Sentencia C-057 de 2002

C-057-02 Sentencia C-400/98 Sentencia C-057/02 ENMIENDA-Adhesión PROYECTO DE LEY-Forma alternativa de publicidad PROYECTO DE LEY-Mecanismo excepcional para distribución de ponencia PROYECTO DE LEY-Publicación de ponencia posterior a la aprobación en primer debate PROYECTO DE LEY-Autorización para distribución de ponencia coetánea al debate y aprobación PROYECTO DE LEY-Saneamiento de ausencia de autorización previa de repartición de copias de ponencia PROYECTO DE LEY-Autorización del Presidente de la Comisión de entrega de copia de la ponencia FONDO MONETARIO INTERNACIONAL-Funciones CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL-Enmiendas CUARTA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL-Modificación de asignaciones vigentes de DEG CUARTA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL-Objeto CUARTA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL-Decisión soberana de adhesión Referencia: Revisión LAT-205 Revisión constitucional de la "Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del 23 de Septiembre de 1997 y de la Ley No 652 del 10 de Mayo de 2001 por medio de la cual se aprueba dicha Convención. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil dos (2002). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día catorce (14) de mayo de dos mil uno (2001), copia auténtica de la Ley 652 de 2001, "Por medio de la cual se aprueba la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional” adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del 23 de Septiembre de 1997. Esta Corporación mediante auto del veintitrés (23) de mayo de 2001, asumió el examen de constitucionalidad de la Ley 652 de 2001 y de la Enmienda aprobada por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en lista, correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor y llevar a cabo las comunicaciones constitucional y legalmente exigidas. Cumplidos como están los trámites y requisitos requeridos en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente control de constitucionalidad. II. NORMA REVISADA A continuación, se transcribe el texto de la Ley 641 de 2001 remitida para revisión de su constitucionalidad por esta Corporación: LEY 652 DE 2001 (mayo 10) por medio de la cual se aprueba la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997. El Congreso de Colombia Visto el texto de la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997. (Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado). «PROYECTO DE CUARTA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Los Estados signatarios del actual Convenio acuerdan lo siguiente: 1. El texto del Artículo XV, Sección 1 quedará enmendado de la manera siguiente: a) A fin de satisfacer la necesidad, cuando ésta surja de complementar los activos de reserva existentes, el Fondo queda facultado para asignar derechos especiales de giro a los países miembros que sean participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XVIII. b) Además, el Fondo asignará derechos especiales de giro a los países miembros que sean participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo M. 2. Se agregará al Convenio Constitutivo el siguiente Anexo M: ANEXO M Asignación especial de derechos especiales de giro de carácter excepcional 1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4, todo país miembro que, al 19 de septiembre de 1997, sea participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro recibirá, en el trigésimo día a partir de la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda del presente Convenio Constitutivo, una asignación de derechos especiales de giro de un monto que eleve su asignación acumulativa neta de derechos especiales de giro al 29,315788813 por ciento de la cuota del participante al 19 de septiembre de 1997; queda entendido que en el caso de los participantes cuyas cuotas no se han ajustado de conformidad con lo propuesto en la Resolución número 45-2 de la Junta de Gobernadores, los cálculos se realizarán con arreglo a las cuotas propuestas en esa resolución. 2. a) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4, todo país que pase a ser participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro después del 19 de septiembre de 1997, pero dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de su ingreso en el Fondo, recibirá una asignación de derechos especiales de giro equivalente a un monto calculado con arreglo a lo dispuesto en los apartados b) y c) de este párrafo, en el trigésimo día siguiente a: i) la fecha en que el nuevo país miembro pase a ser participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, o ii) la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda del presente Convenio Constitutivo, si esta fecha fuese posterior a la primera. b) A los efectos de lo dispuesto en el apartado a) de este párrafo, cada participante recibirá un monto de derechos especiales de giro que eleve su asignación acumulativa neta al 29,315788813 por ciento de su cuota a la fecha en que el país miembro pase a ser participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, con los siguientes ajustes: i) primero, multiplicando por 29,315788813 por ciento la relación entre el total de las cuotas, calculadas según lo dispuesto en el párrafo 1, de los participantes que se describen en el apartado c) de este párrafo y el total de las cuotas de dichos participantes fecha en que el país miembro pase a ser un participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, y ii) segundo, multiplicando el producto mencionado en el inciso i) por la relación entre la suma de las asignaciones acumulativas netas de derechos especiales de giro recibidas conforme al Artículo XVIII por los participantes que se describen en el apartado c) de este párrafo a la fecha en que el País Miembro pase a ser participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro más las asignaciones recibidas por dichos participantes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1, y, la suma de las asignaciones acumulativas netas de derechos especiales de giro recibidas conforme al Artículo XVIII por dichos participantes al 19 de septiembre de 1997 más las asignaciones recibidas por dichos participantes conforme a lo dispuesto en el párrafo 1. c) A los efectos de los ajustes que habrán de realizarse conforme a lo establecido en el apartado b) de este párrafo, se considerarán participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro a los países miembros que sean participantes al 19 de septiembre de 1997 y i) que sigan siendo participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro a la fecha en que el país miembro pase a ser participante de ese Departamento, y ii) hayan recibido todas las asignaciones efectuadas por el Fondo después del 19 de septiembre de 1997. 