Sentencia C-022 de 2004

C-022-04 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-022/04 ECONOMIA-Dirección general DIRECCION DE LA ECONOMIA-Regulación por el Congreso DIRECCION DE LA ECONOMIA-Intervención del Estado DIRECCION DE LA ECONOMIA-Intervención del Presidente de la República PLANEACION NACIONAL-Reseña histórica PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Aspectos fundamentales PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Partes LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LEY ORGANICA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO LEY ANUAL DE PRESUPUESTO Y LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO AUXILIOS O DONACIONES A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO-Prohibición LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Intervención de miembros del Congreso en la discusión y aprobación/LEY ANUAL DE PRESUPUESTO-Participación del Congreso en debates y aprobación CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRAL-Alcance CONGRESO DE LA REPUBLICA EN PROYECTOS DE INVERSION REGIONAL-No participación en definición/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Ejercicio directo de funciones para dictar leyes o realizar el control político/LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN PROYECTO DE INVERSION REGIONAL-No imposición de concurrencia del Congreso para definición de proyectos específicos Es extraño por completo a las funciones del Congreso de la República ordenar por medio de una ley su participación con los Alcaldes en la definición de proyectos específicos de inversión regional para que esta aparezca como “el resultado de su concurrencia con el Ejecutivo Nacional, Departamental y de Bogotá”. Las funciones del Congreso de la República se ejercen directamente por él, tanto cuando ejerce la atribución de dictar las leyes como cuando realiza el control político o cualquiera otra función pública. El Congreso ejerce su competencia como legislador únicamente con sujeción a la Constitución o a las leyes orgánicas que regulan la función legislativa. No puede, en consecuencia, la Ley del Plan, imponerle una concurrencia obligada con el Ejecutivo, ni con la participación de los delegados de los Alcaldes, ni previa la realización de audiencias consultivas, para que pueda definir proyectos específicos de inversión regional. GOBIERNO EN PRESUPUESTO DE RENTAS Y LEY DE APROPIACIONES-Formulación anual/GOBIERNO EN PROYECTO DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION-Preparación anual PRINCIPIO DEMOCRATICO-Cercenamiento de atribución del Congreso por vía legislativa/PRINCIPIO DEMOCRATICO-Inclusión en leyes distintas al reglamento de requisitos adicionales para expedición de leyes CONGRESO DE LA REPUBLICA-No tiene función de concertación sobre ejecución de inversiones regionales a incluirse en el presupuesto CONGRESO DE LA REPUBLICA EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-No concertación con el Gobierno sobre inversión de partidas para proyectos de interés regional CONGRESO DE LA REPUBLICA EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Inconstitucionalidad de concertación para ejecución de proyectos de inversión regional/CONGRESO DE LA REPUBLICA EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Inconstitucionalidad de creación de delegados para concertación con el Gobierno PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Concertación de delegados del Congreso con el Gobierno sobre inclusión de inversiones regionales por sectorizar Referencia: expediente D-4741 Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6 y 11, parciales de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario”. Actor: Néstor Humberto Martínez Neira Magistrado ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES. 1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en el artículo 241-4 de la Constitución Política y del Derecho que a los ciudadanos confiere para el efecto el artículo 40, numeral 6 de la Carta el ciudadano Néstor Humberto Martínez Neira, mediante demanda solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la expresión “y del Congreso Nacional” contenida en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 812 de 2003, e igualmente la inexequibilidad de la expresión “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de ´inversiones regionales por sectorizar ´ de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el Presupuesto de la vigencia 2003”. 2. La demanda a que se ha hecho referencia en el numeral precedente fue admitida por auto de 22 de julio de 2003, providencia en la cual se ordenó comunicar la iniciación de este proceso al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991. Además, en esa providencia se ordenó el envío del expediente al señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto que ordena el artículo 242, numeral 2 de la Constitución y, así mismo, se dispuso la fijación en lista para que los ciudadanos que así lo estimen pertinente pudieran intervenir. II. NORMA DEMANDADA. A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.45.231 de 27 de junio de 2003. LEY 812 DE 2003 (junio 26) “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (...) ARTÍCULO 6o. PROYECTOS DE INVERSIÓN REGIONAL. Los recursos establecidos en el rubro "Inversiones Regionales por Sectorizar" del cuadro que se presenta en el anterior artículo, se distribuirán por departamentos de la siguiente manera: Distribución con criterios de equidad Miles de millones de pesos 2002 Departamento Valor Amazonas 18.876 Antioquia 59.888 Arauca 23.221 Atlántico 36.414 Bogotá 70.457 Bolívar 35.413 Boyacá 30.400 Caldas 27.812 Caquetá 25.225 Casanare 21.748 Cauca 30.757 Cesar 27.594 Chocó 25.495 Córdoba 32.725 Cundinamarca 36.889 Guainía 23.720 Guajira 26.139 Guaviare 27.378 Huila 26.256 Magdalena 29.911 Meta 25.897 Nariño 33.627 Norte de Santander 30.851 Putumayo 23.561 Quindío 22.760 Risaralda 25.917 San Andrés y Providencia 16.391 Santander 31.953 Departamento Valor Sucre 29.221 Tolima 28.943 Valle del Cauca 48.094 Vaupés 21.400 Vichada 25.068 TOTAL COLOMBIA 1.000.000 Teniendo en cuenta la anterior distribución de recursos por departamentos, la Nación, directa o indirectamente, adelantará proyectos de inversión conforme a los siguientes criterios: 1. Mínimo setenta y cinco por ciento (75%) de los recursos en vías, aguas potables - saneamientos básicos y distritos de riego. Los dos (2) primeros serán de obligatoria inclusión. 2. Hasta veinticinco por ciento (25%) de los recursos podrán ser invertidos en otros sectores de acuerdo con las prioridades regionales. 3. En ningún caso los sectores priorizados para un departamento podrán ser superiores a cuatro (4). 4. La definición de los proyectos específicos será el resultado de un proceso de concurrencia de los Gobiernos nacional, departamental y de Bogotá y del Congreso Nacional, con la participación de delegados de los Alcaldes, previa la realización de audiencias públicas consultivas. Dicha definición se hará en conformidad con la presente Ley y deberá concretarse con anterioridad a la presentación de la Ley General de Presupuesto para la vigencia 2004. (...) CAPITULO IV. MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN. SECCION UNO. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. ARTÍCULO 11. EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. Para fortalecer la gestión pública orientada al logro de los resultados del Plan de Desarrollo, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación, reglamentará los esquemas de seguimiento, evaluación, incentivos y difusión de resultados, que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación de recursos. En todo caso el Congreso de la República, a través de las Comisiones Económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del Plan, y presentarán a cada una de las Cámaras un informe semestral de sus resultados. Así mismo, concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de "inversiones regionales por sectorizar- de que trata el artículo 6o de la presente ley, que puedan ejecutarse en el Presupuesto de la vigencia 2003. III. LA DEMANDA. A juicio del actor los apartes demandados de los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, violan los artículos 1, 13, 113, 114, 115, 121, 133, 136 numerales 1 y 4, 150, 189 y 355 de la Constitución Política. En procura de sustentar los apartes de las normas que acusan como inconstitucionales, el ciudadano demandante empieza por recordar que conforme a la Constitución de 1886 en su artículo 76, el Congreso de la República estaba facultado para “fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo”, norma esta a cuyo amparo se incluyeron en la ley de presupuesto partidas que no tenían por objeto la satisfacción de créditos judicialmente reconocidos o el reconocimiento de gastos decretados por ley anterior. Agrega que, en cambio, se producía la destinación de partidas de acuerdo con el criterio sujetivo de los miembros del Congreso, lo que ocasionó manejos indebidos de los dineros públicos que fueron conocidos como auxilios parlamentarios. Tal situación, llevó entonces a la Constitución de 1991 a prohibir, en su artículo 355 el decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, pese a lo cual, al decir del actor, “año tras año se ha intentado revivir la figura bajo diferentes denominaciones”. Sentado lo anterior, expresa el demandante que en el Plan de Desarrollo para el período 2003-2006 aparecen incluidas partidas globales por la suma de un billón de pesos destinadas a “proyectos de inversión regional”. Tales recursos serán objeto de ejecución en el rubro “inversiones regionales por sectorizar” las cuales se distribuirán entre la totalidad de los departamento del país y el Distrito Capital. Agrega el demandante que el Congreso de la República no puede determinar “cuáles serán los proyectos que resulten beneficiados con la utilización de los recursos” provenientes de esas partidas globales, las cuales a su juicio, constituyen un “mecanismo para consolidar prácticas que el constituyente de 1991 quiso eliminar de nuestro sistema político”, porque de esta manera se “abre la puerta para que la asignación de esta fracción del gasto público se politice”. Incluir partidas de libre destinación por el Congreso de la República, es tanto como revivir los ”auxilios parlamentarios”, lo que resulta viciado de ilicitud, la que “emana del propio método de distribución del gasto público con las notas características de los auxilios parlamentarios, y del riesgo intrínseco de este procedimiento que propende a la existencia de un favoritismo político, propensión a cuya erradicación se orientó el control establecido en la Constitución”. En razón de lo dicho, sostiene el actor que los apartes demandados de los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003 quebrantan los artículos 136 numeral 4º y 355 de la Constitución Política, normas prohibitivas de esta clase de auxilios en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, considera el actor que los apartes normativos a que se refiere su demanda, violan la independencia de las ramas del poder público porque autorizan la intervención del Congreso por mandato de la ley, en funciones que corresponden a la rama ejecutiva del Poder Público. En su concepto, para asegurar la independencia de las ramas del Poder Público el artículo 136, numeral 1º de la Constitución le prohíbe al Congreso inmiscuirse en las competencias de otras autoridades mediante la expedición de las leyes. Por esta razón en la distribución del gasto público al Congreso le asigna la Constitución la atribución de aprobar el Plan de Desarrollo y de Inversiones Públicas, así como el establecer las rentas nacionales y fijar los gastos mediante la aprobación de la ley anual de presupuesto. Pero, luego de aprobadas tales leyes, le corresponde al Ejecutivo disponer la ejecución de los gastos públicos y de las inversiones nacionales “de acuerdo con el proyecto de Gobierno que resultó respaldado por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho al voto al alcanzar la Presidencia de la República”. Con el otorgamiento de auxilios parlamentarios la autonomía y la independencia de la rama legislativa resulta afectada y se desnaturaliza su función “por la forma en que se decide la distribución del gasto público, pues es al Gobierno a quien le corresponde determinar, de acuerdo con el orden de prioridades que él mismo establezca, cómo se distribuirá el gasto y cuáles serán los sectores a los cuales se destinará la inversión”. Esa potestad no le concierne al Congreso. A él le corresponde dictar las leyes y el ejercicio del control político sobre la rama ejecutiva, “más no ejecutar el Plan de Desarrollo definiendo en qué se utilizarán los dineros públicos”. Recuerda luego el demandante que el artículo 339 de la Constitución establece la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, que incluye una parte general y un Plan de Inversiones Públicas Nacionales, que requiere aprobación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 341 de la Carta. La función del Congreso en la definición del Plan de Inversiones es de gran importancia democrática, pues luego de la participación de autoridades nacionales y regionales y de la población en general, es al Congreso a quien la Constitución le confía la discusión final y la aprobación del mismo mediante una ley. Con todo, expedida ella su ejecución corresponde al Gobierno Nacional. En las normas que se acusan parcialmente como inconstitucionales, se atribuye al Congreso “una influencia determinante en la selección de los proyectos de inversión regional que serán financiados directa o indirectamente con recursos de la Nación”. Con ello se deja abierta la posibilidad de introducir criterios distintos a los que exige la planeación de la inversión pública y la prioridad con que ella ha de atenderse, para abrirle paso a “la satisfacción de los intereses individuales de los miembros del Congreso, en su afán de lograr la asignación de recursos para el desarrollo de obras en sus regiones con criterio electoral”. La autorización de las partidas globales que se consagran en el artículo 6º de la Ley 812 de 2003, en concordancia con el artículo 5º de la misma, conducen a que se entronice “un sistema pernicioso e inconstitucional cuando se establece el concurso del Congreso para tal fin, porque en ese caso habrá espacio para atender criterios políticos, fundados en la satisfacción de los intereses personales de los Congresistas y se crean condiciones para la recíproca atención de los poderes públicos, en