Sentencia C-074 de 2004

C-074-04 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-074/04 ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo de inconstitucionalidad NORMA LEGAL TRANSITORIA-Concepto y objetivo La Corte considera que una norma legal transitoria es aquella expedida para un fin específico y concreto o por un período de tiempo determinado. Usualmente tiene como objetivo evitar que durante el tránsito de una normatividad constitucional o legal a otra se presenten vacíos, inseguridad jurídica o traumatismos respecto del asunto nuevamente regulado. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA LEGAL TRANSITORIA-Procedencia El hecho que una norma legal sea de carácter transitorio, no quiere decir que la misma carezca de validez jurídica y que no pueda ser sometida al control de constitucionalidad. De hecho, un examen de la jurisprudencia de la Corte evidencia que el carácter transitorio que tenga una norma no constituye obstáculo alguno para que esta Corporación profiera un fallo de fondo, pues éste es procedente siempre y cuando la norma continúe produciendo efectos. TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Fuerza jurídica interna/TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Presupuestos para constituir un parámetro de juzgamiento COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN CONCORDATO Y PROTOCOLO FINAL ENTRE COLOMBIA Y LA SANTA SEDE-Inexequibilidad de disposición SENTENCIA DE JUEZ CIVIL-Efectos otorgados por la ley procesal no hace necesario señalamiento en ley posterior REGIMEN MATRIMONIAL-Finalidad y contexto histórico de la cesación de los efectos civiles MATRIMONIO-Efectos de conformidad con la ley civil REGIMEN MATRIMONIAL EN LA CONSTITUCION POLITICA-Finalidad y contexto histórico de la cesación de los efectos civiles DIVORCIO EN MATRIMONIO CATOLICO-Polémica jurídica acerca de su aplicación directa DIVORCIO EN MATRIMONIO CATOLICO-No disolución de vínculo sacramental/MATRIMONIO CATOLICO-Discusión sobre validez de sentencias de cesación de efectos civiles proferidas en un período de tiempo MATRIMONIO CANONICO-Competencia para disolución del vínculo/DIVORCIO EN MATRIMONIO CANONICO-Termina los efectos civiles y no quebranta la ley canónica ni interrumpe vínculo eclesiástico El conocimiento de las disputas sobre la disolución del vínculo canónico es de las autoridades eclesiásticas, en contraposición con lo que estatuye la Carta Política en el sentido de consagrar el divorcio como institución que hace cesar los efectos civiles de todo matrimonio, que al no consagrar excepción incluye toda forma matrimonial: la civil y la de cualquier religión; lo que no significa que el divorcio que de decrete dentro de un matrimonio canónico rompa el vínculo matrimonial, pues ese divorcio no quebranta las observaciones de la ley canónica ni interrumpe el vínculo eclesiástico, sino que termina con los efectos civiles del matrimonio de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución. DEBIDO PROCESO-Regulación previa/DEBIDO PROCESO-Competencia judicial La Corte ha entendido que el derecho al debido proceso conlleva que exista una regulación previa que limite el alcance del poder del Estado y garantice los derechos de los ciudadanos, de manera tal que ninguna autoridad pública pueda actuar por fuera de sus competencias o sin sujetarse a los procedimientos señalados en la ley. DEBIDO PROCESO-Garantías mínimas SENTENCIA DE DIVORCIO DE MATRIMONIO CATOLICO-Decisiones proferidas por jueces civiles SENTENCIA DE DIVORCIO DE MATRIMONIO CATOLICO-Competencia del juez civil sólo hace cesar efectos civiles y no disuelve vínculo sacramental Mediante el artículo acusado, el legislador no vulneró el derecho al debido proceso por cuando, de manera clara y expresa la Constitución dispone que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y por ende, el Congreso de la República se limitó a desarrollar un aspecto procesal de la anterior disposición constitucional, lo cual no significa, que se hayan desconocido las competencias de las autoridades eclesiásticas, ya que no se les entregó a los jueces civiles la facultad de disolver el vínculo sacramental de un matrimonio católico; sino, tan sólo aquella de cesar los efectos civiles por sentencia de divorcio de cualquier matrimonio. Referencia: expediente D-4657 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 "por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política". Actor: Carlos Felipe Castrillón Muñoz Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1.- El ciudadano Carlos Felipe Castrillón Muñoz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 241 y 242 de la Carta Política, presentó demanda contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 "por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución", por considerar que el mencionado artículo vulnera los artículos 4, 9, 29, 42 -incisos 6, 9, 11 y 12- y 224 de la Constitución Política. Sin embargo, al final de su escrito interpuso recusación contra todos los magistrados de la Corte, por considerar que habían conceptuado con anterioridad acerca de la presente demanda y por ende no había a su juicio "garantía ni de imparcialidad ni de objetividad para estudiar con el debido desapasionamiento esta demanda...". 2.- La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto del 27 de mayo de 2003, resolvió declarar que no eran pertinentes las causales de recusación formuladas por el accionante contra la totalidad de los magistrados de la Corte para conocer de la nueva demanda instaurada contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992. 3.- No obstante lo anterior, el 30 de mayo de 2003 el actor presentó escrito mediante el cual interponía otra recusación contra todos los magistrados de la Corte Constitucional, alegando causales diferentes a la recusación presentada inicialmente. 4.- Mediante auto del 19 de junio de 2003, el Despacho de la Magistrada había asumido el conocimiento de la demanda presentada por el señor Castrillón Muñoz. No obstante, teniendo en cuenta que el escrito de fecha 30 de mayo de 2003 anunciaba una nueva recusación, la cual debía ser resuelta antes de cualquier pronunciamiento por parte de esta Corporación respecto a la admisión o inadmisión de la demanda, el 25 de junio de 2003 se profirió un auto en el cual se resolvió "DEJAR SIN EFECTO ALGUNO el auto del 19 de junio del año en curso", con el fin de que la Sala se pronunciara, previamente, acerca de la nueva recusación. 5.- El 26 de junio de 2003, el actor presentó un nuevo escrito en el cual planteaba algunos argumentos adicionales a la recusación; por tal razón, dicho escrito se tomó como una ampliación de la solicitud de recusación presentada el 30 de mayo de 2003. 6.- El 27 de junio del año 2003, el actor presentó escrito en el cual hacía referencia al auto de inadmisión y precisaba algunos aspectos de su demanda inicial, para lo cual anexó un escrito relacionado con el tema de las segundas nupcias. 7.