3. a) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4, si la República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro) sucede a la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia como país miembro del Fondo y participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro de conformidad con los términos y condiciones de la Decisión 10237-(92/150) del Directorio Ejecutivo, adoptada el 14 de diciembre de 1992, recibirá una asignación de derechos especiales de giro equivalente a un monto calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo, en el trigésimo día a partir de: i) la fecha en que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro) asuma la sucesión como país miembro del Fondo y participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro de conformidad con los términos y condiciones de la Decisión número 10237-(92/150) del Directorio Ejecutivo o ii) la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda del presente Convenio Constitutivo, si esta fecha fuese posterior a la primera. b) A los efectos de lo dispuesto en el apartado a) de este párrafo la República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro) recibirá un monto de derechos especiales de giro que elevará su asignación acumulativa neta al 29,315788813 por ciento de la cuota propuesta en virtud del párrafo 3 c) de la Decisión No. 10237-(92/150) del Directorio Ejecutivo, con los ajustes dispuestos en el párrafo 2 b) ii) y c) a la fecha en que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro) reúna las condiciones para recibir una asignación según lo dispuesto en el apartado a) anterior. 4. El Fondo no asignará derechos especiales de giro a tenor de lo dispuesto en este Anexo a los participantes que hayan notificado por escrito al Fondo antes de la fecha de la asignación que no desean recibir dicha asignación. 5. a) Si el participante tiene obligaciones en mora frente al Fondo en el momento en que se efectúa una asignación a este participante de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 o 3, los derechos especiales de giro asignados de esta manera se depositarán y mantendrán en una cuenta de depósito bloqueada en el Departamento de Derechos Especiales de Giro y se liberarán al participante cuando éste cumpla con la totalidad de sus obligaciones frente al Fondo. b) Los derechos especiales de giro que se mantienen en una cuenta de depósito bloqueada no podrán utilizarse en ninguna forma ni se incluirán en el cálculo de asignaciones o tenencias de derechos especiales de giro a los efectos del Convenio Constitutivo excepto en el caso de los cálculos previstos en el presente Anexo. Si los derechos especiales de giro asignados a un participante están retenidos en una cuenta de depósito bloqueada en el momento en que concluya su participación en el Departamento de Derechos Especiales de Giro o cuando se decida disolver este Departamento dichos derechos especiales de giro serán cancelados. c) A los efectos de lo dispuesto en este párrafo las obligaciones en mora frente al Fondo comprenden las recompras y los cargos en mora en la Cuenta de Recursos Generales, el principal y los intereses en mora sobre los préstamos en la Cuenta Especial de Desembolsos, los cargos y las contribuciones en mora para el funcionamiento del Departamento de Derechos Especiales de Giro y las obligaciones en mora frente al Fondo en su calidad de fiduciario. d) A excepción hecha de lo dispuesto en este párrafo se mantendrá el principio de separación entre el Departamento General y el Departamento de Derechos Especiales de Giro y el carácter incondicional de los derechos especiales de giro como activo de reserva. INTERNATIONAL MONETARY FUND WASHINGTON, D. C., 20431 30 de abril de 1998 CERTIFICACION: Patrice Guilmard, Director interino de la Dirección de Servicios Lingüísticos del Fondo Monetario Internacional, certifica que el texto adjunto a la presente es la traducción al español fiel, completa y correcta del texto de la cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. No obstante, el texto en inglés es el único auténtico, como se indica en la traducción al español de dicho Convenio. Patrice Guilmard, Director interino. Dirección de Servicios Lingüísticos Fondo Monetario Internacional. Adjunto». RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de julio de 1999. Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales. (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Guillermo Fernández de Soto DECRETA: Artículo 1°. Apruébase la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, el 23 de septiembre de 1997. Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. El Presidente del honorable Senado de la República, Mario Uribe Escobar. El Secretario General del honorable Senado de la República, Manuel Enríquez Rosero. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Basilio Villamizar Trujillo. El Secretario General de la honorable cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2001. ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos Calderón. III. INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante escrito enviado el 11 de junio de 2001 expone las razones por las cuales solicita que se declare la exequibilidad de la Ley 652 de 2001 y de la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, el Ministro hace un recuento de las características del sistema monetario internacional en 1945, momento de la creación del Fondo Monetario Internacional, en el que dada la expansión de los ámbitos cambiarios y financieros internacionales, tuvo la función inicial de establecer un “código de conducta” para el sistema monetario internacional. El Ministerio, explica cómo los cambios y necesidades del sistema monetario llevaron a la adaptación del Fondo, instrumentalizada a través de las tres primeras enmiendas del Convenio Constitutivo, al final de las cuales los activos en reservas de oro fueron sustituidos por los derechos especiales de giro, los que acabaron constituyéndose en el activo de reserva por excelencia. Recuerda el Ministro que el Convenio y la primera, segunda y tercera enmiendas fueron incorporadas al ordenamiento colombiano mediante las leyes 96 de 1945, 2 de 1969, 17 de 1977 y 