detrimento de su necesaria independencia”. Expresa luego que ese fue el criterio del ciudadano Alvaro Uribe Vélez “en el escrito de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 628 de 2000”, demanda en la cual señaló el actual Presidente de la República que “sin un Congreso independiente del Ejecutivo no hay crítica posible. Y si desaparece la autonomía del Congreso a través de halagos presupuestales, burocráticos o contractuales desaparece también en la realidad el derecho a ejercer control político así éste continúe consagrado formalmente” “(demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º y 3º de la Ley 628 de 2000- expediente 3432”), argumento que el actor manifiesta que ahora invoca para que se declare la inconstitucionalidad de los apartes demandados de los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, en este proceso. Agrega que los auxilios parlamentarios le permiten a los miembros del Congreso imponer “ a los gobiernos de turno un mecanismo para acceder al gasto público con fines electorales particulares”, pues, afirma, los Congresistas “interesados en lograr la asignación de recursos para atender los intereses de su clientela política, están dispuestos a hipotecar su independencia y sentido crítico”. Transcribe luego el artículo 136 numeral 1º de la Constitución Política en el cual se le prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades y, a continuación expresa que para la ejecución del Plan de Inversiones, conforme a la norma mencionada, el Congreso “en ningún caso” puede establecer una instancia no prevista en la Constitución para el trámite de distribución del gasto público, como efectivamente se hace en los apartes normativos de las disposiciones acusadas. En ellas se autoriza a los miembros del Congreso para que con ellos el Ejecutivo celebre una concertación en la cual se convenga la destinación de los recursos del rubro “Inversiones Regionales por Sectorizar”. En apoyo de lo expresado sobre el quebrantamiento de la prohibición establecida en el numeral 1º del artículo 136 de la Constitución, cita el demandante algunos apartes de la Sentencia C-702 de 1999 en la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 55 de la Ley 489 de ese año. Para finalizar este cargo afirma el demandante que en los apartes de las normas que acusa como inconstitucionales se restablecen los auxilios parlamentarios y, de esa manera, se violan los artículos 112, 113, 114, 121, 133, 136 numeral 1º, 150 y 189 de la Constitución por desconocimiento del principio de independencia y autonomía de las ramas del poder público, extralimitación de funciones del Congreso de la República e intromisión por mandato de la ley en las competencias que corresponden al Ejecutivo, sin que el Congreso constitucionalmente se encuentre facultado para tal intromisión. Desde otro punto de vista, formula el actor a las normas que acusa el cargo de violación del derecho a la igualdad a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política. Para sustentarlo, expresa que el establecimiento de los auxilios parlamentarios es un instrumento a disposición de los miembros del Congreso “para asegurar su reelección en el período inmediatamente siguiente”. La intervención del Congreso, en la forma prevista en las normas que acusa en la asignación de partidas para las inversiones públicas “premia el establecimiento político y cierra del todo las posibilidades a la renovación política”, pues con la utilización de los recursos provenientes del erario público quedan los miembros del Congreso en una situación de privilegio frente a quienes no lo son pero aspiren a serlo, pues evidente que estos últimos no pueden participar en la asignación de recursos para obras regionales. Ello, a su juicio, permite a los Congresistas en ejercicio sacar “provecho de los dineros públicos con miras a consolidar una base electoral” a partir de la cual se encuentran en condiciones de “conseguir los votos suficientes” para obtener su reelección, punto este en el cual expresa su acuerdo con la formulación de cargo igual por el ciudadano Alvaro Uribe Vélez, “actual Presidente de los colombianos”, cuando actuó como demandante de la Ley 628 de 2000. (Expediente D-3432). Agrega que los apartes normativos de las disposiciones legales acusadas constituyen una especie de “peaje” impuesto por el Congreso al Presidente de la República para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que es contrario a la Constitución. Para finalizar, asevera el demandante que los recursos para las inversiones públicas a que se ha hecho referencia, pese a su destinación directa o indirecta a proyectos regionales que puedan promover la generación del desarrollo, se encuentran incluidos en “partidas globales cuya destinación podrá determinarse con criterios subjetivos de corte politiquero, más allá de la opinión de la comunidad en las ´audiencias públicas consultivas´”, por cuanto, en realidad a los ciudadanos de la región se les permitirá la posibilidad de hablar, en tanto que “el político tendrá el derecho a decidir”. No es, a su juicio, que el Congreso carezca de competencia para intervenir en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, sino, simplemente, que la intervención del órgano legislativo y de cada uno de los integrantes de las Cámaras debe realizarse en la forma y con las limitaciones “señaladas en la Constitución para tal fin”, lo que no ocurre con la asignación de partidas globales de cuantías considerables cuya destinación se definirá mediante acuerdos del legislativo con algunos de los miembros del Congreso, es decir, de dos de los miembros de cada una de las Comisiones Económicas. De esa manera, la distribución de los dineros públicos para el desarrollo nacional no será el producto de “un debate democrático” sino “una intromisión de quienes resulten favorecidos para actuar como ´nuncios parlamentarios´”. El demandante, con posterioridad a la admisión de la demanda anexó el decreto No. 1.940 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.249 de 15 de julio del año en curso, mediante el cual se reglamenta el artículo 6º de la Ley 812 de 2003, decreto en cuyo artículo 2º se establece claramente que “Las Audiencias Públicas Consultivas no tienen carácter vinculante (...)”