no pueden ser revisados en su contenido. Finalmente, no se discute en esta demanda la facultad de reformar la Constitución por el Congreso. Lo que se tacha de inconstitucional es lo relacionado con su aplicación, pues sus efectos sólo podrían aplicarse a partir del 8 de agosto de 2006, cuando el actual presidente de la República concluya el período que juró cumplir al posesionarse. IV. INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia El Ministro del interior y de justicia, interviene en el presente proceso con el propósito de defender la exequibilidad del Acto Legislativo demandado. Para lo anterior argumenta las siguientes razones: En primer lugar, y respecto del control de constitucionalidad sobre los actos legislativos, afirma que no procede este por vicios materiales. Señala que la interpretación extensiva sobre la guarda de la integridad de la Carta consagrada en el artículo 241 que realiza el demandante es notoriamente incorrecta pues salta a la vista que tal función debe cumplirse por la Corte “ en los estrictos y precisos términos de este artículo”, el cual en su numeral 1 señala claramente que el control de constitucionalidad que ejerza sobre los actos reformatorios de la constitución se circunscribe a los vicios de procedimientos en su formación, lo que excluye pronunciamientos sobre el contenido de los mismos. Agrega, que el planteamiento que formula el demandante contraviene el ámbito de control judicial de las reformas constitucionales, lo cual ocurriría al anteponer al poder de revisión supuestos contenidos normativos supraconstitucionales intocables o efectuar una comparación entre contenidos específicos de la Constitución original y el contenido de la reforma como si el segundo no pudiera contradecir los primeros al reformarlos, tal como lo pretende el actor. Continúa el interviniente, indicando que el demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de los apartes impugnados del Acto Legislativo con sustento en vicios relacionados con aspectos materiales, lo que hace evidente la improcedencia de la demanda, toda vez que el control de constitucionalidad sobre el contenido de las reformas constitucionales escapa a la competencia atribuida expresamente por la Carta Política a la Corte Constitucional, encontrándose en consecuencia inhibida para pronunciarse sobre el particular. En segundo lugar, y respecto de la vigencia del Acto Legislativo, se asevera que esta es parte inherente de la potestad del constituyente derivado y forma parte del contenido material de la reforma constitucional. Así entonces, la potestad del constituyente conferida por la Carta política al Congreso de la República apareja de manera inescindible la de establecer, de acuerdo con su discrecionalidad y estimación de la conveniencia, el momento a partir del cual entrará en vigencia la reforma adoptada. Para el caso, se continúa, la vigencia del Acto Legislativo en estudio, fue establecida por el constituyente derivado quien no la difirió ni condicionó de modo alguno, siendo su voluntad expresa la entrada en vigor inmediata de la reforma constitucional adoptada, por lo cual señaló en el artículo 5 que la misma rige a partir de su promulgación, la cual se surtió el 28 de diciembre de 2004, fecha a partir de la cual genera plenos efectos jurídicos. No sobra indicar, se adiciona, que la voluntad del constituyente derivado en cuanto a la entrada en vigencia del Acto Legislativo a partir de su promulgación además de ser explícita, formó parte sustantiva del contenido de la reforma adoptada cuyo objeto principal fue la remoción de la prohibición de reelección presidencial ampliando así el espectro democrático al posibilitar una opción adicional para los electores y tal circunstancia es precisamente la que se aprecia en el parágrafo de su artículo 2 a aludir “Quien ejerza o haya ejercido la presidencia de la República antes de la vigencia del presente Acto Legislativo” Señala el interviniente, que al ser la indicación de la vigencia parte de la atribución del constituyente cuyo carácter es de fondo y no de forma, y a su vez reflejo de uno de los elementos significativos en la estructuración del contenido del acto legislativo, se evidencia que la misma corresponde al fuero reservado por la Constitución al poder soberano ejercido en éste caso por conducto del parlamento, sobre el que mal podría versar el juicio de constitucionalidad dada la limitante establecida por el artículo 241 Constitucional en lo que hace relación a las reformas constitucionales. Asevera el Señor Ministro, que del contexto de la demanda puede colegirse que pretende el demandante que la Corte precise que la vigencia del Acto Legislativo se difiera al 8 de agosto de 2006, cuando el actual presidente de la República concluya el período que juró cumplir al posesionarse, lo cual indica es improcedente. Afirma que por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad no es posible pretender que la Corte establezca un contenido de regulación diverso al señalado en la norma impugnada, como sería el de modificar la vigencia en sentido diverso al señalado expresamente en la norma. Se señala, que la entrada en vigencia de las normas se produce como resultado de una valoración política realizada por el legislador, bien sea en ejercicio de su función legislativa o constituyente, valoración que hace parte integrante del contenido normativo sobre cuya vigencia decide, por lo que, en el caso de los Actos Legislativos, no puede ser objeto de control de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 241-1. En tercer lugar, expresa el interviniente que no es cierto que el Acto Legislativo demandado afecte la seguridad jurídica ni que el presidente viole el juramento que hizo al posesionarse. Se indica, que cuando el Presidente jura cumplir la Constitución y la ley lo hace en relación con las normas vigentes en cada momento de su mandato y no solo respecto