Sentencia C-1022 de 1999

C-1022-99 Sentencia C-1022/99 TRATADO DE DELIMITACION FRONTERIZA Y TRATADO DE MODIFICACION DE FRONTERAS-Diferencias No todos los tratados de fronteras tienen el mismo carácter. Así, en algunos casos, dos Estados comparten una frontera pero ésta no se encuentra claramente delimitada, y por consiguiente los derechos territoriales de los países son relativamente inciertos. Por ende, luego de recurrir a diversos mecanismos pacíficos para la solución de ese diferendo, los países acuerdan finalmente un tratado que precisa sus fronteras. En estos casos, no hay, en sentido estricto, ninguna cesión o adquisición territorial por ninguno de los Estados, pues las fronteras no estaban claramente demarcadas; el convenio lo que hace es superar esa indeterminación por medio de un tratado que delimita las fronteras entre los dos países. Por el contrario, en otros eventos, dos países pueden tener una frontera definida pero acuerdan entre ellos, por diversas consideraciones políticas, alterar ese trazado, de tal manera que uno de los países recibe un territorio que correspondía al otro, o se establecen espacios de soberanía compartida, o se recurre a otras fórmulas posibles de modificación del territorio estatal. Estos tratados no representan entonces una "delimitación" de fronteras, ya que éstas eran claras e incontrovertidas, sino un convenio que implica una "modificación" de los límites existentes. TRATADO DE FRONTERAS EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE Es claro que la Asamblea Constituyente tenía una “imagen maestra” de lo que era el territorio colombiano consolidado. Por ello, al señalar que forma parte de Colombia el territorio continental e insular, así como los diversos componentes marítimos, el subsuelo y el espacio, la Carta quiso preservar la intangibilidad de ese territorio, como sustrato material del ejercicio de la soberanía colombiana. En ese sentido, la Carta en cierta medida constitucionalizó los tratados que establecían límites incontrovertidos y se encontraban perfeccionados al momento de aprobarse la Carta de 1991, lo cual tiene tres consecuencias importantes, en relación con el control ejercido por esta Corte. TRATADO DE FRONTERAS-Alcance del control constitucional/TRATADO DE FRONTERAS Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Los tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status y jerarquía diferentes a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. De otro lado, debido la jerarquía constitucional de esos tratados, esta Corte considera que la modificación de fronteras, que implique una cesión de territorio en relación con los límites consolidados existentes al aprobarse la Carta de 1991, requiere no sólo un nuevo tratado internacional, como lo señala el artículo 101 de la Carta, sino que, además, ese tratado debe internamente aprobarse por los procedimientos de reforma constitucional previstos por el título XIII de la Carta. TRATADO DE DELIMITACION DE FRONTERAS-Control constitucional Los tratados que no modifican fronteras sino que precisan límites controvertidos con otros países, no implican una modificación constitucional y pueden ser aprobados por el procedimiento ordinario de incorporación de los convenios al derecho interno. En efecto, en esos casos, en la medida en que las fronteras no eran claras al ser aprobada la Carta de 1991, es obvio que esos límites no están constitucionalizados, por lo cual los órganos políticos -Presidente y Congreso- gozan de una cierta libertad para acordar esas fronteras con las naciones vecinas, en función de lo que mejor conviene al país y con base en el respeto a la soberanía nacional y los principios internacionales reconocidos por nuestro país (CP art. 9). En este evento, se aplica integralmente el artículo 101 de la Carta, según el cual, los límites del territorio colombiano se encuentran definidos por los correspondientes tratados internacionales. TRATADO DE DELIMITACION MARITIMA ENTRE COLOMBIA Y HONDURAS Con este tratado, Colombia pretende alcanzar varios objetivos que son de evidente importancia constitucional. De un lado, busca definir sus fronteras marítimas, con lo cual estabiliza el territorio colombiano y asegura en mejor forma la soberanía nacional (CP arts 9º y 101). De otro lado, previene conflictos internacionales y favorece la paz entre las naciones, en la medida en que logra una solución pacífica y equitativa de esta controversia territorial (CP arts 9º y 22). Finalmente, de esa manera, este tratado posibilita una mejor explotación de los recursos marítimos en estas zonas, con lo cual estimula el desarrollo económico del país, así como las relaciones de cooperación económica con naciones vecinas, lo cual puede favorecer la integración con países caribeños (CP arts 226 y 227). TRATADO DE DELIMITACION MARITIMA ENTRE COLOMBIA Y HONDURAS-Carácter equitativo La demarcación marítima prevista por el artículo 1º del tratado no desconoce derechos territoriales ciertos de Colombia y constituye una delimitación fronteriza adelantada con base en principios equitativos, y que ha conducido a resultados equitativos, conformes al derecho internacional y a la Constitución. Es cierto que algunos podrían objetar que otras demarcaciones eran posibles, y que éstas podían llegar a satisfacer mejor los intereses colombianos. Es posible que ello sea así. Sin embargo, esta discusión constituye un juicio político, que escapa al análisis jurídico de esta Corte Constitucional, e incluso a los parámetros del derecho internacional, ya que, como se indicó en esta sentencia, no existen reglas unívocas ni mecánicas para dirimir las controversias en este campo, por lo cual, los Estados interesados gozan de una cierta libertad para lograr un acuerdo justo con base en principios equitativos. Por ello, esta sentencia precisó, que en los tratados para delimitar fronteras controvertidas, los órganos políticos -Presidente y Congreso- gozan de una cierta libertad para acordar esos límites con las naciones vecinas, en función de lo que mejor conviene al país y con base en el respeto a la soberanía nacional y los principios internacionales reconocidos por nuestro país (CP art. 9). Por todo ello, la Corte considera que el artículo 1º del convenio bajo revisión se ajusta a la Constitución. TRATADO DE DELIMITACION MARITIMA ENTRE COLOMBIA Y HONDURAS Y DERECHO DE LA COMUNIDAD RAIZAL DE SAN ANDRES-Protección Los derechos de la comunidad raizal a la autonomía, a la identidad cultural y a un trato preferente, en ciertos aspectos, son entonces constitucionalmente claros. Y eso tiene consecuencias jurídicas importantes en muchos ámbitos de la vida de esta comunidad. Eso no se discute pues el interrogante que se plantea en esta sentencia es mucho más específico, y puede ser formulado así: ¿la autonomía de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés implica que un tratado de delimitación marítima con un país vecino requiere