92 de 1993, respectivamente. En cuanto al análisis de la constitucionalidad de la Cuarta Enmienda, la exposición del Ministerio de Hacienda se divide en tres partes. Primero, se hace una explicación de lo estipulado en dicho Convenio. En segundo lugar, se analiza la exequibilidad del Convenio desde el punto de vista Formal. Por último, se estudia su exequibilidad desde el punto de vista material. En relación con las modificaciones introducidas por la Cuarta Enmienda, el Ministerio de Hacienda afirma que ésta autoriza al Fondo Monetario Internacional a asignar derechos especiales de giro (DEG) a los países que hagan parte del Departamento de Derechos Especiales de Giro y, además, señala manera como se van a realizar las asignaciones excepcionales de derechos especiales de giro (DEG). Afirma también el Ministerio de Hacienda que el Convenio es exequible, ya que el procedimiento seguido por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y de los países miembros para aprobar enmiendas, son acordes con los trámites establecidos en el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional para realizar las modificaciones del mismo. Por último, el Ministro de Hacienda sostiene que el Convenio se ajusta a la Constitución en cuanto a las cuestiones de fondo, por varias razones. En primer lugar, afirma, de manera genérica, que el Convenio desarrolla los principios constitucionales reguladores de las relaciones internacionales tales como la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la promoción de la integración económica y la internacionalización de la economía. En segundo lugar, establece que la Cuarta enmienda promueve el principio de equidad internacional, ya que corrige una situación inequitativa surgida del hecho de que para el momento del perfeccionamiento de la Cuarta Enmienda, algunos países no habían recibido asignaciones de derechos especiales de giro (DEG), tal como ocurría con los países parte de la antigua Yugoslavia. En tercer lugar, el Ministerio esgrime que esta asignación no implica ningún costo adicional para Colombia, “sino un cambio en la composición de las reservas internas y un incremento de carácter contable de las mismas.” Esto lleva a una mayor capacidad de acceso a las facilidades establecidas por el Fondo Monetario, cuando el país se encuentre en dificultades. Finalmente, el Ministerio de Hacienda señala que existen razones de conveniencia que justifican que Colombia se haga parte de la Cuarta Enmienda, como un mayor acceso a los recursos del Fondo y el fortalecimiento a mediano plazo de la liquidez del Fondo Monetario Internacional. 2. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores participa en el proceso por conducto de su apoderada, Janeth Mabel Lozano Olave. En concepto de la Cancillería, la Ley 652 de 2000, por medio de la cual se aprueba la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997, es constitucional por las razones que se resumen a continuación. En primer lugar, recuerda la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que dado que la Cuarta Enmienda fue adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997, no es objeto de suscripción o firma por parte de los Estados y para su aprobación legislativa, el trámite se inició con la aprobación ejecutiva del Presidente de la República impartida el 19 de julio de 1999. En segundo lugar, en cuanto a la estructura de la enmienda la apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores expone que la Cuarta Enmienda “autoriza al Fondo a asignar derechos especiales de giro a los países miembros que sean participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, según el anexo M, el cual se agrega al Convenio Constitutivo a través de esta enmienda.” La Enmienda, además, propone “igualar la asignación de la DEG de los países miembros del Fondo aproximadamente al 29.32% de sus cuotas a septiembre de 1997. Esto implica una asignación de acumulación de DEG por un valor aproximado de $ 42.500 millones, de los cuales $ 163 millones corresponderían a Colombia.” Esta enmienda permite, además, que países con reservas bajas, incrementen marginalmente sus reservas internacionales. Luego pasa a exponer las razones que justifican la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 652 de 2001. Afirma la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que la Enmienda se ajusta a los preceptos constitucionales. A su juicio, “al tratarse de un compromiso internacional del Estado colombiano, la Enmienda objeto de estudio se adecua a lo que dispone el artículo 9 de la Constitución Política que establece que: Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. La Enmienda bajo estudio cumplió con los lineamientos establecidos en los artículos 189-2 y 150-16 de la Carta. Agrega el Ministerio que la Enmienda es desarrollo de lo establecido en los artículos 226 y 227 de la Constitución, que ordenan promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; e imponen la misión de promover la integración económica, social y política con las demás naciones, mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad. Finalmente, afirma la representante del Ministerio que la Enmienda desarrolla el principio de cooperación económica y los demás principios que rigen la actividad económica del Estado. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. Mediante escrito enviado el 3 de septiembre de 2001, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte que se declare la inconstitucionalidad por vicios de trámite en la formación de la Ley 652 de 2001, por las siguientes razones. En cuanto al trámite que debió seguir la Ley 652 de 2001, señala la vista fiscal que el proyecto de ley que dio origen a esta ley fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Senado de la República sin que se hubiera cumplido previamente con la publicación de la ponencia en la Gaceta del Congreso, por lo cual se desconoció el trámite previsto en los artículos 156 y 157 de la Ley 5 de 1992. El representante del Ministerio Público hace el siguiente recuento del procedimiento seguido por el proyecto que se convertiría en Ley 652 de 2001 y concluye que “el proyecto de ley a través del cual se buscaba aprobar “La Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del 23 de septiembre de 1997”, fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado por unanimidad de los ocho (8) representantes presentes, el día 17 de noviembre de 1999, fecha en la que aún no se publicaba la ponencia para primer debate, toda vez que