Sentencia C-1003 de 2007

C-1003-07 Sentencia C-342/06 Sentencia C-1003/07 PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación UNIDAD NORMATIVA-Integración/UNIDAD NORMATIVA-Procedencia La Corte coincide en la necesidad de realizar en este caso un estudio de la totalidad del numeral primero del artículo 315 del Código Civil, integrando la expresión acusada con el resto de la disposición, pues todo el numeral forma una unidad y la norma demandada se encuentran intrínsecamente relacionadas. En efecto, la causal primera de emancipación judicial consagra que ésta se efectúa no solo por el maltrato habitual del hijo, sino que éste debe darse en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño; de tal manera, el legislador estableció una relación directa entre la habitualidad del maltrato y la puesta en peligro de la vida del hijo o de causarle grave daño, relación intrínseca de dichos contenidos materiales que indica la necesidad del análisis conjunto, pues además la expresión habitual respecto del maltrato del hijo también ofrece serías dudas de inconstitucionalidad. PATRIA POTESTAD O POTESTAD PARENTAL-Concepto/PATRIA POTESTAD-Función/PATRIA POTESTAD-Titularidad La patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo. El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores corresponde a los padres, conjuntamente. A falta de uno, la ejercerá el otro. En efecto, la patria potestad sólo pertenece al padre y a la madre, es decir, no rebasa el ámbito de la familia, y se ejerce respecto de todos los hijos, incluyendo a los adoptivos. PATRIA POTESTAD-Características Se aplica exclusivamente como un régimen de protección a hijos menores no emancipados. Es obligatoria e irrenunciable pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de ella o los excluya de su ejercicio. Es personal e intransmisible porque son los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio. Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita. Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres. La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre. PATRIA POTESTAD-Derechos que otorga a los padres del menor Los derechos que comprende la patria potestad, se reducen a: (i) al usufructo de los bienes del hijo, (ii) al de administración de esos bienes, y (iii) al de representación judicial y extrajudicial del hijo. Los derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección del hijo. El Código Civil dispone que toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza de sus hijos (art. 253). Derechos que, dado que la patria potestad tiene como fin primordial la protección del hijo en la familia, involucran la obligación de mantenerlo o alimentarlo (Cód. Civil., art. 411); y de educarlo e instruirlo; es decir, tienen la dirección de la educación del hijo, con la facultad de corregirlo (Cód. Civil., art. 262, modificado por el D. 2820/74, art. 21) la que sólo será legítima en la medida que sirva al logro del bienestar del menor. DERECHOS DE LOS NIÑOS-Carácter prevalente A partir de la Constitución de 1991, art. 44, los derechos de los niños son fundamentales y prevalentes, y atienden al principio del interés superior del menor, norma constitucional que involucra al bloque de constitucionalidad los demás derechos consagrados en tratados internacionales, contexto constitucional que consagró un deber de protección especial a favor de la niñez, así como la garantía de su desarrollo armónico e integral. Además, el mismo artículo citado dispone que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. El derecho de corrección que tienen los padres respecto del hijo menor no tiene un carácter absoluto, pues encuentra como límite los derechos fundamentales del menor y debe siempre atender el interés superior del niño. Es así como el derecho de corrección no puede conllevar la posibilidad de imponerles sanciones que impliquen actos de maltrato, de violencia física o moral, o que lesionen su dignidad humana, o que se puedan confundir con éstos, por ser contarios a la Constitución. RESPONSABILIDAD PARENTAL-Complemento de la patria potestad El Código de la Infancia y la Adolescencia, adoptado en Colombia mediante la Ley 1098 de 2006, establece la responsabilidad parental como un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil, consagrándola además como la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante el proceso de su formación, lo que incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. El citado código claramente establece, que en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de los derechos del menor. PATRIA POTESTAD-Suspensión/PATRIA POTESTAD-Terminación La patria potestad se suspende con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo termina por las causales contempladas en el artículo 315 del Código Civil (Cod. Civil., art. 310). Por su parte, la emancipación del hijo es un hecho que pone fin a la patria potestad (Cód. Civil., art. 312). Puede ser voluntaria, legal o judicial. La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consciente en ello; y no valdrá si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa, además de ser irrevocable (C.C., art. 313). La emancipación legal se efectúa (i) por la muerte real o presunta de los padres, (ii) por el matrimonio del hijo, (iii) por haber cumplido el hijo la mayor edad, y (iv) por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido (C.C., art. 314). EMANCIPACION DEL MENOR-Concepto/EMANCIPACION DEL MENOR-Clases EMANCIPACION JUDICIAL-Causales/EMANCIPACION JUDICIAL-Competencia La emancipación judicial se efectúa, en términos del Código Civil, artículo 315, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en las siguientes causales (i) por maltrato habitual del hijo, en término de poner en peligro su vida o de causarle grave daño (que se analizará en esta sentencia), (ii) por haber abandonado al hijo, (iii) por depravación que los incapacite de (sic) ejercer la patria potestad, y (iv) por haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil, en armonía con lo previsto en el Decreto 2272 de 1989, art. 5º, le corresponde a los jueces de familia conocer de los procesos sobre pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad. MENORES-Sujetos de especial protección constitucional/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Para la protección y garantía de los derechos de los niños y las niñas/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Marco normativo básico Según la Constitución de 1991, los niños y niñas son sujetos privilegiados y de especial protección. Los derechos de los niños y niñas son fundamentales, pues además de los mencionados en el citado artículo, por disposición del mismo, gozarán de los demás derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Colombia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. También