Sentencia C-046 de 2006

C-046-06 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-046/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Recursos y medios de defensa DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Sentencias penales condenatorias y fallos de tutela/CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Forma parte del bloque de constitucionalidad/PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Forma parte del bloque de constitucionalidad La Carta de manera expresa sólo establece en efecto el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (CP art. 93), prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia penal, pero no establecen esa posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuáles exigen únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Conforme a lo anterior, a pesar de la importancia que puede tener la posibilidad de apelar una sentencia contraria, es claro que no es obligatorio que todos los procesos judiciales sean de doble instancia. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Criterios que debe respetar el legislador al establecer excepciones PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa El principio de doble instancia no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los ámbitos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el Legislador podrá consagrar excepciones al principio según el cual toda sentencia es apelable o consultable. READECUACION TEMPORAL DE COMPETENCIAS EN JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Establecimiento de procesos de única instancia/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Conocimiento de procesos en única instancia/PRINCIPIO DE IGUALDAD EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-No vulneración al establecer reglas sobre cuantía para acceder a segunda instancia El legislador pretendió -ante el hecho de la no puesta en marcha de los juzgados administrativos- adecuar a esa situación el reparto de competencias dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establecido en la ley 446 de 1998 y concretamente asignar en única instancia a los Tribunales administrativos una serie de asuntos que de haberse puesto en funcionamiento los juzgados administrativos deberían conocer en segunda instancia. Dicha solución, si bien implica la exclusión de la doble instancia deja en todo caso en manos de dichos tribunales el conocimiento de los asuntos referidos sin que con ello pueda considerarse que se limitan de manera irrazonable o desproporcionada los derechos de los justiciables. Téngase en cuenta que se está en presencia de un juez plural sometido como todos a la Constitución y a la Ley y que en el caso excepcional en que su actuación comporte la configuración de una vía de hecho que desconozca flagrantemente dichos derechos será posible acudir a la vía de la acción de tutela. Frente a la afirmación que hace el actor y que comparte el señor Procurador General de la Nación en el sentido de que con las expresiones acusadas se vulnera el principio de igualdad pues en atención a la cuantía señalada -500 salarios mínimos- sólo unos pocos asuntos de los que conoce la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado podrán tener segunda instancia, la Corte hace énfasis en que no se configura discriminación alguna en este caso pues se está en presencia de una norma que simplemente acude al factor cuantía -criterio objetivo que como ha señalado la Corte no desconoce per se el principio de igualdad- para fijar una competencia sin que dicha determinación signifique tratamiento distinto a quienes se encuentran en una situación similar. Referencia: expediente D-5874 Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta”, “500” y “salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso”, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 “por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia” Actor: Enrique Gil Botero Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Enrique Gil Botero presentó demanda contra las expresiones “única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de”, “500”, y “salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso”, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 “por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia” Mediante auto del quince (15) de julio de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior y de Justicia, a fin de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. Así mismo ordenó invitar en este proceso al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin. Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.893 del 28 de abril de 2005. Se subraya lo demandado. “Ley 954 de 2005” (abril 27) “por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia ” El Congreso de la República DECRETA: Artículo 1º. Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así: Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así: Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia. Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40. Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Tribunales Administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Jueces Administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los Tribunales Administrativos. El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38. Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley.” (...) III. LA DEMANDA El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran los artículos 13, 29 y 31 de la Constitución Política. Así como lo previsto en el Preámbulo y los artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 8°, numeral 1° y 25, numerales 1° y 2° literal b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 14, numeral 1° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Precisa que la Constitución Política en el artículo 31: “...impone una restricción a la soberanía democrática del legislador en cuanto coarta o limita su libertad de configuración en la función legislativa, como quiera que no puede confundir o mutar el principio por la excepción, o lo general que es la posibilidad de la ‘apelación judicial’ por lo excepcional que sería la prohibición particular o para algunos eventos; esa soberanía democrática no es absoluta y encuentra un límite en la misma Constitución y el legislador ha de someterse a ella porque de lo contrario queda por fuera del marco del Estado constitucional, es así como su poder de creación legal lo debe ejercer sin ir a invertir el orden de las proposiciones (...) porque el precepto constitucional obra como una libertad pero también como una restricción, de allí que para el legislador ‘la libertad comienza donde termina la obligación...”. En ese orden de ideas, considera que las expresiones acusadas, vulneran la Constitución Política en la medida en que convierten el principio en excepción y la excepción en regla general, so pretexto de desarrollar la excepción, desconociendo en consecuencia el mandato y el límite que la Carta fundamental impuso al legislador en el artículo 31, especialmente en materia de los derechos fundamentales. Aclara que: “... en la jurisdicción contenciosa administrativa, el artículo 86 del CCA modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, consagra la acción de reparación directa y el artículo 20 del CPC determina con fundamento entre otros criterios, la forma de establecer la cuantía en atención a la pretensión mayor para cada demandante, y en efecto existe una línea jurisprudencial administrativa en la cual por perjuicios extrapatrimoniales, el tope indemnizatorio por mora lo constituye la suma de cien salarios mínimos legales mensuales, y en materia de daño a la vida de relación al máximo otorgado en la actualidad es de doscientos salarios mínimos legales mensuales, precedente judicial elaborado en el ejercicio del arbitrio judice...”. De otra parte, explica que los reconocimientos máximos hechos por la jurisprudencia contenciosa en materia de perjuicios extrapatrimoniales, y la imposibilidad consecuencial de imprimir vocación de segunda instancia por ese factor, se han constituido en un precedente judicial, circunstancia que la doctrina constitucional ha denominado “reglas controlantes”, de forma tal que el precedente de los montos máximos reconocidos en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, en lo que concierne a los perjuicios inmateriales, constituye un punto de referencia que no puede desconocerse en relación con el juicio de proporcionalidad, y por tanto resulta imprescindible al examinar el criterio de la cuantía. Sobre el particular cita la sentencia SU-047 de 1999. Hace énfasis en que: “...la norma impugnada por su inconstitucionalidad pulverizó el artículo 31 de la Constitución, dejando a la sección Tercera del Consejo de Estado, sin la posibilidad real de conocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado. La finalidad de la norma de descongestionar al Consejo de Estado en los procesos de ésta naturaleza, no sólo ha trastocado el orden constitucional sino que creó un abismo que deja sin función en la práctica la actividad judicial de dicha Sección del Consejo de Estado una vez evacuen el represamiento de años anteriores...”. Considera que las expresiones acusadas vulneran los derechos a la igualdad y al debido proceso, por cuanto al no establecerse la doble instancia, no solo se limita el derecho de contradicción sino que se configura una discriminación que afecta a las personas que han sufrido un daño causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, pues el Estado en lugar de intervenir a favor de los más débiles que en éste caso serían las víctimas lo que hace es desampararlas, invirtiendo en consecuencia el contenido de la tutela positiva del principio de la igualdad. Aduce entonces que la norma acusada no guarda relación de proporcionalidad con su finalidad, esto es la descongestión de la Sección Tercera del Consejo de Estado a “cualquier precio”, situación que no es legítima pues con ello se afecta el principio de la doble instancia, por tanto aunque la medida tenga un fundamento legal altera el orden constitucional. Así mismo, señala que para efectos de establecer la cuantía como criterio regulador de la instancias, habrá de tenerse siempre un punto de referencia o criterio de realidad, que para el caso lo ha establecido la práctica judicial en cuanto a que a través de los topes o límites indemnizatorios, reconocidos por la jurisprudencia, es ésta la que fija de una u otra manera que dichos procesos tengan vocación de única o de primera instancia, y es a partir de allí, en un juicio de proporcionalidad o relacional, que podrá establecerse si verdaderamente el principio constitucional de la doble instancia se mantiene, o por el contrario la excepción al mismo lo desentronizó invirtiendo la preceptiva constitucional...”. En ese sentido, aclara que: “...a modo de ejemplo, el legislador en virtud de su poder de configuración legal determina que serán procesos de única instancia aquellos cuya cuantía sea inferior a 10.000 S.M.L.M. yendo en contravía de los que jurisprudencialmente se reconoce, no está adecuando la norma al principio constitucional, porque los efectos en la práctica sería el hecho de dejar todos los procesos de única instancia, (...) únicamente para señalar que si en la actualidad, la jurisprudencia contenciosa administrativa lo máximo que reconoce por perjuicios, es cien o en veces excepcionalmente doscientos salarios mínimos, al haber señalado en el parágrafo del ordinal 1° del artículo 1° de la Ley 954 de 2005 la suma de quinientos salarios mínimos contraviniendo el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 que fijaba la misma cantidad –500 S.M.L.M- como criterio determinador de la primera instancia, para mutarlo hacia la única instancia, como sucede en la norma acusada, lo que hace esta en verdad es burlar el mandato constitucional suplantando el principio por la ley...”. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio referido a través del Director del Ordenamiento Jurídico de ese Ministerio, interviene en el presente proceso y solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las expresiones acusadas, con base en las razones que a continuación se sintetizan. Indica que corresponde a la Ley el señalamiento de todas las reglas referentes a las instancias de los procesos, los recursos, las clases de providencias contra las cuales proceden, los términos para interponerlos, la notificación y ejecución de las providencias. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-345 de 1993. Advierte que: “... el Constituyente de 1991 elevó a canon constitucional el principio de la doble instancia, en el artículo 31, aunque sin el carácter absoluto, como lo entiende el actor, prueba de lo cual es que el Constituyente haya reservado al Legislador la facultad de establecer excepciones al citado principio. Excepciones que deben ser consagradas desde luego, con observancia de los derechos, valores y postulados axiológicos que consagra la Carta...”. Afirma que: “...los procesos de única instancia en la forma como están regulados en la norma acusada, tienen una justificación que no solamente se funda en la diversidad de los intereses en juego, sino en su finalidad, razonabilidad y racionalidad, y en la proporcionalidad de la consecuencia jurídica que conlleva esa diferenciación, con respecto a los fundamentos o supuestos de hecho que sirven de base al trato desigual...”, y que es evidente que la norma acusada prevé el mismo tratamiento para todos los que se encuentran en las circunstancias previstas en ella es decir, las personas que intervienen en los procesos de única instancia a los que se refiere dicha disposición jurídica. Como fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de la sentencia C-351 de 1994. Considera que la correcta aplicación de la norma que contiene las expresiones acusadas es indispensable para garantizar el acceso eficaz a la administración de justicia previsto en el artículo 229 superior, derecho éste cuyo carácter fundamental es innegable pues su realización concreta depende en grado sumo de la celeridad con que actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado la Constitución Política. Finalmente, señala que el Legislador estaba facultado para establecer el trámite previsto en la norma que contiene las expresiones acusadas, decisión que por demás adoptó según la evaluación acerca de la necesidad y conveniencia, así como en aplicación de los mandatos constitucionales. Concluye entonces que: “...el artículo acusado está amparado en los principios de igualdad, el acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales no son vulnerados por la norma que se examina, pues no hay ninguna restricción ni traba que dificulte algún derecho fundamental...”. 2. Consejo de Estado El señor Presidente del H. Consejo de Estado doctor Germán Rodriguez Villamizar intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte que se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo o en subsidio declare la exequibilidad de las expresiones acusadas, con base en las razones que a continuación se sintetizan. Advierte que la Corte Constitucional debe inhibirse para fallar de fondo, toda vez que: “...el actor lo que en realidad reprocha no es el contenido normativo de la Ley 954, sino las cuantías ya fijadas con antelación por la Ley 446 por lo que ha debido atacar el artículo 42 de esta última, pues (...) el artículo 1° de la Ley 954 se limita a poner en efectivo funcionamiento el incremento de cuantías ya señalado desde 1998. Y en este evento no se reúnen los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional para que apelando a la unidad normativa se recurra al estudio de la norma que no ha sido objeto de demanda, por tener un contenido normativo distinto...”. Afirma que en caso de considerarse que existe demanda en forma debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en forma reiterada ha explicado que el principio de la doble instancia no tiene carácter absoluto, puesto que el Constituyente autorizó al legislador para establecer excepciones al mismo. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-040 de 2002. Hace énfasis en que: “... la racionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida adoptada por el Congreso de la República al aprobar la Ley 954 viene dada por una más que justificada puesta en funcionamiento del aumento de cuantías ordenado ya desde 1998 por virtud de la Ley 446, acorde con la condición de órgano de cierre del Consejo de Estado al encomendarle las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley (numeral primero artículo 237 Superior)...”. Igualmente, explica que la norma acusada al dar aplicación efectivamente al aumento de cuantías adoptado por la Ley 446 de 1998 en el artículo 42, no configura per se un trato discriminatorio que comporte simultáneamente la violación del debido proceso, sino que por el contrario es una medida que persigue un fin legítimo desde el punto de vista constitucional, esto es, el cumplimiento del principio de acceso efectivo a la administración de justicia mediante la aplicación inmediata del aumento de las cuantías aludidas, medida que por demás se impone en los actuales momentos de alarmante congestión en el Consejo de Estado. Hace énfasis en que en el caso de la disposición acusada: “...el tertium comparationis se encuentra dado en la fijación de una cuantía igual para todos los destinatarios de la norma que estaba en mora de ponerse en efectivo funcionamiento, de modo que en aplicación de ese factor objetivo de competencia (...) se aplica un rasgo común en nuestro sistema procesal que radica en la competencia -en no pocas ocasiones- en función de la cuantía del proceso, en orden a que sólo los asuntos que superen determinadas cuantías lleguen a conocimiento de los órganos de cierre jurisdiccionales...”