- En relación con el escrito anterior, la Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 9 de julio le informó al señor Castrillón que su escrito del 27 de junio no iba a ser tenido en cuenta en esa oportunidad, en virtud a que hacía referencia al auto de inadmisión del 19 de junio de 2003, el cual fue dejado sin efectos por auto posterior, y por cuanto se estaba a la espera del pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte acerca de la mencionada recusación. 8.- El 9 de julio de 2003, la Sala Plena de esta Corporación declaró que no eran pertinentes las causales de la segunda recusación formuladas por el ciudadano Carlos Felipe Castrillón Muñoz contra la totalidad de los magistrados de la Corte para conocer de la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, planteadas en los escritos del 30 de mayo y 26 de junio del año en curso. 9.- El 21 de julio del año 2003, el demandante presentó escrito por medio del cual, exponiendo de manera clara sus razones, reiteró que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 era inconstitucional. 10.- El 31 de julio de 2003, la Magistrada Sustanciadora consideró que tanto el mencionado escrito del 27 de junio como el presentado con posterioridad el 21 de julio, debían tenerse en cuenta como parte integral de la demanda inicial. En efecto, precisó que estudiados conjuntamente los escritos que obran en el expediente, se apreciaba que los mismos sí cumplían con los requisitos exigidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Por ello resolvió admitir la demanda, ordenando su fijación en lista y el traslado al Procurador General. Así mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 244 del Ordenamiento Superior, desarrollado por el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, el Despacho resolvió comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia. Finalmente, decidió invitar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Conferencia Episcopal Colombiana, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a los Departamentos de Derecho Civil de las Universidades Nacional, Andes, Rosario, Javeriana y Externado de Colombia, para que intervinieran en el presente proceso. 11.- El 5 de agosto del año 2003, el señor Castrillón Muñoz allegó memorial en el cual además de solicitar una aclaración sobre el auto admisorio, manifestaba que los memoriales del 27 de junio y del 21 de julio de 2003, además de contener correcciones y precisiones a la demanda, reiteraban la recusación interpuesta a los magistrados de la Corte. Así mismo, planteó unas posibles inexactitudes "en el consecutivo diario (Libro 24) a disposición del público", apreciaciones que fueron ampliadas con escrito dirigido a la Secretaría General de esta Corporación. 12.- El 8 de agosto de 2003, el demandante presentó un nuevo memorial en el cual manifestaba que no tenía reparos en que se le informara si el memorial del 27 de junio mencionado, el cual a su juicio contenía una recusación, ya había sido resuelta mediante auto del 9 de julio de la Sala Plena y en consecuencia continuara el proceso como corresponde, sin nueva decisión de Sala Plena sobre el particular. 13.- Mediante auto del 12 de agosto de 2003, en relación con los escritos presentados el 5 y 8 de agosto del año en curso, el Despacho de la Magistrada Sustanciadora informó que la solicitud relacionada con el memorial del 27 de junio del corriente año, debía entenderse ya superada con el auto de admisión fechado 31 de julio de 2003. De otra parte, en dicho proveído se le manifestó que en relación con las posibles inexactitudes observadas por el actor "en el consecutivo diario (Libro 24) a disposición del público", el expediente sería remitido a Secretaría General de esta Corporación para lo de su competencia. 14.- El 15 de agosto de 2003, en cumplimiento del auto admisorio del 31 de julio del mismo año, la Secretaría General fijó en lista el presente proceso por el término de 10 días. 15.- El 5 de septiembre de 2003 el demandante presentó un nuevo escrito en el cual solicitaba a la Corte Constitucional declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisibilidad del 31 de julio de 2003, por haber sido proferido éste sin haber resuelto antes la Sala Plena la recusación que aducía consagraba su escrito del 27 de junio del año en curso. Así mismo, solicitó que se diera traslado de su solicitud de nulidad al señor Procurador General de la Nación. 17.- En auto del 12 de septiembre, la Magistrada Sustanciadora ordenó que por Secretaría General de esta Corporación el escrito reseñado fuere incorporado al expediente de la referencia y, de igual forma, que se enviara copia del mismo al señor Procurador General de la Nación. 18.- El 26 de septiembre de 2003 entró al Despacho el expediente del presente proceso, junto con el concepto del Procurador General de la Nación. En el concepto fiscal, nada se dice en relación con la solicitud de nulidad. 19.- En esta misma fecha, el 26 de septiembre de 2003 el actor allegó nuevo escrito, mediante el cual reiteró al Despacho "la conveniencia de definir, antes del fallo, la nulidad solicitada por el actor a partir del auto de admisibilidad de la demanda del 31 de julio, en un todo de conformidad con el artículo 49 inciso 2º del Decreto 2067 de 1991...". 20.- La solicitud de nulidad planteada mediante escritos del 5 y 26 de septiembre fue negada por la Sala Plena mediante auto del 15 de octubre del presente año. II. TEXTO DE LA NORMAS ACUSADAS Se transcribe a continuación el texto del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, "por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política", de acuerdo a su publicación en el Diario Oficial No. 40.693 de 17 de diciembre de 2002, página 1. Ley 25 de 1992 "Artículo 14 transitorio. Las sentencias proferidas con fundamento en las causales de la Ley Primera de 1.976, por aplicación directa del inciso undécimo del artículo 42 de la Constitución, tendrán todo el valor que la ley procesal les señala”. III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA El demandante manifiesta que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 vulnera los artículos 4, 9, 29, 42 incisos 6, 9, 11, 12 y 224 de la Constitución Política, al convalidar sentencias civiles de divorcio del matrimonio canónico, que a su juicio, jamás debieron haberse producido, porque a los jueces civiles -tanto por norma concordataria como por disposiciones constitucionales- les estaba vedado el conocimiento y el trámite de los procesos de los divorcios vinculares de los matrimonios canónicos. En relación con la eventual vulneración del artículo 4º de la Constitución, que consagra el principio de la supremacía de la Constitución, el actor señala que cuando el artículo 42 Superior hace referencia a la ley civil en sus incisos 9, 11, 12 y 13, se refiere a la ley civil de la época. Explica, que con anterioridad a la expedición de la Ley 25 de 1992, la normatividad civil vigente estaba conformada por la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede y la Ley 1ª de 1976, por la que se aprueba el divorcio civil. Después del 17 de diciembre de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993, aún continuaban vigentes las citadas leyes y fue expedida también la Ley 