se dispone, que los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los menores y que comprende la garantía de un desarrollo armónico e integral. Ellos son: (i) la prevalencia del interés del menor; (ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; (iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad. El sistema de valores y principios que enmarcan nuestra Constitución, y que atienden a la prevalencia de los derechos del niño y por tanto a su interés superior, así como a garantizar su desarrollo armónico e integral, imponen claras limitaciones al ejercicio del deber de educación y a la facultad de corrección que detentan los padres sobre sus hijos menores, por lo que resulta ajustado a la Constitución que el legislador consagre como causal para que un juez decrete la emancipación del hijo menor y con ello se produzca la pérdida de la patria potestad, el maltrato del hijo cualquiera que el sea. Sin embargo, también a la luz de la Constitución resulta inaceptable, que frente a situaciones de maltrato de los menores, el decreto judicial de emancipación del hijo y la consiguiente pérdida de la patria potestad del causante del mismo esté supeditado a que dicho maltrato se de en forma habitual, y aún más, a que sea necesario que tal maltrato llegue a un extremo de violencia tal que ponga en peligro la vida del menor o le cause grave daño. Condicionamientos para decretar la emancipación judicial y en consecuencia la pérdida de la patria potestad, como los que son objeto de acusación, que solo pudieron tener su razón de ser en el contexto de una regulación jurídica muy antigua como lo es Código Civil. Ajena por completo, entre otros asuntos, al reconocimiento de los niños como sujetos de especial protección, al concepto del interés superior de sus derechos, así como a la garantía de su desarrollo integral y armónico mediante la atención y protección que debe brindarles de manera obligatoria la familia, la sociedad y el Estado. Referencia: expediente D-6833 Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º. (parcial) del artículo 315 del Código Civil, modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974. Demandantes: Diego Alejandro Pérez Parra y otro. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Diego Alejandro Pérez Parra y Roberto Carlos González Cárdenas demandaron la inconstitucionalidad de la disposición contenida en el numeral 1º. (parcial) del artículo 315 del Código Civil, modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974, por considerar que vulnera los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 42 y 44 de la Constitución Política. Mediante Auto del 03 de julio de 2007, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de la Protección Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo e invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad de Santo Tomás y Universidad Sergio Arboleda, para que intervengan impugnando o defendiendo la disposición acusada. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. II. DISPOSICIÓN DEMANDADA A continuación se transcribe el texto del artículo 315 del Código Civil y se subraya la expresión demandada. CODIGO CIVIL TITULO XV DE LA EMANCIPACION ARTICULO 315. <EMANCIPACION JUDICIAL>. <Artículo modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente:> La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales: 1a) Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño. 2a) Por haber abandonado al hijo. 3a) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 4a) <Numeral adicionado por el artículo 10 del Decreto 772 de 1975. El nuevo texto es el siguiente:> Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aun de oficio. III. LA DEMANDA Los ciudadanos Diego Alejandro Pérez Parra y Roberto Carlos González Cárdenas demandan la inconstitucionalidad de la disposición contenida en el numeral 1º. (parcial) del artículo 315 del Código Civil, por considerar que la misma vulnera los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 42 y 44 de la Constitución Política. Los accionantes manifiestan que en razón de la vigencia de la expresión acusada, el maltrato habitual del hijo, por si solo, no es causal suficiente para permitir la emancipación judicial del niño, haciéndose necesario que el hijo haya pasado por situaciones extremas que pongan en peligro su vida o le causen grave daño, situación que atenta contra la integridad del niño, niña o adolescente y vulnera el artículo 44 de la Constitución y lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por Colombia en relación con los derechos de los niños. Señalan que la garantía que se brinda a los niños resulta tardía por cuanto primero han de someterse a situaciones que pongan en peligro su vida o les causen grave daño, para poder acceder a una adecuada protección y que, aún cuando en reiteradas oportunidades se ha reconocido en forma inequívoca que cualquier tipo de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes debe ser rechazado, la norma acusada permite el maltrato de los menores. Advierten que el alcance de la expresión acusada va incluso mucho más allá, en cuanto resulta igualmente aplicable para efectos de la suspensión de la patria potestad, en razón de la remisión que al artículo 315 se hace en el artículo 310 del mismo Código Civil. Consideran los demandantes que se hace necesario poner fin al sometimiento de los menores a situaciones que pongan en peligro su vida o su integridad, ya que resulta imposible que en un Estado Social de Derecho como el nuestro y en pleno Siglo XXI, exista este tipo de normas que atentan contra los derechos de los menores, derechos que se encuentran salvaguardados no sólo por la Constitución Política sino, además, por los distintos tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito el Estado colombiano. Finalmente manifiestan que en reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha sostenido que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás y transcriben un aparte de la Sentencia T-029 de 1994[1], para concluir que la especial protección de los menores y la garantía de la prevalencia de sus derechos, constituye uno de los deberes fundamentales del Estado. IV. intervenciones Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio del Interior y de Justicia manifiesta que los cargos formulados contra la expresión acusada no están llamados a prosperar. Precisa, en primer lugar, que aún cuando los demandantes señalan como vulneradas varias disposiciones de la Constitución, así como diferentes tratados internacionales ratificados por Colombia, en la demanda se desarrolla únicamente lo concerniente a la vulneración del artículo 44 superior. Considera que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión acusada, en lugar de beneficiar a