. Reitera que de lo que se trata es de la puesta en marcha de un dispositivo ya previsto en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, mecanismo que por demás no comporta la eliminación de la segunda instancia sino que la circunscribe a casos que superen el monto de cuantías ya fijado desde el año 1998. Como fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de la exposición de motivos y de los informes de ponencia para primer y segundo debate sobre el proyecto de ley No. 194 de 2004, donde se resaltó que lo pretendido con la aludida iniciativa legislativa es la readecuación temporal del reparto de competencias previstas por la Ley 446 de 1998 entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. En ese orden de ideas considera que: “...al poner en marcha el aumento de las bases de las cuantías ordenado desde la Ley 446 de 1998 el artículo primero de la Ley 954 busca que el Consejo de Estado se pueda ocupar de un número menor de asuntos y con ello lograr varios propósitos constitucionales: i) una justicia pronta y oportuna, que permita la solución expedida de las controversias planteadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ii) al elevar las cuantías podrá el Consejo de Estado no sólo resolver más prontamente los asuntos puestos a su consideración, sino que podrá seguir sentando las líneas jurisprudenciales que marcarán la pauta de acción de los Tribunales Administrativos del país, pero con una celeridad tal que estos podrán tener ese referente doctrinario en tiempos más breves, sin tener que esperar largos años a que sus decisiones sean revisadas...”. De otra parte, señala que las condiciones y requisitos para tener acceso al recurso de apelación son idénticas para todos los usuarios de la administración de justicia, solo que las cuantías se han incrementado en orden a que sólo a partir de ciertos topes se pronuncie el Consejo de Estado, de modo que el valor económico determinará la competencia, esto constituye el factor objetivo para fijar la competencia por cuantía sin que implique vulneración alguna de los mandatos constitucionales. Al respecto cita un aparte de la sentencia C-153 de 1995. Destaca que: “...la puesta en funcionamiento del incremento de las cuantías ordenado por el artículo 42 de la Ley 446 no comporta violación del artículo 31 al no entrañar eliminación de la segunda instancia en cabeza del Consejo de Estado, sino que se trata tan sólo de una regulación del factor competencial en función de las cuantías (criterio objetivo), lo que no implica que se estén estableciendo tratos que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas condiciones. O lo que es igual, no está asignando la totalidad de una competencia a un juez de única instancia sino estableciendo unos topes de cuantía, cuantías que serán rigurosamente aplicadas de manera idéntica en todos los casos. Por manera que, la cuantía para recurrir se erige acá en un criterio de diferenciación relevante para dar un trato distinto a los demandantes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que –además- lejos de restringir el derecho de acceso a la administración de justicia, se constituye así en medio para materializar el acceso efectivo a ese derecho constitucional...”. Como fundamento de sus aseveraciones cita las sentencias C-351 de 1994, C-269 de 1998 y C-1046 de 2001. Explica que en el caso de la norma acusada no se avizora ninguna actuación desproporcionada o irrazonable del legislador que permita inferir violación de principios o valores constitucionales, pues se trata de alcanzar un fin legítimo, esto es, un acceso expedito a la administración de justicia por medio de un instrumento racional y razonable. Finalmente, advierte que la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 2002, declaró exequible el artículo 39 de la Ley 446 de 1998 que señala los eventos en los que los Tribunales Administrativos conocen de los procesos en única instancia. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 3923, recibido el ocho (8) de septiembre de 2005, en el cual solicita a la Corte declarar inexequibles las expresiones acusadas, de conformidad con las consideraciones que se resumen a continuación. La Vista Fiscal, precisa que si bien existen pactos y convenios internacionales que prevén la garantía al debido proceso: “... la doctrina y la jurisprudencia constitucional con suficiente fundamento ius filosófico han concluido que, salvo en materia penal condenatoria y en los juicios de tutela, el principio de la doble instancia, aunque hace parte del debido proceso, no integra el núcleo esencial de dicho derecho, dado que aquél no tiene carácter absoluto, así pues, el debido proceso, que tiene un nexo inescindible con el derecho de defensa, se garantiza en el Estado de Derecho en la medida en que un proceso, aún eliminada la posibilidad de impugnación de la sentencia adversa, se asegure a las partes, mediante regulación, el derecho a la debida defensa adecuada y oportuna que debe verse reflejado en el establecimiento de suficientes oportunidades de controversia...”. En esos términos, considera que debe demostrarse que en el ordenamiento jurídico no existen las garantías suficientes para el ejercicio del derecho de defensa en los procesos de única instancia para que puedan entenderse violados los tratados internacionales sobre derechos humanos y como tal presupuesto no se configura en este caso el cargo aludido no está llamado a prosperar. Recuerda que la Corte Constitucional al interpretar el contenido del artículo 31 superior, señaló que nada se opone a que existan procesos de única instancia en la jurisdicción contencioso administrativa, y para ello fijó unos parámetros con el fin de que constitucionalmente sea válida la actuación del legislador que fija límites a dicha garantía procesal. