Sentencia C-085 de 2018

C-085-18 Sentencia C-085/18 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL CREDITO Y REGULA GARANTIAS MOBILIARIAS-Inhibición para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos formales mínimos A partir de la sentencia C-1052 de 2001 se fijó un precedente que se ha venido reiterando sobre las condiciones argumentativas mínimas que deben cumplir las demandas o acciones públicas de inconstitucionalidad. Para ello se ha considerado que, si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad es expresión de la democracia participativa y pluralista, la misma requiere de condiciones argumentativas mínimas que permitan la discusión entre diversas posturas y que, a su vez, informen a la Corte sobre el contenido y alcance del problema jurídico constitucional que se somete a su consideración. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carga argumentativa CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter rogado DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO COMPILATORIO DE NORMAS REGLAMENTARIAS PREEXISTENTES-Inhibición por falta de competencia Referencia: Expediente D-12121 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. Actor: Nicolás Pájaro Moreno Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia. I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, el ciudadano Nicolás Pájaro Moreno presentó demanda contra el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. Mediante auto del 18 de mayo de 2017, el magistrado sustanciador admitió la demanda al constatar que reunía los requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto Ley 2067 de 1991. En la misma providencia dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera su concepto en los términos establecidos en los artículos 241-2 y 278-5 de la Constitución, se fijó en lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma y se comunicó de la iniciación del mismo al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Presidente de la Cámara de Representantes, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia y del Derecho, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, al Superintendente de Industria y Comercio, al Superintendente de Sociedades y al Superintendente de Notariado y Registro. Adicionalmente, se invitó a participar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –Confecámaras-, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia- y a la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, para que intervinieran en el proceso con la finalidad de rendir concepto técnico sobre la constitucionalidad de la disposición demandada. Con el mismo fin se invitó a participar a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, Libre, del Rosario, Santo Tomás, Sergio Arboleda de Bogotá, del Norte y de Antioquia. A través del Auto 305 del 21 de junio de 2017, la Sala Plena ordenó suspender los términos dentro del presente proceso, en aplicación del artículo 01 del Decreto Ley 889 de 2017. Dicha suspensión fue levantada por la misma Sala mediante Auto 316 del 23 de mayo de 2018. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, esta Corporación procede a resolver sobre la demanda de la referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial Nº 48.888 del 20 de agosto de 2013: “LEY 1676 DE 2013 (Agosto 20) “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) Artículo 76. Cancelación de la inscripción. Cuando se haya cumplido con todas las obligaciones garantizadas con una garantía mobiliaria, o se hubiere terminado la ejecución en los términos previstos en el artículo 72 o después de la enajenación o aprehensión de los bienes en garantía, el garante podrá solicitar al acreedor garantizado de dichas obligaciones, la cancelación de la inscripción de su garantía mobiliaria. Si el acreedor garantizado no cumple con dicha solicitud dentro de los quince (15) días siguientes a la petición, podrá presentar la solicitud de cancelación de la inscripción ante un notario, acompañando certificación de pago o copia de los recibos de pago para su protocolización u otra prueba de que el garante recuperó los bienes dados en garantía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 o que los bienes fueron enajenados o aprehendidos de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo. El acreedor garantizado podrá confirmar de manera oral o por escrito el cumplimiento de la totalidad de la obligación garantizada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 o la enajenación o aprehensión de los bienes. El notario dará fe de estas manifestaciones. En este evento el notario extenderá al deudor o al garante copia de la protocolización, la cual el deudor o el garante adjuntará al formulario de cancelación de la inscripción de la garantía. En caso de que el acreedor garantizado dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación de la solicitud niegue la cancelación de la garantía mobiliaria, o guarde silencio, el notario remitirá las diligencias a la autoridad jurisdiccional competente para que decida lo que corresponda, acompañando los documentos que hayan aportado las partes para demostrar sus derechos. Este trámite se adelantará por proceso verbal sumario. El notario responderá de los daños y perjuicios que sus actuaciones irregulares causen”. III. LA DEMANDA El actor considera que el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, contraviene el artículo 229 de la Constitución Política, así como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 2, 8-1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Señala que la disposición demandada vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia y a obtener de ella una tutela efectiva de sus derechos, por cuanto establece barreras de acceso para acudir a la jurisdicción en busca de la cancelación de una garantía mobiliaria cuando ya se ha extinguido la obligación por ella respaldada. En su concepto, la norma impugnada “obliga al garante cumplido a seguir un procedimiento con altos costos en tiempo, dinero y trámites, antes de permitirle acceder a los mecanismos ordinarios idóneos para lograr que se cancele una garantía mobiliaria que grava sus bienes”. Considera que “el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 impone diversas barreras de acceso a la justicia que resultan completamente irrazonables en nuestro sistema constitucional”, atendiendo los costos de transacción y económicos del procedimiento allí establecido, así como las dilaciones injustificadas que en su opinión se generan. Por tanto, indica que el Congreso excedió su potestad legislativa al torpedear el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva. Luego de destacar la