una consulta formal a esa población? La Corte considera que esa tensión, en materia de tratados, la propia Constitución la resuelve en favor del Estado unitario y de las autoridades nacionales, pues ninguna cláusula constitucional establece que en el procedimiento de aprobación de los convenios se debe consultar a las autoridades territoriales o a comunidades específicas. El trámite previsto es puramente nacional, lo que muestra que existe una clara opción de la Carta, en este campo, en favor del manejo nacional y unitario de los tratados. Por ello, en principio, en nuestro derecho, los tratados no requieren de consultas particulares a poblaciones específicas, aunque obviamente pueda ser deseable que éstas se realicen. Pero una cosa es que tales consultas sean convenientes y tengan sustento constitucional; y otra muy diferente que ellas sean obligatorias, lo cual no es cierto, ya que la participación ciudadana en el caso de los tratados aparece centralizada en el debate en el órgano de representación nacional, que es el Congreso de la República. Referencia: Expediente LAT-163. Revisión constitucional del "Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986 y de la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho tratado. Temas: Diferencia entre tratados de "delimitación" fronteriza y tratados de "modificación" de fronteras, protección constitucional del territorio colombiano, y control constitucional. Constitucionalidad del tratado de delimitación marítima entre Colombia y Honduras, y confirmación de los derechos indiscutibles de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. El tratado y los derechos de la comunidad raizal de San Andrés a la protección de su autonomía cultural. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá, dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibe el 13 de diciembre de 1999 fotocopia auténtica del "Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986, y de la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho tratado. Así las cosas, una vez recibida la copia auténtica del tratado, y de conformidad con las decisiones de la Sala Plena del 9 de diciembre debidamente sustentadas en el auto admisorio de este proceso y que precisaban la urgencia del trámite, el Magistrado Sustanciador admitió el proceso el 13 de diciembre de 1999, convocó a audiencia pública para el 15 de diciembre, y ordenó las correspondientes comunicaciones en los principales medios de comunicación. Ese mismo auto corrió traslado al Procurador, informándole la urgencia del trámite del proceso de la referencia. Los avisos públicos fueron hechos, tal y como consta en el expediente, el Procurador renunció a sus términos y remitió su concepto el 14 de diciembre, mientras que el 15 de diciembre se adelantó la mencionada audiencia pública. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, en situaciones de urgencia manifiesta como la presente, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN. A continuación se transcribe el texto de la disposición revisada: LEY Nº 539 13 DIC 1999 “Por medio de la cual se aprueba el "TRATADO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986” EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del "TRATADO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986 (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado) TRATADO SOBRE DELIMITACION MAITIMA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Reafirmando los lazos de amistad que presiden las relaciones entre las dos naciones y conscientes de la necesidad de establecer la frontera marítima entre los dos Estados; Han resuelto celebrar un Tratado y para tal efecto han designado como sus plenipotenciarios: Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Colombia, al Señor Doctor Augusto Ramírez Ocampo, Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Honduras, al señor Abogado Carlos López Contreras, Secretario de Relaciones Exteriores, Quienes han convenido en lo siguiente: ARTICULO I La frontera marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras está constituída por líneas geodésicas que conectan los puntos localizados en las siguientes coordenadas: Punto Nº 1 Lat. 14º 59' 08" N Long. 82º 00' 00" W Nº 2 Lat. 14º 59' 08" N Long. 79º 56' 00" W Nº 3 Lat. 15º 30' 10" N Long. 79º 56' 00" W Nº 4 Lat. 15º 46' 00" N Long. 80º 03' 55" W Nº 5 Lat. 15º 58' 40" N Long. 79º 56' 40" W Entre los puntos 4 y 5 la frontera marítima estará constituída por un arco de círculo cuyo radio se mide desde un punto localizado en coordenadas 15º 47' 50" N y 79º 51' 20" W. Nº 6 Lat. 16º 04º 15" N Long. 79º 50' 32" W Del punto anterior, la frontera marítima continuará hacia el oriente por el paralelo 16º 04º 15" N, hasta donde la delimitación deba hacerse con un tercer Estado. La frontera marítima acordada se señala, solo para efectos de ilustración, en la carta naútica Nº 28000, publicada por la Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center, Washington D.C., 74 Edición marzo 30 de 1985 la cual, firmada por los plenipontenciarios, se anexa al presente Tratado, siendo entendido que, en todo caso, prevalecerá el tenor del mismo. ARTICULO II La delimitación enunciada en el artículo no prejuzgará sobre el trazado de las fronteras marítimas que estén establecidas o que pudieran establecerse en el futuro entre cualquiera de las Partes contratantes y terceros Estados, siempre que dicho trazado no afecte la jurisdicción reconocida a la otra Parte contratante por el presente instrumento. ARTICULO III El yacimiento o depósito de hidrocarburos o de gas natural que se extienda a uno y otro lado de la línea establecida será explotado en forma tal que la distribución de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho yacimiento o depósito, sea proporcional al volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicha línea. ARTICULO IV Cualquier diferencia que se presente entre las Partes contratantes sobre la interpretación y aplicación del presente Tratado será resuelta por los medios de solución pacífica establecidos en el derecho internacional. ARTICULO V El presente Tratado será sometido para su aprobación a los trámites constitucionales requeridos en cada una de las Partes contratantes y entrará en vigor al canjearse los respectivos instrumentos de ratificación. El presente Tratado se firma en doble ejemplar, cuyos textos son igualmente auténticos y dan fe, hoy dos (2) de Agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986) en San Andrés, Archipiélado de San Andrés, República de Colombia. POR COLOMBIA AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia POR HONDURAS CARLOS LOPEZ CONTRERAS Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES (Fdo.) GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO DECRETA: ARTICULO PRIMERO: Apruébase el “TRATADO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986. ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 7a. de 1944, el “TRATADO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. ARTICULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de su publicación. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA, MIGUEL PINEDO VIDAL EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA, MANUEL ENRIQUEZ ROSERO EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENANTES, ARMANDO POMARICO RAMOS EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES GUSTAVO BUSTAMANTE MORATO REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EJECUTESE previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 13 DIC 1999 EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO (Sigue fotocopia de la carta naútica Nº 28000, publicada por la Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center, Washington D.C., 74 Edición marzo 30 de 1985, que, como lo señala el artículo II del tratado, es un anexo del mismo). III. INTERVENCIONES Y AUDIENCIA PUBLICA. A continuación, se resumen las intervenciones durante la audiencia pública celebrada El 15 de diciembre de 1999. 1. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del tratado y de su ley aprobatoria. El canciller inicia su intervención recordando la regularidad del trámite de la ley, posteriormente reitera los argumentos expuestos en la exposición de motivos sobre la constitucionalidad sustancial del tratado de la referencia, como quiera que éste consolida el esfuerzo sistemático de Colombia de delimitar sus fronteras marítimas, con lo cual nuestro país ha logrado perfeccionar su “arquitectura marítima en el Caribe” Así mismo, el interviniente somete a consideración de la Corte los criterios técnicos que el Gobierno tuvo en cuenta para definir los límites marítimos con Honduras, los cuales serán tomados en consideración en la parte motiva de la presente sentencia. 2. Intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo El ciudadano Jaime Bernal Cuellar, Procurador General de la Nación, reitera su concepto emitido en el asunto de la referencia, sobre la constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria. Así mismo, el ciudadano José Fernando Castro Caycedo, Defensor del Pueblo, considera que esta Corporación debe declarar exequibles los instrumentos objeto de estudio. En efecto, después de un análisis detenido de todos los aspectos formales de la suscripción del tratado y del trámite de la Ley 539 de 1999, concluye que se ajustan a la Constitución. En relación con los aspectos materiales de los asuntos bajo análisis, el interviniente opina que el tratado entre Colombia y Honduras de 1986, está plenamente de acuerdo con la delimitación de las fronteras marítimas que nuestro país realizó con Nicaragua en el tratado Esguerra Barcenas de 1928. Así mismo, manifestó que pese a que el tratado de 1986 no había sido ratificado, los Estados partes siempre respetaron los límites que ahí se definieron, lo cual permite evidenciar que el instrumento internacional que se estudia puso fin a discusiones diplomáticas de más de cincuenta años. Finalmente, el Defensor del Pueblo expresó que la finalidad del tratado demuestra un interés nacional de conservar la unidad nacional que reafirma la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia, lo cual es un claro desarrollo del artículo 101 de la Constitución. 3. Intervenciones de los Presidentes de las Comisiones Segundas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes Los congresistas reiteraron que el trámite de la ley aprobatoria del tratado se surtió de conformidad con la Constitución y el reglamento del Congreso. Así mismo, se refirieron a la importancia nacional que reviste el instrumento internacional ratificado y la constitucionalidad de su contenido. 4. Intervenciones de los ex-cancilleres Augusto Ramírez Ocampo y Julio Londoño Paredes. El excanciller y ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Augusto Ramírez Ocampo, solicitó que la Corte Constitucional declare la exequibilidad de los asuntos sometidos a revisión. El interviniente inició su exposición recordando que el tratado Ramírez- López, esto es, el instrumento que esta Corporación estudia, fue suscrito en San Andrés y Providencia a petición del Presidente Ascona de Honduras, quien asistió al acto de suscripción en compañía del Presidente de Colombia, Belisario Betancur Cuartas, lo cual demuestra que el tratado es una consecuencia directa de la política sistemática de los Estados partes de definir pacíficamente sus fronteras marítimas. De otra parte, el ciudadano manifestó que el tratado de la referencia es “histórico”, como quiera que tres países centro americanos (Jamaica, Costa Rica y Honduras) que, pacíficamente han definido sus límites, reconocen la soberanía colombiana sobre las islas e islotes de San Andrés y Providencia. Además, el convenio respeta los límites y la soberanía de los países centroamericanos. En efecto, a su juicio, el artículo 2º del tratado evidencia un “escrupuloso cuidado” para señalar el meridiano 82 como un punto determinante para definir las fronteras, pues coincide perfectamente con los compromisos internacionales de nuestro país, especialmente con el tratado Esguerra Barcenas, el cual fue dos veces ratificado por Nicaragua. De otra parte, el exconstituyente afirma que cuatro excancilleres, también miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, defendieron la introducción en la Carta de los principios generales del derecho internacional contemporáneo y de los principales aspectos del derecho del mar. De ahí pues, que el artículo 101 superior tiene “normas de comportamiento” que se aplican íntegramente a todos los tratados firmados antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Así mismo, el interviniente manifestó que la soberanía nacional sobre las islas e islotes a que se refiere el tratado, es un asunto del “dominio público” que consolida el tratado de 1986 y que tomó en consideración la Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que, como lo afirma el doctor Ramírez Ocampo, San Andrés y Providencia tiene un estatuto propio que le reconoce un trato especial a esa población. Finalmente, el interviniente opina que el tratado y su ley aprobatoria cumplieron “religiosamente” el trámite formal que exige la Constitución para la aprobación del Congreso. También intervino en la audiencia pública, el excanciller Julio Londoño Paredes, quien puso de manifiesto que el tratado cristaliza los propósitos nacionales continuos y multipartidistas de consolidar la soberanía de nuestro país y de mantener las buenas relaciones entre países amigos. Así pues, el ciudadano manifestó que pese a que algunas personas consideran que el tratado altera las relaciones pacíficas entre vecinos, las relaciones diplomáticas de Colombia con todos los países centro americanos atraviesan por excelentes momentos y, que por el contrario, el tratado fortalece las relaciones internacionales. Finalmente, el excanciller recordó que el tratado bajo revisión reitera lo establecido en las cédulas reales de 1803 y 1805, pues la demarcación ha permitido que Colombia ejerza la soberanía en la zona sin interrupción. 