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-040 de 2002. Aclara que la exclusión por parte de la Ley de la regla de la doble instancia para algunos asuntos contenciosos, no debe ser caprichosa o carente de razón suficiente, esto es, desprovista de elementos que la justifiquen objetiva y razonablemente, y en ese entendido, cuando fuere necesario habrá de atenderse a los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional al respecto. En ese orden de ideas, considera que: “... la norma de descongestión de las distintas secciones del Consejo de Estado, resulta desproporcionada, toda vez que, con ella, el legislador cae en el error legislativo que censura la Corte Constitucional al convertir la excepción constitucionalmente permitida en la regla general aplicable a los procesos que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo...”, de forma tal que en el caso de la norma que contiene los preceptos acusados, es claro que se vulnera el derecho a la igualdad de las personas, de los contribuyentes, de los servidores públicos y de los contratistas de la administración, que no se pueden enmarcar dentro del carácter genérico de la acusación. Señala, a título de ejemplo, que en el caso de los servidores públicos solo tendrían derecho a un proceso de doble instancia originado en la nulidad de un acto administrativo de carácter laboral o en las acciones u omisiones de la administración aquellos funcionarios que ostenten los más altos ingresos laborales, los grandes contribuyentes y aquellos contratistas adjudicatarios de macroproyectos, lo cual dentro del contexto de las acciones contenciosas por medio de las cuales se busca garantizar los derechos de los asociados, resulta ser una discriminación carente de justificación objetiva. Advierte que de conformidad con lo dicho en la exposición de motivos del proyecto que culminó con la Ley 954 de 2005, si bien existe una buena intención en la medida prevista en la norma que contiene las expresiones acusadas, que es la de la descongestión de las distintas secciones del Consejo de Estado, tal medida debe ser proporcional al fin perseguido y de tal magnitud que no desconozca principios constitucionales de especial relevancia en el Estado Social de Derecho. En efecto, señala que: “...las acciones contenciosas consagradas en los artículos 84 a 87 del Código Contencioso Administrativo, en cuyo ejercicio tiene incidencia capital el factor de las cuantías, apunta entre otras finalidades a la defensa de la legalidad de las actuaciones de la administración y al reconocimiento de las indemnizaciones y perjuicios ocasionados con la actividad del Estado en las tres ramas del poder público. Siendo ello así debe mirarse la medida de descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en directa relación con el principio general de derecho de la primacía del interés general y con el de autonomía e independencia de los órganos de control que conlleva la asignación de funciones del Ministerio Público en la defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de los ciudadanos y, especialmente de defensa del patrimonio público...”. De otra parte, considera que debe proyectarse una medida de descongestión judicial que guarde relación con el respeto de las garantías procesales, desde el punto de vista de la razonabilidad en cuanto tal postulado conlleva la observancia de las reglas relativas a los medios de control de los cuales hace parte el derecho a la impugnación de las decisiones adversas, bien sea que ese derecho sea ejercido por los particulares o por el propio Estado representado en las distintas personas de derecho público, sujetos que además son partes en el proceso contencioso administrativo. En ese entendido, estima que: “...Tal razonabilidad de la medida de descongestión, desconocida por el legislador al promulgar el artículo 1° de la Ley 954 de 2005, se ve reflejada en consecuencias jurídicas que pueden resultar en extremo gravosas para el Estado, como quiera que con el establecimiento de la única instancia en los asuntos contenciosos, tal y como se halla consagrado en la norma en cita en la cual no se previó siquiera el recurso de reposición contra las providencias de única instancia, conllevaría la convalidación de los errores judiciales que desembocan en vías de hecho. Ello por cuanto, producida una sentencia de única instancia en la que se ha vedado tanto a la administración como al particular el derecho a controvertirla, se cierran para las partes todas las posibilidades ya que tal decisión hace tránsito a cosa juzgada de manera inmediata y, por consiguiente, al advertirse errores, o vulneración de los derechos de aquellas, la única acción procedente sería la acción de tutela, mecanismo que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades han sentenciado como improcedente contra sentencias ejecutoriadas, pero que será el único mecanismo al que pueda recurrirse, trasladando entonces el problema de congestión a otras instancias...”. Considera entonces que la medida de descongestión prevista en la norma que contiene los preceptos acusados, si bien es necesaria no resulta proporcional, adecuada ni razonable, porque con ella se sacrificaría el interés general que asiste a las particulares y a las autoridades públicas para defender, a través de los medios legales idóneos, la legalidad de las normas (actos administrativos) y de velar por la protección y defensa del patrimonio público, elementos consustanciales del orden económico y social y por ende del interés general. Concluye que no es posible dentro del marco constitucional que rige al Estado Colombiano adoptar medidas de descongestión de los despachos judiciales que conlleven el recorte de las garantías procesales existentes, y por consiguiente: “...dada la relación directa que existe entre el inciso primero del parágrafo del artículo 1° de la Ley 954 de 2005 y sus incisos anterior y posteriores, toda vez que los mismos dicen relación con la readecuación de las competencias tanto en los Tribunales Administrativos como en el Consejo de Estado y, dado que la norma integra una sola proposición dentro del criterio jurídico de descongestión, la inexequibilidad que se solicitará por parte del Ministerio Público debe afectar la totalidad del artículo 1°...”. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma que contiene los preceptos acusados hace parte de una Ley de la República. 2. La materia sujeta a examen Para el actor las expresiones “única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta”, “500” y “salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso”, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 “por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia” desconocen los artículos 13, 29 y 31 de la Constitución, y consecuentemente lo previsto en el Preámbulo y los artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 8°, numeral 1° y artículo 25, numerales 1° y 2° literal b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 14, numeral 1° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por cuanto i) no solo con dichas expresiones la excepción señalada en el artículo 31 superior se convertiría en regla general sino que la realidad fáctica en materia de indemnizaciones reconocidas por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo en este campo muestra que en la practica se dejará sin trabajo a la Sección Tercera del Consejo de Estado ii) no se cumplen en este caso los presupuestos señalados por la jurisprudencia para establecer una excepción al principio de doble instancia y en particular se desconoce el presupuesto según el cual no deben generarse tratamientos discriminatorios iii) las expresiones acusadas no guardan proporcionalidad con la finalidad señalada para la mismas a saber la descongestión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado. El interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas. Destaca que i) el principio de doble instancia no tiene carácter absoluto; ii) el factor cuantía como elemento determinante de la competencia tiene un claro sustento constitucional en cuanto se fundamenta en un criterio general, abstracto e impersonal, por lo que no puede hablarse por tanto de trato desigual o discriminatorio en el presente caso; iii) las expresiones acusadas buscan garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia. Finalidad que aseguran al contribuir a la descongestión de la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. El Presidente del Consejo de Estado solicita que la Corte se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo o en su defecto declare la exequibilidad de las expresiones acusadas. Destaca al respecto que i) lo que están haciendo las expresiones acusadas es dar aplicación a la modificación de cuantías prevista en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 norma que el actor no demandó ii) el actor desconoce que el artículo 31 superior no tiene carácter absoluto y que el principio de doble instancia no hace parte del núcleo esencial del debido proceso ; iii) como se desprende de la exposición de motivos y del trámite legislativo la norma tiene una clara justificación constitucional en la voluntad de descongestionar la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo y en particular el Consejo de Estado, finalidad que atiende a un objetivo igualmente valioso cual es el de asegurar el derecho al acceso a la administración de justicia para todos iv) que la norma acude a un criterio objetivo cual es el de la cuantía para establecer una competencia por lo que en manera alguna puede considerarse vulnerado el principio de igualdad en tanto quienes se encuentren en la misma situación recibirán igual tratamiento. v) que no es cierta la afirmación según la cual se deja sin trabajo a la Sección tercera del Consejo de Estado. El Señor Procurador General de la Nación aclara que para que puedan entenderse violados los tratados internacionales sobre derechos humanos invocados por el actor debe demostrarse que en el ordenamiento jurídico no existen las garantías suficientes para el ejercicio del derecho de defensa en los procesos de única instancia y que como tal presupuesto no se configura en este caso el cargo planteado en ese sentido no está llamado a prosperar. Empero, solicita la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas así como del conjunto del artículo 1° de la Ley 954 de 2005 por cuanto considera que i) si bien el principio de doble instancia no tiene carácter absoluto no se cumplen en su criterio los presupuestos señalados por la Corte para que el Legislador establezca excepciones en este campo y en particular el relativo al no establecimiento de tratamientos discriminatorios pues considera que solo los servidores con altas remuneraciones o los grandes contratista serían los que gozarían de la posibilidad de acudir ante el Consejo de Estado en segunda instancia; ii) al establecerse que el juzgamiento será de única instancia la única vía -excepcional por lo demás- a la que podría acudirse por los justiciables y por el propio Estado sería la acción de tutela, frente a la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho permanentes reparos. Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si las expresiones “única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta”, “500” y “salarios mínimos legales mensuales previstos en el artículo 42, según el caso”, contenidas en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 “por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia” vulneran o no los artículos 13, 29 y 31 de la Constitución, y consecuentemente las normas internacionales invocadas por el actor[1]. 3. Consideraciones preliminares Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) la potestad de configuración del legislador en materia de procedimientos y el alcance y límites del principio constitucional de doble instancia, ii) el contenido y alcance de la norma que contiene las expresiones acusadas, que resulta pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda, iii) la solicitud de inhibición, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en el presente proceso. 