la misma sólo se produjo al día siguiente, tal como aparece en la Gaceta del Congreso No. 446 del 18 de noviembre de 1999. Significa lo anterior que la aprobación del proyecto se dio sin que mediara su publicación tal como lo exige el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992, según el cual “La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo.” Agrega la Vista Fiscal que no existe prueba que los miembros de la Comisión y en general el Senado hubiesen conocido con anterioridad la ponencia, por lo cual, de conformidad con el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia C-861 de 2001[1], la Ley 652 de 2001 tendría que ser declarada inexequible por vicios en su aprobación. Para el Procurador General de la Nación, la Cuarta Enmienda fue aprobada conforme el procedimiento previsto en el artículo XXVIII del Convenio Constitutivo, con el fin de autorizar al Fondo Monetario Internacional, asignar derechos especiales de giro a los países miembros que sean participantes en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, con el fin de complementar los activos de reserva existentes y elevarlos en un 29.32%, según las reglas fijadas en el Anexo M de que trata la Cuarta Enmienda. Esta autorización implica una asignación especial de 42.500 millones de derechos especiales de giro para todos los miembros del Fondo, de los cuales corresponde a Colombia el 0.384%, es decir 48 millones de derechos especiales de giro, que equivalen aproximadamente a US $63 millones de dólares americanos. Recuerda la vista fiscal que la finalidad de la Cuarta Enmienda es “la de habilitar a los países miembros para recibir una mayor asignación de DEG, más ajustada a sus cuotas en el Fondo; permitir además, que países con reservas bajas, especialmente los países más pobres incrementen marginalmente sus reservas internacionales, aunque a nivel agregado el incremento de la liquidez internacional es suficientemente bajo como para no implicar riesgo alguno de inflación”. En cuanto al análisis material de la Ley 652 de 2001, el Procurador encuentra que ésta no es incompatible con el respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos de que trata el artículo 9 de la Constitución. Para el Procurador, la enmienda contiene medidas previamente establecidas con el Fondo Monetario Internacional para regular las relaciones con sus miembros. La finalidad y contenido de la Ley y de la Enmienda desarrollan los artículos 226, sobre promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, y 227, según el cual “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones”. Por lo anterior, el representante del Ministerio Público considera que la Enmienda objeto de revisión cumple con los lineamientos establecidos en el artículo 189, numeral 2 y 150, numeral 16 de la Carta. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia De conformidad con lo estipulado en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, la Corte es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de la Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del 23 de septiembre de 1997 y sobre la Ley 652 de 2001 mediante la cual fue aprobada. 2. El trámite de la ley aprobatoria de la Cuarta Enmienda. Utilización de la forma alternativa de publicidad prevista en el artículo 156 del Reglamento del Congreso Tal como lo señaló el Procurador General de la Nación, Colombia no intervino en la aprobación y suscripción original de la Cuarta Enmienda objeto de examen, pero puede adherir a ella en virtud de lo señalado en el artículo 1 de la Ley 7ª de 1944. La aprobación ejecutiva para la correspondiente adhesión fue impartida por el Presidente de la República el 19 de julio de 1999.[2] El trámite al cual se sometió la ley aprobatoria de la Enmienda en el Congreso de la República fue el siguiente: - El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por la Viceministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Campo Saavedra, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, y por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Camilo Restrepo Salazar el 19 de julio de 1999. El texto original del proyecto, radicado con el número 141 de 1999, junto con su exposición de motivos fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 381 del 20 de octubre de 1999.[3] - La ponencia para primer debate del proyecto de ley No. 141 de 1999 en la Comisión Segunda del Senado, fue presentada por el Senador Enrique Gómez Hurtado y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 446 del 18 de noviembre de 1999. [4] - Según certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República el día 17 de octubre de 2001, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento del Congreso, el Presidente de la Comisión autorizó el día 17 de noviembre de 1999 la distribución de una copia la ponencia para primer debate del proyecto de ley número 141 Senado, el cual fue recibido por los miembros de la Comisión el mismo día 17 de noviembre de 1999.[5] - El proyecto de ley No. 141 de 1999 fue aprobado en primer debate por unanimidad, el día 17 de noviembre de 1999 con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 8 de los 13 senadores que componen dicha comisión, según certificación expedida por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República el día 30 de mayo de 2001[6]. - La ponencia para segundo debate al proyecto en la Plenaria del Senado fue presentada por el Senador Enrique Gómez Hurtado y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 513 del 4 de diciembre de 1999.[7] - De conformidad con la constancia expedida por el Secretario General del Senado de la República el proyecto fue aprobado en segundo debate el 16 de diciembre de 1999 con un quórum ordinario de 95 de los 102 senadores que componen esa cámara, con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, tal como consta en el acta 32 de la sesión ordinaria publicada en la Gaceta del Congreso No. 603 del 24 de diciembre de 1999.[8] - En la Cámara de Representantes, el proyecto fue radicado con el número 221 de 1999 y su ponencia para primer debate le correspondió al Representante Néstor Jaime Cárdenas Jiménez. La ponencia para primer debate en la Cámara fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 83 del 4 de abril de 2000.[9] - El proyecto de ley No. 141 de 1999, Senado y 221 de 1999, Cámara, fue aprobado unánimemente en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 2 de agosto de 2000, con la asistencia de 17 representantes.