. IV. INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. El Departamento Nacional de Planeación, por conducto del doctor Luis Edmundo Suárez Soto, Jefe de la Oficina Asesora de su Dirección, intervino en este proceso para oponerse a la pretensión de que declaren inexequibles parcialmente los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003 a que se refiere la demanda y, para solicitar que, a contrario de lo que impetra el actor, se declare la exequibilidad de los apartes normativos acusados de inconstitucionalidad. Tras hacer un resumen de los argumentos expuestos por el demandante expone las “razones de la defensa” de la constitucionalidad de las normas cuestionadas como inexequibles. En ese orden de ideas, manifiesta que se hace necesario, a su juicio, “efectuar algunas precisiones sobre el tema de los auxilios parlamentarios”, conforme a la doctrina establecida por la Corte Constitucional . A este efecto, asevera que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, se ha concluído que la prohibición a las autoridades estatales para entregar a personas naturales o jurídicas de derecho privado por pura liberalidad y sin contraprestación alguna recursos públicos, exige que esas “cesiones” se encuentran prohibidas, salvo cuando tengan “sustento en principios y derechos constitucionales”. Por ello, cuando esto ocurra es claro que deben tener un “fundamento constitucional expreso”, como sucede con “la actividad de fomento de la investigación y de la actividad científica y tecnológica”, según se precisó en la Sentencia C-506 de 1994 y se reiteró en Sentencia C-671 de 1999 en la cual se resumieron los precedentes jurisprudenciales sobre el alcance del artículo 355 de la Carta. Conforme a lo anteriormente expuesto, manifiesta el Departamento Nacional de Planeación que los apartes normativos acusados “no desconocen la prohibición de los auxilios y los donaciones a personas privadas”. En las normas acusadas no se autoriza la destinación de recursos públicos a particulares sin contraprestación alguna. Tampoco establecen cesiones gratuitas. Se limitan, simplemente a señalar que habrá una “distribución departamental de los recursos denominados ´Regionalización Provisional e Indicativa´ del Plan Plurianual de Inversiones establecida en el artículo 6º de la Ley 812 de 2003, acompañado de los criterios para adelantar los respectivos proyectos de inversión” ; y, de otra parte, se establece “un mecanismo de concertación entre el Gobierno y el Congreso para la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro ´Inversiones Regionales por Sectorizar´ en el presupuesto 2003 que puedan ejecutarse”. (negrilla del Departamento Nacional de Planeación). Manifiesta el interviniente que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la prohibición de auxilios y donaciones de dineros del erario público a personas jurídicas o naturales de derecho privado, tiene como propósito evitar el “efecto corruptor que sobre la política colombiana tuvieron los ´auxilios parlamentarios´ , que fueron considerados en la práctica ´viciosa tanto por pervertir las instituciones democráticas como por alimentar ilegítimas destinaciones de los fondos del erario´” , según se expresó en la Sentencia C-254 de 1996 y se reiteró en Sentencia C-1168 de 2001. Asevera el interviniente que las normas acusadas no autorizan el desvío de recursos hacia particulares, ni son tampoco partidas “de libre disposición por parte de los Congresistas”, por cuanto se trata de “recursos del Plan Plurianual de Inversiones” sujetos al principio de legalidad del gasto, no desconocido por las normas acusadas. Tales recursos, - prosigue el Departamento Nacional de Planeación -, lo que pretenden es “estimular el desarrollo regional armónico” de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 334 de la Constitución y, por ello, la distribución de los mismos ha de realizarse “con base en criterios de equidad y eficiencia entre las regiones”, consultando las necesidades de cada una, es decir, de acuerdo con criterios objetivos, “que tengan relevancia constitucional, como pueden ser, entre otros, la población y la pobreza relativa (c.p. art. 356) o la existencia de necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental o agua potable (c.p. art. 366), etc.”. Según el interviniente no existe violación alguna de los artículos 136 numeral 4º, ni 355 de la Constitución Política. Aún cuando es verdad que “los apartes acusados plasman la participación del Congreso de la República en la definición de los proyectos específicos objeto de financiamiento” y la “posibilidad por parte del Congreso de concertar con el Gobierno la inclusión de algunos de ellos en el presupuesto de la vigencia 2003”, de ninguna manera eso significa “la legalización de la discrecionalidad, o autonomía del Congreso manifestada en el ortorgamiento de auxilios a favor de los parlamentarios”. En cuanto a la participación del Congreso de la República, ella resulta “como un ejercicio de concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y de Bogotá, con la participación de alcaldes, previa la realización de audiencias públicas consultivas, dentro de un proceso de concertación eminentemente participativo, democrático y público con la asistencia de ONG´s, tales como Transparencia por Colombia”. La dirección general de la economía por el Estado, tiene entre otras finalidades promover el desarrollo armónico de las regiones y, por ello, es razonable que en el Plan Plurianual de Inversiones se incorporen recursos públicos para alcanzar tal finalidad; y, siendo ello así, “quien mejor que las mismas regiones para realizar ejercicios preliminares de priorización del gasto en busca de una mayor eficiencia en la utilización de los escasos recursos presupuestarios existentes”. No resulta reñido con la Carta Política que los Congresistas “realicen gestiones para lograr la aprobación de recursos, siempre y cuando su actividad no esté orientada por intereses individuales, sino a satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio que ellos representan”, pues “si bien deben votar consultando el bien común, también son responsables políticamente frente a sus electores (c.p. art.133)”, lo que llevó a la Corte a declarar la constitucionalidad del artículo 283, ordinal 6 de la Ley 5ª de 1992, como puede observarse en la Sentencia C-497 de 1994. Insiste luego en que en las normas acusadas no se autoriza desvío de recursos hacia particulares, ni se establece que habrá partidas presupuestales a disposición de los Congresistas, o que los correspondientes proyectos de inversión deban ser asignados conforme a sus orientaciones, por lo cual la demanda carece de razón. La asignación de esos recursos, - agrega -, deberá realizarse conforme al principio de la legalidad del gasto y con observancia del artículo 68 del Decreto 111 de 1996. Ello significa que los proyectos que se financien con tales recursos, deben formularse y ser evaluados por la entidad del orden nacional responsable del proyecto, “con sujeción a la metodología general o específica que avale el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN), de conformidad con el sector al cual se refiera el proyecto”, lo cual supone una evaluación del mismo y concepto de su viabilidad, que habrá de ser “emitido por el Ministerio o Departamento Administrativo al cual está adscrita la entidad, de conformidad con la delegación que otorgó el Departamento Nacional de Planeación en su Resolución 5345 de 1993”. La ejecución de esas partidas, además, deberá respetar el principio de especialización, “en cuanto que las respectivas apropiaciones deberán ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programadas, eliminando criterios subjetivos o propios de una actividad discrecional”. La concurrencia del Congreso en la definición de proyectos regionales de inversión, en el marco constitucional es “una expresión de la democracia participativa” en procura del “desarrollo equilibrado de la Nación inherente a la planeación”. Los apartes normativos que en la demanda se acusan como inconstitucionales por violación de la independencia de las ramas del poder público e intervención del Congreso, por mandato de la ley, en funciones propias del ejecutivo, a juicio del interviniente no quebrantan la Constitución. Tras citar los artículos 113, 114 y 136 numeral 1º de