relevancia constitucional del derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, y como consecuencia al deber de levantar cualquier barrera que pueda interferir en que los ciudadanos resuelvan sus diferencias y obtengan seguridad en sus relaciones jurídicas[1], expone la manera en que se encuentra limitado el margen de configuración normativa del Congreso de la República en materia procesal[2]. Refiere que en el análisis de la constitucionalidad de las leyes procesales, la Corte ha considerado la relevancia que cobra “el derecho a un recurso judicial efectivo, al acceso a la administración de justicia, y al debido proceso”[3], y concluye que “sólo puede ser constitucionalmente admisible una regulación procesal que tienda a levantar barreras de acceso a la justicia; viceversa es inconstitucional cualquier ley que imponga nuevas barreras o recrudezca las barreras existentes” (Negrillas en texto original). En ese orden, estima que con el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 el legislador impuso una barrera de acceso a la justicia para solicitar judicialmente la cancelación de una garantía por cumplimiento de la obligación caucionada. Así, en el contexto de la norma, alude al régimen de garantías mobiliarias previsto en la misma ley, a la manera en que estas se constituyen como respaldo de otras obligaciones (propias o ajenas), y a que “una vez pagadas o extinguidas las obligaciones garantizadas, la garantía pierde su razón de ser, pues no existe qué asegurar (…)”[4]. Recuerda que la misma ley estableció la obligación del acreedor garantizado de presentar el formulario registral para cancelar o modificar la garantía mobiliaria constituida, una vez el garante haya cumplido completa o parcialmente con sus obligaciones (numerales 5 y 6 del artículo 19), por lo que expresa que “la disposición objeto de la presente demanda de constitucionalidad versa, precisamente, sobre la forma en que el garante puede solicitar al acreedor garantizado el cumplimiento de dicha obligación” (Negrilla en texto original). Puntualiza que la obligación del acreedor garantizado (de cancelar la garantía) es una especie de obligación de hacer (suscripción de un documento), susceptible de ser demandada en proceso ejecutivo, conforme a los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, el cual estima muy eficiente para lograr el cumplimiento de la obligación. Partiendo de este fundamento, compara los términos y etapas del proceso ejecutivo con el “procedimiento impuesto en la disposición demandada”, afirmando que “lejos de la simplicidad de la ejecución por obligación de suscribir documentos, el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 dispone una pluralidad de trámites que el garante cumplido debe necesariamente recorrer para poder obtener la cancelación del registro de garantía mobiliaria del acreedor caucionado con ella” (Subrayas fuera del texto original). Como sustento de lo anterior, identifica ocho pasos que surgen de la disposición atacada para reclamar la cancelación de la garantía, así: · “Primer paso. Primera solicitud al acreedor garantizado”. En la cual el garante cumplido debe presentar una solicitud privada al acreedor garantizado. Indica que la practica exige que esta solicitud se formule por escrito enviado por correo certificado o por correo electrónico. · “Segundo paso. Primer término de 15 días”. “Se trata de un término muerto de tres semanas o más, en el que el garante cumplido debe esperar si el acreedor garantizado acepta o no la cancelación solicitada”. · “Tercer paso. Segunda solicitud al acreedor garantizado”. “Se trata de una nueva solicitud (ante un notario), que representa una segunda oportunidad para que el acreedor garantizado cancele el registro de la garantía mobiliaria, pero esta vez con mayores costos de transacción que la primera” (pago de tarifas notariales, de protocolización, asesoría de un abogado). “La presentación ante el notario es una condición necesaria para poder acceder a la jurisdicción, pues de acuerdo con el procedimiento previsto en la norma demandada sólo el notario está facultado para remitir las diligencias al juez competente”. · “Cuarto paso. Segundo término de 15 días”. “Se trata de un nuevo término muerto, que no representa para el garante cumplido casi ninguna ventaja para obtener que se cancele la garantía que grava sus bienes”. · “Quinto paso. Protocolización y remisión de la escritura pública”. “La extensión de una escritura pública exige que el garante cumplido incurra en diversos gastos, como las tarifas de escrituración de que tratan los artículos 2.2.26.13.2.1.1 y 2.2.13.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. Las mencionadas tarifas no sólo representan costos adicionales para el garante que se pueden convertir en auténticas barreras económicas de acceso a la justicia, sino que además carecen de proporcionalidad respecto de los gastos que, en un inicio, había generado la inscripción de la garantía mobiliaria”. · “Sexto paso. Proceso verbal sumario”. “El proceso verbal sumario implica una demora para el garante cumplido de más de dos años y medio” (calcula el tiempo de la etapa de calificación de la demanda, la notificación al demandado y del desarrollo del proceso). · “Séptimo paso. Solicitud de ejecución de la sentencia”. La norma “no va más allá del trámite del proceso verbal sumario”, el cual es “de naturaleza declarativa, cuyo objeto se agota en la determinación de los derechos de las partes en la sentencia”, por lo que “las decisiones a las que llegue el juez deben hacerse efectivas”, debiendo el garante cumplido acudir al procedimiento establecido en el artículo 306 del Código General del Proceso para solicitar la ejecución de la sentencia de condena por la obligación de hacer. “Se trata, nuevamente, de un trámite adicional que el garante debe seguir para poder lograr la cancelación de la garantía, y que en el presente caso carece de justificación a la luz del derecho de acceso a la justicia”. · “Octavo paso. Ejecución de la sentencia”. “Resulta evidente, sin entrar en mayores detalles, que la norma demandada establece todo un complejo entramado de comunicaciones, plazos, gastos y trámites previos al inicio de un proceso ejecutivo por obligación de suscribir documentos, que no sólo resultan absolutamente innecesarios para efectos prácticos, sino que además se convierten en auténticos obstáculos para que el garante acceda a la administración de justicia a reclamar de manera efectiva, la tutela de sus derechos”. Considera que ninguno de estos pasos, trámites, recursos monetarios y tiempos, son necesarios para obtener la cancelación de la garantía inscrita en el Registro de Garantías