25 de 1992. Señala que con posterioridad al 5 de febrero de 1993, a pesar de seguir vigente estas tres, la ley 25 de 1992 sufrió modificaciones con ocasión a la sentencia C-027 de 1993 proferida por esta Corporación. Y, luego del 23 de mayo de 1994, indica que hay que sumarle la vigencia de la Ley 133 de 1994 y sus decretos reglamentarios (decretos 782 de 1995 y 354 de 1998). Así las cosas, manifiesta que cuando el artículo 14 de la Ley 25 de 1992 dio valor jurídico y reconoció a las sentencias civiles de divorcio de matrimonios católicos, proferidas por los jueces de familia entre el 6 de julio de 1991 y el 17 de diciembre de 1992, por aplicación directa de las causales previstas en la Ley 1ª de 1976, "todos los efectos que la ley procesal les señala", vulneró la Constitución, pues para ese entonces la norma civil vigente que debía aplicarse según la Carta Política era la ley 20 de 1974. En este sentido, aduce que el legislador olvidó que para los matrimonios celebrados por el rito católico, la jurisdicción y competencia correspondía exclusivamente a los tribunales eclesiásticos, tal y como lo señala el artículo VIII del Concordato. De igual manera, argumenta que la disposición acusada vulnera el artículo 29 constitucional, contentivo del debido proceso, en cuanto validó las sentencias proferidas por los jueces de familia durante el período que va desde el 6 de julio de 1991, fecha de promulgación de la Constitución actual y el 17 de diciembre de 1992, fecha de entrada en vigencia de la Ley 25 de 1992. Lo anterior, por cuanto dichos funcionarios judiciales, a su juicio, carecían de competencia y no podían conocer, por expresa prohibición constitucional, de los divorcios de los matrimonios religiosos, máxime por cuanto en ese momento no había sido expedida la Ley 133 de 1994. De otra parte, considera que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, también desconoce el artículo 9º de la Constitución en la parte que expresa: "Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia". En este sentido afirma que si antes de la promulgación de la Ley 25 de 1992 se encontraba vigente en todas sus partes el Concordato, ninguna autoridad podía desconocerlo, incluso si estuvieran alegando la aplicación directa del inciso 11 del artículo 42 de la Constitución que dispone "los efectos civiles de TODO matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil". Considera que el artículo acusado al convalidar o reconocer los efectos de las sentencias proferidas con desconocimiento del Concordato, es a todas luces contrario al artículo 9º citado, al ignorar la prevalencia de los tratados internacionales dentro de la legislación interna del país, máxime si han sido aprobados por el Congreso. Así mismo aduce que el artículo demandado vulnera el propio artículo 42 de la Constitución, que consagra en sus diferentes incisos ciertas remisiones a la ley civil, en lo que tienen que ver con los efectos de todo matrimonio. Manifiesta que este artículo constitucional reconoce, especialmente en el inciso 12 ("También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley"), la existencia de una jurisdicción eclesiástica, conocedora a su vez de los casos de divorcio del matrimonio católico. En esta medida, afirma que el artículo 14 transitorio al convalidar las sentencias proferidas con base en la Ley 1ª de 1976, es inconstitucional, pues trata de refrendar actuaciones judiciales que van en contravía de la propia Carta. Finalmente hace referencia a la posible violación del artículo 224 de la Constitución que establece: "Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso". En relación con este cargo, indica en primer término, que el Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede fue aprobado por el Congreso, por medio de la Ley 20 de 1974 y, que con la expedición de la Constitución de 1991, su validez como tratado público fue refrendada. Por lo anterior, no se explica porque el artículo acusado pretende darle validez a unas sentencias que, en su sentir, obviaron la vigencia y validez de la ley mencionada, con el pretexto de estar dándole aplicación directa al inciso 11 del artículo 42 Superior, norma que no era incompatible con la ley aprobatoria del Concordato. Es decir que, a su parecer la verdadera aplicación directa del artículo 42 constitucional consistía en observar la ley 20 de 1974 que era la que se encontraba vigente para la época, osea, antes de la expedición de la Ley 25 de 1992. En relación con este aspecto anota lo siguiente: "De modo que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, al reinvindicar la equivocada interpretación de la Constitución por algunos jueces de familia, antes de la entrada en vigencia de la Ley 25, y al reconocer simultáneamente y como consecuencia de ello, ´todo el valor que la ley procesal les señala´ a las sentencias civiles de divorcio de los matrimonios religiosos (católicos), viciadas de nulidad absoluta, que los dichos jueces profirieron, violó flagrantemente la Constitución Nacional, sin perjuicio de cuanto hasta ahora se ha dicho en relación con los otros textos constitucionales violados." Por todo lo anteriormente expuesto, el peticionario solicita se declare la inexequibilidad del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992. Al respecto, aduce que la norma acusada propició que los jueces de familia del Estado que conocieron dentro del período del 6 de julio de 1991, fecha en la cual entró en vigencia la nueva Constitución, y el 17 de diciembre de 1992, iniciación de vigencia de la Ley 25 cuestionada, de procesos de divorcio de matrimonio católico no habían actuado conforme a derecho, situación que contraviene el artículo 29 de la Carta, por no respetar el debido proceso, por cuanto se desconoció la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Iglesia Católica. Así mismo aduce que el artículo demandado al convalidad todas las sentencias proferidas de manera irregular, contraviene además los artículos 4º, 9º y 224 toda vez que hay preeminencia jurídica del tratado sobre cualquier disposición legal posterior de simple derecho interno, como debió suceder respecto al Concordato. Considera que se vulneró el artículo 29 Superior, por cuanto los jueces dieron aplicación directa del inciso 11 del artículo 42 constitucional, con lo cual desconocieron el debido proceso para los divorcios católicos. De otra parte, expuso nuevamente el cargo relacionado con la violación del artículo 29 de la Constitución en el sentido en que el artículo 14 transitorio no puede reconocer "todo el valor procesal que la ley les señale" a las sentencias de divorcio viciadas de nulidad absoluta, por haber sido la consecuencia de actuaciones judiciales que estaban en ese entonces proscritas la jurisdicción del Estado, "y que mal podrían juzgarse hoy, ellas mismas y respecto de sus efectos, a la luz de una normatividad jurídica como el artículo 11 de la Ley 25 de 1992, que no existía para esas fechas, aunque en esencia no contradiga la legislación de familia de la época sino que la complemente en cuanto tiene que ver con las restantes confesiones y credos religiosos