5. Intervención del internacionalista Enrique Gaviria Liévano En opinión del ciudadano Enrique Gaviria Liévano, - quien participó en la Audiencia pública y presentó un escrito que se adjunta al expediente -, el Tratado suscrito con Honduras hace parte de la política exterior Colombiana, iniciada durante la presidencia del doctor Alfonso López Michelsen. Durante esa gestión, la orientación se dirigió hacia la delimitación de las áreas marinas y submarinas con los países vecinos al nuestro en el océano Pacífico y en el mar Caribe. De la época y de administraciones posteriores se encuentran vigentes el Acuerdo Liévano-Lucio con el Ecuador, el Tratado Liévano -Boy con Panamá, el acuerdo Liévano-Brutus con Haití; el acuerdo Liévano- Jiménez con la República Dominicana y el Tratado Sanín-Robertson con Jamaica. Falta la ratificación de algunos otros con Costa Rica y en general, sólo están pendientes de delimitación en el Caribe, las áreas marinas y submarinas que corresponden a Colombia y a Venezuela. En lo concerniente al artículo 1º y el 3º del Tratado, el interviniente señala que éste, tiene el "mérito y la importancia de hacer coincidir el trazado de la línea limítrofe con el meridiano 82 de Greenwich, que constituye a su vez la frontera marítima acordada con Nicaragua en el Acta de Canje (1930) del tratado vigente (Esguerra- Bárcenas) ´sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua´ del 24 de Marzo de 1928. En ese instrumento Nicaragua no solamente reconoce la soberanía y el pleno dominio de Colombia sobre todas las islas, islotes y cayos que hacen parte de nuestro Archipiélago de San Andrés, sino que en su acta de canje determina que dicho archipiélago no se extiende al occidente del meridiano 82 mencionado, pero sí al oriente de dicho meridiano, donde se encuentran localizadas precisamente las islas de San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Alburquerque y los otros bajos. A pesar de que el Tratado Esguerra-Bárcenas hace la salvedad de que los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana habían quedado excluidos de ese Instrumento por estar en litigio entre Colombia y los Estados Unidos, la controversia entre éstos últimos países quedó resuelta provisionalmente en el canje de notas Olaya-Kellog de 1928, mediante el cual se estableció un statu quo en el que Colombia se comprometía a no objetar el establecimiento de ayudas a la navegación, y los Estados Unidos a no impedir que los nacionales de Colombia utilizaran las aguas de los cayos para fines de pesca. En 1972 se celebró el Tratado Vásques-Saccio, cuyas cláusulas persiguen también obtener el reconocimiento definitivo de la propiedad colombiana sobre los tres cayos mencionados. En lo concerniente a los antecedentes relacionados con la soberanía colombiana sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, el interviniente hace un extenso recuento sobre los alcances históricos de los derechos colombianos en esa zona del Caribe, cuyos alcances se tendrán en cuenta en los fundamentos jurídicos de esta sentencia. Ahora bien, continuando con el aspecto relacionado con la delimitación prevista en el artículo primero del tratado, el interviniente alega que tal delimitación consiste básicamente, en un trazado que partiendo del meridiano 82 oeste de longitud, sigue en línea recta muy cerca del paralelo 15 recorriendo varios puntos hasta llegar a un sitio en que se dirige hacia el norte y forma un semicírculo que rodea el cayo de Serranilla e indica el mar territorial de 12 millas a que tiene derecho este cayo colombiano y en el cual existe un faro para la navegación, la presencia de un contingente permanente de nuestra infantería de marina y un continuo patrullaje de la armada nacional en sus aguas jurisdiccionales adyacentes. Del mapa adjunto al tratado con Honduras se desprende fácilmente, a juicio del interviniente, entonces, que la demarcación se hace sobre la base de que Colombia sigue gozando de las 12 millas de mar territorial alrededor de Serranilla como lo consagra el derecho del mar y nuestra ley 10 de 1978 y que Honduras podrá ejercer jurisdicción y soberanía sobre las aguas y bajos sumergidos en el mar que se encuentren más hacia el noreste a partir del límite marítimo acordado sobre ese cayo en el Tratado. Es precisamente en esa línea que el artículo tercero va a determinar la proporción del volumen de los hidrocarburos o del gas natural que le corresponden a Colombia y Honduras respectivamente. El tratado establece en el fondo una explotación y exploración compartida en materia de recursos no vivos en esa zona del Caribe. Por lo anterior, a juicio del ciudadano, con la ratificación del Tratado Ramírez López suscrito con Honduras, se reconoce y reafirma la soberanía colombiana sobre Serranilla y el resto de islas, cayos, islotes y bajos que comprenden el Archipiélago de San Andrés que se refieren al Tratado Esguerra- Bárcenas de 1928 y su acta de canje vigente con Nicaragua. En consecuencia, considera que el Tratado sobre delimitación marítima entre Colombia y Honduras conviene a los grandes intereses del país y la Corte Constitucional en consecuencia debe declarar exequible la ley aprobatoria y el Tratado mismo para que el Gobierno Nacional pueda proceder al canje de los Instrumentos de ratificación y ponerlo en vigencia. 6. Intervención Movimiento Etnico Raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina para la Autodeterminación, El ciudadano Guillermo (Bill) Francis Manuels, en representación del Movimiento Etnico Raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina para la Autodeterminación, intervino en la Audiencia Pública para cuestionar la constitucionalidad del tratado. El ciudadano anexo un escrito y 1.319 firmas de raizales que también se oponen al tratado, documentos que fueron incorporados al expediente. Los cargos presentados por el ciudadano se concretan en tres aspectos fundamentales. De un lado, considera que no se han respetados sus derechos a la igualdad y la autodeterminación de la comunidad raizal, en la medida en que no se la tuvo en cuenta ni se la consultó en lo pertinente, para la celebración del tratado y la aprobación de la ley. Esta situación, en su opinión, atenta contra la diversidad étnica y desconoce la igualdad material de los pueblos raizales. De esa manera, en segundo lugar, el Tratado con Honduras debe ser también considerado inconstitucional, porque vulnera el artículo 93 de la Carta y la Ley 21 de 1991, puesto que desconoce la obligación que tiene el Estado de consultar a las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos. Finalmente, alega el interviniente que los Tratados que Colombia suscribe con otros países y que determinan límites territoriales tienen una gran