Mobiliarias, “de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley ordinaria para la ejecución de obligaciones de hacer –suscribir documentos”. De esta manera, como pretensión principal, solicita declarar la inexequibilidad del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 y, como consecuencia de esta declaración, extender los efectos de inexequibilidad a los artículos 2.2.2.4.1.27, 2.2.2.4.1.28 y 2.2.2.4.1.29 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015), por decaimiento y pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, cuyo fundamento de derecho es el artículo demandado. Subsidiariamente, pide declarar la exequibilidad condicionada del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, “bajo el entendido de que ninguno de los procedimientos allí previstos es obligatorio, ni puede constituirse en barreras para acceder a la administración de justicia, y que el garante siempre estará habilitado para acudir directamente a la jurisdicción a reclamar la cancelación de la garantía mobiliaria”. Como consecuencia de esta declaración, solicita extender los efectos de la exequibilidad condicionada a los citados artículos del Decreto 1074 de 2015, pues “dichas normas reglamentan la disposición demandada, y sólo pueden ser entendidos y aplicados en los estrictos y precisos términos de la sentencia que declare la exequibilidad condicionada”. IV. INTERVENCIONES INTERVENCIONES DE ENTIDADES OFICIALES 1. Ministerio de Justicia y del Derecho. Interviene en el presente asunto por intermedio de la Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, a favor de la exequibilidad del artículo cuestionado. Previamente cuestiona la aptitud de la demanda, toda vez que “el reproche de inconstitucionalidad que plantea el accionante se erige sobre un supuesto erróneo, a saber, la obligatoriedad del agotamiento del trámite notarial para el acceso a la justicia, cuando éste es sólo una de las muchas alternativas para obtener la cancelación de la garantía mobiliaria”. Estima que parte de la argumentación del accionante no se sustenta en un análisis estricto de lo establecido de forma expresa en la norma acusada, sino en “un análisis especulativo y casuístico sobre situaciones eventuales que podrían devenir como consecuencia indirecta de lo consagrado en ella por parte del Legislador”. En cuanto al cargo formulado, manifiesta que este no debe prosperar porque la disposición cuestionada surge de la amplia libertad de configuración legislativa que tiene el Congreso de la República en materia procedimental, la cual no tiene por finalidad entorpecer el acceso de las personas ante la justicia, sino establecer un procedimiento aplicable para la cancelación del registro de las garantías mobiliarias, “cuando por olvido, descuido, laxitud o falta de previsión del garante y el acreedor garantizado, estos no hayan previsto la oportunidad, conveniencia y necesidad de pre constituir un título ejecutivo que, a su debido tiempo, haga imperioso para el acreedor el cumplimiento de la obligación a su cargo”. 2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta entidad, a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, interviene ante esta Corporación para solicitar se declare la exequibilidad de la disposición demandada. Explica que la Ley 1676 de 2013 fue expedida en cumplimiento de expresas normas derivadas de acuerdos internacionales, con el propósito de actualizar y ajustar la legislación en materia de garantías mobiliarias a los estándares previstos en “la Ley Modelo Interamericana Sobre Garantías Mobiliarias”, aprobada por la Organización de Estados Americanos. De forma sucinta señala que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el legislador cuenta con una amplia discrecionalidad para expedir normas procedimentales, que en este caso refieren a la “regulación básica para el desarrollo de los procesos de ejecución individual y concursal”. 3. Superintendencia de Notariado y Registro. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia, interviene sin manifestar de forma expresa si está a favor o en contra de la constitucionalidad de la norma demandada. Considera que los mecanismos establecidos en toda la Ley 1676 de 2013, “constituyen un esfuerzo por implementar medidas y mecanismos que contribuyan con la agilización de los procedimientos y trámites relacionados con el tráfico jurídico y comercial del país”. Señala que el artículo cuestionado busca contribuir con la descongestión de los despachos judiciales cuando, en ausencia de controversia, las partes pueden proceder de común acuerdo para la resolución y terminación de relaciones jurídicas y comerciales. Sin embargo, aclara que “la administración de justicia es una competencia exclusiva del sistema judicial, por lo cual, ante un desacuerdo o negativa de proceder, hay lugar a la intervención jurisdiccional”. INTERVENCIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 4. Universidad Sergio Arboleda. El Decano de la Escuela de Derecho de esta institución emite concepto en favor de la constitucionalidad condicionada del artículo demandado, “si se entiende como un procedimiento dispositivo (no obligatorio)”. Menciona que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1676 de 2013, esta tenía como objetivo facilitar el acceso al crédito y de actualizar la normatividad en materia de garantías mobiliarias. Indica que la ley buscaba garantizar los derechos de las partes, facilitando el “enforcement”, la publicidad, la oponibilidad, el comportamiento de buena fe y exigibilidad de todos los deberes emanados de la misma ley, a través de una reforma estructural del régimen de garantías mobiliarias en Colombia. Sin embargo, asevera que no hay causa ni fundamento alguno para que el legislador en el artículo 76 demandado prescriba un itinerario de comunicaciones y plazos que solo perjudican al deudor y benefician al acreedor garantizado, “al que se le abre la puerta a un posible abuso, a una posesión sin fundamento ni causa, y a un potencial daño patrimonial al deudor que no puede disponer de bienes que son libres y liberados de otras obligaciones de garantía ya satisfechas”. Por tanto, en su concepto, “solo si se establece como no obligatorio el procedimiento notarial para la cancelación de la garantía, no se vulnera el acceso a la justicia, pues los procedimientos de cancelación dispositivos son mecanismos eficientes para la solución de controversias, que permiten salvaguardar los derechos de las partes (tanto del deudor como del acreedor), así como, corregir los problemas sin necesidad de saturar, aún más, el sistema judicial”. 