de las vigentes el día de su posesión. Lo anterior, se deriva del principio de legalidad que caracteriza el Estado Social de Derecho y aceptar lo contrario pondría al primer mandatario en una posición absurda pues si cumple la nueva ley desconocería su juramento y si no lo hace incurriría en delito. En este orden de ideas, el presidente de la república en virtud del juramento donde se compromete a cumplir la Constitución y la ley, está obligado a cumplirla desde el momento en que entra a regir, momento a partir del cual se generan efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica que ha entrado en vigor. En cuarto lugar, asevera el interviniente que no es cierto que con la expedición del Acto Legislativo se modifiquen las condiciones básicas del ejercicio del poder. Se indica, que la reforma constitucional no permite el ejercicio de la función presidencial y otras actividades estatales que no estén sometidas a la Constitución y a la ley, ni la posibilidad de reelección presidencial se constituye en una formula institucional que vaya en contra de los principios fundamentales o que los condicione o restrinja al punto de vulnerar el núcleo esencial de los mismos. Se agrega, que la norma acusada no afecta la característica de social del Estado. En quinto lugar, y respecto a la separación de poderes, se expresa que el Acto Legislativo no da lugar a la concentración de poder ni la eliminación del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza la democracia, no cambia la consagración de la realización de diferentes funciones por los diferentes órganos independientes que colaboran entre si para la realización de los fines del Estado, ni la limitación entre ellos con miras a garantizar la libertad e impedir el abuso del poder. En sexto lugar, y con relación al período preestablecido para los funcionarios de elección popular, el acto legislativo demandado no modifica el límite temporal para el ejercicio del poder. El límite permanece y lo que cambia es la posibilidad de reelección del mandatario de turno, posibilidad que no se prolonga indefinidamente puesta está igualmente limitada. En séptimo lugar, en lo tocante al régimen político, afirma el interviniente que con el Acto Legislativo acusado, el ordenamiento político e institucional del país se mantiene. En octavo lugar, se señala que no es cierto que el Acto Legislativo 02 de 2004, viole el principio de igualdad. Se manifiesta que el derecho a la igualdad de los ciudadanos para participar en la conformación, ejercicio y control del poder político no se vulnera con la posibilidad de reelección. Lo anterior, por cuanto el Acto Legislativo establece expresamente la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República. Finalmente, afirma el Señor Ministro que no es cierto que el Acto Legislativo modifique en forma retroactiva las elecciones del año 2002. Se indica, que es claro que dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, no obstante la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. Se agrega, que el debate electoral de 2002 se realizó y culminó bajo el imperio de normas vigentes en ese momento y el acto legislativo no tiene la virtualidad de cambiar retrospectivamente ese hecho. Por el contrario, se expresa, a lo afirmado por el demandante, la vigencia de las normas jurídicas previa publicación de las mismas es una de las condiciones de seguridad jurídica. Así las cosas, la expedición del acto acusado con anterioridad a los comicios del año 2006 época para la cual deberá existir también la ley estatutaria que lo reglamente, garantiza a los electores y a los diferentes actores políticos el conocimiento previo de las reglas del juego que han de cubrir por igual a quienes estén en la misma situación y pueden establecer diferencias respecto de quienes no lo estén. 2 . Intervención del ciudadano Presidente del Congreso de la República En escrito de fecha junio 3 de 2005, el entonces Presidente del Congreso de la República, doctor Fernando Gómez Mejía, presenta las siguientes consideraciones respecto a las impugnaciones que, por vicios de constitucionalidad, se han formulado contra el Acto Legislativo 002 de 2004 en la demanda bajo estudio: - No existen poderes constituidos por encima de la Constitución y, por ende, la legislación y las reformas a la Carta Política que apruebe el órgano parlamentario deben preservar la integridad del ordenamiento Superior. - El Congreso de la república, en ejercicio de su función de reformar la Constitución Política, debe observar las normas Superiores que la regulan. - La Corte Constitucional ejerce el control de exequibilidad de los actos reformatorios de la Carta Política para garantizar el respeto de los procedimientos establecidos para su formación. - La Constitución Política no consagra, en ninguna de sus normas, límites materiales a la competencia del Congreso de la República para su reformar. En este sentido, nuestro ordenamiento Superior no contempla cláusulas intangibles ni temas vedados al poder de reforma constitucional. 3. Intervención del ciudadano Mauricio González Cuervo El Señor Mauricio González Cuervo, actuando en su calidad de ciudadano colombiano, le solicita a esta Corte, mediante escrito de fecha junio 3 de 2005, declararse inhibida para decidir la demanda de inconstitucionalidad D-5657 con base en la improcedencia del control de constitucionalidad sobre el contenido material de los actos reformatorios de la Carta Política. Al respecto, manifiesta el interviniente que dicho control es de naturaleza formal conforme con los artículo 241.1 y 379 Superiores lo mismo que con la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en particular, las sentencias C-1200 de 2003 y C-888 de 2004. Se trata, entonces, de una clara restricción impuesta por el propio constituyente Primario, que tiene su origen y fundamento en la inexistencia de jerarquías entre las normas de la Carta Política, lo cual conlleva la imposibilidad de ejercer un control de contenido sobre normas iguales en rango, tal como es pretendido por el aquí demandante. 