la Carta Política, manifiesta el Departamento Nacional de Planeación que las normas acusadas no establecen que exista una libre disposición de dineros públicos por los Congresistas o que los correspondientes proyectos de inversión deban ser asignados según lo que ellos dispongan o conforme a sus orientaciones, “lo cual eventualmente podría afectar la independencia de dichos funcionarios “. Los apartes normativos cuya inexequibilidad se pretende, “señalan la concurrencia de diversos órganos públicos dentro de un ejercicio coordinado, plural y netamente participativo, en la definición de una serie de proyectos de impacto regional que obedecen a un proceso de priorización nacional y regional” de los recursos “eventualmente disponibles”. Tales normas no modifican ni desnaturalizan el procedimiento para la elaboración, programación, aprobación y ejecución del Presupuesto General de la Nación. En cambio, mediante ellas se introduce “un valioso e innovador insumo para el mismo en el cumplimiento de sus objetivos dentro del sistema de planeación”. Lo anterior demuestra, a su juicio, que no se afecta la independencia de los miembros del Congreso, pues “la financiación de los proyectos debe sujetarse a las normas orgánicas que regulan la ejecución del presupuesto y a los principios constitucionales de planeación y legalidad del gasto”. Afirma luego el Departamento Nacional de Planeación que aprobar o seleccionar esos proyectos de inversión regional no genera “autorizaciones de gastos”. La apropiación de ellos corresponde a la ley anual de presupuesto. Por lo tanto, “no es posible, por sustracción de materia, deducir que existen las condiciones adecuadas para que la ejecución de los recursos se efectúe en forma tal que no responda necesariamente a criterios de planeación y priorización de la inversión pública, sino que busque la satisfacción de los intereses individuales de los miembros del Congreso”. Tampoco se puede deducir que sean de forzosa incorporación en las leyes de presupuesto, pues si bien es verdad que debe existir la debida coordinación entre el Plan Nacional de Desarrollo y las leyes anuales del presupuesto, ese principio “no es absoluto, toda vez que dichos instrumentos de planeación desde el punto de vista temporal comportan metas de diversa índole y por otra, las respectivas leyes de presupuesto deben adecuarse a las exigencias de tipo social, económico y en general a la coyuntura macroeconómica del momento, a fin de que la política de gasto se convierta en un motor de desarrollo”. En armonía con lo expuesto, encuentra entonces el interviniente que no existe violación del derecho a la igualdad que establece el artículo 13 de la Carta Política, pues los Congresistas cumplen sus funciones mientras lo sean, sin que por tal razón pueda afirmarse que tienen privilegios respecto de los ciudadanos que aspiren a ingresar al Congreso en posteriores elecciones. En criterio del Departamento Nacional de Planeación, a diferencia de lo afirmado en la demanda, no es verdad que los recursos para la inversión regional puedan determinarse con criterios subjetivos en beneficio de los intereses político - electorales de los Congresistas en cada región, sino, al contrario. Las normas acusadas tienen una finalidad constitucional, cual es “el desarrollo de las regiones, conforme a solicitudes públicas y trasparentes de los miembros del Congreso y de la ciudadanía”. Si se examina una eventual desviación de poder, en tal examen no se puede “olvidar el principio de buena fe y la constitucionalidad de las leyes”, razón por la cual la existencia de la supuesta ilegitimidad de los fines se debe evaluar en cada caso concreto, conforme lo señaló la Corte en la Sentencia C-456 de 1998. Por otra parte, señala el Departamento Nacional de Planeación que el actor en su demanda “descontextualiza o modifica el contenido de una de las normas acusadas, en particular, el artículo 11 de la Ley 812 de 2003, la cual según su redacción posee un carácter transitorio, como quiera que su aplicación únicamente se daría para la vigencia fiscal de 2003, lo cual resulta razonable dados los espacios temporales de aprobación del Presupuesto general de la Nación (vigencia 2003) y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho en otras palabras, busca establecer mecanismos que permitan iniciar la ejecución del plan lo más pronto posible, consultando las necesidades de las regiones, con fiel apego al principio de especialización del gasto, es decir, respetando el objeto de cada una de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el presupuesto”. Agrega el interviniente que la función del Congreso para la aprobación del presupuesto también incluye la de aumentar “partidas del proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno”, así como la incorporación de “nuevas apropiaciones, siempre que cuente con la aceptación del Ministro de Hacienda” lo que significa que “siempre ha sido que los Congresistas realicen gestiones para lograr la aprobación de partidas, como las que nos ocupan, siempre y cuando su actividad no esté orientada por intereses individuales sino a satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio que ellos representan”, pues “también son responsables políticamente frente a sus electores”. Por último, estima el Departamento Nacional de Planeación que en las audiencias públicas consultivas celebradas hasta el momento ha existido una participación “sin precedentes, como bien lo reflejan los medios de comunicación que han seguido con detenimiento esta nueva forma de expresión, discusión y priorización de proyectos”, afirmación a la cual acompaña en 44 páginas, varias fotocopias de publicaciones de prensa recopiladas por la “Oficina de Comunicaciones” de ese Departamento Administrativo. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El señor Procurador General de la Nación en concepto No. 3349, recibido en esta Corporación el 17 de septiembre de 2003, solicita a la Corte Constitucional que se declare la inexequibilidad de las expresiones “y del Congreso Nacional” y “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de ´inversiones regionales por sectorizar´, de que trata el artículo 6º de la presente ley que puedan ejecutarse en el Presupuesto de la vigencia 2003” , contenidas en el artículo 6º, numeral 4º y en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003. En la argumentación expuesta para sustentar la solicitud de inexequibilidad de los apartes normativos acusados como inconstitucionales, el señor Procurador General de la Nación empieza por recordar que conforme aparece en la Gaceta del Congreso No. 54 de 2003 el artículo 6º no se encontraba incorporado en el proyecto original de la Ley 812 de 2003, y señala que en el artículo 4º del proyecto se incluía solamente una “distribución regional indicativa de recursos por sectores a través de la cual se materializaba la ´vinculación y armonización del Plan Nacional de Desarrollo con la inversión territorial´”. El artículo 6º demandado ahora parcialmente como inexequible, fue incorporado “en las modificaciones propuestas para segundo debate tanto en la Cámara (Gaceta del Congreso No. 172 de 2003, página 4) como en el Senado (Gaceta del Congreso No. 171 de 2003, página 4)”. El artículo 6º citado, señala el Procurador General de la