los menores y a los adolescentes, redundaría en su perjuicio, en cuanto conduciría al resquebrajamiento de la familia, razón por la cual es necesario interpretar dicha disposición en forma amplia o lata. Alude el Ministerio a la patria potestad como “elemento material en las relaciones familiares en la medida que su ejercicio es garantía de la integración del hijo menor al núcleo familiar, el cual debe brindarle cuidado, amor, educación, cultura y, en general, una completa protección contra los eventuales riesgos para su integridad física y mental”. Advierte que el abuso de la figura de la emancipación judicial podría cambiar en forma indefinida las personas que ejercerían la patria potestad, y alude a la existencia de dos principios constitucionales que delimitan las relaciones familiares, a saber: la igualdad de derechos y el respeto recíproco entre todos los integrantes del grupo familiar. De otra parte, dice el Ministerio que la obligación que tienen los padres de educar a los hijos comporta procedimientos correctivos, y que la norma demandada se ajusta a los derechos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Colombia, especialmente en cuanto concierne a los derechos de los menores a tener una familia, a no ser separados de ella, así como a su custodia y cuidado personal, y agrega que, además, la potestad del juez en materia de emancipación judicial es autónoma, y es a dicho funcionario a quien compete conferir o no la emancipación, con fundamento en las pruebas y en las circunstancias particulares de cada caso. Considera que, tal como está redactado, el numeral primero del artículo 315 del Código Civil protege a los menores y adolescentes de toda clase de maltrato y agrega que en la Constitución se impuso a varios sujetos la obligación de asistir y proteger a los niños, para garantizar así su desarrollo armónico e integral. Concluye que la norma acusada ha de entenderse en el sentido de que el núcleo familiar tiende a su permanencia y que su eventual disolución sólo es admisible en virtud del principio autonomía de la voluntad o por disposición de la ley, tratándose de una norma que sí contiene medidas protectoras de los derechos de los menores y se encuentra en armonía tanto con el ordenamiento constitucional como con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre los derechos del menor y de la familia. Intervención de la Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo empieza por aludir a la ineptitud formal de la demanda ya que, en su criterio, las razones aducidas por los accionantes no resultan idóneas y adecuadas para estructurar cargos de inconstitucionalidad, por cuanto si bien mencionan algunos artículos del ordenamiento superior, no desarrollan argumentos que permitan aludir a la eventual configuración de la violación de preceptos constitucionales. Considera que en la demanda se consignaron opiniones generales sobre la inconveniencia de la norma acusada, así como cuestionamientos en relación con el alcance o la eficacia de la misma, y no verdaderos cargos de inconstitucionalidad. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, después de transcribir diversos apartes de la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad, solicita la emisión de un fallo inhibitorio. Ocupándose luego de los asertos plasmados en la demanda señala, en primer lugar, que el término “maltratar” comprende un variado número de acciones sinónimas, muchas de las cuales están encaminadas a causar daño a la integridad humana, y agrega que también se puede llegar al maltrato a través de la omisión, del descuido. En los ámbitos específicos de lo personal y de lo jurídico, alude a la prohibición consagrada en el artículo 12 superior en relación con la tortura, la desaparición forzada y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y trae a colación un aparte jurisprudencial alusivo a la integridad personal, tomado de la Sentencia SU-200 de 1997[2]. Alude luego al contenido del artículo 44 de la Constitución y al inciso segundo del artículo 18 del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, para concluir que el maltrato “deriva en una afectación directa de los derechos fundamentales a la integridad personal, a la dignidad humana, y, en algunos casos, de la vida de las personas, situación que se agrava cuando quien lo padece es un niño, una niña o un adolescente”. En cuanto a la pérdida de la patria potestad y emancipación judicial como consecuencia del maltrato infantil, después de hacer alusión a la definición contenida en el artículo 288 del Código Civil, al alcance de los derechos que se derivan de la patria potestad y a la facultad de los padres de corregir y sancionar moderadamente a los hijos, manifiesta que el ejercicio de la patria potestad conlleva igualmente para los padres el cumplimiento de unos deberes en relación con los hijos, tales como cuidado, afecto, protección y educación, y que el incumplimiento de tales deberes conduce a la emancipación judicial del hijo menor de edad. Manifiesta que la emancipación judicial constituye un efecto inexorable de la pérdida de la patria potestad y que la aplicación de esta medida puede obedecer, entre otras circunstancias, a la valoración que haga el juez de conocimiento en relación con el maltrato habitual ocasionado al hijo no emancipado, en términos de poner en peligro su vida o causarle grave daño. Hace igualmente referencia al Código de la Infancia y la Adolescencia[3] para señalar que en dicho ordenamiento se han incorporado las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente en la Convención de los Derechos del Niño, así como en la Constitución Política y señala que el articulado de dicho Código es enfático en establecer entre las responsabilidades del Estado, la de actuar oportunamente para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la de tener en cuenta los dictámenes de los especialistas en las decisiones judiciales que involucren el ejercicio de sus derechos. Agrega que el ordenamiento legal vigente en relación con la protección de la infancia y de la adolescencia, en consonancia con los postulados constitucionales e internacionales de derechos humanos que buscan acabar con el maltrato infantil sujeta, entre otros, a los operadores administrativos y judiciales, en cuyas decisiones han de tenerse en cuenta los principios, derechos y obligaciones vigentes para la protección efectiva de los niños, las niñas y los adolescentes colombianos. En cuanto a las razones aducidas por los demandantes como fundamento de su petición de inconstitucionalidad, la Defensoría del Pueblo dice que encuentra en este sencillo razonamiento el terreno necesario para apoyar una declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado y también para proponer a la Corte, adicionalmente, la inconstitucionalidad del