5. Universidad Externado de Colombia. El Director del Departamento de Derecho Procesal de esta institución presenta concepto en donde solicita la exequibilidad condicionada de la disposición demandada, “bajo el entendido que el requisito de procedibilidad impuesto por la misma, consistente en el requerimiento al acreedor y su consecuente citación ante notario, son potestativos del deudor”. Señala que la exigencia legal de acudir al acreedor y, ante su renuencia, a un notario para obtener la cancelación de la garantía, impone una serie de cargas y costos al deudor que no le permite acceder de manera directa y efectiva a la jurisdicción para obtener la tutela de sus derechos. Así, estima que “el demandante menciona con atino que dichos costos y cargas van desde el pago de una protocolización que dé cuenta de la cancelación de la medida hasta la pérdida innecesaria de tiempo mientras se agotan los plazos y trámites previstos por la ley”. De otra parte, en cuanto al argumento del actor respecto de que el proceso verbal sumario es un proceso declarativo más demorado y complejo en su estructura que uno ejecutivo para obtener la cancelación de la garantía mobiliaria, considera que el establecimiento de dicho proceso por parte del legislador, hace parte de su amplia potestad de configuración en materia procesal. 6. Universidad Libre de Colombia. El Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de esta Universidad, interviene ante esta Corporación con el fin de solicitar se declare la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013. Afirma que el procedimiento establecido por el legislador en el artículo demandado persigue un fin constitucional como es viabilizar el derecho del deudor para lograr el levantamiento de una garantía mobiliaria cuando ha sido cancelada la obligación, incentivando que sea a través del ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, que las partes –acreedor y deudor- consientan mutuamente en el levantamiento de la garantía, dejando como última instancia para el deudor acudir a la jurisdicción para materializar sus derechos, “por lo que en todo caso se garantiza el derecho del deudor de acceder a la administración de justicia”. Precisa que lo anterior, “redunda en beneficio del propio deudor quien se beneficia en reducción potencial de costos de transacción y, además, tiene un impacto positivo en términos de descongestión judicial, pues al incentivarse el arreglo directo entre acreedor y deudor, se evita que lleguen a los despachos judiciales aquellos casos solucionados directamente por los interesados”. Agrega que, aun cuando el procedimiento de protocolización notarial conlleva ciertos costos de transacción para el deudor, en caso de que efectúe el levantamiento de la inscripción de la garantía mobiliaria mediante protocolización notarial, “los costos de transacción asumidos serán muy inferiores a los que se hubiere incurrido en un proceso judicial”. 7. Universidad de Antioquia. Esta institución de educación superior, por intermedio del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, interviene para solicitar se declare la inexequibilidad del artículo cuestionado. Luego de hacer alusión a la sentencia C-086 de 2016, relacionada con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad de configuración de procedimientos judiciales por parte del legislador, de manera concisa estima que “frente a la norma acusada en relación a los cargos jurídicos propuestos por el demandante, que se basan en un análisis del alcance material de dicha disposición normativa, se entrevé que ésta no cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de su forma, y no habiendo una razón objetiva que soporte tal disposición, atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y por lo tanto debería ser declarada inexequible”. INTERVENCIONES DE ORGANIZACIONES O CORPORACIONES SOCIALES O CIVILES 8. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por intermedio de unos de sus miembros, esta organización pide a la Corte declarar la constitucionalidad de la disposición acusada. Expone que de acuerdo con la Ley 1676 de 2013, cuando se haya cumplido con todas las obligaciones garantizadas con una garantía mobiliaria, o se hubiere terminado la ejecución en los términos previstos en el artículo 72, o se haya realizado la enajenación o aprehensión de los bienes en garantía, el garante puede solicitar al acreedor garantizado de dichas obligaciones, la cancelación de la inscripción de su garantía mobiliaria, y si este no lo hace dentro de un término de 15 días, el garante “podrá” presentar la solicitud de cancelación de la inscripción ante un notario. Asegura que el verbo “poder” “implica que el garante tiene la posibilidad de no acudir a este trámite, lo que determina que es un trámite voluntario. Si el legislador hubiera querido que siempre se cumpliera dicho trámite lo hubiera indicado, señalando, por ejemplo, que el garante que quiera obtener la cancelación de la inscripción, cuando el acreedor no la haya hecho, “deberá” presentar una solicitud ante notario. Este no es el texto del precepto que se analiza”. Destaca que el actor en su cargo parte de un supuesto erróneo, es decir, que el proceso idóneo para cancelar una garantía mobiliaria es el proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación de hacer, cuando la realidad es que deberá acudirse normalmente a un proceso declarativo. 9. Instituto Colombiano de Derecho Procesal. A través de uno de sus miembros, este instituto solicita la exequibilidad de la norma cuestionada. Previo a ello, el interviniente cuestiona la aptitud de la demanda, toda vez que parte del supuesto errado de que el enunciado normativo acusado le impone al deudor –garante- la necesidad de acudir, siempre y en todos los casos, al trámite del artículo 76 de la ley de garantías mobiliarias. Sin embargo, considera que la anterior lectura no se compadece con la realidad, como quiera que “el acudir al trámite notarial no es una especie de “cláusula escalonada” que adquiera la connotación de barrera para acceder a la justicia, pues por ningún lado la norma consagró un mandato imperativo al haber empleado el verbo “podrá”, sino que éste tiene el carácter de permisivo, no de impositivo, y en tal virtud el peticionario puede, a su arbitrio, o acogerse a la prerrogativa que le confiere dicha norma, o acudir (por una vía más compleja y demorada) a reclamar su solicitud por el cauce judicial”. Cuestiona la presunta “eficacia” del proceso ejecutivo argüida por el actor para tratar de demostrar la inconstitucionalidad del trámite previsto en la disposición acusada, al evidenciar que dicho proceso implica la calificación de la demanda, la notificación del auto de mandamiento ejecutivo, el decreto de embargos y la formulación de excepciones de mérito, estas