influencia para los pueblos raizales de las zonas sobre las cuáles recae el tratado, circunstancia que a su juicio genera necesariamente para esas comunidades nuevas reglas de juego que repercuten profundamente en sus actividades económicas, sociales e incluso familiares. Según su parecer: “El cercenamiento de nuestro territorio, señores magistrados, a través de tratados con Honduras, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos etc, disminuyen el espacio vital de los raizales, ya que los priva del acceso a espacios marítimos, bancos e islotes donde abundan recursos naturales renovables y no renovables que son necesarios para nuestra supervivencia como pueblo. Es probable que estos tratados negociados con nuestros vecinos signifiquen para la República de Colombia negocios aparentemente ventajosos pero la verdad sea dicha: que aun siendo ventajoso para dicha República, o privan a los raizales de lo que por centuria les ha sido propio. El único que no tiene ventajas dichos tratados somos los raizales, por lo tanto no comulgamos con la cesión de nuestro territorio a otros países, para que simplemente reconozcan la soberanía colombiana sobre el resto en contra de los intereses de un tercer país “Nicaragua” sin garantizar a nosotros los raizales nuestro espacio vital.” Por consiguiente, solicita a la Corte que el tratado y su ley aprobatoria sean declarados inconstitucionales a fin de que el convenio “sea renegociado con la debida participación de la étnia raizal isleña, para la definición en el mismo de cosas puntuales que beneficien a dicho pueblo y le den permanencia económica, cultural, étnica y política en el espacio y en el tiempo”. Así mismo, el ciudadano Enrique Pusey Bent, quien también pertenece a la comunidad raizal de la isla de San Andrés, interviene en el presente asunto para manifestar que comparte los argumentos del anterior ciudadano. 7. Otras intervenciones ciudadanas Según criterio de los ciudadanos Alfonso Daza Ariza y Hernán Alejandro Olano García, los asuntos objeto de revisión deben declararse exequibles, pues el tratado reafirma la soberanía sobre San Andrés y Providencia y defiende la integridad de nuestro territorio. Finalmente, el interviniente considera que es necesario que los colombianos demuestren el “amor patriótico por el país y por su territorio”. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, en concepto No 2003, recibido el 14 de diciembre de 1999, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del tratado bajo revisión y de su ley aprobatoria. La Vista Fiscal comienza por analizar detalladamente la suscripción del tratado y el desarrollo de su ley aprobatoria, y concluye que no existen irregularidades en su proceso de formación. Luego, el Ministerio Público estudia el contenido del acuerdo y resalta su importancia, puesto que permite a Colombia “tener un conocimiento preciso de su real dominio sobre el mar”, con lo cual, además, previene “conflictos internacionales, pues no otra cosa significa superar la ausencia de una clara y precisa delimitación”. Esto, según el Procurador, es particularmente importante en el presente caso, ya que se logra “la solución pacífica de un conflicto que se había mantenido durante muchos años con nuestra hermana República de Honduras”. En cuanto a la delimitación misma de las fronteras, la Vista Fiscal destaca que si bien las negociaciones estuvieron orientadas por criterios de equidad y de justicia, el Tratado “contiene indiscutibles ventajas para nuestro país” ya que Honduras reconoce la “soberanía del Estado colombiano sobre los Cayos de Serranilla, esto es, East Cay, Middle, Beacon Cay, sobre el arrecife de West Breakaer, preservando la delimitación correspondiente a las doce millas de mar territorial, hacia los cuatro puntos cardinales, en donde podría generarse zona económica y plataforma continental. Además, se incluye la soberanía estatal colombiana sobre el Cayo de Bajo Nuevo.” Por razones de equidad, agrega el Procurador, al gobierno hondureño se le reconoció soberanía “sobre porciones de territorio insular que estaban más allá del límite de las doce millas generadas por los Cayos de Serranilla.” Además, destaca el Ministerio Público, esta delimitación “reconoce a Colombia la soberanía sobre los cayos e islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa catalina, hoy objetada por algún país de la cuenca del caribe.” En síntesis, concluye la Vista Fiscal, este convenio se ajusta a la Carta, por las siguientes razones: “1. Desarrolla lo contemplado en el inciso 2º del artículo 101 de la Constitución Política, norma según la cual los límites señalados en la forma prevista por el Estatuto Superior, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso de la República. 2. Toma en cuenta lo previsto en el inciso 3º del mismo artículo constitucional, en el sentido de que forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y santa Catalina, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. 3. De otra parte, el Tratado aquí examinado se ajusta plenamente al principio fundamental de nuestra Carta Política en materia de relaciones exteriores, de acuerdo con el cual las relaciones del Estado colombiano se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia (Artículo 9º de la C.P.). Además es de resaltar aquí, de manera especial, que las autoridades colombianas intervinientes en el proceso de aprobación del Instrumento Internacional examinado, dieron cumplimiento al mandato constitucional contemplado en el artículo superior mencionado conforme al cual la política exterior colombiana se orientará hacia la integración latinoamericana y del caribe.” V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia. 1- En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso del "Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986, y de la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho tratado. La Corte procederá entonces a estudiar la constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria, tanto por motivos de fondo como por razones de forma. La suscripción del tratado. 