3.1. La potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos y el alcance y límites del principio constitucional de la doble instancia 3.1.1 Esta Corporación ha sostenido en reiterada jurisprudencia, que la regulación de los diversos procedimientos judiciales, corresponde al legislador en ejercicio de su amplia potestad de configuración[2]. En ese sentido ha señalado que con fundamento en sus atribuciones constitucionales (art. 150 C.P.), es el legislador el llamado a establecer en las diversas actuaciones judiciales los procedimientos que han de surtirse, las acciones, los términos, los recursos y en general todos los aspectos propios de cada proceso atendiendo su naturaleza, a fin de establecer las reglas que han de observarse[3]. En virtud de esta atribución puede por ejemplo instituir diversos medios de impugnación de las decisiones judiciales, esto es, recursos ordinarios y extraordinarios, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso[4]. En ese sentido es importante recordar la sentencia C-005 de 1994, en la que la Corte expresó lo siguiente: “Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política.” [5] Se ha precisado por esta Corporación que si bien el legislador en ejercicio de su facultad constitucional de hacer las leyes y expedir códigos en las distintas ramas del Derecho a que alude el artículo 150 superior, cuenta con una amplia potestad de configuración, dicha potestad no es absoluta pues ella encuentra sus límites en los principios y valores consagrados en el ordenamiento constitucional, que en materia de procedimientos particularmente imponen el respeto de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad[6]. En el mismo sentido la Corte ha advertido que las disposiciones procesales que se expidan deberán respetar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios del conjunto de la potestad de configuración que le reconoce la Constitución al Legislador[7]. 3.1.2 Ahora bien, en lo relativo al principio de la doble instancia[8] cabe recordar que éste tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al Estado en busca de justicia[9]. Sin embargo, como lo ha puesto de presente reiteradamente la Corte, dicho principio no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda sentencia es apelable o consultable[10]. La Carta de manera expresa sólo establece en efecto el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (CP art. 93), prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia penal, pero no establecen esa posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuáles exigen únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley[11]. Conforme a lo anterior, a pesar de la importancia que puede tener la posibilidad de apelar una sentencia contraria, es claro que, -como esta Corte lo ha señalado en numerosas ocasiones-, no es obligatorio que todos los procesos judiciales sean de doble instancia. Así, la sentencia C-345 de 1993, entre muchas otras que han abordado el tema, precisó que "el artículo 31 superior establece el principio de la doble instancia, de donde se deduce el de apelación de toda sentencia, pero con las excepciones legales, como lo dispone la norma constitucional. Excepciones que se encuentran en cabeza del legislador para que sea él quien las determine, desde luego, con observancia del principio de igualdad"[12]. La Corte ha resaltado en ese orden de ideas que el hecho de que la doble instancia sólo haga parte del contenido esencial del debido proceso en las acciones de tutela y en materia penal, no significa que la ley pueda establecer excepciones a esa regla en cualquier otro proceso sin ningún tipo de limitante[13]. Al respecto ha señalado que i) el principio general establecido por el artículo 31 superior[14] es que todos los procesos judiciales son de doble instancia y que por consiguiente, como los procesos de única instancia son una excepción a ese principio constitucional, es obvio que debe existir algún elemento que justifique esa limitación, pues otra interpretación conduciría a convertir la regla (doble instancia) en excepción (única instancia); ii) en tanto la posibilidad de apelar tiene vínculos estrechos con el derecho de defensa y la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido proceso, -que tiene como componente esencial el derecho de defensa-, aunque el Legislador puede establecer excepciones a la doble instancia es claro que al consagrar un proceso de única instancia, debe establecer suficientes oportunidades de controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso. Esto significa, ha dicho la Corte, que “un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa” [15] iii) la Carta establece el principio de igualdad (CP art. 13), que obviamente se proyecta sobre la regulación de los procesos y recursos. Por ende, aunque el Legislador cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas, de acuerdo con el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución, es obvio que las excepciones a la doble instancia no pueden ser discriminatorias[16]. Sobre el particular, cabe señalar que esta Corporación en la sentencia C-103 de 2005[17] sintetizó los parámetros a tener en cuenta por el legislador al momento de fijar excepciones al mandato constitucional de la doble instancia. Al respecto precisó la Corte lo siguiente: “La Corte Constitucional ya ha reconocido el carácter relativo del principio de la doble instancia en múltiples oportunidades. Lo anterior no significa que el Legislador esté en completa libertad de excluir la doble instancia para cualquier tipo de procesos. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el Legislador debe respetar ciertos parámetros mínimos al momento de decidir que una determinada actuación procesal o proceso únicamente podrá tramitarse en única instancia y no estará sujeta(o) a impugnación; en particular, debe mantenerse dentro del “límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe al principio de igualdad”. En relación con sentencias judiciales, la Corte ha indicado que es necesario estudiar cada caso individual para determinar la constitucionalidad de las exclusiones de la doble instancia, pero al mismo tiempo ha precisado ciertos criterios que deben ser respetados por el Legislador para que su decisión de someter un procedimiento o acto procesal determinado a trámite de única instancia no riña con la Constitución: (a) La exclusión de la doble instancia debe ser excepcional; (b) Deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de única instancia; (c) La exclusión de la doble instancia debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legítima; (d) La exclusión no puede dar lugar a discriminación.”[18] A partir de los anteriores presupuestos procede la Corte a efectuar el análisis de las disposiciones acusadas. 3.2 Los antecedentes, contenido y alcance del artículo 1° de la Ley 954 de 2005 3.2.1 De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 954 de 2005“por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia” -mediante el cual se efectúa la “Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998”- el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998[19], fue modificado en los siguientes términos: “Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así: Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia. (se subraya lo demandado) Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40. Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Tribunales Administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Jueces Administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los Tribunales Administrativos. El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38. Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998[20], regirán a partir de la vigencia de la presente ley.” Al respecto cabe recordar que el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia” a que se alude en el segundo inciso del parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 y en el que a continuación se subrayan los apartes que incluyen la cuantía de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la que reenvía el referido inciso en los apartes acusados por el actor, es del siguiente tenor: Artículo 42. Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el Título 14 del Libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un Capítulo III del siguiente tenor: CAPITULO 3 Competencia de los jueces administrativos "Artículo 134A. Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en única instancia del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o Distrital." "Artículo 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan Actos Administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia. 3. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. 4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. 6. De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. 7. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales. 8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia. 9. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los Alcaldes y miembros de los Concejos de los municipios que no sean Capital de Departamento, como también de los miembros de las Juntas Administradoras Locales de cualquier Municipio y demás elecciones celebradas dentro del respectivo territorio municipal. Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por las Corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de los citados municipios." 10. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto administrativo." "Artículo 134C. Competencia de los jueces administrativos en segunda instancia. Los Jueces Administrativos conocerán, en segunda instancia, de los siguientes asuntos: 1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. 2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior. 3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la cuantía." 3.2.2 Sobre el particular resulta pertinente recordar igualmente que de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 954 de 2005 el mismo fue presentado a la consideración del honorable Congreso de la República con “el propósito fundamental de descongestionar tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, como las diferentes Secciones que la integran, todas las cuales viven una verdadera situación de emergencia, pues las medidas establecidas en la Ley 446 de 1998 y, en especial, la creación de los juzgados administrativos, no han podido ponerse en funcionamiento por falta de recursos presupuestales suficientes para atender esos nuevos gastos, por lo cual, tal como se demuestra en recientes estudios y análisis estadísticos sobre la congestión en el Consejo de Estado, el volumen de asuntos que se han venido represando en la Sala Plena Contenciosa y en las secciones, exigen la adopción de medidas de urgencia que faciliten la toma de decisiones en forma oportuna y eficaz.” Así mismo que de acuerdo con la misma exposición de motivos con la expedición de la referida Ley se pretendió: “poner en vigencia inmediata la repartición de competencias que la Ley 446 determinó entre los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado a fin de que lleguen en segunda instancia a este último solo aquellos asuntos que por su cuantía así lo ameriten de acuerdo con los criterios ya señalados por el legislador desde 1998. (…)” En ese orden de ideas en la misma exposición de motivos se precisó igualmente lo siguiente: “3. Competencia en materia administrativa A. Principios de la Administración de Justicia Por constituir la administración de justicia una función pública a cargo del Estado, mediante la cual se hacen efectivos todos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución Política y en la ley, su prestación debe...