últimas que lo harán entrar en una fase declarativa “que de seguro consumirá mucho más tiempo que el que se invertiría dentro del proceso notarial”. INTERVENCIONES DE ENTIDADES GREMIALES 10. Unión Colegiada de Notariado Colombiano. Por intermedio de su representante legal, esta entidad solicita se declare la inexequibilidad del precepto impugnado, por cuanto que este constituye una barrera injustificada de acceso a la administración de justicia, al establecer un trámite prejudicial que no presenta utilidad alguna para las partes de un negocio jurídico, “y sí dilata su posibilidad de recabar judicialmente el cumplimiento de una obligación exigible”. Estima que la intervención del notario en el aludido trámite “es extraña y afuncional además de innecesaria, pues no “encaja” con la situación que pueda adelantar ante un notario a través de los trámites no contenciosos (liquidación de herencia de común acuerdo, celebración de matrimonios civiles, divorcio, disolución y liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales, donaciones, etc.), ni en la actuación notarial que el Decreto Ley 960 de 1970 tiene reglada para el Notariado de Estirpe Latina como es el colombiano”. Advierte que cuando el acreedor garantizado niega la cancelación, los plazos para acceder a la justicia en virtud del artículo cuestionado se han incrementado, por lo que el papel del notario deviene inoperante en la pretendida celeridad y facilidad del procedimiento previsto, pues “se torna en intermediario del garante ante la administración de justicia y, de contera, responde de los daños y perjuicios que sus actuaciones irregulares causen, cuando solo se ha limitado a prestar el servicio ordenado en la ley, a solicitud del garante”. 11. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. A través de su Presidente, esta entidad interviene para solicitar la exequibilidad de la disposición acusada. Dice que de la lectura armónica de la Ley 1676 de 2013, se advierte que los mecanismos especiales consagrados para la ejecución y cancelación de la garantía, “no riñen con los procedimientos ordinarios consagrados por el Código General del Proceso para la ejecución de obligaciones de hacer, ya que de la simple lectura del articulado, no se observa que el legislador haya consagrado una prohibición o un prerrequisito para acceder a este mecanismo ordinario”. Aduce que fue intención del legislador prever procedimientos expeditos para casos como el contemplado por el artículo 76, que eviten de manera ágil y oportuna que los derechos de los deudores, así como su patrimonio, resulten afectados. En ese orden, asevera que “este trámite en nada impide que en Colombia, a prevención del deudor afectado, se pueda acudir a los mecanismos ordinarios previstos por el Código General del Proceso”, los cuales, en la práctica, implican mayores términos para la cancelación forzosa de la garantía, además del incremento de gastos propios de los trámites judiciales por concepto de honorarios de los profesionales del derecho. 12. Cámara de Comercio de Bogotá. Esta institución por intermedio del apoderado general para asuntos judiciales y administrativos, se dirige a la Corte para manifestar que se abstiene de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma demandada, toda vez que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1676 de 2013, el registro de las garantías mobiliarias es llevado de manera centralizada por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. INTERVENCIONES CIUDADANAS 13. Juan David Gómez Pérez. Interviene para solicitar la exequibilidad del artículo demandado. Previamente alega que la demanda incurre en ineptitud sustantiva por el incumplimiento de los requisitos formales. En su concepto, para que el cargo pudiera tener relevancia jurídica, se hacía necesario un análisis, al menos sumario, de la comparación entre el escenario en que se encontraría algún interesado en el evento de no existir la norma, contra aquel que la disposición impone, e identificar, en este ejercicio comparativo, cuál es el sobrecosto que se generaría, “pues del planteamiento de la demanda, no se logra comprender cuál sería ese mayor costo, que a su turno se traduciría en la “barrera injustificada”. Esto, aunado al hecho del que “el proceso al cual invita a acudir el actor, esto es, el proceso ejecutivo, puede tardar mucho más en la práctica que un procedimiento como el establecido en la norma”. De otra parte, indica que la norma de manera alguna contraría el acceso a la justicia, en la medida que se trata de un mecanismo optativo que tiene el garante, el cual pude ejercer o no a su voluntad, contrario a la interpretación incorrecta que le imprime el actor. En ese sentido, precisa que “cualquier persona diferente al demandante”, puede advertir que “cuando la norma establece que el garante “podrá” solicitar la cancelación de la garantía directamente al acreedor garantizado, y en caso de no recibir respuesta positiva, “podrá” acudir al Notario para adelantar el trámite incorporado en la norma acusada. La simple utilización del verbo “poder”, enseña que se trata de un mecanismo optativo, y no de un requisito de procedibilidad”. 14. Diana Lucia Talero Castro. Interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad del precepto acusado. Luego de disertar sobre la naturaleza jurídica de la inscripción de la garantía mobiliaria y su eventual o posterior cancelación obligatoria, afirma que “en un análisis literal de la disposición demandada, es forzoso concluir que el deudor garante puede acudir al trámite allí establecido sin que esto se convierta en una obligación o prerrequisito de procedibilidad para el inicio de una posterior acción de carácter judicial”. Adicionalmente, aclara que el proceso ejecutivo al que alude el actor, no es un mecanismo para cancelar una garantía mobiliaria, ya que, si bien la obligación de inscribir la cancelación de la inscripción de la garantía en el Registro es una obligación del acreedor garantizado y un derecho del deudor garante, ésta obligación de carácter legal y su incumplimiento “no constituyen una obligación expresa, clara y exigible para el acreedor que pudiera ser demandada ejecutivamente”. 15. Jimmy Antony Pérez Solano. Interviene para solicitar la inexequibilidad del artículo acusado. En su opinión, “carece de criterios de justicia que la norma disponga una carga (barrera) injustificada para que quienes, actuando de buena fe, siendo garante cumplido, se vea impelido a seguir un procedimiento específico, con unos plazos y características concretas, que no mejora las posibilidades que con anterioridad a la expedición de dicha ley ya le brindaba el ordenamiento jurídico por la vía del Código de Procedimiento Civil y más recientemente por el Código General del Proceso”. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto, en el que solicita a la Corte declararse inhibida para decidir de fondo y, subsidiariamente, la exequibilidad del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013. Estima el Ministerio Público que la demanda presenta una ineptitud sustancial, al incumplir el requisito de certeza, dado que el cargo formulado no se dirige contra el texto literal de la disposición atacada ni del alcance que pueda dársele sino contra la propia interpretación que el actor hace de la misma. En su concepto, el escenario facultativo establecido en la disposición cuestionada, aludiendo a la expresión “podrá”, contrasta con el de obligatoriedad aducido por el accionante, “pues del sentido de la norma no se evidencia el establecimiento de un requisito para el acceso a la administración de justicia que de alguna forma se traduzca en una barrera para el mismo”. Así, entonces, asevera que la disposición demandada no limita la aplicación armónica de las disposiciones contenidas en la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso-, pues además de considerar que esta norma mantiene su vigencia y no se modifica en lo particular por el artículo acusado, la ley estableció la posibilidad de contar con un trámite extrajudicial para la ejecución de las garantías cuando no existieran oposiciones, ya que en caso de existir, éstas se deben resolver por la autoridad jurisdiccional. De otra parte, señala que “aun si se admitiera la interpretación de la disposición atacada en el sentido que plantea el accionante, concluyendo que se establece una condición o requisito previo para acceder a la instancia judicial, esto no conduciría a la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en la medida que no resulta ser una limitación irrazonable, desproporcionada, ni absoluta”. Por último, respecto de las pretensiones planteadas por el actor de manera consecuencial a las declaraciones que solicita, es decir, extender la inexequibilidad o exequibilidad condicionada a tres artículos del Decreto 1074 de 2015, precisa que dicha normativa es compilatoria de las disposiciones reglamentarias preexistentes del sector comercio, industria y turismo, sobre las que la Corte carece de competencia para pronunciarse, toda vez que las mismas son de naturaleza administrativa y su control recae en el Consejo de Estado. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, toda vez que la norma acusada hace parte de una ley de la República, en este caso, la Ley 1676 de 2013. Asunto preliminar. La aptitud sustantiva de la demanda 2. Como cuestión previa a la identificación de los problemas jurídicos y la metodología de la presente decisión, la Sala debe determinar si la demanda presentada por el ciudadano Nicolás Pájaro Moreno ofrece un cargo de constitucionalidad que cumpla con las condiciones fijadas por la Ley y la jurisprudencia de esta Corte. Esto es necesario debido a que distintos intervinientes[5] y el Procurador General de la Nación señalan que la demanda no cumple con estas condiciones mínimas, toda vez que se funda en una interpretación subjetiva del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, en cuanto da a dicho precepto un alcance que no es atribuible a su contenido real. En ese sentido, debe verificarse por parte de la Corte si la demanda está sustentada en una interpretación razonable y adecuada de la norma acusada y, en consecuencia, se está ante un cargo de inconstitucionalidad verificable. Debe sobre este particular tenerse en cuenta que el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991 establece que se rechazarán las demandas cuando no cumplan con las condiciones formales para ello. Si bien, como regla general el examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa de admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta evidente en esa fase preliminar el incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la Sala Plena abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad[6]. Con el fin de dilucidar esta cuestión preliminar, la Corte adoptará la siguiente metodología: En primer término, reiterará el precedente constitucional sobre la fundamentación y contenido de los requisitos argumentativos mínimos que debe satisfacer una demanda de constitucionalidad. Luego, examinará el cargo formulado y a partir de ello definirá si los requisitos mencionados son cumplidos en el caso objeto de examen. Los presupuestos argumentativos de las demandas de inconstitucionalidad[7] 3. Esta Corporación a partir de la sentencia C-1052 de 2001, ha fijado un precedente reiterado y estable acerca de las condiciones argumentativas mínimas que deben cumplir las demandas de constitucionalidad[8]. Este precedente ha considerado que, debido a que la acción pública de inconstitucionalidad es expresión de la democracia participativa y pluralista, se requiere de condiciones argumentativas mínimas que permitan la discusión entre diversas posturas y que, a su vez, informen a la Corte sobre el contenido y alcance del problema jurídico constitucional que se somete a su decisión. Se trata de un ejercicio de deliberación sujeto a que se esté ante un debate jurídico genuino, pues de lo contrario no podrá adoptarse una resolución de fondo por parte de la Sala. 4. El Decreto ley 2067 de 1991, estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que se surten ante esta Corte, concretamente, en el artículo 2º dispuso que las demandas de inconstitucionalidad deben satisfacer unos requisitos mínimos: “(i) el señalamiento de las normas acusadas, bien sea a través de su transcripción literal o de la inclusión de un ejemplar de una publicación oficial de las mismas; (ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) la exposición de las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando ello resultare aplicable, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual esta Corporación es competente para conocer de la demanda”.[9] 5. Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “para que pueda trabarse un debate de esta naturaleza, es preciso que la demanda reúna unos contenidos indispensables, los cuales son precisamente aquellos contemplados por la disposición a la que antes se hizo referencia[10]. Esta exigencia no puede entenderse como una limitación desproporcionada al ejercicio del ius postulandi sino, por el contrario, como una carga de necesario cumplimiento para que el procedimiento de control llegue a buen término, pues de lo que se trata es que el demandante cumpla con unos deberes mínimos de comunicación y argumentación que ilustren a la Corte sobre la disposición acusada, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia”[11]. 