2- Según consta en el propio texto del tratado, el presente convenio fue suscrito el 2 de abril de 1986 por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo, quien, conforme al artículo 7-2 literal a) de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados, representa al Estado colombiano sin necesidad de presentar plenos poderes. En todo caso, como consta en el presente expediente (Folio 7), el Presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo al estudio del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los eventuales vicios de representación durante el trámite internacional de un tratado. La Corte concluye entonces que no hubo irregularidades en la suscripción del presente convenio. El trámite de la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 3- El proyecto de ley aprobatoria de un tratado, en cuanto hace alusión a las relaciones internacionales, inicia su trámite en el Senado, tal y como lo indica el artículo 154 de la Carta. El trámite que le sigue es el mismo que se le imprime a las leyes ordinarias (artículos 157, 158 y 160 de la Constitución), que consiste en 1) ser publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva; 2) surtir los correspondientes debates en las comisiones y plenarias de las Cámaras luego de que se hayan efectuado las ponencias respectivas y respetando en cada caso, el quórum previsto por los artículos 145 y 146 de la Constitución; 3) observar los términos para los debates descritos en el artículo 160 de la C.P., de ocho (8) días entre el primer y segundo debate en cada Cámara, y quince (15) días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra. Por último, haber obtenido la sanción gubernamental. La ley aprobatoria del Tratado debe ser remitida dentro de los seis (6) días siguientes, para su revisión por la Corte Constitucional. 4- El primero de diciembre de 1999, el Gobierno Nacional, a través de la Viceministra de Relaciones Exteriores, quien se encontraba encargada de las funciones del Despacho del Ministro, presentó ante el Senado el proyecto de ley que aprueba el “tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”. El proyecto fue radicado bajo el número 198/99 Senado y fue repartido a la Comisión Segunda constitucional permanente de esa Corporación. Así mismo, fue radicado bajo el número 199/99 Cámara y repartido a la Comisión Segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso No 500 del miércoles 1º de diciembre de 1999. Igualmente, el Presidente de la República y la Viceministra encargada del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaron ante el Congreso de la República mensaje de urgencia para el proyecto de ley que aprueba el “tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”. Mediante Resolución 107 del primero de diciembre de 1999, el Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente y Secretario General del Senado de la República, resuelven autorizar a la comisión segunda constitucional permanente del Senado “para dar primer debate al proyecto de ley ´POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL TRATADO SOBRE DELIMITACION MARITIMA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, FIRMADO EN SAN ANDRES EL 2 DE AGOSTO DE 1986´” La ponencia para primer debate en sesiones conjuntas fue presentada por los Congresistas Antonio Guerra de la Espriella, Juan Gabriel Uribe Vegalara, José Walter Lenis Porras y Manuel R. Velásquez Arroyave, el 2 de diciembre de 1999 y, fue publicada en las Gacetas del Congreso No 528 y 531 del jueves 9 de diciembre de 1999. El proyecto fue entonces aprobado en primer debate en sesión conjunta de las comisiones segundas de la Cámara y del Senado, el 2 de diciembre del año en curso, con un quórum de diez (10) de los trece (13) senadores que conforman la comisión segunda del Senado y quince (15) de los diecinueve (19) Representantes que integran la Comisión Segunda de la Cámara, según certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República. Así mismo, en las Gacetas del Congreso 528 y 531 de 1999 se publicó el acta de sesión conjunta número 1 de las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, de fecha 2 de diciembre del año en curso. Luego fue presentada, por los Representantes José Walter Lenis Porras y Manuel R. Velásquez Arroyave, la correspondiente ponencia para el segundo debate en la Cámara de Representantes, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No 534 del 10 de diciembre de 1999. El proyecto en mención fue aprobado en segundo debate en esa Corporación, el día 13 de diciembre de 1993, “con el quórum establecido en la Constitución Nacional y el Reglamento Interno del Congreso”, según constancia de Gustavo Bustamante Moratto, Secretario General de la Cámara de Representantes, incorporada al presente expediente (Folio 87). La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por los Senadores Antonio Guerra de la Espriella y Juan Gabriel Uribe Vegalara, y se publicó en la Gaceta del Congreso No 528 del 9 de diciembre de 1999. El proyecto fue aprobado en segundo debate, el día 13 de diciembre de 1999, “con el quórum establecido en la Constitución Nacional y el Reglamento Interno del Congreso”, según certificación de Manuel Enríquez Rosero, Secretario General del Senado de la República, incorporada al presente expediente (Folio 84). El proyecto fue entonces sancionado por el Presidente de la República el 13 de diciembre del año en curso y, ese mismo día, la ley fue remitida a la Corte Constitucional, para el correspondiente control constitucional. 5- Conforme a las pruebas incorporadas al presente expediente, la Corte concluye que la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 no presenta ningún vicio en su formación, por lo cual entra esta Corporación al examen del contenido material del presente convenio y de su ley aprobatoria. Diferencia entre tratados de "delimitación" fronteriza y tratados de "modificación" de fronteras, y protección constitucional del territorio colombiano. 6- No todos los tratados de fronteras tienen el mismo carácter. Así, en algunos casos, dos Estados comparten una frontera pero ésta no se encuentra claramente delimitada, y por consiguiente los derechos territoriales de los países son relativamente inciertos. Por ende, luego de recurrir a diversos mecanismos pacíficos para la solución de ese diferendo, los países acuerdan finalmente un tratado que precisa sus fronteras. En estos casos, no hay, en sentido estricto, ninguna cesión o adquisición territorial por ninguno de los Estados, pues las fronteras no estaban claramente demarcadas; el convenio lo que hace es superar esa indeterminación por medio de un tratado que delimita las fronteras entre los dos países. Por el contrario, en otros eventos, dos países pueden tener una frontera definida pero acuerdan entre ellos, por diversas consideraciones políticas, alterar ese trazado, de tal manera que uno de los países recibe un territorio que correspondía al otro, o se establecen espacios de soberanía compartida, o se recurre a otras fórmulas posibles de modificación del territorio estatal. Estos tratados no representan entonces una "delimitación" de fronteras, ya que éstas eran claras e incontrovertidas, sino un convenio que implica una "modificación" de los límites existentes. 