distintos de la Iglesia católica...". IV. INTERVENCIONES 4.1. Conferencia Episcopal de Colombia El Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal, solicita que se declare la exequibilidad de la norma acusada, bajo el entendido de que la expresión "todo el valor que la ley procesal les señala" a las sentencias de divorcio civil proferidas por los jueces civiles respecto a los matrimonios canónicos, con fundamento en las causales de la Ley 1ª de 1976 y por aplicación directa del inciso undécimo del artículo 42 de la Constitución, en el período comprendido del 7 de julio de 1991 al 18 de diciembre de 1992, no ha de entenderse como la disolución del vínculo matrimonial y que sus efectos jurídicos han de asimilarse a los de las sentencias que por divorcio declaran la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Comienza por explicar que el Concordato, aprobado por la mencionada Ley 20 de 1974, además de hacer explícito el derecho de libertad religiosa de los católicos, concreta las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno en materias que atañen a los ciudadanos católicos, dentro de las cuales se encuentra el matrimonio. Así, en el artículo VII del Concordato, el Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio católico; el artículo VIII de este acuerdo, establece que las causas relativas a la nulidad o a la disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, son de competencia de los Tribunales Eclesiásticos y Congregaciones de la Sede Apostólica; y, el artículo IX dispone que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos sean tramitadas por los jueces del Estado. colombiano Señala que, de conformidad con las anteriores normas concordatarias, los jueces civiles al momento de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, no tenían ni jurisdicción ni competencia para proferir sentencias de divorcio de los matrimonios canónicos; su competencia se limitaba a regular las causas de separación de cuerpos. Después hace referencia al sistema plural matrimonial que a su parecer, establece el artículo 42 constitucional, al plantear el reconocimiento de efectos civiles en los términos que establezca la ley, tanto para el matrimonio civil como para el religioso. Al respecto, aclara que la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, entre ellos el matrimonio canónico, no era asimilable a la disolución del vínculo por divorcio, tesis que en su sentir ha sido reconocida por la Ley 25 de 1992, así como por la jurisprudencia de esta Corporación. En este sentido aduce que esta ley establece que en materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso. Así mismo, expresa que la Corte, mediante sentencia C-456 de 1993, en relación con la indisolubilidad, anotó que ésta es una característica propia del vínculo del matrimonio católico que no puede ser desconocida. Manifiesta que el Estado colombiano, en relación con el matrimonio canónico, garantiza: "a) que la Iglesia Católica tiene jurisdicción sobre el vínculo matrimonial; b) que la legislación canónica es la competente para regular los aspectos y propiedades esenciales del vínculo matrimonial canónico; c) que el matrimonio celebrado de conformidad con la ley canónica tiene efectos civiles, que deben ser reconocidos por el Estado, cuyo reconocimiento no es causa ni concausa del vínculo matrimonial, sino condición para su eficacia:; d) que corresponde a la Iglesia Católica la competencia sobre las causas matrimoniales que afecten la existencia del vínculo jurídico del matrimonio canónico." Así mismo, aduce que el Estado colombiano, por su parte, es competente, en lo que concierne a los matrimonios canónicos, regular las cuestiones relativas a la cesación de los efectos civiles por divorcio. "Cesación de efectos civiles que no es asimilables al divorcio vincular". De otra parte, indica que habida cuenta de que varios jueces de la República, en el período comprendido entre el 7 de julio de 1991 y el 18 de diciembre de 1992, aplicaron de manera directa el artículo 42 de la Constitución y de que por analogía, en lo relativo a las causales y al trámite, hicieron uso de la Ley 1ª de 1976, el legislador, mediante la Ley 25 de 1992, reconoció que esas sentencias "tendrán todo el valor que la ley procesas les señala", por medio del artículo 14 transitorio. Advierte que la norma demandada hace referencia, por una parte a las causales de la Ley 1ª de 1976, al inciso 11 del artículo 42 de la Constitución y por otra parte, al "valor que la ley procesal les señala (a las sentencias proferidas por los jueces civiles". Por lo anterior, considera que no puede el intérprete ampliar el ámbito de aplicación de la norma, que no se refiere a toda la Ley 1ª de 1976, ni a todo el artículo 42 constitucional y que reduce el valor de las sentencias a lo previsto en la ley procesal, no a la ley sustancial, que es la que regula lo relativo a la disolución del vínculo. Así las cosas, aduce que si la distinción de la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos y la disolución del vínculo del matrimonio civil no la establece la Ley 25 de 1992, sino la Constitución, las sentencias de divorcio que profirieron los jueces civiles con posterioridad a la vigencia de la Carta Política y con anterioridad a la promulgación de la Ley 25 de 1992 no pueden entenderse como sentencias de divorcio vincular, sino como sentencias asimilables a las de la cesación de efectos civiles de los matrimonios religiosos. Por lo anterior, argumenta que la norma demandada no convalida sentencias de divorcio civil respecto del matrimonio canónico, porque los jueces civiles no han tenido, tampoco tienen, jurisdicción ni competencia para declarar el divorcio vincular del matrimonio canónico. A su juicio, se desconocería el principio de igualdad si se llegara a declarar que los jueces civiles con posterioridad al 7 de julio de 1991 y con anterioridad al 18 de diciembre de 1992 podían decretar el divorcio vincular del matrimonio canónico y afirma que con la promulgación de la Ley 25 de 1992 esa competencia ya no les es propia. En síntesis aduce que, en aras de garantizar el principio de unidad del ordenamiento jurídico, debe afirmarse que en uno y otro período las sentencias por causa de divorcio del matrimonio canónico no produjeron ni producen la disolución del vínculo y que, en uno y otro período, lo relativo al vínculo matrimonial se rige por los cánones de la respectiva religión. Este es, a su juicio el alcance de la Ley 25 de 1992. En efecto señala que el artículo 11 de esta ley establece que una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil, en el caso del matrimonio canónico, como matrimonio religioso, una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, cesan los efectos del matrimonio religioso. Además, el inciso 3º del artículo 5º de la Ley 25 de 1992 establece que en materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso. Así, según estos cánones, en el caso del matrimonio canónico, el vínculo es indisoluble. Finalmente se cuestiona que efectos tendría la declaratoria de inexequibilidad del artículo 14 demandado si los efectos de las sentencias, en principio no son retroactivos y si la norma demandada tiene un ámbito de vigencia determinado, no parece claro cuáles puedan ser los efectos de esa declaratoria de inexequibilidad, distintos a que se declare que las sentencias que aplicaron directamente el inciso undécimo del artículo 42 de la Constitución y las causales de la Ley 1ª de 1976 no afectaron el vínculo del matrimonio canónico en el período comprendido entre el 7 de julio y el 18 de diciembre de 1992 y que son asimilables para todos los efectos jurídicos a las sentencias de cesación de efectos civiles por divorcio. 