6. De igual forma, la Corte ha enfatizado el vínculo entre los requisitos mínimos argumentativos y la participación democrática que precede a la acción pública de inconstitucionalidad. Sobre este particular, se ha considerado que la exigencia de tales requisitos no constituye una restricción al ciudadano de su derecho a “participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, ‘sino que por el contrario, hace eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. El objetivo de tales exigencias en la argumentación, no es otro que garantizar la autorrestricción judicial y un debate constitucional en el que el demandante y no el juez sea quien defina el ámbito del control constitucional.”[12] 7. De esta manera, el cumplimiento de dichos requisitos mínimos también opera, como se ha indicado, como un mecanismo de auto restricción judicial. En efecto, el control de constitucionalidad es, en el caso de la acción pública, de carácter rogado y, por ende, los cargos propuestos delimitan el ámbito de decisión de la Corte. Por lo tanto, esta Corporación está limitada para asumir nuevos asuntos que no han sido propuestos por el demandante o, menos aún, puede construir acusaciones no planteadas. Es claro que la Corte tiene vedado suplir la demanda del accionante, bien sea en el perfeccionamiento de una argumentación deficiente o en la formulación de nuevos cargos de inconstitucionalidad, ausentes en el libelo. Asimismo, el establecimiento de los requisitos argumentativos de la demanda de constitucionalidad se relaciona directamente con la vigencia del principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, y la presunción de constitucionalidad de las leyes. Dado que las leyes son producto de la actividad democrática deliberativa del Congreso, se entienden amparadas por la presunción de compatibilidad con la Constitución, la cual solo puede ser derrotada a través del ejercicio del control de constitucionalidad que, en el caso de aquellas normas susceptibles de la acción pública, supone la existencia de una acusación concreta que demuestre la oposición entre el precepto legal y la Carta Política. 8. La jurisprudencia constitucional ha construido reglas suficientemente definidas sobre las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad[13]. 8.1. La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque como se ha indicado, debido al carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles. 8.2. La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado. 8.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[14] 8.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”[15]. En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias, en la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante, en su aplicación a un problema particular y concreto, o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad. 8.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” [16] 9. Esta Corporación ha precisado que la exigencia de estos requisitos no supone en modo alguno la adopción de una técnica específica, sino simplemente unos requerimientos argumentativos indispensables para que pueda evidenciarse una acusación jurídico constitucional objetiva y verificable. De cara a lo expuesto, es preciso señalar que la citada sentencia C-1052 de 2001[17], recalcó que el cumplimiento de la carga de argumentar mínimamente la pretensión de inconstitucionalidad se explica en que a partir de dicha fundamentación es que se efectúa el examen de la norma, toda vez que la revisión que se realiza no es oficiosa sino rogada, lo cual implica que “efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”[18]. 10. De igual manera, se ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser estudiada a la luz del principio pro actione -por razón de la naturaleza pública de esta acción[19]-, en virtud del cual cuando exista duda acerca del cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales de la demanda, esta se resuelve a favor del accionante, admitiéndola como apta y resolviendo el fondo del asunto. Sin embargo, debe precisarse que la aplicación de este principio, no puede ser llevada al absurdo de que la Corte resuelva sobre la exequibilidad de una norma construyendo el cargo ante la insuficiente argumentación de quien la interpuso[20]. 11. En esas condiciones, si al estudiar los cargos propuestos en una demanda, la Corte encuentra que no se cumplen las exigencias del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y de la jurisprudencia constitucional[21], se impone la necesidad de proferir un fallo inhibitorio, por la ineptitud sustancial de la misma. Tal inhibición, por una parte, garantiza que la Corte ajuste su ámbito de decisión a los cargos propuestos, sin suplir el papel del demandante y, por otra, implica la ausencia de cosa juzgada frente a las normas impugnadas, tornando viable la posibilidad de presentar nuevas acciones contra ellas, oportunidad que se eliminaría si la Corte, pese a las deficiencias argumentativas de los cargos, optara por pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los contenidos normativos acusados[22]. Atendiendo el anterior desarrollo, procede la Sala a examinar si en el caso concreto, la demanda ciudadana cumple con estos mínimos presupuestos argumentativos. De lo contrario, existiría ineptitud sustantiva de la demanda, lo cual impediría el análisis propuesto dando lugar a una decisión inhibitoria. Análisis del cargo 12. En esta oportunidad el accionante cuestiona la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, al estimar que desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, consagrado el artículo 229 superior, así como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 2, 8-1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con el cargo formulado por el actor, “la norma demandada establece barreras de acceso a la administración de justicia para lograr que se cancele una garantía mobiliaria cuando ya se ha extinguido la obligación que ella respaldaba”. A tal efecto, manifiesta que “la disposición acusada obliga al garante cumplido a seguir un procedimiento con altos costos de tiempo, dinero y trámites, antes de permitirle acceder a los mecanismos ordinarios idóneos para lograr que se cancele una garantía mobiliaria que grava sus bienes”. Señala que cuando se ha satisfecho la obligación garantizada, el acreedor beneficiario está en la obligación de cancelar la garantía, suscribiendo el formulario registral de cancelación de la garantía mobiliaria de que trata la misma ley. Expone que cuando el acreedor no cancela el registro de la garantía, “el Código General del