[10] - La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 451 del 16 de noviembre de 2000.[11] - La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto el día 17 de abril de 2001 con 145 votos a favor, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación. El acta de la plenaria aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 195 del 15 de mayo de 2001.[12] - El proyecto fue sancionado por el Presidente de la República el día 10 de mayo de 2001 y remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 14 de mayo de 2001. Según la anterior descripción del trámite de la Ley 652 de 2001, por medio de la cual se adoptó la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, el proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Senado de la República, sin que en esa fecha hubiera ocurrido la publicación oficial previa de la ponencia en la Gaceta del Congreso. Según lo que prevé la Ley 5ª de 1992 en el inciso 2º del artículo 156, con el fin de agilizar el trámite de los proyectos, es posible utilizar un mecanismo excepcional para la distribución de la ponencia. El inciso 2º del artículo 156 dice: “Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.” De conformidad con esta disposición, existirían dos objeciones al trámite del proyecto de ley mediante el cual se aprobó la Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. La primera de ellas es que la publicación oficial de la ponencia para primer debate se realizó con posterioridad a su aprobación en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado. El segundo reparo sería que la autorización para la distribución del documento de ponencia que hizo el Presidente de la Comisión Segunda del Senado fue coetánea al debate y aprobación del proyecto de ley y no previa como lo señala el Reglamento del Congreso. Sobre estos dos puntos ya se ha pronunciado la Corte en ocasiones anteriores, por lo cual se reitera aquí la doctrina constitucional de la Corte desarrollada en la sentencia C-915 de 2001, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación: “La única irregularidad que aparentemente podría existir es que la Comisión Segunda del Senado aprobó el proyecto el 9º de mayo de 2000, mientras que la ponencia para el primer debate en esa comisión fue publicada al día siguiente, esto es, el 10 de mayo de 2000. Sin embargo, obra en el expediente una certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, según la cual, el 5º de mayo de 2000 se repartió a los congresistas de dicha Comisión, fotocopia de la ponencia para primer debate del proyecto de ley No. 176/99 Senado (fls. 86 a 88). Ese trámite se apoyó en el artículo 156 del Reglamento del Congreso, que autoriza dicha reproducción, sin perjuicio de su posterior publicación. “La Corte considera entonces que, no obstante haberse publicado la ponencia con posterioridad a su discusión y aprobación, el requisito exigido en el inciso final del artículo 160 de la Carta, es decir, la presentación previa de ponencia de cualquier proyecto, fue observado durante esta etapa del trámite legislativo. En efecto, conforme al principio de instrumentalidad de las formas, que esta Corporación ha reconocido que es relevante para estudiar el proceso de formación de las leyes[13], las reglas de aprobación de los proyectos no tienen un fin en sí mismo, y por ello deben ser interpretadas a la luz de los valores sustantivos que esas reglas pretenden realizar (CP art. 228). Ahora bien, es claro que el mandato del artículo 160, según el cual, todo proyecto “deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo” es una regla que busca asegurar la publicidad de la ponencia, de tal manera que los miembros de las comisiones conozcan con anterioridad el proyecto y su ponencia respectiva, y puedan entonces debatir adecuadamente la correspondiente iniciativa. Este mandato constitucional evita entonces que los congresistas sean sorprendidos con proyectos y ponencias que no pudieron estudiar previamente. Ese objetivo puede lograrse tanto con la publicación previa del proyecto en la Gaceta del Congreso, como con su reparto previo a los congresistas y su publicación posterior, tal y como lo autoriza expresamente el artículo 156 del Reglamento del Congreso, y tal y como se hizo durante el trámite de la presente ley. “En consecuencia, la Corte concluye que la ley 638 del 4 de enero de 2001 fue aprobada y sancionada según las exigencias constitucionales previstas para ello.”[14] Al igual que en el fallo citado, en el caso bajo estudio la ponencia para primer debate fue entregada a todos los miembros de la Comisión Segunda del Senado, lo cual se encuentra certificado en el expediente[15]. Adicionalmente, en el caso de la referencia ningún parlamentario protestó por considerar que se le hubiesen vulnerado sus derechos; todos estuvieron de acuerdo con el trámite que se siguió. De tal suerte que no es aceptable la primera objeción al tramite del proyecto en el Senado. En cuanto a la doctrina constitucional en materia de saneamiento de la ausencia de autorización previa, ha reiterado la Corte: “3.1.2. Saneamiento de la ausencia de autorización previa. La segunda objeción consiste en señalar que si bien se hizo la entrega de la copia de la ponencia según lo señalado en el artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992)[16], no existe la autorización previa del Presidente de la Comisión exigida por la misma disposición. Antes de entrar a estudiar la cuestión, se considera pertinente recordar lo dicho por esta Corte con relación al principio de la instrumentalidad de las formas, a propósito del trámite de las leyes en el Congreso, “El principio de instrumentalidad de las formas, según el cual, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo[17], tiene entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos consecuencias, en apariencia contradictorias, pero en realidad plenamente complementarias. “De un lado, la Constitución consagra un Estado social de derecho, que busca realizar ciertos principios y valores materiales (CP arts 1º y 2º), y señala explícitamente que en los trámites procesales prevalece el derecho sustancial (CP art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha interpretado el alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores materiales que esas reglas pretenden realizar. Esto explica, por ejemplo, que esta Corporación haya señalado, en forma constante, que al estudiar si una ley viola o no el principio de unidad de materia, la noción de materia debe ser entendida en forma amplia, puesto que un entendimiento demasiado riguroso de su alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de las leyes, con lo cual esa regla terminaría afectando el principio democrático que ella misma pretende realizar. Y de manera más general, esta Corte ha dicho que “las normas constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría a desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental”[18]. “Pero de otro lado, lo anterior no significa que las formas procesales en general, y las normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores sustantivos significativos.”