4. Intervención del ciudadano Manuel Fernández Díaz El ciudadano Manuel Fernández Díaz, presentó escrito de fecha junio 3 de 2005 solicitando a esta Corporación, declarar exequible el Acto Legislativo 002 de 2004 por cuanto la reelección presidencial contemplada en el mismo, pertenece a la esfera de la soberanía popular, constituye un mecanismo efectivo para fortalecer las instituciones democráticas y es perfectamente compatible con el sistema de gobierno presidencial consagrado en la Constitución Política de 1991. 5. Intervenciones Extemporáneas Las intervenciones del Señor Edgardo J. Maestre Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular de Cesar; de la Señora Marina Rojas Maldonado, Directora del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás; de los señores Juan Bautista, Carlos Lozano, Yubely Muñoz y Anderson Rojas, en su calidad de ciudadanos; del Señor Angelino Garzón, en su calidad de Gobernador del Valle del Cauca; del Señor Ramiro Bejarano, en su calidad de ciudadano, no serán tenidas en cuanta por haberse presentado de forma extemporánea como lo informa la Secretaría General de esta Corporación. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, mediante Concepto No. 3847 recibido el 5 de julio de 2005, solicita a la Corte se declare inhibida en la presente demanda, con base en los siguientes planteamientos: Considera el Ministerio Público que la Corte debe inhibirse para emitir un pronunciamiento en la presente demanda, toda vez que los cargos expuestos no parten de un exceso en los límites del poder de reforma, único referente válido para adelantar el control de constitucionalidad frente a los contenidos de una reforma constitucional, sino de la confrontación que se hace entre la norma modificada, artículo 197 de la Carta y otros de sus preceptos. En otros términos, se agrega, este cargo pretende que el control de constitucionalidad sobre los límites materiales del poder de reforma, se utilice para revisar el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio o principio constitucional, lo cual equivaldría a ejercer un control material. Afirma el Procurador General de la Nación, que ninguno de los cargos expuestos, parte del exceso del poder de reforma por parte del Congreso de la República. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia. 2. Existencia de cosa juzgada constitucional En la sentencia C-1040 de 2005, la Corte hizo un análisis minucioso sobre la competencia del Congreso para adoptar el Acto Legislativo No. 2 de 2004, y concluyó que dicho órgano no había excedido los límites de su poder de reformar la Constitución al establecer la reelección presidencial inmediata. Así mismo, concluyó que sí se habían desbordado dichos límites en relación con la habilitación conferida al Consejo de Estado para expedir normas con fuerza de ley y contenido estatutario sobre garantías electorales. En consecuencia, al haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con este punto, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C-1040 de 2005. VII. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1040 de 2005 en la cual se declaró exequible al Acto Legislativo 02 de 2004, así como estarse a lo resuelto en ella en lo que respecta a la inconstitucionalidad del último inciso del parágrafo transitorio del artículo 4 de dicho Acto. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Presidente JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado HUMBERTO SIERRA PORTO Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Secretario ad hoc ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA CON RELACIÓN A LA SENTENCIA C-1042 DE 19 DE OCTUBRE DE 2005 (Expediente D-5657) Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, expreso mi aclaración de voto en relación con lo decidido en la sentencia C-1042 de 19 de octubre de 2005 (Expediente D-5657), por cuanto en ella se decidió estar a lo resuelto en la sentencia C-1040 de 2005, respecto de la cual salvé el voto por cuanto considero que por las razones expuestas entonces el Acto Legislativo No. 02 de 2004 “por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” para autorizar la reelección inmediata del Presidente de la República es inconstitucional en su integridad. Fecha ut supra ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA SOBERANIA-Concepto (Salvamento de voto) SOBERANIA-Antecedentes (Salvamento de voto) SOBERANIA-Características (Salvamento de voto) SOBERANIA NACIONAL Y SOBERANIA POPULAR-Concepto (Salvamento de voto) SOBERANIA NACIONAL Y SOBERANIA POPULAR-Alcance (Salvamento de voto) SOBERANIA NACIONAL Y SOBERANIA POPULAR-Diferencias (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Definición (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Características (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Constitución rígida (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Garantía jurisdiccional de la Constitución (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-“Sobre interpretación” de la Constitución (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Aplicación directa de normas constitucionales (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Interpretación conforme de las leyes (Salvamento de voto) CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO-Influencia de la Constitución en las relaciones políticas (Salvamento de voto) CONSTITUCION POLITICA-Fuerza vinculante (Salvamento de voto) DERECHO COMPARADO-Valores, principios y derechos no escritos (Salvamento de voto) PROPIEDAD PRIVADA-Relación con la forma de gobierno y tipo de Estado (Salvamento de voto) PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES PUBLICOS-Finalidad (Salvamento de voto) CONSTITUCION Y CONSTITUCIONALISMO-Diferencias (Salvamento