Proceso establece un trámite específico para perseguir el cumplimiento de las obligaciones de hacer, en el proceso ejecutivo por obligación de suscribir documentos”. Así, afirma que la norma demandada establece todo un complejo entramado de ocho pasos para reclamar la cancelación de la garantía (1. “Primera solicitud al acreedor garantizado”, 2. “Primer término de 15 días”, 3. “Segunda solicitud al acreedor garantizado”, 4. “Segundo término de 15 días”, 5. “Protocolización y remisión de la escritura pública”, 6. “Proceso verbal sumario”, 7. “Solicitud de ejecución de la sentencia” y 8. “Ejecución de la sentencia”), que supone comunicaciones, plazos, gastos y trámites previos al inicio de un proceso ejecutivo, “que no sólo resultan absolutamente innecesarios para efectos prácticos, sino que además se convierten en auténticos obstáculos para que el garante acceda a la administración de justicia a reclamar, de manera efectiva, la tutela de sus derechos”. Por tanto, solicita como pretensión principal la inexequibilidad del artículo demandado, extendiéndose los efectos de dicha declaratoria a los artículos 2.2.2.4.1.27, 2.2.2.4.1.28 y 2.2.2.4.1.29 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y turismo (Decreto 1074 de 2015) que reglamentan la disposición acusada. En subsidio, pide se declare la exequibilidad condicionada de la norma, bajo el entendido que ninguno de los procedimientos allí previstos es obligatorio y que el garante siempre estará habilitado para acudir directamente a la jurisdicción a reclamar la cancelación de la aludida garantía. Asimismo, solicita que se extienda los efectos de la constitucionalidad condicionada a los tres artículos señalados del Decreto 1074 de 2015. 13. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el ciudadano Juan David Gómez Pérez y el Procurador General de la Nación cuestionan la aptitud de la demanda, solicitando la inhibición. Estiman que el cargo formulado no reúne las condiciones mínimas para que la Corte emita un pronunciamiento de fondo, en particular por no cumplir con el requisito de certeza, toda vez que se funda en una interpretación subjetiva del artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, en la medida que atribuye a dicho precepto un alcance que no se desprende de su contenido real, como lo es que el trámite notarial es obligatorio cuando de la redacción de la norma se evidencia que es potestativo. 14. En este contexto, advierte la Corte que aun cuando en la fase de admisión el Magistrado sustanciador estimó que la presente demanda de inconstitucionalidad contenía un cargo con la virtualidad de propiciar un debate constitucional, lo cierto es que del examen detenido del contenido de la acción, de las intervenciones y el concepto del Ministerio Público, se observa que la argumentación expuesta por el actor no cumple con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia como pasa a explicarse. 15. En primer lugar, la Sala observa que la demanda formulada por el ciudadano Nicolás Pájaro Moreno carece de la certeza requerida, toda vez que al precepto acusado no le es atribuible el sentido del cual parte el cargo. En efecto, de acuerdo con la argumentación del actor, el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 “obliga al garante cumplido a seguir un procedimiento con altos costos en tiempo, dinero y trámites, antes de permitirle acceder a los mecanismos ordinarios para lograr que se cancele una garantía mobiliaria que grava sus bienes”, así como que “dispone una pluralidad de trámites que el garante cumplido debe necesariamente recorrer para poder obtener la cancelación del registro de garantía mobiliaria del acreedor caucionado con ella” (destaca la Sala). Sin embargo, atendiendo la literalidad del texto demandado, se lee en su segundo inciso que “si el acreedor garantizado no cumple con dicha solicitud dentro de los quince (15) días siguientes a la petición, podrá presentar la solicitud de cancelación de la inscripción ante un notario (…)” (destaca la Sala). Desde esta óptica se evidencia que la consideración facultativa “podrá” se establece únicamente para la presentación de la solicitud de cancelación de la inscripción de la garantía mobiliaria ante el notario. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española), el verbo poder (del lat. vulg. *potēre, creado sobre ciertas formas del verbo lat. posse ‘poder’) se refiere a “1. tr. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo; 2. tr. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. (…) 6. intr. Ser contingente o posible que suceda algo. (…)”. A su vez que entiende por facultad el “derecho de hacer alguna cosa”, es decir, el ejercicio de hacer algo por voluntad o derecho del que es facultado. A contrario sensu, el verbo deber (del lat. debēre) alude a “1. tr. Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. (…) 3. tr. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos (…)”[23]. Así entonces, el escenario potestativo previsto en el artículo cuestionado por la expresión “podrá”[24], difiere del de imposición que infiere el actor, ya que del sentido natural de la disposición no se desprende la fijación de una condición para acceder a la administración de justicia o una barrera para ello. Al regular el trámite notarial el artículo acusado no establece que para obtener la cancelación del registro de la garantía mobiliaria deba acudirse solamente al mencionado trámite extrajudicial, como tampoco dispone que el mismo constituye una etapa previa obligatoria para acudir a un proceso judicial. Si esa hubiera sido la voluntad del legislador, así lo habría señalado en la norma, estableciendo expresamente un requisito de procedibilidad o indicado que el garante que quiera obtener la cancelación de la inscripción, cuando el acreedor no lo haya hecho, “deberá” presentar solicitud ante notario. Al respecto debe recordarse que en la medida que la exigencia del cumplimiento de etapas previas para acudir a la judicatura atañe al derecho de acceso a la justicia, tales requisitos deben establecerse clara y expresamente en la ley sin que puedan suponerse[25]. Para la Sala la interpretación del actor se fundamenta en el supuesto de la negación del levantamiento por parte del acreedor garantizado, es decir, supone que toda relación entre garante y acreedor garantizado implica una pugna en la que la intervención del sistema judicial es inevitable, siendo el trámite notarial un obstáculo para acudir directamente ante el juez. Sin embargo, el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 establece la intervención de la judicatura como una opción disponible y desligada al trámite extrajudicial ante el notario o como una medida final tra...