[19] “Teniendo de presente las consideraciones anteriores, concluye la Corte que tampoco encuentra fundamento a la segunda objeción, pues si bien es cierto que no existe constancia escrita de esta autorización, teniendo en cuenta lo ocurrido y la forma como se desarrollan las sesiones de las comisiones, es preciso concluir que las copias de la ponencia fueron repartidas con el beneplácito del Presidente. Por una parte, la elaboración del orden del día de las sesiones de comisión, incluidas aquellas en las que se debatió el proyecto de ley que se estudia, son elaboradas por la mesa directiva de la Comisión, conformada entre otros por al Presidente de la misma.[20] Por otra parte, si se tiene en cuenta las funciones asignadas por el reglamento del Congreso al Presidente de la Comisión (presidir la respectiva Corporación, hacer cumplir el reglamento y repartir los proyectos objeto de debate, por ejemplo),[21] no es posible que se haya debatido el proyecto de ley y que el Presidente no se hubiera enterado y no lo hubiera aprobado. Es decir, incluso en el caso en que, en gracia de discusión, no se hubiese dado la autorización previa del Presidente, es claro que al avalar el procedimiento, avaló la repartición previa de las copias de la ponencia. Por lo tanto, si existió algún vicio de trámite en este sentido, el mismo quedó saneado. “Es preciso señalar que para la Corte es posible que se entienda saneado el vicio procedimental en este caso, por cuanto, primero, se trata de una exigencia formal consignada en el reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) y no en la Constitución, y segundo, su inobservancia no conllevó el desconocimiento de los derechos de las minorías ni de ningún otro parlamentario. A todos se les repartió a tiempo copia de la ponencia, para que pudieran conocer el texto previamente, y no existe ningún pronunciamiento o manifestación de protesta por parte de los miembros de la Comisión. “Ahora bien, el que el vicio haya sido saneado implica que no es aplicable el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, según el cual cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Esta regla constitucional encuentra fundamento en la posibilidad de que: (a) la misma autoridad que profirió el acto (b) subsane el vicio en que incurrió, después de aprobado el acto sujeto a su control. En el presente caso, si bien ya no es aplicable pues el vicio fue saneado antes de aprobado el acto, sí se mantiene el espíritu de la regla consistente en que hay tipos de vicios, unos por su gravedad insubsanables y otros de menor entidad, que pueden ser subsanados después de expedido el acto o saneados por el propio Congreso en el curso del trámite del proyecto.”[22] En el caso bajo estudio existe constancia de la autorización del Presidente de la Comisión Segunda del Senado[23] para que se entregara copia del documento de ponencia el día 17 de noviembre de 1999, fecha en que se discutió y aprobó el proyecto de ley en primer debate, con lo cual tampoco procede en este caso el cuestionamiento al procedimiento excepcional empleado para la aprobación legislativa de la normatividad bajo estudio. Por las anteriores razones, encuentra la Corte que la Ley 652 de 2001, por medio de la cual se aprueba la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997, cumplió con los trámites constitucionales y legales previstos para su aprobación. 3. Revisión material de la Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 3.1. Colombia y el Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional tiene las siguientes funciones, acordadas en 1945 por los estados parte en el convenio constitutivo[24]: i. Promover la cooperación monetaria internacional mediante una institución permanente que proporcione un mecanismo para consultas y colaboración sobre problemas monetarios internacionales. ii. Facilitar la expansión y el desarrollo equilibrado del comercio internacional y contribuir de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de empleo y de ingresos reales y al desarrollo de las fuentes productivas de todos los países participantes, como objetivos fundamentales de la política económica. iii. Promover la estabilidad del cambio, mantener acuerdos uniformes respecto al cambio entre los participantes, y eliminar restricciones del cambio sobre el Exterior, que obstaculicen el desarrollo del comercio mundial. iv. Ayudar a establecer un sistema de pagos multilaterales respecto de las transacciones corrientes entre los países miembros, y a eliminar restricciones del cambio sobre el exterior que obstaculizaran el desarrollo del comercio internacional. v. Inspirar confianza a los países participantes, poniendo a su disposición los recursos del Fondo bajo garantías adecuadas, y de ese modo darles oportunidad de corregir desajustes en su balanza de pagos, sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacional o internacional. vi. De acuerdo con lo antes expuesto, acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio en las balanzas y de pago internacionales de los países participantes.”[25] El Convenio Constitutivo adoptado por Colombia mediante Ley 96 de 1945, ha sido enmendado en cuatro oportunidades.[26] La primera Enmienda entró en vigor el 28 de Julio de 1969 y fue incorporada a nuestro ordenamiento interno por la Ley 2 de 1969. Esta Primera Enmienda surgió ante la necesidad de ofrecer una fuente adicional de liquidez internacional y complementar los activos de reserva existentes, que tomó forma mediante un sistema de derechos especiales de giro (DEG), a través del cual se sustituyeron los activos de reserva en oro y divisas del Fondo por este nuevo activo.