7- Esta diferencia entre delimitación o demarcación, y alteración o modificación de fronteras, es esencial para comprender el alcance del control constitucional sobre los tratados de fronteras. En efecto, un examen atento de los antecedentes del artículo 101 de la Carta muestra que los Constituyentes no pretendieron delegar integralmente en los tratados la demarcación del territorio colombiano sino que sus discusiones presuponían una idea bastante precisa y desarrollada de lo que comprendía este territorio[1]. Así, las discusiones sobre el derecho del mar fueron muy detalladas y completas, tanto en comisiones como en plenarias, lo cual explica que la Constitución hubiera explícitamente incorporado al texto constitucional, como componentes del territorio colombiano, aspectos de desarrollo normativo reciente, como las nociones de "zona contigua" y de "zona económica exclusiva". Ese celo de la Asamblea sobre el alcance de la soberanía colombiana explica también la consagración constitucional de la órbita geostacionaria, y la voluntad de los Constituyentes de corregir vacíos de la anterior Carta, que por ejemplo no mencionaba expresamente el territorio continental como elemento integrante del país. En ese mismo orden de ideas, ciertos debates en comisiones estuvieron presididos por exposiciones y la presentación de mapas detallados, por científicos destacados, sobre la extensión y límites del territorio colombiano[2], que muestra que la Asamblea tenía una clara conciencia del alcance del territorio nacional, y tenía la intención de que éste se encontrara garantizado constitucionalmente, como lo muestra la propuesta del Constituyente Augusto Ramírez Ocampo, según la cual, los límites ya establecidos "sólo podrán variarse en virtud de tratados o de convenios debidamente ratificados y previamente aprobados conforme a los procedimientos de Reforma Constitucional (subrayas no originales)"[3]. Pero a su vez, los propios Constituyentes también tenían claridad de que algunos límites, sobre todo en el campo marítimo, no estaban totalmente demarcados, por lo cual, en el momento mismo de redacción de la nueva Constitución, se encontraban en curso negociaciones internacionales o proyectos de tratados para delimitar esas fronteras inciertas, entre los cuales se encontraba precisamente el convenio con Honduras que la Corte estudia en la presente oportunidad. Así, en la sesión del 3 de abril de la Comisión Segunda, el mismo Constituyente Ramírez Ocampo destacó la labor que en los años setenta y ochenta había realizado Colombia para delimitar sus linderos marítimos y señaló específicamente al respecto: “Aquí se sienta con nosotros en la Constituyente el doctor Vásquez Carrizosa del tratado Vásquez-Sacio, es uno de los más importantes aportes en materia de la definición de nuestras áreas marinas y submarinas durante el Gobierno del Presidente Pastrana y el tratado celebrado por Carlos Lemos con Jamaica, sobre pesca, es otro de los muy importantes aportes a esa definición, durante el Gobierno del Presidente Turbay. Nosotros mismos en el Gobierno del Presidente Betancourt, llevamos a cabo dos tratados que yo creo que son también trascendentales en esa misma dirección, el tratado en el Pacífico celebrado por el doctor Rodrigo Lloreda, tratado Lloreda-Gutíérrez y el tratado celebrado con Honduras, el tratado Ramírez Ocampo López Contreras que celebramos con la hermana República de Honduras. Lamentablemente alguno de ellos no están todavía ratificados por los parlamentos”[4]. 8- En ese orden de ideas, la distinción entre tratados que delimitan fronteras controvertidas y tratados que modifican fronteras consolidadas resuelve las anteriores paradojas y permite precisar el alcance del control constitucional ejercido por esta Corte. Así, es claro que la Asamblea Constituyente tenía una “imagen maestra” de lo que era el territorio colombiano consolidado. Por ello, al señalar que forma parte de Colombia el territorio continental e insular, así como los diversos componentes marítimos, el subsuelo y el espacio, la Carta quiso preservar la intangibilidad de ese territorio, como sustrato material del ejercicio de la soberanía colombiana. En ese sentido, la Carta en cierta medida constitucionalizó los tratados que establecían límites incontrovertidos y se encontraban perfeccionados al momento de aprobarse la Carta de 1991, lo cual tiene tres consecuencias importantes, en relación con el control ejercido por esta Corte. Así, de un lado, esos tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, como ya lo había indicado la sentencia C-400 de 1998, cuando precisó que esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status y jerarquía diferentes a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. De otro lado, debido la jerarquía constitucional de esos tratados, esta Corte considera que la modificación de fronteras, que implique una cesión de territorio en relación con los límites consolidados existentes al aprobarse la Carta de 1991, requiere no sólo un nuevo tratado internacional, como lo señala el artículo 101 de la Carta, sino que, además, ese tratado debe internamente aprobarse por los procedimientos de reforma constitucional previstos por el título XIII de la Carta. En efecto, un convenio de esa naturaleza implica una mengua del territorio colombiano previsto por la Constitución, por lo cual, si es incorporado al ordenamiento colombiano por una simple ley aprobatoria, la Corte se vería forzada a declarar su inexequibilidad, por violar la soberanía nacional (CP art. 9º) y el contenido del territorio protegido por la Carta (CP art. 101). Pero la modificación de una frontera no se puede hacer únicamente por medio de una reforma constitucional, puesto que no sólo el artículo 101 de la Carta exige un tratado internacional, sino que ese requisito se infiere de la inevitable dimensión internacional de las fronteras. Por ende, una conclusión inevitable se sigue: una cesión de territorio colombiano requiere que el correspondiente tratado internacional sea aprobado internamente por los procedimientos de reforma constitucional previstos por la propia Carta. Es más, cuando una cesión territorial involucre poblaciones, en especial si éstas guardan una identidad cultural específica y una especial relación con su medio, como pueden ser los pueblos indígenas y tribales, es indudable que estos grupos humanos deben ser consultados previamente, no sólo porque el artículo 2º de la Carta señala que es deber del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, sino además por cuanto el Convenio No 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que tiene fuerza jurídica interna (CP art. 53), pues fue aprobado por la Ley 21 de 1991, establece, en su artículo 5º, que los Estados deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos adecuados, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. Finalmente, los tratados que no modifican fronteras sino que precisan límites controvertidos con otros países, no implican una modificación constitucional y pueden ser aprobados por el procedimiento ordinario de incorporación de los convenios al derecho interno. En efecto, en esos casos, en la medida en que las fronteras no eran claras al ser aprobada la Carta de 1991, es obvio que esos límites no están constitucionalizados, por lo cual los órganos políticos -Presidente y Congreso- gozan de una cierta libertad para acordar esas fronteras con las naciones vecinas, en función de lo que mejor conviene al país y con base en el respeto a la soberanía nacional y los principios internacionales reconocidos por nuestro país (CP art. 9). En este evento, se aplica integralmente el artículo 101 de la Carta, según el cual, los límites del territorio colombiano se encuentran definidos por los correspondientes tratados internacionales. Precisados los anteriores criterios generales sobre el control constitucional de los tratados de fronteras, entra entonces la Corte a examinar el convenio sometido a revisión, para lo cual comenzará por estudiar la legitimidad de su finalidad general para luego examinar específicamente las distintas cláusulas que contiene. Importancia y constitucionalidad de las finalidades del convenio bajo revisión. 