4.2. Ministerio del Interior y de Justicia Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando en representación del Ministerio del Interior, interviene en el trámite de este proceso con el fin de justificar la constitucionalidad de la norma acusada. En primer término hace referencia al artículo 42 de la Constitución que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y al matrimonio como uno de sus elementos constitutivos; así mismo, al artículo 19 Superior que reconoce la libertad de culto. En este sentido, señala que la Carta Política reconoce el matrimonio religioso como una garantía de la pluralidad ideológica que inspira el ordenamiento constitucional colombiano, pero en condiciones de igualdad y, que ante la ley, todos los matrimonios cesan en sus efectos civiles cuando se profiere la sentencia de divorcio. Por lo anterior afirma que ante la ley, de igual forma, los efectos civiles del vínculo religioso cesan por el divorcio. Así, el matrimonio canónico no implica que ante la potestad civil los efectos civiles del vínculo sean la indisolubilidad, pues el matrimonio ante el Estado es disoluble de conformidad con los incisos 6 y 8 del artículo 42 Superior. En el mismo sentido anota que de conformidad con el inciso 6 del artículo 42 Superior, la disolución del vínculo matrimonial se rige por la ley civil, “pero ello no quiere decir que la ley civil disuelva el vínculo sacramental, cuestión que no le está permitida al legislador, porque violaría los artículos 18 y 19 Superiores, por cuanto supondría la intromisión de la esfera civil en la religiosa." La interviniente manifiesta que en efecto han sido expedidas normas sobre el reconocimiento de los efectos civiles de los matrimonio religioso que configuraron desde el ordenamiento civil de la institución del divorcio como la forma de disolución del vínculo civil para los matrimonios religiosos. Así las cosas, considera que, según el origen del matrimonio, habrá disolución del vínculo en tratándose de matrimonios derivados del rito civil, y simple cesación de los efectos civiles para los matrimonios de fuente religiosa. En este orden de ideas plantea que la norma demandada es clara al consagrar que no se rompe el vínculo religioso, como a su juicio lo interpreta erróneamente el actor, sino que únicamente hace cesar sus efectos civiles. Explica que al celebrarse un matrimonio religioso se genera un doble fenómeno que es la existencia de un vínculo civil y un vínculo sacramental; el civil se puede disolver por el divorcio y el sacramental quedará sujeto a las condiciones propias de cada religión. Esta es la forma en que el legislador ha distribuido las competencias de las dos jurisdicciones, dejando el efecto civil bajo el dominio de las leyes civiles en los términos del artículo 42 de la Carta Política. En virtud de lo expuesto, solicita se declare la exequibilidad de la norma demandada. 4.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia El ciudadano Carlos Fradique Méndez, actuando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita se declare la exequibilidad de la norma acusada. En primer término manifiesta que las sentencias a las cuales se refiere el artículo demandado se fundan precisamente en la aplicación directa del artículo 42 de la Constitución. Así, argumenta “Si las sentencias se fundaron en el texto claro de la Constitución y así lo dice la ley, no es posible siquiera pensar en que sean inconstitucionales y menos el Art. que las declara con efectos si se ajustan a la aplicación directa de la Constitución.” En este sentido, argumenta que la Constitución en relación con los efectos civiles del matrimonio no hace distinción alguna entre si se trata del civil o del religioso, por ello, no le está permitido hacerlo el intérprete. De igual forma, indica que el matrimonio católico tiene una doble connotación: sacramento y contrato. En esta medida, explica que la suspensión de los efectos civiles no tiene ninguna consecuencia respecto de la "naturaleza divina" del sacramento del matrimonio. Así las cosas, anota que cuando se decreta el divorcio de matrimonio católico, lo que está haciendo la potestad civil es declarar que los efectos civiles del matrimonio religioso han culminado, "que es tanto como afirma que el contrato de matrimonio se ha terminado...". En relación con la posible vulneración del artículo 224 Superior que dispone que los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso, manifiesta que el artículo acusado en nada modifica el trámite de los tratados internacionales. Explica que mediante sentencia C-027 de 1993 esta Corporación planteó la tesis de que el Concordato debía someterse al imperio de la Constitución. Las sentencias de divorcio que los jueces dictaron en aplicación directa del artículo 42 Superior eventualmente podrían considerarse violatorias a la Constitución bajo el supuesto de que no podía aplicarse directamente esta disposición, y “tal vez en este sentido hubiera tenido algún fundamento la demanda presentada”. Sin embargo, anota que ni aún con fundamento al artículo VII del Concordato se impide que el Estado pudiera decidir en qué casos se podían suspender los efectos civiles que reconoce al matrimonio católico. Indica que el artículo 42 de la Carta reguló un aspecto no previsto en el Concordato que es el de la terminación de los efectos civiles cuya competencia es exclusiva de la potestad civil como lo dispone para la Iglesia el canon 1059 y para el Estado el mismo artículo 42 de la Carta. En todo caso, manifiesta que en el evento de considerar que los jueces, al decretar el divorcio del matrimonio católico, vulneraron la Constitución, al haberse declarado inexequible de manera parcial el artículo VIII del Concordato, toda irregularidad quedó saneada, aún sin la existencia del artículo 14 demandado, “como que una norma no puede violar la constitución cuando viola una disposición que a la postre resulta inexequible.” Por todo lo anterior, indica que al haberse saneado toda posible irregularidad con la sentencia que declaró inexequible parcialmente el Concordato, la Corte debe: 1) inhibirse para decidir por considerar que toda decisión sobre el artículo 14 demandado, en últimas, resulta ineficaz, o 2) declarar la exequibilidad de la norma demandada por no ser contraria a ninguno de los artículos invocados ni al Concordato en los apartes que resultaron contrarios a la Constitución. 