término “habitual” contenido en la misma disposición acusada. Manifiesta que si bien es cierto que la legislación civil, a través del instituto de la patria potestad, impone a los padres la obligación de educar a sus hijos menores y los faculta para corregirlos y sancionarlos moderadamente, es igualmente cierto que esa misma legislación y sobre todo la Constitución Política, han radicado en los niños, las niñas y los adolescentes, derechos preferentes a la vida, a la integridad personal, al cuidado, al amor, a la protección, que los padres están en la obligación de respetar y de garantizar. En consecuencia, cuando los padres, en ejercicio de la facultad sancionadora que se deriva de la patria potestad, o por descuido, causan daño a sus hijos; es decir, los maltratan en cualquier forma, deben ser privados de los derechos que ostentan sobre ellos, tal como lo señaló la Corte en la Sentencia T-474 de 1996[4]. Considera la Defensoría del Pueblo que “en los términos de la disposición acusada, la emancipación judicial de un hijo menor de edad puede ser decretada por el maltrato habitual que soporte, mientras con éste ponga en peligro su vida o le cause grabe daño. Para la Defensoría del Pueblo la norma califica el maltrato, esto es, determina una gradualidad del daño sufrido, y de esta manera introduce distinciones no autorizadas por la Carta Fundamental, en el sentido de que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en ningún caso pueden ser objeto de desconocimiento, limitación o vulneración de ninguna naturaleza”. Agrega que el legislador no puede preestablecer cuál sería la entidad del daño que daría lugar a la aplicación de la medida de especial protección analizada, por cuando cada situación particular ha de ser evaluada por el juez de la causa, quien está sujeto a salvaguardar el interés superior del niño, la niña o el adolescente, como única forma de cumplir con la obligación estatal de prevenir y atender en forma oportuna e inmediata la protección de los menores, razón por la cual la norma acusada resulta contraria a la Constitución. Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comparte las razones expuestas por los demandantes para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma acusada y, como complemento de la misma, alude a la regulación jurídica vigente en relación con la emancipación para señalar que “el segmento acusado es una reminiscencia de formas culturales superadas. Hunde sus raíces en la clásica institución del Derecho Romano conocida con el nombre de PATER FAMILIA, quien tenía potestad sobre los bienes y la vida misma de todos los miembros de la familia. En realidad, el Código Civil disminuye los alcances de la potestad paterna sobre los hijos y sobre los demás miembros de la familia, pero mantuvo en el momento de su expedición algunas reminiscencias del Código de Justiniano”. Agrega que la expresión acusada resulta insostenible en nuestra cultura social y familiar actual, en la que no tiene cabida ningún tipo de maltrato ni violencia intrafamiliar hasta el límite que permite la expresión acusada; es decir, nada menos que el compromiso de la propia vida y de la integridad física del menor. De conformidad con lo dispuesto sobre el particular en la Carta Política de 1991, los menores son privilegiados con el derecho a tener una familia y a permanecer en ella, al cuidado y al amor (artículo 44 superior), razón por la cual conductas permisivas del maltrato y autorizadas por la ley, resultan contrarias al concepto de la integridad familiar y a los derechos prevalentes del niño. Manifiesta que como las correcciones y castigos que los padres pueden imponer a sus hijos tienen el carácter de moderados, cualquier forma de maltrato resulta contraria a la Carta Política y que esa facultad de corregir se traduce actualmente en la potestad de exhortar, amonestar, reprender a los hijos y se concreta en la posibilidad de imponerles una privación. Precisa igualmente que “el castigo debe ser sin crueldad, sin maltrato y sin que, en ningún caso, ponga en peligro la vida, la salud o la integridad del hijo. Excederse en el uso de esta facultad no solo es contrario a los derechos de los menores, sino que, paralelamente, puede conllevar sanciones de carácter penal, en tanto constituyan delito”. Alude a la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los derechos del niño en la familia, plasmada en las sentencias T-397 de 2004[5] y C-997 de 2004[6], que hacen énfasis en la necesidad de proteger al menor en todas las instancias familiares, individuales, sociales y estatales y llama la atención en relación con el hecho de que el menor no está en condiciones de defenderse ante las agresiones de un adulto, ni pide ayuda, circunstancia que lo coloca en una posición vulnerable, a lo cual hay que agregar que los menores que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficit emocional de conducta y socio-cognoscitivo, los cuales le imposibilitan el desarrollo de su personalidad. Se refiere luego a la importancia de reconocer las diferencias que existen entre los miembros de cada familia, en cuanto a edad, sexo, mayor o menor fuerza física, su trabajo, sus posibilidades de proveer a su manutención, sin que tales diferencias permitan concluir que unos son superiores a otros, ya que todas las personas son iguales en dignidad. Agrega que “adicionalmente, los menores que sufren violencia de manera frecuente ven disminuida su autoestima, su capacidad de relacionarse y su iniciativa. También se vuelven tristes y agresivos, tienen temor a asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, dejan de asearse, estudiar y ser respetuosos, se refugian en amistades que tienen conductas viciosas y reprobadas por la ley, por rechazo inconsciente a la autoridad; por lo que son víctimas fáciles de la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia. Se convierten luego en agresores de sus hijos, lo que genera una cadena de violencia de efectos sociales indeseables”, razones todas estas que indican que “la autoridad de los padres en la familia no puede traducirse en ninguna forma de maltrato o violencia física o sicológica, como lo autoriza el segmento acusado”. En cuanto concierne a los límites de la autoridad paterna, alude igualmente a la jurisprudencia de la Corte y transcribe algunos apartes de las Sentencias T-474 de 1996[7] y T-378 de 1995[8], para concluir que las causales de emancipación establecidas en la ley tienen su límite en los derechos constitucionales de los menores y de la familia. Encuentra igualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que existe una contradicción entre la expresión demandada del Código Civil y lo previsto en el Código de la Infancia y la Adolescencia ya que, de conformidad con lo dispuesto en este último (artículos 18 y 39), no puede darse cabida en la familia a ningún tipo de acto que constituya maltrato en contra de los niños, las niñas o los adolescentes, y menos permitirse que sea habitual, razón por la cual ha de incluirse igualmente el término “habitual” entre los cobijados con la declaración de inexequibilidad. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia La Academia Colombiana de Jurisprudencia encuentra que la norma acusada no viola la Constitución, e inicia su intervención con la alusión a los artículos 5º y 42 de la Carta Política y a la manera como ha de evaluarse por parte de las autoridades administrativas y judiciales cuál es la solución que mejor satisface al interés superior del menor, de conformidad con lo dicho por la Corte en la Sentencia T-397 de 2004. Hace igualmente referencia a las normas del Código Civil sobre la potestad de corrección que tienen los padres en relación con los hijos y sobre la responsabilidad que corresponde a los padres por los delitos y culpas que cometan los hijos, cuando tales delitos y culpas se derivan del fracaso de los padres en su educación y corrección, y agrega que la facultad de castigar moderadamente a los hijos es una posibilidad implícita dentro del haz de derechos que detentan los padres, sin que puedan depararles malos tratos o injurias so pretexto del derecho de corrección, pues si éstos se presentan de manera habitual y cotidiana dan lugar a la emancipación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 315 del Código Civil, poniéndose así fin a la patria potestad. En relación con los argumentos en los cuales se sustenta la demanda de inconstitucionalidad, manifiesta que precisamente el principal objetivo de la medida legislativa de terminación de la patria potestad, es que mediante la emancipación del menor, se ponga fin a los malos tratos habituales y cotidianos que el menor haya recibido de parte de sus padres, tratándose de un remedio de carácter legal para el ejercicio anómalo de un derecho de los padres hacia los hijos a través del cual el Estado cumple con su deber de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños. Agrega que la disposición acusada protege la unidad familiar por cuanto no dispone la emancipación de pleno derecho por el solo hecho de los maltratos, sino que se orienta a establecer, a través de un proceso judicial, si los maltratos son habituales y si, además, amenazan de manera grave y causan daño a la integridad del menor, correspondiendo así al juez del proceso, caso por caso, determinar a la luz del principio del interés superior del menor la existencia de los malos tratos, así como la gravedad y reiteración de los mismos. En tales condiciones, encuentra la Academia que la norma acusada lo que hace es garantizar la prevalencia y efectividad de los derechos reconocidos a los menores en la Constitución, en cuanto la emancipación implica la separación jurídica de los menores frente a sus padres, como consecuencia de conductas que ponen en riesgo no solo su integridad física, sino la correcta formación de los menores en un ambiente de armonía y unidad, y agrega que “una interpretación de la causal acusada a la luz de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución implica que el legislador, en cumplimiento de los mandatos que la misma Carta le impuso, busca separar a los menores de aquellos padres que han excedido el límite tolerable de la corrección establecida dentro de la autoridad paterna. Esa es la razón de ser de la norma consagrada en el numeral 1 del artículo 315 del Código Civil”. Intervención de la Universidad del Rosario La Universidad del Rosario considera que la censura a la norma por parte de los demandantes es “valida y acertada”, en cuanto la aludida disposición exige, para la pérdida de la patria potestad que la conducta del padre sea de tal naturaleza e intensidad, que excluye de sanción buena parte de las agresiones de los padres a los hijos que la civilización moderna ya no tolera, por cuanto la posición real y jurídica del padre sobre los hijos que lo hacía amo y señor de ellos y lo facultaba incluso para causarles la muerte, se fue recortando paulatinamente hasta que en la actualidad los padres son el medio e instrumento de protección de la vida, de los derechos y del bienestar de los hijos. Hace alusión al contenido del artículo 44 de la Constitución y a la forma como quedaron reguladas la responsabilidad parental y las obligaciones de la familia en el Código de la Infancia y Adolescencia, que permiten afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico está proscrito por completo a los padres y demás miembros de la familia maltratar a los menores. Considera acertada la distinción hecha por don Andrés Bello al proponer el código civil para el pueblo chileno, ya que escindió la figura unitaria de la patria potestad en dos instituciones jurídicas: los derechos y obligaciones paterno filiales denominada por muchos “Autoridad Parental” y la patria potestad propiamente dicha, atinente a los derechos del padre en relación de los elementos patrimoniales del hijo y las actuaciones de éste en el campo jurídico y manifiesta que tal escisión “tiene la ventaja de permitir que la supresión de la patria potestad no tenga como consecuencia directa la supresión de los deberes paterno o materno filiales de modo que el padre que ha perdido la patria potestad sigue teniendo un hijo con el cual debe cumplir su función y evita en alguna medida que los vínculos afectivos se resientan mucho más, pero también permitió subordinar los intereses de los padres al interés de la sociedad en que los menores no tengan vulnerados sus derechos, lo que no se podría hacer si se tratara de una única institución”. Agrega que cuando el padre o la madre incumple los deberes que tiene para con los hijos (entre los cuales se encuentra el deber de no agredirlos), simplemente están suprimiendo la condición causal que los faculta para ejercer los derechos emanados de la paria potestad y que si bien es cierto que, históricamente hablando, en la época del Código Civil las conductas agresivas del cónyuge o del padre en relación con sus familiares sólo se consideraban ilegítimas cuando ponían en riesgo la vida o la salud del sujeto agredido, en cuanto concierne a los cónyuges, el legislador ya corrigió tal posición suprimiendo, al señalar las causales del divorcio, la exigencia de que los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra hayan de ser de tal entidad que con ellos se ponga en peligro la vida de los cónyuges o se haga imposible la paz o el sosiego domésticos. Manifiesta que en razón de la evolución normativa cada vez más restrictiva de la potestad de los padres en relación con los hijos, podría incluso darse la posibilidad de que la Corte, en su función ilustradora del sentido de las normas a la luz de la Constitución