Nación, “coincide en algunos aspectos con el numeral 4 del artículo 1º de la Ley 796 de 2003, a través de la cual se convoca a un referendo”. En cuanto hace al aparte acusado del artículo 11 de la Ley 812 de 2003, en lo relativo a la evaluación del Plan de Desarrollo, observa el Jefe del Ministerio Público que “no estaba incluido en el proyecto presentado por el Gobierno, en el cual se preveía que la evaluación del plan sería realizada únicamente por el Gobierno Nacional quien reglamentaría los esquemas de seguimiento, evaluación, incentivos y difusión de resultados, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación (Gaceta 54 de 2003, página 13)”. Conforme al texto aprobado durante el primer debate, se le adicionó al proyecto de ley, en su artículo 11, “una segunda parte, según la cual el Congreso de la República a través de las Comisiones Económicas, nombraría dos miembros de cada una de ellas para hacer parte de la evaluación y seguimiento del plan, debiendo presentar a cada una de las Cámaras un informe semestral de los resultados (Gaceta del Congreso No. 171, página 125)”. El aparte normativo del artículo 11 de la Ley 812 de 2003, objeto de la acusación de inconstitucionalidad, se incluyó, - continúa el Procurador General de la Nación -, “en el texto presentado para segundo debate en la Cámara (Gaceta 172, página 18) y Senado (Gaceta del Congreso No. 171 página 18)”. Esa adición, manifiesta el señor Procurador General de la Nación, “no guarda relación con la evaluación del Plan de Desarrollo sino que crea una fórmula según la cual dos miembros del Congreso, designados por las Comisiones Constitucionales Permanentes de Asuntos Económicos concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones regionales por sectorizar, de que trata el artículo 6º que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”. (negrillas originales en el concepto del Ministerio Público). Afirma luego la Vista Fiscal que las expresiones cuya inexequibilidad se demanda, contenidas en los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, introducidas por decisión del Congreso de la República, crearon “en lo que hace a las ´inversiones por sectorizar´, un mecanismo diferente al previsto en el sistema de planeación estratégica por sectores desde las entidades territoriales y las entidades nacionales, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Planeación, originalmente señalado por la Carta Política en sus artículos 340 y 341, a la vez que se crea un espacio de discusión y concertación, que modifica para esos recursos, el trámite previsto para la presentación del proyecto de ley de presupuesto por parte del Gobierno Nacional, artículo 346 de la Carta y Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996”. A juicio del señor Procurador General de la Nación los apartes normativos acusados no quebrantan los artículos 136 numeral 4º y 355 de la Carta en cuanto a la prohibición de otorgar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado. Pero, ello no obstante, sí constituyen una “injerencia inconstitucional del legislador”. Analiza la prohibición constitucional de otorgar auxilios o donaciones a personas jurídicas o naturales de derecho privado contenida en el artículo 355 de la Constitución Política y luego expresa que estudiadas las expresiones contenidas en las normas acusadas, observa que “si bien es cierto que en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 812 de 2003 se permite la participación de los miembros del Congreso, en la definición de los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos de las inversiones regionales por sectorizar, esta participación no corresponde strictu sensu, a la figura de los auxilios parlamentarios”. (negrillas originales del concepto). A tal conclusión se llega por el Procurador General de la Nación, por cuanto en su criterio no se faculta en lo acusado al Congreso de la República o a los miembros de sus Cámaras para la asignación discrecional de recursos públicos, pues “su actuación se enmarcaría en un proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de presupuesto, en la cual participan múltiples sectores del Estado y de la sociedad civil”, por una parte; y, por otra parte las normas objeto de la acusación no permiten que los recursos regionales en inversiones por sectorizar se otorguen directamente por los miembros del Congreso a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, sin contraprestación alguna. A continuación recuerda el Procurador General de la Nación que en la Constitución Política de 1991 la planeación fue instituida como una “herramienta fundamental para la realización del principio de participación en el Estado Social de Derecho”, para lo cual se diseñó un mecanismo que permite que en sus diversas etapas participen los ciudadanos y las autoridades de todas las ramas y órganos del poder público. Afirma que el Consejo Nacional de Planeación, es el foro constitucionalmente previsto para la participación de las autoridades nacionales, territoriales y de los representantes de los distintos sectores de la sociedad. Aduce que, incorporadas las modificaciones surgidas en el seno del Consejo Nacional de Planeación, se adopta el proyecto de Plan de Desarrollo que el Gobierno somete a consideración del Congreso para su discusión y aprobación; y, posteriormente, en la evaluación de la ejecución del Plan, se renueva la participación tanto de la ciudadanía como de la administración nacional y territorial y los organismos de control, así como del Congreso de la República en ejercicio del control político que le corresponde. El mecanismo creado por la Ley 812 de 2003 mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2003-2006, “margina un monto de recursos del proceso general de sectorización y difiere la definición de los proyectos que deben ser realizados con esos recursos a un proceso de concertación especial, previo a la formulación de la ley de presupuesto”. Ello pone en evidencia que el objetivo de los apartes normativos que se acusan no fue el de permitir la participación que ya estaba autorizada en la Constitución Política. Fue otro. El de “permitir la injerencia del Congreso en la definición de los proyectos específicos a realizarse en cada región; intención que en sí misma, no puede tacharse de inconstitucional, pues debe presumirse que ella está orientada a proteger el interés general, pues no existen elementos que permitan demostrar que con su aprobación se buscó una desviación del poder del legislador” (negrillas del texto original). Sentado lo anterior, el señor Procurador General de la Nación expresa que imponer al Ejecutivo como un deber la inclusión en el proyecto de ley de presupuesto de partidas de inversión regional previa concertación con el legislativo, resulta inconstitucional porque de esa manera se viola la separación de funciones de esas dos ramas del poder y, además, la iniciativa legislativa privativa del Ejecutivo en estas materias. En la elaboración del proyecto de presupuesto es al Ejecutivo a quien le corresponde, con plena autonomía determinar el contenido del proyecto que, luego, se presentará para debate y aprobación del Congreso. Este, en ejercicio de su función, podrá discutirlo y le impartirá aprobación con sujeción a la Ley Orgánica respectiva. Pero, es al