4.4. Universidad Externado de Colombia El ciudadano Carlos Darío Camargo de la Hoz, obrando en calidad de profesor adscrito al departamento de Derecho Civil-Familia de la Universidad Externado de Colombia, presenta concepto en relación con la demanda de la referencia. Después de hacer un análisis de las normas legales y constitucionales, relacionadas con los efectos de todo matrimonio, indica que a partir de la Constitución de 1991 se reconoció efectos civiles al matrimonio religioso y a las sentencias de nulidad que al efecto dicten las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. Así mismo, se planteó que la disolución del vínculo matrimonial se rige por la ley civil y que los efectos de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Así las cosas, manifiesta que para quienes han contraído matrimonio religioso, una vez hecho el pronunciamiento civil, el vínculo sacramental sigue vigente, pero sin efectos civiles, lo cual faculta a las partes para contraer posteriormente matrimonio civil, quedando sujeto a la propia autonomía individual la búsqueda de la disolución del vínculo ante las autoridades eclesiásticas. Mientras que para quienes hayan contraído matrimonio civil, el pronunciamiento judicial disuelve el vínculo matrimonial y la pareja queda en libertad de poder volver a contraer matrimonio religiosos o civil, según su parecer. De otra parte, teniendo en cuenta el principio de la supremacía constitucional y que la Carta garantiza, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de cultos y la posibilidad de establecer una familia, considera que las personas son libres de contraer matrimonio por el rito que bien tengan y también de procurar su disolución cuando éste se haga insostenible. En este sentido, a su juicio, se hubiera violado cuando menos el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 13 de la Constitución, si los jueces de la República no hubieran resuelto las demandas de cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos presentadas entre la fecha de la promulgación de la Constitución y la entrada en vigencia de la Ley 25 de 1992, pues hubiera sido injusto para los casados por lo religioso, al tiempo que se habría pasado por alto el claro principio de la aplicación analógica de la Ley contenido en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, según el cual y en procura de llenar posibles vacíos legislativos siempre con la premisa de que el juez debe aplicar justicia, puede el juez fallar con base en normas que contengan soluciones a casos análogos, emitir pronunciamientos para solucionar la controversia, y que, para el caso, no era otra cosa que decretar la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, dejando a salvo el vínculo sacramental, con base en las normas (causales y procedimiento) establecido en la ley 1ª de 1976 para la disolución del nexo matrimonial civil. En síntesis manifiesta que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 lo que hizo fue ratificar la firmeza jurídica de las sentencias emitidas por los jueces en cumplimiento de su deber constitucional y legal, con base en la ley 1ª de 1976 y sin intromisión en la jurisdicción eclesiástica "ya que en ningún caso se tocó la disolubilidad de vínculo matrimonial religioso sino solamente sus efectos civiles, considero que el artículo 14 transitorio de la ley 25 de 1992 se ajusta a la Constitución ya que no viola ninguna disposición de esta Carta y por lo tanto podría declararse su constitucionalidad." 4.5. Universidad del Rosario El ciudadano Juan Manuel Charry Urueña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, solicita a la Corte declarar la improcedencia del control constitucional respecto a la norma acusada en el proceso de la referencia por considerar que la misma no se encuentra vigente. En primer término explica que el control de constitucionalidad procede en relación con las normas vigentes o cuyos efectos siguen produciéndose. Anota que el artículo acusado tiene carácter transitorio y ya cumplió su objeto "y en tal virtud puede afirmarse no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento". Así las cosas, considera necesario, antes de realizar el estudio de fondo de la disposición demandada, analizar la posibilidad de emitir un fallo inhibitorio. De otra parte aduce que el actor pretende la anulación de las sentencias proferidas en la etapa transitoria que va desde el 6 de julio de 1991 y el 17 de diciembre de 1992, lo cual, a su juicio es imposible, por cuanto ya se encuentran ejecutoriadas. Así mismo indica que no era posible que dichas sentencias se emitieran con fundamento a la ley civil, aún cuando la Constitución de 1991 así lo establecía, toda vez que para el mencionado período no existía ley civil vigente. Por ello argumenta que la Ley 25 de 1992, en especial el artículo 14 transitorio cumple con llenar el vacío que se presentó en dicha etapa de transición. 4.6. Intervención del ciudadano Manuel de Urbina Gaviria El ciudadano Manuel de Urbina Gaviria interviene en el trámite del presente proceso con el fin de coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, especialmente en lo relacionado con la violación del artículo 9º constitucional que establece que las relaciones exteriores del Estado tienen como fundamento la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el “reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. Señala que dicho principio lo desarrolla la propia Carta en el artículo 189 que dispone: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones. Nombrar los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agente respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados públicos o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.” Explica que en desarrollo de los anteriores principios el Estado Colombiano y el Estado Vaticano suscribieron un tratado internacional, que es el Concordato, el cual se negoció y suscribió de acuerdo con las normas constitucionales vigentes para esa época, contenidas en los artículos 53 y 120 Ordinal 20 de la Constitución de 1886, cuyo texto fue incluido en la legislación interna del país, mediante la expedición de la Ley 270 de 1974. Indica que dicho tratado se encuentra vigente, pues ninguna de las partes contratantes lo ha denunciado total o parcialmente. Teniendo en cuenta que se encuentra protegido por “los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, su vigencia no puede ser modificada por la legislación interna y mucho menos por alguna de las Ramas del Poder, pues hacerlo, a su juicio, desconocería la propia Constitución. Considera que el Concordato no puede estar sujeto a tratamiento discriminatorio, su observancia debe obedecer los principios de equidad, igualdad y reciprocidad, bases fundamentales para la celebración de tratados públicos con otros estados. En orden de ideas, aduce que los tratados internacionales negociados y perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991 deben ser respetados por el Estado Colombiano. Así, argumenta que constituye una vulneración al texto constitucional incluir un artículo como el demandado y más aún cuando los jueces de la República pretenden aplicar al matrimonio católico el divorcio perfecto, que incluye la supresión del vínculo, sentencias que sólo pueden proferir con relación a matrimonios civiles. En virtud de lo anterior, señala que la Corte debe “...aplicar a su sentencia C-546 de 1993 que declaró exequible el artículo acusado la jurisprudencia que ella misma sentó en el fallo de tutela SU 047 de 1999, cuando estableció el respeto al precedente como esencia al estado de derecho, sin llegar al extremo de hacerlo irreversible, para no petrificar el ordenamiento jurídico y no dar lugar a inaceptables injusticias...”. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN La Vista Fiscal solicita que la Corte se inhiba para decidir de fondo la presente demanda, por ineptitud sustancial y, subsidiariamente, declare exequible el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, por los cargos aquí analizados. En primer término señala que el artículo demandado no se encuentra vigente, por cuanto fue expedido para “convalidar” situaciones jurídicas que se habían ejecutado con anterioridad, en aplicación del artículo 42, inciso 11 de la Carta que dispuso que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio. Sin embargo, explica que a pesar de no estar vigente, esta norma se encuentra produciendo efectos jurídicos, y por ello es viable su juicio de constitucionalidad. Luego, anota, que en su sentir, la demanda de la referencia no cumple con los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, lo afirma por considerar que el demandante “insiste en sus argumentos sin que presente una acusación de manera suficientemente, que permita deducir cómo la disposición acusada vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional y no legales, ni puramente doctrinarios (pertinencia).” Por ello manifiesta que esta Corporación debería declarase inhibida para proferir pronunciamiento de fondo, por no contar con los elementos que permitan adelantar un juicio de constitucionalidad. En relación con el cumplimiento del requisito que consiste en señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas, advierte el Jefe del Ministerio Público que equivocadamente el señor Castrillón afirma que todos los tratados internacionales tienen preeminencia jurídica sobre cualquier disposición legal, lo cual no es cierto, en tanto que tal preeminencia sólo se predica respecto de los tratados y convenios aprobados por el Congreso que reconocen los derechos humanos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, conformando el llamado bloque de constitucionalidad. El Concordato no se refiere a estos temas, por cuanto regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y por ende, no hace parte del bloque de constitucionalidad. En este sentido expresa que construir un cargo a partir del desconocimiento del aludido instrumento internacional y argumentar que por este hecho se vulnera los artículos 9º y 224 de la Constitución, es erróneo e irrelevante en punto del control de constitucionalidad, ya que la confrontación de las normas acusadas debe hacerse con las disposiciones constitucionales o hagan parte del bloque de constitucionalidad y no con normas del mismo rango de la que se examina, como acontece en el presente caso. En relación con la eventual violación del artículo 29, plantea que de igual forma no está llamado a prosperar, toda vez que el control constitucional no consiste en certificar la vigencia de normas legales, “dilucidando dudas e inquietudes respecto a la aplicación pasada, presente o futura por parte de los operadores jurídicos o los ciudadanos, sino que le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, definiendo si disposiciones de jerarquía legal se ajustan o no a ella. De otra parte, hace alusión a la certeza como requisito para señalar las razones por las cuales el demandante considera se desconoce la Constitución, pues a su parecer, el señor Castrillón parte de una premisa equivocada al desconocer la doble naturaleza que tiene el matrimonio católico. Así, explica que el ordenamiento jurídico le reconoce al matrimonio la naturaleza jurídica de un acto convencional ( negocio jurídico bilateral ), de un contrato de conformidad con las provisiones contenidas en el artículo 113 del Código Civil, pero puede ser celebrado ante una autoridad civil ( juez o notario ) o eclesiástica, surgiendo entonces los matrimonios civil y religioso. Continúa señalando que a partir de la Constitución del 91, “quedó zanjada la independencia entre las jurisdicciones civil y eclesiástica, respecto a la regulación de ciertos aspectos del matrimonio.” Al respecto anota que en relación con el matrimonio religioso, ya sea católico o de cualquier otro credo, es importante diferenciar que uno es el vínculo que surge del mismo y otro, los efectos civiles que genera. En relación con el matrimonio católico, señala que la Corte en sentencia C-027 de 1993 declaró constitucional el artículo VII del Concordato que dispone que “El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico (...)". De lo anterior se colige que en relación con el vínculo surgido de la celebración del matrimonio católico, el estado colombiano y su legislación civil deben respetar su indisolubilidad. Distinto ocurre respecto a los efectos civiles que se derivan del mismo, ya que el artículo 42 inciso undécimo señala que ellos cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil, así también lo reconocen el Concordato y el Código Civil. En síntesis, aduce que el matrimonio católico tiene doble legislación y jurisdicción que rige para aspectos diferentes: i ) en el Canónico: que regula aspectos tales como su celebración, existencia, validez, impedimentos disolución o nulidad. Los conflictos que surjan en relación con estos, puntos, serán competencia exclusiva de la jurisdicción canónica, pero las sentencias de nulidad del matrimonio dictadas por dichas autoridades, surtirán efectos civiles, tal como lo prevé el inciso duodécimo del artículo 42 superior. ii) en el Civil: en los aspectos propios a los efectos personales y patrimoniales del matrimonio, esto es, las obligaciones recíprocas de los esposos ( cohabitación, fidelidad, socorro y ayuda ), derechos y deberes respecto a la prole; legitimidad de la prole; el estado civil de casado, lo mismo el régimen económico, valga decir, el surgimiento de la sociedad conyugal; lo mismo que la cesación de tales efectos. De manera que la ley civil le otorga los efectos y así mismo puede permitir que cesen los mismos, siempre y cuando se prueben cualquiera de las causales previstas en el artículo 152 del Código Civil, para decretar la cesación de los mismos. Pues, en relación con el vínculo que surge del matrimonio católico es competencia exclusiva de la legislación canónica determinar los aspectos propios y relativos a su celebración, existencia, validez y de manera perentoria se ha establecido su carácter indisoluble. En este orden de ideas, considera el Procurador que el cargo aducido por el demandante Castrillón Muñoz, consistente en afirmar que mediante sentencias proferidas por jueces de la República y en aplicación directa del inciso 11 del artículo 42 constitucional, se decretó el divorcio