e integradora del conjunto, declarase que el texto demandado se predica de todo maltrato habitual, en una decisión similar a las adoptadas a través de las Sentencias C-1287 de 2001[9], C-808 de 2002[10] y C-831 de 2006[11], en las cuales “sin retirar del ordenamiento el texto o condicionar su interpretación, declaró que el sentido de ciertas normas debe entenderse y aplicarse conforme a los principios generales y demás prescripciones vigentes sobre ese punto, poniendo de manifiesto que en ocasiones se produce una indudable insubsistencia normativa tácita, que hace innecesaria la declaración de inexequibilidad”. Sin embargo, la Universidad del Rosario señala que, en otras ocasiones, la Corte ha optado por retirar del ordenamiento la norma acusada, por considerar que la contradicción actual y directa con la Constitución no es admisible, y manifiesta que es lo que, a su juicio, ha de hacerse en el caso sub examine, por cuanto la norma acusada es positiva y vulnera el mandato constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños y la carga social de su protección, y agrega que “su retiro del mundo jurídico deja un claro mensaje constitucional de que el ejercicio de la autoridad paterna no puede soportarse en la fuerza o la intimidación y que el respeto a nuestros semejantes es la única forma de conseguir la armonía y la equidad en las relaciones sociales y por esa vía conseguir el bienestar y el desarrollo”. Intervención de la Universidad Externado de Colombia La aludida Universidad, después de referirse a la regulación de la patria potestad y de la emancipación en el Código Civil y a la jurisprudencia de la Corte en relación con las características de los derechos que se derivan de la patria potestad[12], manifiesta que el inciso 5º. del artículo 42 de la Constitución prohíbe cualquier forma de violencia sobre la familia y establece que tales actos han de ser sancionados con arreglo a la ley y que el maltrato a los menores de edad, ya sea físico o psicológico constituye una forma de violencia, rechazada como tal por la Constitución. Se refiere luego a lo dicho por la Corte en relación con la limitación de la potestad del padre en relación con el hijo[13] y dice que la noción de maltrato no puede confundirse con el derecho de corrección, ya que éste encuentra límites en las normas superiores, por cuanto los padres no se pueden valer de cualquier tipo de medidas para imponer su autoridad y transcribe apartes de la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los límites propios del poder de corrección[14]. Agrega que lo que diferencia el derecho de corrección del maltrato es el uso de la violencia, que es contrario a la Constitución, y que dicho maltrato no necesariamente ha de ser de tal severidad que llegue a poner en peligro la vida de los hijos o a causarles grave daño en su integridad física, sino que el sólo hecho de propinarles golpes ya constituye una clase de maltrato, conducta que vulnera los preceptos superiores y, dado que el simple maltrato habitual es una conducta violatoria de la Constitución, ha de dar lugar a la emancipación judicial y a la terminación de la patria potestad, ya que exigir, además, que la conducta de los padres ponga en peligro la vida de los hijos o cause graves daños a su integridad física, se esta dejando sin protección a los menores frente a situaciones que atentan contra los derechos que la Constitución les otorga. Finalmente la Universidad solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión demandada, advirtiendo que la emancipación judicial y la terminación de la patria potestad han de aplicarse en forma restrictiva, en razón de los efectos que producen, con el fin de proteger a la familia, motivo por el cual encuentra ajustada a la Constitución la exigencia del maltrato habitual, sin que sea necesario que dicho maltrato sea de tal gravedad que ponga en peligro la vida del hijo o le cause graves daños a su integridad física. Intervención de la Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional del Colombia aborda su intervención con un alusión a la influencia que en la elaboración del Código Civil colombiano tuvo el Código Napoleónico, que a su vez fue redactado teniendo en cuenta la legislación justinianea que es el producto de la depuración y decantación de las fuentes del derecho preexistentes y surgidas durante muchos siglos antes. Remontándose a la Roma Antigua alude a la potestad parental que tenía el Pater familia sobre el hijo, potestad que comprendía el derecho a disponer de la vida e integridad del hijo, a sacrificarlo, a obligarlo a contraer nupcias, a desheredarlo y omitirlo en el testamento sin causa alguna, etc. Señala que en razón de los excesos y abusos que permitía la Potestad Parental, la precaria legislación romana se dio a la tarea de menguar paulatinamente tales abusos tal como puede apreciarse en la Ley de las XII Tablas en la que ya se encuentran obligaciones de moderación y de justificación en el ejercicio de la potestad del Pater familia. Tal tendencia moderadora se acentuó progresivamente en la época de Papiniano, de los emperadores Constantino y Valentiniano, así como de Justiniano y fue recogida luego en la legislación civil francesa y en el Código Civil Colombiano de 1887, que “pretendió con la norma acusada evitar los castigos que si bien es cierto eran permitidos por el Legislador, explícitamente eran tendientes a evitar los excesos que causaran daño grave, así como pusieran en peligro la vida del hijo de familia”. En relación con el caso concreto, la Universidad Nacional considera que el problema jurídico planteado en la demanda ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-371 de 1994[15], providencia en la cual la acusación se dirigió contra el artículo 262 parcial del Código Civil, con cargos muy similares a los consignados en la demanda que dio lugar al presente proceso. En el caso sub examine la Universidad manifiesta que el problema jurídico consiste en determinar si la disposición acusada permite los castigos corporales a los menores, siempre y cuando no se ponga en peligro su vida o no se les cause grave daño y dice que la respuesta es negativa, por cuanto la norma acusada en ningún momento está consagrando tal facultad, sino que prescribe que cuando el maltrato habitual del hijo ponga en peligro su vida o le cause grave daño se pierde la patria potestad; es decir, hay lugar a la emancipación, lo cual significa que “el maltrato físico o psicológico moderado, es decir el que no ponga en peligro la vida del hijo o no le cause grave daño, no da lugar a la pérdida de la patria potestad, esto es a la emancipación”. Precisa la Universidad que ello no significa que el castigo físico o psicológico moderado (es decir, aquel que no pone en peligro la vida del hijo o no le cause grave daño) esté