Gobierno Nacional al que corresponde de manera privativa la iniciativa legislativa en materia presupuestal conforme a lo dispuesto por los artículos 150, 151, 154, 340, 346 y 351 de la Carta Política, normas que guardan armonía con los artículos 142 numeral 1º y 7º de la Ley 5ª de 1992. De acuerdo con el principio de la colaboración armónica de las ramas del poder público para los fines del Estado, tanto la Planeación Nacional como el manejo presupuestal requieren procedimientos en los cuales participan tanto el Ejecutivo como el Congreso. Sin embargo, cada una de las ramas del poder debe desempeñar sus funciones separadamente pues la Constitución señaló la forma y la oportunidad de la concurrencia de ambas para la finalidad anotada. Por lo que hace al trámite de la ley de presupuesto, es claro que la iniciativa legislativa es privativa del Ejecutivo. A él corresponde la elaboración del proyecto respectivo por ministerio del artículo 346 de la Constitución. De la misma manera, en esa norma constitucional se establece que no pueden incluirse partidas que no correspondan a créditos judicialmente reconocidos o gastos decretados conforme a ley anterior, o propuestos por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o el servicio de la deuda, o gastos destinados a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. El Presupuesto General de la Nación es un instrumento de planeación en el que se hace una estimación de los ingresos y se confiere una autorización de los gastos públicos de una vigencia fiscal determinada. En la preparación anual del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que corresponde al Gobierno, ha de darse cumplimiento al Estatuto Orgánico de Presupuesto, en el cual se establece la coordinación sectorial por parte de los ministerios y la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y los Consejos Regionales de Planificación. Ello muestra, con claridad, que al Ejecutivo es al que compete la etapa de preparación y presentación del proyecto. Agotada ella, se da inicio a la discusión del proyecto, la cual ha de cumplirse en el Congreso de la República. De esa manera se garantiza un papel activo del órgano legislativo, como representante de la voluntad popular en la determinación de las rentas nacionales y en la destinación del gasto público. No es una aprobación mecánica del presupuesto la que se realiza por el Congreso, pues ha de mediar un debate de carácter democrático. Con todo, el aumento del presupuesto de rentas y recursos de capital, así como el de las partidas del Presupuesto de Gastos tienen necesariamente que sujetarse a lo dispuesto en los artículos 346, 347 y 351 de la Constitución. Una partida nueva, requiere, conforme a la última de las normas citadas concepto previo y favorable del Gobierno, expresados en mensaje suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, la reducción de tales partidas exige la observancia de las normas contenidas en los artículos 341 y 351 de la Constitución así como de lo preceptuado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, lo que significa que el Congreso no puede eliminar partidas correspondientes a las inversiones autorizadas en los planes y programas señalados en el Plan Nacional de Desarrollo (artículo 341 C.P.). De acuerdo con lo anteriormente expuesto, - continúa el Procurador General de la Nación -, “el mecanismo de inclusión y reducción de partidas a solicitud de los Congresistas en el trámite de aprobación de la Ley de Presupuesto, si bien está permitido en la Carta, tiene limitaciones para evitar que, por este conducto, se reemplace el proceso de planeación que asegura el principio de unidad presupuestal en su aspecto procedimental, por cuanto éste garantiza que la planeación se realice de manera participativa, de abajo hacia arriba, con un diagnóstico de las necesidades a nivel nacional, las cuales deben ser armonizadas y coordinadas por las altas esferas del Gobierno y por el legislador, en la forma y oportunidad señalados en la Carta”. Prosigue luego el Jefe del Ministerio Público recordando que las leyes de presupuesto “son globales” y su desglose se realiza “a través del decreto de liquidación que expida el Ejecutivo”, decreto que por no ser de rango legal, “no puede modificar ningún aspecto contemplado en la Ley de Presupuesto”. El carácter especial de la Ley del Plan de Desarrollo e Inversiones Públicas, no le permite sin embargo modificar “la distribución de competencias y la oportunidad de la actuación de cada una de las ramas y órganos del poder público, en los términos en que lo concibió el Constituyente”, que busca “el equilibrio de los poderes ejecutivo y legislativo con sus respectivos controles”. Siendo ello así, el artículo 6º numeral 4º de la Ley 812 de 2003, en lo acusado resulta inconstitucional. En efecto, en él se ordena que la definición de los proyectos específicos a realizar con las partidas regionales por sectorizar se realice con anterioridad a la presentación de la Ley de Presupuesto para la vigencia de 2004, “de tal manera que los proyectos específicos que se definan como resultado de la concertación entre el Gobierno Nacional, regional, local (delegados de los alcaldes) y el Congreso Nacional, previa audiencia pública de carácter consultivo, deberán ser incluidos en el proyecto de ley de presupuesto que presente el Gobierno Nacional”. Con ello, el Congreso “tiene una actuación previa que no fue prevista por el Constituyente en el sistema de planeación y, que como tal, resulta contraria a dicho sistema”. Por ello, “la Ley 796 de 2003, por la cual se convoca a un referendo, en el numeral 4º del artículo 1º, trae como reforma a la Constitución la participación del Congreso en estas etapas, a través de las comisiones constitucionales y las respectivas bancadas”. En idéntico sentido, pero con un mecanismo distinto, “la ley del plan, en su artículo 11, ordena la concertación entre el Gobierno Nacional y dos miembros de cada una de las comisiones económicas del Congreso, para decidir la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro ´inversiones regionales por sectorizar´ , que puedan ser ejecutadas en el presupuesto de la vigencia 2003”. Por lo dicho, asevera el Procurador que resultan contrarios a la Constitución los apartes normativos de los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, pues se ordena una concertación previa entre el Congreso y el Gobierno en un asunto que corresponde de manera privativa a la iniciativa legislativa gubernamental en la materia (artículos 154 y 346 de la Carta), en armonía con los artículos 347, 349 y 351 de la misma. De igual modo, se desconoce la dinámica democrática del debate legislativo, “al permitir que unos pocos Congresistas definan con el Gobierno, en nombre del Congreso, cuáles serán los proyectos específicos a financiar con los recursos regionales por sectorizar, teniendo en cuenta que los Congresistas representan todas las regiones y sectores de interés, pues un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso haría obligatoria la inclusión de unos proyectos y excluiría otros sin pasar por un debate abierto en las cámaras legislativas”. Por otra parte, el Jefe del Ministerio Público expresa que, además de la falta de técnica legislativa de incluir en un artículo relativo a la “evolución