vincular o la disolución de matrimonios católicos, no obstante su indisolubilidad y competencia de la jurisdicción canónica, pero que posteriormente, la norma acusada mediante efectos retrospectivos, convalidó dichas actuaciones, no es cierto. Razón por la cual debe declararse inhibida. No obstante, en el evento que la Corte desestima su solicitud de inhibición, afirma, que de todas formas, la norma acusada se ajusta a la Constitución Política. Al respecto considera que no vulnera el artículo 9º de la Carta, haberle dado aplicación directa al precepto constitucional que autorizaba la cesación de lo efectos civiles al matrimonio católico ( inciso 11 del artículo 42 ) en nada afecta las relaciones internacionales. Así mismo aduce que no desconoce el artículo 29 de la Constitución, toda vez que, por su parte, las autoridades eclesiásticas tienen la competencia para conocer los aspectos relacionados con la disolución o nulidad del vínculo; mientras que, teniendo en cuenta que los efectos civiles son definidos por la ley, la cesación de los mismos corresponde a la jurisdicción civil. Indica que respecto al valor que le fijó el legislador a las sentencias proferidas con fundamento en la Ley 1ª de 1976, estima que "tampoco desconoce las previsiones del artículo 29 Superior, habida cuenta que éstos son lo que determine la ley procesal". Con ello se está respetando la normatividad preexistente a la Carta, lo mismo que el juez natural y la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, es decir, que no se fijan alcances distintos a las decisiones que aquellos que se había preestablecido, con el acatamiento de las ritualidades y competencias procesales." Aunado a lo anterior, argumenta que el artículo acusado esta protegiendo de la garantía de la cosa juzgada, en la medida que impide que las decisiones adoptadas en el interregno de las expediciones de la Carta y la Ley 25 de 1992 no quedaran en el limbo, "sino que por el contrario mantuvieran su intangibilidad y firmeza, por haberse adoptado al amparo y en cumplimiento de las previsiones de la Carta Política." Finalmente, afirma que el legislador, en ejercicio de la libertad de configuración, tiene la posibilidad de definir los alcances de las decisiones judiciales, como en efecto lo hizo en la disposición impugnada, sin que ello implique vulneración de la Constitución. En síntesis manifiesta que la norma acusada no desconoce el principio de soberanía, el debido proceso ni la intangibilidad y la obligatoriedad de los tratados internacionales. Por tal razón, considera debe ser declarada exequible. VI. CONSIDERACIONES 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley de la República. 2. El cargo de inconstitucionalidad planteado en la demanda. El ciudadano Carlos Felipe Castrillón Muñoz demanda en acción pública de inconstitucionalidad la totalidad del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 “Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, por considerar que la mencionada disposición legal vulnera los artículos 4, 9, 29, 42 incisos 6, 9, 11 y 12, y 224 de la Carta Política. A juicio del Ministerio Público, la Corte debería declararse inhibida para proferir un fallo de fondo por cuanto la demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en cuanto a que el ciudadano no planteó realmente un verdadero cargo de constitucionalidad. Al respecto, estima la Sala que un examen minucioso de los diversos escritos presentados por el demandante, evidencia que existe un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, por cuanto éste al haberle reconocido todo el valor que la ley procesal le señala a las sentencias de divorcio de matrimonio católico proferidas por los jueces de familia entre el 6 de julio de 1991 y el 17 de Diciembre de 1992, vulneró el artículo 29 constitucional, ya que estas autoridades judiciales carecían entonces de competencia para conocer de dichos procesos, puesto que, en virtud de la ley aprobatoria del Concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede, aquélla estaba en cabeza de los tribunales eclesiásticos. En efecto, a pesar de que el demandante cita también como vulnerados, entre otros, los artículos 4, 9, 42 constitucionales, la Corte considera que, de conformidad con su jurisprudencia en materia de requisitos mínimos para proferir un fallo de fondo en sede de acción pública de inconstitucionalidad, sólo se estructuró con la suficiente claridad y precisión un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación al artículo 29 superior. Con el propósito de examinar la procedencia del cargo de inconstitucionalidad planteado, la Corte seguirá la siguiente metodología: 1. Establecerá si procede hacer un pronunciamiento de fondo dado que se trata de una disposición legal transitoria. 2. Determinará si el Concordato suscrito en 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede hace parte de los tratados internacionales que sirven como parámetro para juzgar la constitucionalidad de una ley, es decir, si integra o no el bloque de constitucionalidad. 3. Examinará si el legislador violó el derecho al debido proceso. 2.1. Competencia de la Corte para proferir un fallo de fondo en relación con una disposición legal transitoria Algunos intervinientes sostienen que por tratarse de una norma transitoria el artículo acusado ya no produce efectos jurídicos y por ende no es procedente un análisis de fondo en el presente caso. Así, por ejemplo el ciudadano Juan Manuel Charry, quien actúa en representación de la Universidad del Rosario, advierte la posibilidad de un fallo inhibitorio pues se trata de una norma de carácter transitorio que ya cumplió su objeto "y en tal virtud puede afirmarse no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento". Sin embargo, la Vista Fiscal afirma que si bien es cierto que la disposición acusada es una norma de carácter transitorio, a la fecha se encuentra produciendo efectos jurídicos, "por cuanto a su amparo se decidieron algunos procesos a través de los cuales se consolidaron situaciones que habían surgido antes de la expedición de la Ley 25 de 1992 ´Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política´, pero sólo respecto a los matrimonios católicos y que aún subsisten en el tiempo." En virtud de la anterior discusión, lo primero que la Sala debe determinar es la procedencia del control de constitucionalidad de la disposición demandada, teniendo en cuenta su carácter transitorio. La Corte considera que una norma legal transitoria es aquella expedida para un fin específico y concreto o por un período de tiempo determinado. Usualmente tiene como objetivo evitar que durante el tránsito de una normatividad constitucional o legal a otra se presenten vacíos, inseguridad jurídica o traumatismos respecto del asunto nuevamente regulado. Teniendo en cuenta el carácter temporal de la respectiva norma, sus efectos en principio, están llamados a extinguirse una vez el cometido propuesto por el constituyente o el legislador haya sido alcanzado. Sin embargo, el hecho que una norma legal sea de carácter transitorio, no quiere decir que la misma carezca de validez...