[27] La Segunda Enmienda entró en vigor el 1 de Abril de 1978 y fue incorporada a nuestra legislación mediante la Ley 17 de 1977. Esta enmienda se dirigió a regular algunas de las prácticas de cambio existentes, a reforzar la supervisión que el Fondo ejercía sobre éstas, a dar a los países miembros el derecho de adoptar regímenes de cambio de su elección, al tiempo que se aceptaba la posibilidad de definir ciertas restricciones respecto a sus políticas internas de tipos de cambio, sobre los cuales se otorgó al Fondo tanto la facultad como el deber de ejercer vigilancia. Igualmente, se abolió el precio oficial del oro y se dio por terminada su función como medio obligatorio de pago en las transacciones entre el Fondo y los países miembros[28]. Esta enmienda además modificó la sanción de inhabilidad para la utilización de los recursos del Fondo, consagrada en el Convenio Constitutivo. La Tercera Enmienda, adoptada como legislación interna mediante la Ley 92 de 1993, estableció sanciones tales como la suspensión del derecho de voto, cuando los países miembros incumplieran con sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y reiteró la sanción de inhabilidad para la utilización de los recursos del Fondo.[29] La Ley 92 de 1993 fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-359 de 1994. [30] Finalmente, la Cuarta Enmienda, adoptada por la Ley 652 de 2001, y cuya constitucionalidad se estudia en la presente sentencia, está dirigida a complementar los activos de reserva del Fondo, mediante el aumento de los cupos de derechos especiales de giro que corresponden a cada país miembro. Para el año 2001 este organismo internacional contaba con 182 estados miembros y tenía 145.000 millones de derechos especiales de giro (DEG)[31] como activos de reserva (aproximadamente US $193.000 millones de dólares). La cuota que corresponde a cada país miembro se determina teniendo en cuenta el tamaño de su economía y su participación en el comercio internacional. En la actualidad la cuota de Colombia es de 561.3 millones de DEG. No escapa a la Corte que han sido muchas las controversias políticas que han generado las medidas promovidas por el Fondo Monetario Internacional. En el debate público hay quienes critican la rigidez de las políticas económicas que el Fondo impone a sus miembros cuando estos hacen uso de los recursos del mismo y la insensibilidad del modelo económico promovido por éste ante las particularidades y necesidades de cada estado.[32] Inclusive un premio nobel de economía ha sido especialmente activo en subrayar las fallas de las políticas adoptadas por el Fondo[33]. No obstante, ninguno de estos asuntos resulta relevante en el análisis de constitucionalidad de la Ley 652 de 2001 y de la Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo, como quiera que la enmienda se limita a modificar las asignaciones vigentes de DEG para los países miembros. Aún cuando se hace referencia a las sanciones que pueden ser impuestas a los países que incumplan sus obligaciones con el Fondo, esta enmienda no modifica el régimen de condiciones y sanciones. Éste, como ya se anotó, fue reformado por las tres primeras enmiendas, la tercera de las cuales fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-359 de 1994.[34] 3.2. La Cuarta Enmienda al Convenio del Fondo Monetario Internacional La Cuarta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional fue adoptada en la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Fondo en septiembre de 1997, con el fin de modificar el Artículo XV, Sección 1 del Convenio[35]. La Junta de Gobernadores, mediante Resolución 52-4 adoptó esta propuesta de enmienda relacionada con la asignación de derechos especiales de giro de carácter excepcional, dando cumplimiento a lo prescrito en el Artículo XXVIII del Convenio[36]. La Cuarta Enmienda pretende corregir la inequidad en la asignación de derechos especiales de giro resultante de la falta de asignación de cuotas a países miembros que ingresaron al Fondo Monetario Internacional después de 1978, algunos de los cuales se han beneficiado de los recursos del Fondo. Busca fortalecer los recursos del Fondo al aumentar los activos de reserva de éste; habilitar a los países miembros a recibir una mayor asignación relativa de recursos del Fondo; y permitir que países con reservas bajas tengan acceso a mayores recursos. Aun cuando las asignaciones ordinarias de derechos especiales de giro están previstas en el Artículo III Sección 2 del Convenio Constitutivo[37] y se someten a revisiones periódicas, cada 5 años, tal revisión no corregía las anteriores inequidades. Por esas razones, se planteó esta Cuarta Enmienda que establece una asignación extraordinaria de derechos especiales de giro que implica un aumento aproximado del 29.32% de las cuotas de los países miembros, y que en el caso colombiano equivaldría a un aumento aproximado de la cuota colombiana en 48 millones de DEG.[38] La Cuarta Enmienda resulta ajustada a las normas constitucionales que establecen los principios reguladores de las relaciones internacionales, como son el respeto de soberanía nacional (artículo 9, CP), como quiera que los derechos y compromisos internacionales relacionados con esta enmienda dependen de que Colombia decida soberanamente adherir a este instrumento internacional. Tal como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, la soberanía se ejerce cuando se decide asumir libremente compromisos internacionales necesarios para la cooperación y convivencia dentro de una comunidad supranacional. “El concepto de soberanía en su doble proyección (interna o inmanente y externa o transeúnte) ha evolucionado de modo significativo, en armonía con las circunstancias históricas en las cuales ha tenido que utilizarse. Muchos factores han incidido en su reformulación, entre los cuales quizá el más relevante sea el relativo al proceso de progresiva internacionalización de las relaciones entre las comunidades políticas soberanas. (...) Tal estado de cosas no ha determinado la disolución del concepto de soberanía, pero sí su reformulación en términos que compatibilizan la independencia nacional con la necesidad de convivir dentro de una comunidad supranacional. Las obligaciones internacionales, difíciles antes de conciliar con la existencia de un "poder autónomo, incondicionado y absoluto", resultan perfectamente compatibles con un "poder con suficiente autonomía para gobernar dentro de su territorio y obligarse frente a otros que hacen lo mismo dentro del suyo". (...) Así las cosas, la idea de soberanía nacional, como lo ha expresado esta Corte, "no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad". (Sent. C-574/92)”[39] La Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y la Ley 652 de 2001, resultan materialmente ajustados a la Carta Política, pues encuentran su sustento, entre otras normas constitucionales, básicamente en el artículo 226, que ordena que el Estado Colombiano deberá fomentar la internacionalización de las relaciones económicas. Por las anteriores razones, encuentra la Corte que tanto la Ley 652 de 2001 como la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997, se ajustan al ordenamiento constitucional colombiano. VI. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 652 de 2001, por medio de la cual se aprueba la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997”. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiembre de 1997”. Tercero.- Comuníquese esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíese copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. MARCO GERARDO MONROY CABRA Presidente (Continúan Firmas Expediente LAT-205) ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado (Continúan Firmas Expediente LAT-205) CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia C-057/02 PROYECTO DE LEY-Publicación previa del informe de ponencia (Salvamento Referencia: expediente LAT-205 Revisión Constitucional de la “Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del 23 de septiembre de 1997 y de la ley No. 652 del 10 de mayo de 2001 por medio de la cual se aprueba dicha convención. Magistrado Ponente Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Con el acostumbrado respeto presento a continuación los motivos que llevan a apartarme de la decisión mayoritaria de la Corte Constitucional. Considero que esta Corporación avaló nuevamente la aprobación de otro tratado internacional, sin que se hubiera publicado previamente el informe de ponencia respectivo en la Gaceta del Congreso, indispensable para darle primer debate y decidir acerca de la aprobación del tratado (Ley 5ª de 1992, art. 157). Como se observa en el aparte denominado “2. El trámite de la ley aprobatoria de la Cuarta Enmienda. Utilización de la forma alternativa de publicidad prevista en el artículo 156 del Reglamento del Congreso”, página 12, párrafos 1,2 y 3 de la Sentencia de la cual me aparto, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el día diecisiete (17) de noviembre de 1999, mientras que el informe de ponencia para dicho debate fue publicado sólo hasta el día siguiente en la Gaceta del Congreso No. 446, pp. 45-47. El motivo que me lleva a salvar mi voto en esta oportunidad es exactamente igual al que me llevó a hacerlo en la Sentencia C-953 de 2001, y por ese motivo transcribimos in integrum los argumentos esbozados en dicha oportunidad. “Ahora bien, podría ponerse en duda que la Constitución imponga al Congreso la obligación de publicar previamente el informe de ponencia para iniciar el primer debate en comisión, pues la Carta no contiene una regla específica que así lo ordene. Sin embargo, este argumento –acogido por la sentencia- no es aceptable, pues el análisis de constitucionalidad del procedimiento parlamentario no puede realizarse exclusivamente a partir del cumplimiento de reglas constitucionales específicas, contenidas en la parte orgánica de la Constitución. “El debate parlamentario es el momento en el cual se concreta y se hace efectiva la representación popular en el procedimiento de creación legislativa. En la medida en que es precisamente en ese momento que los congresistas ejercen su mandato como representantes de diversas corrientes políticas y filosóficas y de los intereses de sus electores, el desarrollo regular de un debate parlamentario es un aspecto fundamental para que nuestra democracia sea verdaderamente representativa (C.N. art. 1º), y permita garantizar la efectividad de los derechos de participación política de los electores (C.N. art. 40). Para lograr este objetivo, es necesario que antes de iniciar el debate los congresistas sean plenamente concientes de las repercusiones sociales, políticas y jurídicas del texto sometido a su aprobación, y la publicación previa del estudio presentado por el ponente en el informe tiene esta finalidad. “La relevancia constitucional del debate parlamentario, y la importancia que éste tiene para darle legitimidad a toda la organización del Estado, ameritan que el control constitucional que efectúa la Corte deba hacerse desde una óptica más amplia que la simple comparación con las normas orgánicas plasmadas positivamente en la parte orgánica de la Constitución. Es indispensable que en el análisis de constitucionalidad del procedimiento parlamentario, y en particular en la evaluación del debate, se tengan en cuenta todos aquellos valores, principios y reglas necesarios para encaminar el sistema de representación popular en el legislativo hacia la realización de los objetivos constitucionales. “Estos valores y principios que se encuentran en la parte dogmática de la Constitución, y en especial el principio democrático, adquieren vigencia mediante la realización del procedimiento parlamentario que, como cualquier procedimiento, se lleva a cabo mediante la aplicación de reglas y trámites específicos. Ante la imposibilidad de regular detalladamente el procedimiento parlamentario en el texto de la Carta Fundamental, pero conciente de la necesidad de evaluar su constitucionalidad concretando estos valores y principios constitucionales al procedimiento parlamentario, la jurisprudencia de esta Corporación ha integrado las disposiciones legales orgánicas que lo regulan, como parámetros determinantes en el análisis de constitucionalidad de dicho procedimiento.[40] “En todo caso, aun aceptando la aplicabilidad de las reglas contenidas en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso al análisis de constitucionalidad, podría ponerse en duda la obligatoriedad de la publicación previa de la ponencia como condición necesaria para la iniciación del primer debate, pues de acuerdo con el artículo 156 de dicho estatuto el presidente de la comisión puede autorizar que se reproduzca el texto de la ponencia entre sus miembros, para efectos de agilizar el debate. Esta conclusión, a la cual llega la sentencia de la cual disentimos, es consecuencia de una lectura ligera del texto, que si bien permite que el presidente de la respectiva comisión otorgue dicha autorización, aclara que la reproducción mecánica puede hacerse sin perjuicio de su “posterior y oportuna” publicación en la Gaceta del Congreso. Al respecto la disposición dice textualmente: ‘“ARTICULO 156. Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el Presiden...