del plan” una norma que establece un mecanismo para incluir la participación de miembros del Congreso en la determinación de las inversiones contenidas “en uno de los rubros del plan”, lo que en realidad ocurre es que “se trata de un mecanismo transitorio para lograr la elaboración del presupuesto de la vigencia de 2003”, sin sujeción a “las regulaciones consagradas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Presupuesto”. El control del Congreso sobre la actuación del Gobierno en la ejecución del plan de desarrollo es función que se cumple en ejercicio de las atribuciones que al Congreso le confiere el artículo 114 de la Carta, para lo cual el artículo 189 numeral 12 de la Constitución le ordena al Presidente de la República rendir informe a la iniciación de cada legislatura al Congreso de la República, control político que, a juicio del Procurador General de la Nación queda en entredicho si el propio Congreso o algunos de sus miembros “han participado en el direccionamiento de los rubros” con fundamento en la norma que se acusa como inconstitucional. Los mecanismos establecidos en los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, en lo demás, no se oponen a la Constitución Política y, conforme al Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron partidas para armonizar la planeación de inversiones nacional y territorial, señalando en ellos “los criterios con sujeción a los cuales la Nación directa o indirectamente adelantará los correspondientes proyectos de inversión”. Es decir, que esas partidas con arreglo a los criterios allí señalados deberán ser destinadas “en un 75% a vías, agua potable, saneamiento básico y distrito de riego y el 25% restante, podrá ser distribuido en otros sectores de acuerdo con las prioridades regionales”. Conforme a la distribución acabada de señalar, la inversión se adelantará en desarrollo de “una política general, de tal manera que si bien no se sectoriza dentro de la distribución preliminar e indicativa, sí se determina la orientación de los mismos exclusivamente a la atención de las necesidades en él señaladas”. El restante 25%, según lo previsto en el Plan de Desarrollo se destinará a la satisfacción de “las necesidades regionales”, pero esa “destinación dependerá de la priorización” de las mismas. Por este aspecto el artículo 6º, numeral 4º de la Ley 812 de 2003 no contraría el sistema de planeación que diseñó el Constituyente de 1991 y asegura la participación en la planeación del gasto público y en la elaboración del Presupuesto Nacional, ya que éste ha de guardar relación con los contenidos del Plan de Desarrollo. No es contrario a la Constitución Política que los Congresistas, “en su calidad de representantes tanto de los intereses nacionales como de los regionales, puedan intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo ante los organismos del Estado la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad que representan”, tal como lo expresó la Corte “al declarar la exequibilidad de los numerales 7 y 8 del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 (Sentencia C-497 de 1994)”. El Jefe del Ministerio Público expresa luego que la participación de los Congresistas en las audiencias públicas en las que se definen los proyectos a financiar con recursos del rubro “partidas regionales por sectorizar” no es contraria a la Constitución Política. Al contrario, según su concepto, así se le da trasparencia a las gestiones que ante el Gobierno realizan los miembros del Congreso con ese propósito. Agrega que “esta intervención despojada del carácter orgánico en tanto que constituye una intervención de los parlamentarios y no del Congreso y sin la actuación de los Congresistas como parte de la concertación, elimina del mecanismo la invasión del legislativo en las competencias del Ejecutivo y, en particular, en lo relativo a la iniciativa legislativa en estas materias”. La intervención de los Congresistas en las audiencias públicas, se extiende a todos ellos y no a unos pocos con facultad para concertar con el Ejecutivo de manera obligatoria. El carácter no vinculante de lo resuelto en esas audiencias públicas, “previene la apropiación clientelista de los mencionados recursos y evita que se creen situaciones desiguales entre los Congresistas que pretendan ser reelegidos y quienes aspiren a ingresar al Congreso, porque unos y otros podrán participar en las audiencias sin que se privilegie de ninguna manera la intervención de unos, en su carácter de parlamentarios”. La participación de los Congresistas en las audiencias públicas donde se discutan proyectos específicos de inversión regional, - continúa el Procurador General de la Nación -, “deberá ser democrática, garantizando que todos los sectores del Congreso intervengan en ellas, de tal manera que no se privilegie la participación de unos Congresistas en detrimento de otros elegidos en los respectivos departamentos y en el Distrito Capital”. Tales audiencias deberán realizarse con observancia de los principios de publicidad y trasparencia, “de tal manera que todos los sectores de la sociedad puedan tener noticia oportuna de su realización y participar en ellas, a efectos de lograr que los proyectos a atender, resulten ser realmente los prioritarios”. Así, las recomendaciones que allí se formulen deberán ser, además, motivadas, lo que permitirá atender debidamente “la priorización de las necesidades expresada en las audiencias públicas” de las cuales se levantarán las actas correspondientes. Incluídas las partidas correspondientes a “proyectos de inversión por sectorizar” en las leyes anuales de presupuesto, su ejecución compete al Ejecutivo. La evaluación, seguimiento y control que corresponda deberá realizarse conforme a la ley y, en todo caso sin quebranto alguno del artículo 355 de la Constitución. Los proyectos de inversión regional deberán estar registrados “en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, lo que significa la evaluación de su viabilidad técnica, ambiental, y socioeconómica, por parte del Departamento Nacional de Planeación (Ley 152 de 1994, artículo 27 y Decreto 111 de 1996, artículo 68); además, estos proyectos, deberán guardar coherencia con el Plan Operativo Anual de Inversiones (Decreto 111, artículo 8)”. Las inversiones que se realicen en las entidades territoriales deberán, adicionalmente, ser coherentes con los planes territoriales de desarrollo y “aquellos proyectos que implican cofinanciación entre las entidades territoriales y la Nación, deben ser evaluados por los órganos de cofinanciación o por los señalados en los respectivos convenios y deben tener como prioridad el gasto público social y tener en cuenta para la distribución territorial el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa (Ley 152 de 1994, artículo 38), aspectos que deberán ser evaluados por el Gobierno Nacional de manera objetiva, pues de no ser así se haría inequitativa la repartición de las partidas”. Agrega luego el Procurador General de la Nación que la intervención legítima y constitucionalmente necesaria del Congreso en la adopción del Plan Nacional de Desarrollo y su intervención en la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional, tiene como fundamento el origen democrático del órgano legislativo “y como objeto, la protecció...