de voto) DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY-Alcance (Salvamento de voto) PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Límites axiológicos (Salvamento de voto) PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Límites lógicos (Salvamento de voto) MONISMO Y DUALISMO JURIDICO-Concepto (Salvamento de voto) PODER DE REFORMA Y PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO-Distinción/PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Límites implícitos/PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Límites expresos/ PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SUPREMOS-Alcance (Salvamento de voto) DEMOCRACIA-Elementos (Salvamento de voto) DEMOCRACIA-Finalidad (Salvamento de voto) DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL-Finalidad (Salvamento de voto) DEMOCRACIA-Límites de las mayorías (Salvamento de voto) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-Finalidad (Salvamento de voto) REGLAS DE DISTRIBUCION IGUALITARIAS-Alcance (Salvamento de voto) ESTADO DE DERECHO-Generalidad de la ley (Salvamento de voto) PRINCIPIO DE PARALELISMO DE LAS FORMAS-Concepto (Salvamento de voto) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Competencia de la Corte Constitucional para estudiar reforma de valores y principios fundamentales/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Competencia de la Corte Constitucional para estudiar violación de la igualdad/PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD-Aplicación/LAGUNA AXIOLOGICA-Concepto (Salvamento de voto) CONSTITUCION POLITICA-Existencia de jerarquía normativa (Salvamento de voto) IGUALDAD-Principio y derecho fundamental (Salvamento de voto) PRINCIPIO DE IGUALDAD-Importancia (Salvamento de voto) REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Antecedentes (Salvamento de voto) REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Discusión en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Salvamento de voto) REELECCION PRESIDENCIAL EN LATINOAMERICA-Análisis (Salvamento de voto) PRINCIPIO DEMOCRATICO-Alcance (Salvamento de voto) NORMA FUNDAMENTAL-Concepto (Salvamento de voto) CONSTITUCION POLITICA-Identidad constitucional implícita (Salvamento de voto) CONSTITUCION MATERIAL-Concepto (Salvamento de voto) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Naturaleza del vicio de competencia (Salvamento de voto) CLAUSULAS PETREAS O INTANGIBLES EN LA CONSTITUCION DE 1991-Inexistencia (Salvamento de voto) PODER DE REFORMA-Incompetencia para derogar o sustituir la Constitución (Salvamento de voto) PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSTITUCION DE 1991-Constituyente disminuyó poderes (Salvamento de voto) PRINCIPIO DE IGUALDAD-Fundamental en la identidad constitucional colombiana (Salvamento de voto) PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DEL PODER EN REELECCION PRESIDENCIAL-Alteración (Salvamento de voto) REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Alteración de la distribución del poder político establecida por el constituyente (Salvamento de voto) REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Participación del Presidente de la República en la elección de altos dignatarios del Estado (Salvamento de voto) CONSTITUCION POLITICA-Identidad material axiológica del Estado/PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Sustituye la Constitución de 1991/DERECHO A LA IGUALDAD EN REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Violación frente a alcaldes, gobernadores y ciudadanos (Salvamento de voto) NORMA JURIDICA-Requisitos de validez (Salvamento de voto) OBEDIENCIA DEL DERECHO-Normas, leyes y reformas constitucionales producidas por órgano incompetente/DESOBEDIENCIA CIVIL-Normas, leyes y reformas constitucionales producidas por órgano incompetente (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Vicios en el trámite legislativo (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Violación del reglamento del congreso porque ponencia se presentó antes de escuchar a los ciudadanos/DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Participación de los ciudadanos en los proyectos de acto legislativo (Salvamento de voto) DERECHOS DE LAS MINORIAS PARLAMENTARIAS EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Violación por no representación en Comisión Primera del Senado (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Vicio en el trámite legislativo al invalidar actuación por existir trámite de urgencia de otro proyecto de acto legislativo (Salvamento de voto) PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Introducción de tema nuevo en segunda vuelta (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Trámite de impedimentos, recusaciones y conflictos intereses de los congresistas que participaron en el procedimiento legislativo (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Elusión del debate (Salvamento de voto) PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Vicios de procedimiento insubsanables por violación del principio democrático (Salvamento de voto) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Línea jurisprudencial (Salvamento de voto) INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye precedente (Salvamento de voto) REF.: Reelección Presidencial; acto legislativo 02 de 2004; Expedientes: D- 5645; D-5656; D-5657; D-5625; D-5632; D-5626; D-5633; D-5696; D-5739; D- 5702; D-5631; D-5691; D-5746; D-5797; D-5755; D-5798; D-5682. Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría, pero con la claridad de siempre; me permito consignar las razones por las cuales salvo el voto, que son de dos clases: I) Por que se destruyó la constitución y II) Los vicios de procedimiento que hacían Inexequible la reelección Presidencial. Para el análisis es imprescindible realizar un estudio de conceptos fundamentales de la teoría y la filosofía del derecho y especialmente del derecho constitucional. I. DESTRUCCION DE LA CONSTITUCION Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1.