9- El presente tratado, como bien lo señalan la exposición de motivos gubernamental y la ponencias para los debates en las Cámaras, pretende fijar las fronteras marítimas con la República de Honduras, en desarrollo de una política adelantada por el Estado colombiano, desde la década de los setenta, “para delimitar las áreas marinas y submarinas con los países vecinos”[5], o como lo señaló el Ministro de Relaciones Exteriores, en la audiencia pública ante la Corte, para que nuestro país complete su “arquitectura marítima en el Caribe”. Así, en virtud de esa política exterior, Colombia suscribió con los Estados Unidos un tratado por el cual ese país renunciaba a toda pretensión de soberanía sobre Quitasueño, Roncador y Serrana, el cual fue aprobado por la Ley 52 de 1973. Posteriormente, Colombia celebró con Ecuador, el 23 de agosto de 1975, un “convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima”, que fue aprobado internamente por la Ley 32 de 1975, y fue ratificado el 22 de diciembre de 1975. Igualmente, nuestro país celebró con Haití “un acuerdo sobre delimitación de fronteras marítimas” el 7 de febrero de 1978, aprobado por la Ley No 24 de 1978, y ratificado el 6 de febrero de 1979. El 20 de noviembre de 1976, Colombia suscribió un convenio de delimitación marítima con Panamá, que fue aprobado por la Ley No 4 de 1977 y ratificado el 30 de noviembre de 1977. Y así sucesivamente, Colombia suscribió tratados de delimitación marítima con otros países caribeños como Haití, Costa Rica y República Dominicana, algunos de los cuales no han sido ratificados. El último paso en este campo de la política exterior colombiana fue la concertación, en 1993, del Tratado de Delimitación Marítima con Jamaica, que entró en vigor el 14 de marzo de 1994, luego de ser aprobado por la Ley 90 de 1991 y ser declarado exequible por la sentencia C-045 de 1995 de esta Corte Constitucional, MP Hernando Herrera Vergara. 10- Esta serie de tratados, entre los cuales se encuentra incluido el convenio bajo revisión con la República de Honduras, se explica por cuanto las fronteras marítimas latinoamericanas, y en especial caribeñas, no se encuentran totalmente demarcadas. Así, nuestros países han asumido como norma fundamental del derecho internacional americano el principio del uti possidetis iuris de 1810, según el cual, las fronteras de las naciones hispanoamericanas son trazadas de conformidad con las divisiones coloniales vigentes al tiempo de la emancipación. Esta regla sabia ha servido para dirimir muchas disputas sobre los límites entre los distintos países hispanoamericanos. Es de anotar, que el derecho del mar ha tenido un notable desarrollo en el Siglo XX, con la extensión del mar territorial a las 12 millas y la aparición de nuevos conceptos, como los de plataforma continental, zona contigua y zona económica exclusiva, que han generado controversias sobre la demarcación de las fronteras marítimas entre Estados vecinos. Es cierto que el derecho internacional ha desarrollado también principios y normas para solucionar esas controversias, entre los cuáles se destaca la regla de la línea media o equidistante, prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra de 1958 sobre mar territorial y zona contigua, y sobre plataforma continental, y según el cual, si no hay acuerdos entre los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, y salvo que existan “derechos históricos” o “circunstancias especiales” que justifiquen otra delimitación, el mar territorial, la zona contigua y la plataforma serán determinadas por la línea media, cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más próximos de la línea de base de donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado[6]. Este criterio de línea media o equidistante es también recogido por el artículo 14 de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar” del 10 de octubre de 1982, más conocida como Convención de Montego Bay, para delimitar el mar territorial entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. A su vez, la Corte Internacional de Justicia, incluso en los casos en que no ha decidido de conformidad con una equidistancia estricta, ha reconocido la importancia de esta regla, como uno de los criterios que ofrece mayor utilidad y certeza práctica para delimitar fronteras marítimas y submarinas[7]. Sin embargo, la regla de la equidistancia no es el único criterio para demarcar los límites marinos, ni constituye una norma que debe ser aplicada por los tribunales internacionales en todos los eventos y de manera puramente mecánica. Así, en primer término, expresamente los convenios y la jurisprudencia internacionales reconocen que la línea media no puede ser empleada en ciertos casos, por cuanto conduce a resultados inequitativos, debido a circunstancias especiales en la configuración de las costas o a derechos históricos de algunas de las partes. Y, de otro lado, algunos Estados cuestionan esta regla, lo cual ha hecho, que en ciertos eventos no constituya una norma imperativa aplicable, por cuanto no existe un consenso internacional al respecto. Por ejemplo, la Convención de Montego Bay prevé explícitamente la línea media como criterio para solucionar diferendos sobre mar territorial, aunque con el matiz de su inoperancia si existen circunstancias especiales o derechos históricos de los Estados vecinos que obliguen a otra demarcación; sin embargo, esa misma convención no menciona esa regla para solucionar los conflictos relativos a la zona económica exclusiva ni a la plataforma continental entre Estados vecinos[8], lo cual no significa que el criterio de la equidistancia no sea operante en tales eventos[9], sino que no constituye el único principio relevante para demarcar los límites marítimos. Existe entonces una relativa indeterminación de muchas fronteras marítimas y una ausencia de reglas internacionales claras e incontrovertibles, que permitan solucionar, de manera inequívoca y simple, todas esas complejas controversias. Esta situación explica la importancia que tienen los acuerdos equitativos en la demarcación de esas fronteras, pues si éstas no están totalmente...