permitido o autorizado, sino que, por el contrario “está penado, ya que el padre que le cause este tipo de lesión moderada al hijo, puede incurrir en el delito de lesiones personales o en violencia intrafamiliar. Incluso, da lugar a imponer sanciones administrativas como por ejemplo la ubicación del menor en un hogar de paso, hogar sustituto, o la imposición al padre agresor de terapias. Por lo tanto, es claro que ante una agresión moderada, el padre agresor puede ser objeto de tutela judicial y/o administrativa, tal como lo señalaba el Decreto 2737 de 1989 y ahora la Ley 1098 de 2006, así como también el Código Penal (Ley 599 de 2000)”. Advierte que la interpretación aislada de una norma puede conducir a conclusiones erradas y que el legislador fue claro en consagrar en el artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia el derecho a la integridad física de los menores y, en el artículo 53 del mismo ordenamiento, señala las medidas de restablecimiento de derechos, y que en ningún momento la disposición acusada está otorgando una patente de corso para que los padres puedan agredir moderadamente a los hijos menores de edad, ya que si bien con tal comportamiento no pierden la patria potestad, pueden incurrir en una conducta delictuosa o ser objeto de medidas administrativas. Las anteriores consideraciones llevan a la Universidad Nacional a solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de la norma acusada, por no ser contraria a la Constitución ni a los tratados internacionales y reitera que tal disposición de ninguna manera está habilitando a los padres para castigar física o psicológicamente a los hijos, “ni siquiera moderadamente”. V. CONCEPTO RENDIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4359, radicado en la Secretaría General el 27 de agosto de 2007, manifiesta que una de las grandes preocupaciones de la Constitución Política de 1991 fue la de brindar una especial protección a la familia como célula fundamental de la sociedad y, dentro de la familia, a los menores, a quienes se ha declarado como sujetos de especial protección, dando lugar a la consagración del principio del interés superior del menor como criterio orientador para resolver los conflictos que involucren a los menores, teniendo presente que, si bien no existen derechos absolutos, los derechos de los niños son autónomos en relación con los derechos de los adultos. En relación con el derecho del menor a tener una familia y a no ser separado de ella dice que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, constituye uno de los principales criterios orientadores para determinar el bienestar del menor, por cuanto el espacio natural para su desarrollo es la familia en la que ha sido concebido y que es a su vez la primera llamada a satisfacer sus necesidades de todo orden. Tal derecho aparece consagrado en el artículo 44 de la Constitución, en el derecho internacional público y en el artículo 6º del Código del Menor. Señala que la patria potestad posee una funcionalidad encaminada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones y el especial cuidado de los padres respecto de los hijos y se justifica en cuanto los padres la implementen en el cumplimiento de sus deberes y con el fin de brindar bienestar a sus descendientes, razón por la cual, cuando tal justificación no se satisface y se rompe, la patria potestad se suspende o se pierde. Alude luego a la jurisprudencia de la Corte en relación con el maltrato de los menores, así como a la definición del maltrato en el Código de la Infancia y la Adolescencia y señala que la vulneración de los derechos fundamentales de los hijos por parte de los padres hace que el derecho de los hijos a tener una familia haya de ceder ante la necesidad de preservar el interés superior del niño, cuyo bienestar resulta afectado por sus padres quienes, con tal proceder, se hacen indignos de detentar la patria potestad. En cuanto a la norma acusada, encuentra que no resulta conforme al artículo 44 de la Constitución, ya que condiciona el maltrato habitual del menor, llevándolo a situaciones que constitucionalmente no resultan admisibles. Recuerda que del mismo modo, la Convención sobre los derechos de los niños (aprobada por la Ley 12 de 1991) establece en su artículo 19 la obligación que tienen los Estados parte de brindar protección a los menores, para evitar las prácticas de abuso físico, mental y malos tratos sobre éstos. Para el Ministerio Público, “los eventos demandados, poner en peligro al menor o exponerlo a un grave daño como producto de un maltrato habitual, resultan intolerables bajo la mirada que guiada por los principios del interés superior del niño irradian toda la normatividad que protege a la infancia”. Agrega que la desueta posibilidad de maltratar al niño habitualmente, sin que ello acarree una violación de los derechos del menor, comporta la vulneración del mandato constitucional que obliga a proveer el bienestar de los niños, exige a los padres brindarles un ambiente familiar sano y en donde el derecho de los padres se ve seriamente racionalizado. Se refiere luego al término “habitual” contenido igualmente en el numeral demandado, pero por fuera de la expresión que es objeto de la acusación por parte de los demandantes y advierte que aún cuando la competencia de la Corte es rogada y no oficiosa, lo cual podría hacer pensar que no es procedente el análisis del resto del artículo, no se puede perder de vista que dicha expresión está directamente relacionada con las consecuencias que se derivan del trato dado a los menores a la luz de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 315 del Código Civil y que “resultan insostenibles con el profundo aliento que desde la constitución, el bloque de constitucionalidad, la legislación y la jurisprudencia constitucional se le ha inyectado a las relaciones entre padres e hijos con un claro veto al maltrato”. Después de advertir que si la Corte declara la inexequibilidad del fragmento demandado, obviando el resto del artículo, la causal primera de pérdida de la patria potestad quedaría: “1. Por maltrato habitual al hijo”; manifiesta que los padres que someten a sus hijos a maltrato habitual ofenden la confianza depositada por el Estado a su tarea educativa y tal circunstancia los hace indignos de continuar representando a sus hijos. De todos modos, corresponde al juez de familia determinar en cada caso, atendiendo a las variables que lo integren y a la particularidad de cada situación, y en salvaguarda del supremo interés del menor, determinar si el maltrato propinado por los padres a un hijo es de tal entidad como para que, aunque suceda una sola vez, haya de dar lugar a la pérdida de la patria potestad. Las anteriores consideraciones llevan al Ministerio Público a solicitar a la Corte que declare inexequibles las expresiones “en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño” y “habitual” contenidas en el numeral primero del artículo 315 del Código Civil. VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 1. Competencia de la Corte De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, del Código Civil. 