- SOBERANIA Dentro de una organización política existen varios detentadores del poder político, pero no todos son soberanos; por ejemplo, es posible que el presidente nombre al gobernador y este al alcalde a quien puede nombrar y remover libremente; no hay duda que el alcalde seria detentador de poder político, empero, no seria el detentador del máximo poder político ya que por encima de él esta el gobernador cuyas ordenes debe obedecer y en el evento de no hacerlo puede ser removido de su cargo. El gobernador, tendría más poder político que el alcalde, pero tampoco seria soberano, pues, por encima de él estaría el presidente quien puede darle órdenes que debe obedecer. El Presidente a su vez no es may que un mandatario del pueblo que lo elige. A. CONCEPTO DE SOBERANIA Este concepto está íntimamente vinculado al de poder político y en su acepción más precisa sirve para determinar el poder de mando en última instancia, en una organización política; la soberanía es entonces el máximo poder político. B. LOS ANTECEDENTES Antes de que Jean Bodin le diera, por razones practicas e históricas de Francia, una connotación nueva al concepto de soberanía, el concepto de poder político supremo ya existía tanto en la antigüedad como en el medioevo, en este último para indicar la sede final del poder político se utilizaban palabras como summa potestas, summun imperium o plenitudo potestatis. En el medioevo existía ya la palabra soberano que indicaba simplemente una posición de superioridad dentro de un sistema jerárquico, así no se estuviera en la cúspide de tal sistema; y el principal derecho del rey, era el de dictar justicia con fundamento en las leyes consuetudinarias del país y el rey además de estar sometido a dios estaba sometido a esas leyes; con el concepto de Bodin, el rey ya no solo es soberano sino que tiene además la soberanía lo que trastorna su relación con la ley, pues hace la ley y ya no esta limitado por ella, se coloca por encima de la ley, deja de ser sub lege para convertirse en supra legem. C. CARACTERISTICAS DE LA SOBERANIA Para Bodin la soberanía era absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Con estas características se quería demostrar que la soberanía es un poder originario que no depende de otros. Es absoluta porque no esta limitada por las leyes; el soberano es quien tiene el poder para dar la ley, para modificarla, interpretarla y derogarla, esta ley puede modificar a la costumbre. Por medio de la ley, el soberano ata a todos los demás, los obliga, empero, el no queda atado ni obligado por la ley que da. La soberanía es perpetua, porque no esta limitada en el tiempo. Es perpetua porque aun que el soberano otorgue a otro un poder absoluto, por tiempo limitado o ilimitado, puede revocar ese poder aun antes del plazo concedido o en cualquier momento. La soberanía es indivisible, como consecuencia del principio de lógica formal de no contradicción que enseña que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo: no se puede ser titular de un poder absoluto y perpetuo excluyente y aceptar junto a él otro soberano con las mismas calidades. Si la soberanía esta dividida existe el peligro de guerra permanente; si se aceptaran dos soberanos a un mismo tiempo y en un mismo lugar, darían leyes contrarias, lo que seria fuente de permanentes disputas, disputas que habría que dirimir por la fuerza, con las armas, hasta que definitivamente quedara uno solo de ellos, con lo que se volvería a la esencia de la soberanía que es su indivisibilidad. La soberanía es inalienable e imprescriptible ya que el poder político cumple una función publica, no privada y por lo tanto es indisponible; de manera tal que soberanía y propiedad son dos tipos diversos de posesión del poder: el imperium y el dominium. La soberanía es inalienable por que su titular no la puede enajenar; ya que siempre la conserva aun que de poder a otro. Es imprescriptible por que aun que de poder a otro no la pierde y ese otro no puede adquirirla con el paso del tiempo. Estos atributos fueron muy importantes en la lucha de la burguesía, por crear el estado de derecho y contra el régimen feudal y su forma política: la monarquía absoluta. Los defensores de la monarquía sostenían que: a) La monarquía era la única forma política; b) Que los súbditos habían renunciado a la soberanía a favor del monarca; c) Que por el largo ejercicio del poder de los monarcas, la soberanía había prescrito a su favor; d) Que el titular de la soberanía era el rey gobernante. A cada uno de estos argumentos la burguesía revolucionaria dio una respuesta: El titular de la soberanía no es el gobernante sino el gobernado (llámese pueblo como lo llamo Rousseau o nación como la llamo Sieyes). Con este argumento se cambio el titular de la soberanía y se amplió su base, pues a partir de ahora ya no la tenía el gobernante sino el gobernado, ni una sola persona sino un conjunto de personas. No existía una única forma política: la monarquía sino que podían existir otras, por ejemplo: la republica. El gobernado no podía renunciar a la soberanía por que era inalienable (ni se compraba, ni se vendía, ni se donaba, etc.). El tiempo de la usurpación del poder por parte de los monarcas no les derecho para gobernar ya que la soberanía era imprescriptible. No sobra recordar que el principal atributo de la soberanía es el poder constituyente o sea el poder para dar la constitución. Veamos cual fue la argumentación en la teoría de dos grandes creadores del estado liberal de derecho Sieyes y Rousseau. Sieyes, en su obra ¿Qué es el tercer estado? hace la fundamentación teórica liberal de la soberanía y del poder constituyente. Sus bases fundamentales son: El sujeto titular de la soberanía y del poder constituyente es la nación. La nación, que es la soberana, no está sometida a la constitución: esto implica: 1) la nación no está sometida a ninguna forma de derecho positivo y; 2) la nación puede darse la forma que quiera. La constitución es para el gobierno, no para la nación. Para Rousseau el soberano no esta sometido a nada ni a nadie, lo es el pueblo Para el soberano no es obligatoria ninguna ley, ni siquiera el pacto mismo (la constitución) "no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aún el mismo contrato social".[3] Rousseau parte del supuesto de que: “antes de que el pueblo escoja al Rey, existe otro acto por el cual el pueblo se constituye en tal, anterior al otro y verdadero fundamento de la sociedad.[4] El pueblo existe antes que el gobierno; el pueblo crea el gobierno, no el gobierno al pueblo. Como el pueblo es primero, el soberano debe ser el pueblo. "El acto de asociación hace surgir al instante: la ciudad, la república o el cuerpo político denominado estado. Los asociados: colectivamente se llaman pueblo y particularmente ciudadanos (como partícipes de la autoridad soberana y súbditos;) por estar sometidos a las leyes del Estado".[5] Rousseau señaló cómo la soberanía del pueblo implica que el que manda y el que obedece, es una misma persona. Como parte del colectivo, del pueblo, es gobernante y como individuo se somete a la voluntad general, y es súbdito o ciudadano. El propio contrato social, buscaba que el pueblo no se obedeciera más que así mismo. El problema fundamenta, al cual da solución El Contrato Social es "encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.[6] El gobernante no es para Rousseau el titular de la soberanía sino el ejecutor de la voluntad general, por eso define el gobierno como "un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política.[7] Si el gobernante usurpa la soberanía, el pacto social se destruye y cesa la obediencia del gobernado; "de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer"[8] Rousseau considera que el único contrato social es el de la asociación y este, excluye a todos los demás. El acto por el cual un pueblo se da un gobierno no constituye un contrato. "El acto que instituye un gobierno es una ley; los depositarios del poder ejecutivo son funcionarios del pueblo, que este puede nombrar y destituir cuando les plazca".[9] Tanto Rousseau, como Sieyes transfirieron la soberanía al gobernado y se la quitaron al gobernante (Monarca); sin embargo la llamaron de manera distinta. ¿Que implicaciones tiene la diferencia de nombre? D.- CONSECUENCIAS DE ACOGER LA TESIS DE LA SOBERANIA NACIONAL O LA POPULAR La escogencia de una u otra tesis de la soberanía trae consecuencias jurídico-política diversas. Ambas teorías tienen en común el hecho de transferir la soberanía del gobernante al gobernado, llámese a este pueblo o nación. Desde ahora debemos advertir que si bien la teoría de la soberanía en la nación es posterior a la popular, ya que Rousseau es anterior en el tiempo a Sieyes, la teoría de la soberanía popular es mucho más radical políticamente que la nacional y esto se refleja en sus consecuencias. Se diferencian las dos tesis en que en la tesis de la soberanía popular, son titulares de la soberanía los individuos que conforman la sociedad, de manera tal que cada miembro de la sociedad tiene una fracción de la soberanía y la tienen también los individuos cuando se reúnen; en cambio, en la tesis de la soberanía nacional, los individuos no son titulares de la soberanía y solo la tiene la reunión de estos con fines políticos (el denominado cuerpo electoral). Como consecuencia de lo anterior se producen efectos diversos en ciertas relaciones jurídico-políticas; por ejemplo en la consideración del sufragio o voto. Con la tesis de la soberanía nacional el sufragio es una función que consiste en que el individuo elector es un mero vehículo de la nación para escoger el gobernante, por lo tanto el gobernante no representa al elector sino a la nación. Otra consecuencia de la tesis de la soberanía nacional es que la nación puede definir quienes cumplen la función de vehículo para escoger al gobernante, pudiendo la nación puede excluir a algunas personas de esta función de elector, por esta razón muchos individuos pueden ser privados del derecho a elegir y a ser elegidos y esto es lo que explica que en los comienzos del régimen liberal el sufragio fuese restringido: la nación excluía de la función de escoger al gobernante a grandes capas de la población, especialmente a la clase obrera, a las mujeres, a los pobres y a los ignorantes. Con la tesis de la soberanía nacional el elector, que no tiene parte de la soberanía no confiere mandato ni impone obligaciones al gobernante elegido y como el gobernante no representa a quien lo Eligio, no esta obligado a rendirle cuentas de su gestión ni puede ser revocado por su elector. Con la tesis de la soberanía popular, como los individuos son considerados titulares de la soberanía, el sufragio es considerado un derecho y en consecuencia todos tienen derecho a elegir al gobernante, no pudiendo excluirse a las grandes masas y todos pueden ser elegidos o acceder a la función publica. Otra consecuencia es que el elegido si representa al elector y este ultimo confiere mandato e impone obligaciones al elegido; como el elegido representa al elector, esta obligado a rendirle cuentas periódicas de su gestión y en el evento de que el elector no este de acuerdo con lo que hace su mandatario o éste haya incumplido sus promesas electorales, puede revocarle el mandato. La escogencia de una u otra tesis de la soberanía trae consecuencias jurico-políticas diversas, debemos hacer notar el hecho de que normalmente los países del antiguo bloque socialista y los que todavía se llaman así, como Viet Nam o cuba acogen la tesis de la soberanía popular, en cambio muchos países capitalistas acogen la tesis de la soberanía nacional. SINTESIS Determinado que en el estado liberal y democrático de derecho el soberano es el gobernado o pueblo como lo establece el articulo. 