2. Cuestiones previas 2.1 Aptitud de la demanda La Defensoría del Pueblo solicita a la Corte que se emita un fallo inhibitorio por cuanto, a su juicio, existe ineptitud de la demanda, ya que si bien los actores manifiestan que la expresión acusada vulnera los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 42 y 44 de la Constitución Política, las razones que aducen no resultan idóneas ni adecuadas para estructurar cargos en contra de la norma demandada, ya que se limitan a hacer afirmaciones en contra de dicha norma, a expresar opiniones generales sobre su inconveniencia, a hacer cuestionamientos en cuanto al alcance o eficacia de la misma, sin desarrollar argumentos o razones jurídicas que conduzcan a poner en evidencia la incompatibilidad entre el contenido de la expresión acusada y los contenidos de las normas superiores señaladas como infringidas. Sin embargo, la Corte considera oportuno destacar, entre los fundamentos de la demanda, los siguientes: En primer lugar, se afirma que en razón de la vigencia de la expresión acusada, el maltrato habitual del hijo, por si solo, no es causal suficiente para permitir la emancipación judicial del niño, haciéndose necesario que el hijo haya pasado por situaciones extremas que pongan en peligro su vida o le causen grave daño, situación que atenta contra la integridad del niño, niña o adolescente y vulnera el artículo 44 de la Constitución y lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por Colombia en relación con los derechos de los niños. En segundo lugar, se indica que la garantía que se brinda a los niños resulta tardía por cuanto primero han de someterse a situaciones que pongan en peligro su vida o les causen grave daño, para poder acceder a una adecuada protección y que, aún cuando en reiteradas oportunidades se ha reconocido en forma inequívoca que cualquier tipo de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes debe ser rechazado, la norma acusada permite el maltrato de los menores. En estos breves, pero claros y precisos enunciados, encuentra planteada la Corte un cargo suficiente para considerar una contradicción entre la disposición acusada y el precepto contenido en el artículo 44 de la Constitución, cumpliéndose así con la exigencia mínima de claridad y suficiencia en el planteamiento de un debate de rango constitucional que amerita un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación. A lo anterior hay que agregar que, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, “ …. a la hora de examinar cómo presenta el actor el concepto de la violación, el juez de control de constitucionalidad, en aplicación del principio pro actione, debe evitar un exceso de rigor que impida ejercer el derecho de acceso a la justicia; al respecto la Corte ha dicho: “…con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.[16]”[17]. Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Corte entrará a estudiar en el fondo el cargo formulado contra el numeral primero (parcial) del artículo 315 del Código Civil, por vulneración de los arts. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 42 y 44 de la Constitución. 2.2. La necesaria integración normativa de la expresión acusada con el resto del numeral primero del artículo 315 del Código Civil. En el presente caso el actor dirige su acusación contra el aparte que se subraya del numeral primero del artículo 315 del Código civil, que dispone, “1a) Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño.”, en relación con las causales por las cuales puede decretarse por orden judicial la emancipación del menor. Varios de los intervinientes, al abocar el análisis de la expresión acusada, ponen en evidencia la conveniencia de realizar el análisis de un enunciado normativo más amplio, ya que los mismos cargos dirigidos contra la parte final del numeral acusado, resultan igualmente predicables de la expresión “habitual” contenida en la primera parte de la aludida disposición, indicando la necesidad de la realización de la correspondiente integración normativa, para llevar a cabo en consecuencia el juicio de exequibilidad en relación con la totalidad del texto de la disposición contenida en el numeral primero del artículo 315 del Código Civil. Cabe recordar, que en reiteradas ocasiones esta Corporación ha considerado[18], que “la Corte de manera excepcional procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos que no han sido demandados pero en relación con los cuales existe una unidad inescindible,…”.[19]. En efecto, la integración de la unidad normativa es excepcional, y solo procede en las siguientes tres hipótesis: en primer lugar, cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; en segundo término, en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y, por último, cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad[20]. La Corte coincide en la necesidad de realizar en este caso un estudio de la totalidad del numeral primero del artículo 315 del Código Civil, integrando la expresión acusada con el resto de la disposición, pues todo el numeral forma una unidad y la norma demandada se encuentran intrínsecamente relacionadas. En efecto, la causal primera de emancipación judicial consagra que ésta se efectúa no solo por el maltrato habitual del hijo, sino que éste debe darse en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño; de tal manera, el legislador estableció una relación directa entre la habitualidad del maltrato y la puesta en peligro de la vida del hijo o de causarle grave daño, relación intrínseca de dichos contenidos materiales que indica la necesidad del análisis conjunto, pues además la expresión habitual respecto del maltrato del hijo también ofrece serías dudas de inconstitucionalidad. 3. Problema jurídico que debe resolver la Corte Los ciudadanos Diego Alejandro Pérez Parra y Roberto Carlos González Cárdenas demandan la inconstitucionalidad del numeral 1º. (parcial) del artículo 315 del Código Civil, por la supuesta vulneración de los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 42 y 44 de la Constitución Política. Sostienen los accionantes que, en razón de la vigencia de la expresión acusada, el maltrato habitual del hijo, por si solo, no es causal suficiente para permitir la emancipación judicial del niño, haciéndose necesario que el hijo haya pasado por situaciones extremas que pongan en peligro su vida o le causen grave daño, situación que atenta contra la integridad del niño, niña o adolescente y vulnera el artículo 44 de la C...