3 de nuestra constitución; que la soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Determinado que la principal manifestación de la soberanía es el poder constituyente; que su principal atributo es el de dar la constitución; ese poder constituyente es también absoluto, perpetuo, indivisible, inalienable e imprescriptible. Siendo inalienable e imprescriptible, no puede ser ejercido por un poder constituido (Congreso) y mucho menos usurpado por ningún poder constituido. El poder constituyente es inalienable y por lo mismo no se puede transferir vender, donar u otorgar a ningún poder constituido llámese gobierno o congreso. Si este ultimo lo usurpa, esta actuando por fuera de su competencia. No puede el Congreso que no tiene soberanía y que es un poder constituido, en ejercicio del poder de reforma de la constitución, quitar la soberanía al pueblo (Nación o pueblo), al gobernado y restablecerla en cabeza del gobernante, del monarca absoluto o del Presidente. Si lo hiciera estaría retrocediendo al régimen feudal; habría vulnerado un principio o valor fundamental del estado social y democrático de derecho; destruido la democracia (que no es más que el poder del pueblo) y estaría actuando por fuera de su competencia. Por haber uno de los valores o principios fundamentales del estado social y democrático de derecho habría violado la constitución de la constitución; ya que los valores o principios fundamentales son como dijera Peter Haberle la esencia de la constitución: la constitución de la constitución. 2.- LA MODERNA CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO. Uno de fenómenos que ha observado y señalado la moderna teoría y filosofía del derecho, es la constitucionalizaciòn de todo el ordenamiento jurídico; como todo el derecho se constitucionalizo y como los principios y valores constitucionales se protegen aun frente al poder reformador de la constitución. “ En eso consiste, en buena medida, la llamada “constitucionalización”[10] del ordenamiento jurídico’ De acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender “un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”[11] Dicha constitucionalización no es un proceso bipolar (verdadero o falso), sino que se puede ir dando conforme cada ordenamiento vaya reuniendo algunas características Siguiendo al propio Guastini, las condiciones que son necesarias para poder decir que un determinado ordenamiento jurídico está “constitucionalizado”, son las siguientes: A) Una Constitución rígida. La constitucionalización será más acentuada en aquellos ordenamientos en los que existan principios (tanto expresamente formulados como implícitos) que no puedan ser modificados en modo alguno: ni siquiera mediante el procedimiento de revisión constitucional. En otras palabras, a una Constitución más rígida corresponde un mayor efecto de “constitucionalización” de todo el ordenamiento. B) La garantía jurisdiccional de la Constitución. Dicha garantía permite hacer de la rigidez algo más que un simple postulado de buenas intenciones. La rigidez, para ser tal, debe poder imponerse frente a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico. Los modelos para llevar a cabo el control de constitucionalidad son muy variados y pueden analizarse a la vista de su mayor o menor efectividad. Guastini distingue el modelo americano del modelo francés y del modelo continental europeo (Italia, España, Alemania, etcétera) C) La fuerza vinculante de la Constitución. Este punto se concreta a través de la idea de que las normas constitucionales (todas, con independencia de su estructura y de su contenido) son plenamente aplicables y que obligan a sus destinatarios. Tradicionalmente, no se consideraban como vinculantes las normas programáticas (entre ellas la doctrina tradicional solía ubicar a las relativas a los derechos sociales) o los principios El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la carta fundamental; desde luego, su fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los teóricos, pero de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes, y no simples programas de acción políticas o catálogos de recomendaciones a los poderes públicos. D) La “sobre interpretación” de la Constitución. Dicha sobreinterpretación se produce cuando los intérpretes constitucionales (que son tanto los encargados de desempeñar la jurisdicción constitucional como los jueces ordinarios, los demás órganos del Estado y los juristas en general no se limitan a llevar a cabo una interpretación literal de la Constitución, sino que adoptan una interpretación extensiva, utilizando cuando sea posible el argumento a símili. A través de este tipo de interpretación, a la que se refiere también Guastini en otros de sus trabajos se pueden extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas, no explícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y político, y por ende, idóneas también para condicionar de forma muy incisiva el contenido de una parte del ordenamiento jurídico. “Cuando la Constitución es sobreinterpretada (apunta Guastini) no quedan espacios vacíos de -o sea, “libres” del- derecho constitucional: toda decisión legislativa está prerregulada (quizás aún, minuciosamente regulada) por una u otra norma constitucional. No existe ley que pueda escapar al control de legitimidad constitucional” E) La aplicación directa de las normas constitucionales. Esta quinta condición para la constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene que ver con dos cuestiones: a) el entendimiento de que la Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos; b) que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o normas de principio Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido conquistando de forma paulatina en los años recientes tanto por la doctrina como por la jurisprudencia constitucionales. F) La interpretación conforme de las leyes. Guastini apunta que esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley La interpretación conforme se da cuando, al tener la posibilidad un juez de aplicar a un caso concreto la interpretación X1 de una ley o la interpretación X2 opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor forma (de manera más completa) con algún mandato constitucional. G) La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. La última de las condiciones de constitucionalización de ordenamiento a las que se refiere Guastini consiste en una pluralidad de elementos entre los que se pueden mencionar los siguientes: a) que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado (incluso entre órganos de los diversos niveles de gobierno en los Estados que sean federales o regionales), que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos aplicando normas constitucionales; b) que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de self restraint frente a lo que en alguna época se ha llamado las “political questions”, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean reconducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional; c) que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar y defender sus opciones políticas o de gobierno A la luz de lo anterior puede verse que las relaciones entre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico han ido evolucionando. Con seguridad, varios de los puntos mencionados darán lugar o lo están dando ya a problemas importantes dentro del Estado constitucional, pero desde luego que, con todos los matices que se quiera, se trata de avances de primer orden en la lógica inacabada y en permanente construcción del Estado constitucional contemporáneo.” SINTESIS El Moderno proceso de constitucionalización implica una Constitución rígida. La constitucionalización será más acentuada en aquellos ordenamientos en los que existan principios (tanto expresamente formulados como implícitos) que no puedan ser modificados en modo alguno: ni siquiera mediante el procedimiento de revisión constitucional. En otras palabras, a una Constitución más rígida corresponde un mayor efecto de “constitucionalización” de todo el ordenamiento. Correlativamente el tribunal constitucional tiene competencia para evitar que el reformador de la constitución usurpe la competencia del poder constituyente y vulnere los principios o valores fundamentales que el soberano consagro en la constitución. 3.- EL PROCESO MODERNO DE REMISION A VALORES Y PRINCIPIOS MAS ALLA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES La humanidad va aprendiendo de sus experiencias nefastas y una de las más nefastas fue la segunda guerra mundial, donde perdieron la vida 50 millones de seres humanos. Donde no solo se violo masivamente el derecho a la vida, sino que fueron vulnerados todos los derechos humanos. El hombre no fue tratado como un fin en si mismo, sino como una cosa y su dignidad humana fue desconocida. Contra esa locura reaccionaron los hombres y dejaron claro que los seres humanos eran seres dignos y que sus derechos les pertenecían aun que no estuvieran consagrados en las constituciones. Los valores, principios y derechos fundamentales le pertenecen a todos los hombres por el solo hecho de ser personas independientemente de que estuvieran positivizados. Eso es lo que explica que después de la 2 guerra mundial, las constituciones (que son derecho positivo) hayan hecho remisiones a valores, derechos y principios no escritos o no positivizados. Paradójicamente el derecho positivo remite al derecho natural. La consecuencia es que esos valores y principios hacen parte de las constituciones (por remisión) y es deber de los tribunales constitucionales hacerlos cumplir; salvaguardarlos, protegerlos y defenderlos. Este fenómeno moderno se puede constatar en todas las constituciones de posguerra y es muy claro en los países que sufrieron los regimenes más violadores de los principios, valores y derechos humanos, como fueron Alemania, Italia y España (Nazismo, Fascismo, falangismo; etc.) y es claro tambien en el derecho Colombiano y en la constitución de 1991. En Alemania es claro para el tribunal constitucional que hay una escala axiológica, de modo que siempre que choca una norma de la parte orgánica con una de la parte dogmática prima la norma sobre derechos; siempre que existe un conflicto de derechos, entre un derecho y el derecho a la dignidad humana prima y prevalece el derecho a la dignidad humana. Veamos algunos de los textos constitucionales vigentes donde se remite a los valores, principios y derechos no escritos. ALEMANIA Artículo 1°.- 1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección. 2. El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento (Grundlage) de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. 3. Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales a título de derecho directamente aplicable. ITALIA Artículo 2º. La república reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Artículo 3º. Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personas y sociales. Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. ESPAÑA Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. COLOMBIA ART. 5º—El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ART. 94.—La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. SINTESIS De este breve recuento se puede concluir que los valores, principios y derechos (incluido el de la igualdad) son garantizados por las constituciones modernas aun que no estén positivizados, que forman parte de la esencia de la constitución y que como tal deben ser garantizados por el guardián de la constitución y lo que es más importante que no pueden ser desconocidos por el reformador de la constitución. Dicho de otra manera; los principios y valores se positivizan por la propia remisión que...